Israel y Líbano sellan un pacto condicionado al desarme

Israel y Líbano firmaron en Washington un acuerdo marco para abrir conversaciones formales sobre seguridad y el fin de las hostilidades, pero no un tratado de paz ni una retirada israelí inmediata. El documento establece una hoja de ruta: las Fuerzas Armadas Libanesas asumirían progresivamente el control de determinadas áreas y el repliegue de las tropas israelíes quedaría ligado al desarme de Hezbolá y al desmantelamiento de su infraestructura armada.

El pacto, suscrito el 26 de junio de 2026 con mediación estadounidense, tampoco pone fin por sí mismo a la disputa sobre quién controla el sur libanés. La principal tensión está en el orden de los compromisos: Beirut busca recuperar su territorio y autoridad estatal, mientras Israel sostiene que no se retirará plenamente mientras considere que persiste una amenaza. Hezbolá, que no participó en la negociación, rechaza el acuerdo.

Un marco de negociación, no un tratado de paz

La firma culminó una ronda de conversaciones en Washington entre representantes de Israel y Líbano, con Estados Unidos como mediador. Fue un contacto directo inusual entre dos países que llevan décadas sin relaciones diplomáticas plenas. El texto plantea la intención de avanzar hacia el final del conflicto y una seguridad duradera, pero no establece de inmediato relaciones diplomáticas, normalización ni una paz formal.

La distinción importa porque las declaraciones políticas posteriores a la firma presentaron el pacto con tonos distintos. Para Washington, es un primer paso hacia la estabilización. La representación libanesa lo describió como una vía para recuperar soberanía e integridad territorial. Israel, por su parte, puso el acento en eliminar la amenaza que atribuye a Hezbolá. Las tres posiciones caben en el marco, pero no significan que las partes hayan acordado una interpretación común de sus objetivos.

El acuerdo prevé un Grupo de Coordinación Militar trilateral, facilitado por Estados Unidos, para acompañar su aplicación. Ese mecanismo debe ayudar a organizar los pasos de seguridad y el despliegue libanés, aunque la firma no resuelve por sí sola cómo se comprobará el cumplimiento de cada obligación ni cómo se resolverán desacuerdos sobre lo que constituye una amenaza. Ahí se juega buena parte de la viabilidad del proceso.

El repliegue queda ligado al desarme

El texto difundido por el Departamento de Estado establece que las Fuerzas Armadas Libanesas asumirán de manera progresiva el control de dos zonas piloto, concebidas como una primera fase de la retirada gradual israelí. El despliegue del ejército libanés debería sustituir la presencia de las fuerzas israelíes en esas áreas y servir como prueba de que el Estado puede ejercer el control sobre el terreno. No es una evacuación general ni una retirada automática de todo el sur.

La condición central es el desarme de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura. El marco vincula los avances hacia el repliegue israelí a que esas tareas se completen de forma satisfactoria. En otras palabras, el calendario no depende únicamente de una fecha acordada: depende de una evaluación sobre el terreno, y el texto público no detalla todos los criterios con los que se mediría ese cumplimiento.

Benjamin Netanyahu presentó el acuerdo como un reconocimiento del derecho de Israel a mantener una zona de seguridad mientras exista una amenaza. También mostró un mapa para explicar las áreas en las que, según su planteamiento, las tropas israelíes podrían retirarse cuando las fuerzas libanesas las releven. Afirmó que una zona se encontraba fuera del despliegue actual israelí y que otra correspondía a un sector que las Fuerzas de Defensa de Israel ya no necesitaban controlar. Esas explicaciones reflejan la posición del Gobierno israelí, no una garantía de retirada inmediata de toda la franja ocupada.

El primer ministro israelí ha sostenido que sus soldados permanecerán en una franja de unos 10 kilómetros al norte de la frontera mientras Hezbolá siga armado o exista una amenaza para Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, señaló que el Ejército se preparaba para una estancia prolongada. Así, el mismo pacto que abre una vía para el repliegue también deja margen para que Israel mantenga tropas si considera que no se han cumplido las condiciones de seguridad.

La seguridad de Israel y la soberanía libanesa, en tensión

El acuerdo intenta enlazar tres movimientos: el desarme de las milicias, el despliegue del Ejército libanés y la retirada progresiva de Israel. Para Beirut, recuperar el control territorial es una parte esencial de la soberanía. Para Israel, la salida de sus tropas no puede separarse de la garantía de que no volverán los ataques desde el sur del Líbano. Cada parte sitúa primero la obligación que espera de la otra, y ese desacuerdo sobre la secuencia constituye el principal nudo político del pacto.

