¿Qué pasa con el MOPC? Piden juicio a Wiens por el fallido Metrobús

El MOPC, siglas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, ha vuelto al centro del ruido político por dos frentes que conviene separar. El más delicado es judicial: la Fiscalía presentó el 11 de agosto una acusación contra el exministro Arnoldo Wiens y pidió que la causa por el fallido metrobús sea elevada a juicio oral y público. El Ministerio Público calcula un supuesto perjuicio patrimonial de 14.955.317.035 guaraníes, casi 15.000 millones.

El otro frente afecta al dinero que rodea actualmente a Obras Públicas. El Congreso paraguayo acaba de sancionar un proyecto que permite afrontar intereses moratorios de obras impagadas, con un máximo del 9,9 % anual y la posibilidad de obtener recursos mediante títulos de deuda pública. Son asuntos diferentes, sin conexión penal acreditada entre ellos, pero han colocado las siglas MOPC bajo el mismo foco político. El metrobús, por su parte, no llegó a transportar pasajeros; años después, sigue moviendo expedientes, dinero y reproches.

La Fiscalía pide llevar a Arnoldo Wiens a juicio por el metrobús

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti presentaron un escrito de acusación y solicitaron la apertura de juicio oral contra Wiens, que fue ministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez. La acusación se refiere a presuntos hechos de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Hay una precisión importante. Que la Fiscalía pida juicio oral no significa que Wiens haya sido declarado culpable. El proceso todavía debe superar la fase judicial correspondiente antes de que un tribunal pueda entrar a resolver sobre su responsabilidad penal. En el sistema paraguayo, el juez de Garantías controla precisamente si una acusación reúne las condiciones necesarias para llegar al juicio oral, donde se decidiría finalmente sobre culpabilidad o inocencia.

La investigación se concentra en lo ocurrido después de que Wiens asumiera el MOPC el 15 de agosto de 2018. Según la acusación fiscal, recibió un proyecto con aproximadamente un 40 % de avance, financiación disponible y contratos vigentes. Poco después se ordenó una intervención de las obras y el metrobús terminó paralizado.

La Fiscalía sostiene que las decisiones posteriores no se limitaron a detener un proyecto con problemas. Su tesis es bastante más grave: considera que se emplearon recursos públicos para inutilizar infraestructura que también había sido pagada con dinero público y que todavía podía utilizarse o reconducirse dentro del proyecto. Esa será, en esencia, una de las cuestiones que deberá discutirse judicialmente si la causa llega finalmente al juicio.

De dónde salen los casi 15.000 millones de guaraníes

La cifra exacta atribuida por el Ministerio Público es de G. 14.955.317.035. No es una estimación genérica del coste de todo el metrobús, sino el daño que los fiscales vinculan concretamente a las actuaciones investigadas durante la etapa de Wiens.

La acusación divide ese supuesto perjuicio en dos grandes cantidades. Por un lado aparecen G. 8.030.693.029 empleados en trabajos vinculados al denominado Acta de Entendimiento; por otro, G. 6.924.624.006 correspondientes a seis estaciones que habían sido construidas y posteriormente fueron destruidas. La Fiscalía también afirma que en esos trabajos se utilizaron medios del propio MOPC, incluidos personal, maquinaria y alrededor de 50.000 litros de combustible.

Ahí está el corazón económico del caso. Los investigadores no fundamentan el supuesto daño simplemente en que el sistema de transporte nunca funcionara. Su argumento consiste en que determinadas obras y bienes financiados por el Estado fueron privados de la finalidad para la que habían sido construidos o adquiridos. Una diferencia aparentemente técnica, pero decisiva: una obra fallida no constituye automáticamente un delito; destruir patrimonio público de forma injustificada, si así se demostrase, abre otro escenario.

Una acusación con una batalla procesal todavía abierta

El expediente tiene una particularidad que complica bastante la fotografía. El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú había admitido previamente la imputación contra Wiens únicamente por lesión de confianza. El segundo supuesto delito, relacionado con daños a obras construidas o medios técnicos, no fue admitido entonces porque, según la resolución judicial, los hechos no habían sido descritos correctamente.

Pese a ello, la Fiscalía ha formulado su acusación incluyendo ambos hechos punibles. La defensa de Wiens discute precisamente esta circunstancia y también ha cuestionado otras actuaciones procesales. Su abogado, Enrique Kronawetter, criticó que el requerimiento conclusivo fuese presentado antes de la fecha fijada inicialmente y señaló que existían impugnaciones vinculadas a la actuación de los fiscales.

No es un detalle menor. Si el proceso continúa, una parte de la discusión previa al juicio girará previsiblemente alrededor de qué hechos y acusaciones pueden mantenerse dentro del expediente. La defensa ha recurrido distintas decisiones durante la tramitación del caso y Wiens ha sostenido anteriormente que existe una persecución política contra él, argumento rechazado por los fiscales, que aseguran basar la causa en pericias y pruebas técnicas.

El contraste con el exministro Ramón Jiménez Gaona

El expediente resulta todavía más llamativo porque la situación judicial del anterior responsable del MOPC terminó siendo muy distinta. El exministro Ramón Jiménez Gaona, que dirigió la cartera antes de Wiens, obtuvo el sobreseimiento definitivo junto con la exviceministra Marta Benítez. El Tribunal de Apelación ratificó esa decisión en agosto.

La propia Fiscalía concluyó en aquella parte de la investigación que no existían elementos suficientes para sostener que durante esa administración se hubiera producido un perjuicio patrimonial. Según sus conclusiones, había correspondencia entre obras ejecutadas, certificados y pagos, mientras las actuaciones habían sido supervisadas por fiscalizadores internacionales y por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Eso explica buena parte de la nueva acusación. Para el Ministerio Público, el punto de ruptura no estaría simplemente en que el proyecto fuese problemático o quedara inconcluso, sino en las decisiones adoptadas después del cambio de Gobierno de 2018. La defensa de Wiens rechaza esa interpretación y ha tratado de impugnar el sobreseimiento de los anteriores responsables, alegando que no puede convertirse a su cliente en el único responsable del desenlace del metrobús.

Un proyecto de 125 millones de dólares que nunca llegó a funcionar

El caso resulta políticamente explosivo también por la dimensión histórica del proyecto. Paraguay había formalizado en 2010 operaciones de financiación con el Banco Interamericano de Desarrollo por 125 millones de dólares para impulsar, entre otros objetivos, un corredor de transporte público masivo y la reconversión urbana asociada al metrobús.

Las obras fueron adjudicadas a la empresa portuguesa Mota-Engil y atravesaron retrasos, conflictos contractuales, molestias comerciales y un progresivo deterioro político. Cuando Wiens llegó al ministerio en agosto de 2018, su administración intervino el proyecto durante 90 días. Según la Fiscalía, posteriormente se modificó sustancialmente el objeto de las actuaciones previstas y se decidió eliminar parte de la infraestructura construida.

La discusión judicial no consiste, por tanto, en determinar simplemente quién tuvo una buena o mala idea con el metrobús. Eso pertenece al terreno político. Lo que intenta establecer el proceso penal es algo mucho más concreto: si determinadas decisiones administrativas provocaron deliberadamente un perjuicio al patrimonio público y si ese perjuicio puede atribuirse penalmente al entonces ministro.

El otro problema del MOPC: deuda, intereses y dinero público

Mientras el viejo metrobús reaparece en los tribunales, el MOPC vuelve a ocupar titulares por una cuestión presupuestaria de presente. La Cámara de Diputados sancionó el 11 de agosto el proyecto que permite reconocer y pagar intereses moratorios generados por retrasos en obligaciones derivadas de certificados de obras de infraestructura. El texto queda remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir sobre su promulgación o veto.

La tasa máxima fijada es del 9,9 % anual. Durante la tramitación parlamentaria se explicó que algunos contratos contemplaban intereses de entre el 10 % y el 24 %, mientras que el acuerdo alcanzado entre instituciones públicas y representantes del sector constructor redujo el techo aplicable. La ley también contempla un plazo de 90 días desde su eventual promulgación para contabilizar los intereses generados.

Las dimensiones financieras explican la polémica. Durante el debate en el Senado de mayo se manejaba una deuda estatal con constructoras superior a 300 millones de dólares, mientras los intereses moratorios se estimaban alrededor de los 100 millones de dólares. El Gobierno había comenzado paralelamente a realizar desembolsos y a estudiar mecanismos de cesión de deuda para normalizar los pagos al sector.

La oposición ha cuestionado que esos costes terminen trasladándose al conjunto de los contribuyentes y ha advertido sobre la modificación mediante una ley de condiciones nacidas de contratos diferentes. Los defensores del proyecto argumentan justo lo contrario: retrasar todavía más los pagos aumenta la carga financiera, deteriora a las constructoras y amenaza la continuidad de obras públicas. Entre ambas posiciones aparece el problema de siempre, poco espectacular pero caro: cuando la Administración paga tarde, alguien termina pagando los intereses.

El metrobús sigue pasando factura

El MOPC aparece así bajo dos focos distintos. Uno mira hacia atrás y tiene nombres propios: Arnoldo Wiens, una acusación fiscal, infraestructura destruida y casi 15.000 millones de guaraníes de supuesto perjuicio. El otro apunta al presente: deudas acumuladas con constructoras, intereses moratorios y nuevas herramientas financieras para pagarlos. Confundir ambos asuntos sería fácil; relacionarlos judicialmente, incorrecto.

Lo que ocurra con Wiens dependerá de los tribunales. La Fiscalía ha cerrado su investigación con una acusación y quiere discutirla en juicio oral; la defensa cuestiona tanto el fondo como partes del procedimiento, y no existe una condena contra el exministro por estos hechos. La presunción de inocencia sigue intacta mientras el proceso avance.

Aquel metrobús que debía transformar el transporte de Asunción y su área metropolitana acabó convertido en otra cosa: kilómetros de polémica, estructuras demolidas y una factura política que se resiste a desaparecer. Ocho años después del cambio de Gobierno de 2018, el hormigón ya no ocupa las avenidas como entonces. El expediente, en cambio, continúa en circulación.