El punto 7 del marco añade otra dificultad: establece que nada impide a Israel o Líbano recurrir a la fuerza para ejercer su derecho inherente a la autodefensa. La cláusula no menciona expresamente a Hezbolá, pero mantiene abierta la posibilidad de respuestas militares ante una amenaza. Netanyahu ha dicho que las fuerzas israelíes conservarán libertad de acción para proteger a sus soldados. Por eso, la firma no equivale a una prohibición absoluta de nuevas operaciones.

La posición israelí consiste en que una retirada sin neutralizar a Hezbolá dejaría intacta la capacidad de atacar el norte del país. La posición libanesa insiste en la integridad territorial y en el regreso de la población a sus hogares. Ambas preocupaciones aparecen en la negociación, pero el texto no ofrece una salida sencilla para el caso de que la seguridad siga siendo discutida por las dos partes. Sin criterios compartidos y verificables, un incidente puede reabrir la disputa sobre quién incumplió primero.

El pacto también contempla que el Ejército libanés tome el control de las zonas que las fuerzas israelíes abandonen. El reto no es solo desplegar soldados, sino impedir que grupos armados recuperen posiciones y garantizar que el Estado conserve esa autoridad. El control efectivo del territorio exige continuidad institucional, no únicamente una transferencia sobre el mapa. La capacidad militar y los recursos disponibles para las fuerzas libanesas serán, por tanto, parte práctica de la negociación.

Hezbolá queda fuera de la mesa y rechaza el acuerdo

Hezbolá no participó en las conversaciones y su secretario general, Naim Qasem, rechazó el marco, al que presentó como una cesión de soberanía por parte de Beirut. También pidió al Gobierno libanés que se retractara. Su oposición tiene un efecto directo sobre la aplicación: uno de los actores armados centrales del conflicto no se considera vinculado por lo pactado y rechaza que el Estado negocie directamente con Israel sobre su arsenal.

El desacuerdo va más allá de una disputa sobre las condiciones de retirada. El Gobierno libanés afirma que el Estado debe recuperar el monopolio del uso de la fuerza; Hezbolá defiende su capacidad armada como instrumento de resistencia frente a Israel. Para sus críticos, una organización política no debe decidir por su cuenta cuándo el país entra en guerra. Para el grupo, desarmarse sin que Israel abandone el territorio libanés supondría renunciar a su capacidad de respuesta.

Esta oposición convierte el desarme en una cuestión interna especialmente delicada. El Estado puede comprometerse a ampliar el control del Ejército, pero eso no garantiza que pueda hacerlo sin resistencia política o social. La aplicación del pacto depende también del equilibrio dentro de Líbano, un país cuya memoria de la guerra civil hace que cualquier choque entre fuerzas estatales y milicias tenga consecuencias potencialmente graves.

La negociación presenta así una paradoja: busca fortalecer las instituciones libanesas, pero les impone una tarea que podría agravar las divisiones internas si se intenta ejecutar sin respaldo suficiente. A la vez, la permanencia de tropas israelíes alimenta el argumento de Hezbolá de que sus armas siguen siendo necesarias. Si la retirada se demora y el desarme no avanza, cada parte puede usar el estancamiento para defender su propia posición.

La ayuda estadounidense y el alcance de la mediación

Junto con el anuncio del acuerdo, Estados Unidos comunicó una ayuda humanitaria inmediata de 100 millones de dólares, coordinada con Naciones Unidas, y señaló que el Departamento de Defensa estaba dispuesto a destinar más de 30 millones al Ejército libanés, dentro de las autorizaciones presupuestarias vigentes. La financiación busca atender necesidades humanitarias y apoyar a las fuerzas estatales. No sustituye, sin embargo, el trabajo político y militar que exige el pacto.

Washington desempeña varios papeles a la vez: facilita las conversaciones, impulsa la coordinación militar y ofrece apoyo financiero. Pero el marco público no define con precisión todas las responsabilidades de supervisión ni resuelve qué ocurrirá si Israel y Líbano discrepan sobre el cumplimiento. La mediación puede mantener abierto el canal y presionar a las partes, aunque no tiene capacidad automática para imponer una interpretación aceptada por ambas.

La Unión Europea calificó la firma de paso importante para evitar una escalada y Francia expresó su disposición a contribuir a la aplicación. Ese respaldo se vincula con objetivos que siguen pendientes: el desarme de los grupos armados y la preservación de la soberanía y la integridad territorial libanesas. El apoyo internacional refuerza el proceso, pero no elimina sus contradicciones ni asegura que las partes cumplan el mismo calendario.

Qué cambia frente a las negociaciones anteriores

Durante décadas, las conversaciones sobre la frontera se han visto condicionadas por la presencia israelí en territorio libanés, la capacidad armada de Hezbolá y la dificultad del Estado para ejercer autoridad exclusiva en el sur. El nuevo marco no elimina esos elementos: modifica el orden en que deben abordarse. En la lógica que presenta el acuerdo, el desarme y la verificación pasan a ser condiciones para avanzar en el repliegue, en lugar de quedar para una fase posterior a la retirada.

Ese cambio es decisivo porque transforma una negociación sobre retirada y cese de hostilidades en un proceso condicionado a resultados de seguridad. El Gobierno libanés debe demostrar que puede desarmar a los grupos no estatales antes de que se complete la salida israelí, mientras Israel conserva la facultad de alegar que la amenaza persiste. El marco no establece en el texto público un plazo definitivo que cierre esa discusión.

El documento tampoco es un tratado de paz comparable a los acuerdos formales que incluyen reconocimiento diplomático y relaciones bilaterales normalizadas. Su propósito es crear una vía de negociación y un mecanismo de implementación. El precedente del acuerdo marítimo entre ambos países, alcanzado en 2022, mostró que pueden pactarse asuntos concretos sin establecer una relación diplomática plena; aun así, la frontera terrestre y la presencia de fuerzas armadas hacen que este proceso sea mucho más complejo.

También permanece abierta la cuestión del regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción de las localidades afectadas. El acuerdo busca facilitar esos objetivos a medida que avance el proceso de seguridad, pero la vinculación entre desarme, verificación y retorno deja a la población expuesta a demoras. Una firma diplomática no reconstruye viviendas ni permite volver a casa: para eso hacen falta condiciones sostenidas de seguridad y decisiones que se cumplan sobre el terreno.

El punto débil está en la verificación

El anexo de seguridad al que remite el acuerdo no se hizo público junto con el texto principal. Esa ausencia limita la posibilidad de conocer con precisión cómo se organizarán las comprobaciones, quién certificará que se ha desmantelado la infraestructura armada y qué procedimiento se aplicará ante una discrepancia. El marco menciona zonas piloto y una retirada progresiva, pero la letra pública no despeja todas las preguntas sobre la supervisión.

La verificación no es un detalle administrativo. Si una parte considera que una zona está libre de armas y la otra sostiene lo contrario, la retirada puede detenerse o una operación militar puede justificarse como respuesta preventiva. Sin reglas compartidas para determinar qué cuenta como cumplimiento, el proceso queda expuesto a interpretaciones políticas. El grupo trilateral puede facilitar el diálogo, pero su eficacia dependerá de la confianza y de la cooperación de las partes.

El propio derecho de autodefensa reconocido en el punto 7 amplía el margen de interpretación sobre qué constituye una amenaza. El documento no convierte cualquier desacuerdo en una autorización automática para atacar, pero tampoco cierra la posibilidad de que las partes invoquen ese derecho. La estabilidad dependerá de contener los incidentes antes de que se conviertan en una nueva escalada, además de completar los pasos previstos.

La ambigüedad puede resultar útil para que gobiernos con posiciones opuestas acepten iniciar conversaciones, pero también puede aplazar el conflicto en vez de resolverlo. Cada avance dependerá de decisiones sobre el terreno, no solo de la voluntad declarada en Washington. El éxito de las zonas piloto será una prueba temprana de si el acuerdo puede convertir sus principios en una transferencia de control reconocible por ambos países.

Una vía abierta, con la paz todavía lejos

El pacto abre un canal directo entre Israel y Líbano, organiza una posible retirada gradual y asigna al Ejército libanés un papel central en el control de las zonas piloto. También vincula la salida israelí al desarme de Hezbolá, una condición que el grupo rechaza y que el Gobierno libanés tendrá dificultades para aplicar sin agravar sus divisiones internas. Es un mecanismo para negociar el fin de las hostilidades, no la garantía de que ese fin ya haya llegado.

La distancia entre las prioridades de las partes sigue intacta. Israel exige que desaparezca la amenaza antes de abandonar sus posiciones; Líbano reivindica el control de su territorio y el regreso de sus habitantes; Hezbolá denuncia que el proceso debilita la soberanía y no acepta entregar sus armas. Estados Unidos puede mediar y respaldar a las fuerzas libanesas, pero no puede sustituir el consentimiento político que falta.

El alcance real del acuerdo se medirá por hechos: si las fuerzas libanesas consiguen asumir el control, si la retirada avanza con criterios transparentes y si se reduce la capacidad de los incidentes para reactivar los combates. Washington ha puesto una secuencia sobre la mesa, pero su cumplimiento sigue en disputa. Mientras no se resuelvan esas condiciones, el pacto será una oportunidad diplomática frágil y no una paz consolidada.