Irán tras Khamenei: cómo funciona el régimen y qué deja en pie

La muerte de Ali Khamenei, confirmada por medios estatales iraníes el 1 de marzo de 2026 tras los ataques de Estados Unidos e Israel, abrió una incógnita que va más allá de quién ocupará su puesto. El mecanismo de sucesión previsto en la Constitución permite cambiar al dirigente sin desmontar el sistema que concentra el poder religioso, político y militar. La continuidad institucional, no una apertura democrática, es la primera respuesta que ofrece el relevo.

El artículo 111 establece una autoridad provisional de tres miembros mientras la Asamblea de Expertos elige al nuevo líder supremo, en un plazo de hasta tres meses. En paralelo, clérigos conservadores han reclamado acelerar la designación. La escena refleja una lógica asentada: cuando la cúpula afronta una crisis, las fuerzas que sostienen la República Islámica tienden a cerrar filas, no a ampliar el espacio para la oposición. El cambio de una persona no equivale por sí mismo a un cambio de régimen.

Un sistema con elecciones, pero con límites fijados desde arriba

La República Islámica nació en 1979 con instituciones elegidas y órganos religiosos que las supervisan. Hay presidente, Parlamento y comicios, pero la autoridad decisiva recae en el líder supremo, situado en la cúspide de la doctrina del velayat-e faqih, o gobierno del jurista islámico. Desde ese puesto se fijan las grandes líneas del Estado y se ejerce el mando de las fuerzas armadas; además, el líder tiene una influencia determinante sobre la judicatura, la radiotelevisión pública y los órganos que regulan la competencia política. Las urnas existen, pero no deciden por sí solas quién puede llegar al poder ni hasta dónde puede gobernar.

El Consejo de Guardianes, un órgano no elegido, examina a los candidatos y excluye a quienes considera incompatibles con los principios de la República Islámica. Ese filtro acota la oferta antes de que los votantes acudan a las urnas. Por eso, la celebración periódica de elecciones no basta para describir el sistema como plenamente democrático: la competencia política está restringida y las instituciones elegidas actúan dentro de un marco definido por autoridades que no dependen directamente del voto. En la práctica, el pluralismo queda limitado desde el inicio del proceso electoral.

Los comicios de 2024 ilustraron esa distancia entre participación formal y poder efectivo. Tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo, Masoud Pezeshkian ganó una elección presidencial en la que la participación fue del 39,9% en la primera vuelta y del 49,6% en la segunda. En las parlamentarias de marzo participó el 41% del electorado, la cifra más baja registrada para ese tipo de comicios en la República Islámica, según los datos del artículo original. También se excluyó de la elección de la Asamblea de Expertos a figuras centristas como Hasan Rohani. La baja participación expresa no solo desafección, sino también el estrechamiento previo de las opciones disponibles.

La Guardia Revolucionaria y la vigilancia cotidiana

La arquitectura religiosa y constitucional se apoya en una red de seguridad con presencia dentro y fuera del Estado. La Guardia Revolucionaria Islámica, conocida como los Pasdarán, no es únicamente una fuerza militar: interviene en la seguridad, la inteligencia, la política y sectores de la economía. A su lado opera el Basij, una organización movilizada para vigilar a la población, respaldar la moral oficial y contener las protestas. El control no se limita a las decisiones tomadas en los despachos: también se ejerce en barrios, universidades y calles.

La misión internacional de investigación de la ONU sobre Irán identificó como piezas centrales de la represión a la Guardia Revolucionaria, el Basij, el Ministerio de Inteligencia, el Ministerio del Interior, la policía FARAJA y la llamada policía de la moral. La combinación de organismos amplía la capacidad de vigilancia y castigo, desde la presencia policial hasta la investigación de activistas y manifestantes. Cuando varias instituciones pueden intervenir sobre una misma conducta, la presión estatal deja de ser un episodio excepcional y se convierte en parte de la vida diaria. El miedo se administra mediante una estructura, no solo mediante redadas puntuales.

Las protestas de Mujer, Vida, Libertad, desencadenadas en 2022 tras la muerte de Mahsa Jina Amini bajo custodia después de ser detenida por el uso del hiyab, mostraron el alcance de esa respuesta. La investigación internacional citada por Freedom House atribuyó al menos 551 muertes de manifestantes a la represión de aquellas movilizaciones. En los años posteriores, informes de la ONU y organizaciones de derechos humanos describieron detenciones, intimidación y vigilancia, además de restricciones a la expresión y la reunión pacífica. La respuesta del Estado no se agotó con el fin de las manifestaciones: también buscó desalentar nuevas movilizaciones.

El control sobre las mujeres va más allá del velo

El hiyab obligatorio es la señal más visible de la subordinación legal de las mujeres, pero no la única. El marco jurídico limita su autonomía en ámbitos como el matrimonio, los viajes y la vida familiar. Una niña puede casarse legalmente desde los 13 años y, con autorización paterna o judicial, desde los 9 años lunares, equivalentes a unos 8 años y 9 meses. El centro estadístico iraní registró en 2023 una media anual de 135.000 matrimonios con novias menores de 18 años. La edad mínima no impide que niñas mucho más pequeñas queden expuestas a un matrimonio autorizado por adultos.

La desigualdad también aparece en el trato ante la ley. En determinados procedimientos, el testimonio de una mujer tiene la mitad del valor que el de un hombre; la compensación por la muerte de una mujer puede ser inferior, y obtener un pasaporte puede requerir permiso del padre o del marido. Escapar de un matrimonio violento o forzado también puede resultar difícil dentro de un sistema legal y judicial que limita la autonomía femenina. La ONU advirtió de 179 incidentes de feminicidio en 2024, frente a 55 en 2023. La violencia de género se agrava cuando las instituciones que deberían proteger a las mujeres mantienen desigualdades legales.

La muerte de Amini convirtió el control de la vestimenta en un símbolo de una disputa más amplia sobre quién decide acerca del cuerpo y la vida pública de las mujeres. Aunque Pezeshkian había prometido suavizar la aplicación de las normas del velo, la misión de la ONU señaló que desde abril de 2024 se intensificó su cumplimiento mediante el Plan Noor. Hubo más vigilancia policial, causas penales y sanciones para quienes desafiaban la obligación de cubrirse el cabello. La aplicación de la norma no depende solo de la costumbre: está respaldada por el aparato del Estado.

De las patrullas a las cámaras y las aplicaciones

La vigilancia de las mujeres se ha extendido a herramientas tecnológicas que permiten registrar y denunciar presuntas infracciones. La ONU documentó el uso de reconocimiento facial en accesos universitarios, cámaras en carreteras y drones en espacios públicos. También se ha utilizado Nazer, una aplicación con la que ciudadanos y agentes pueden informar sobre matrículas, lugares y horas vinculados a una posible infracción del hiyab. La pantalla puede convertir un trayecto cotidiano en el inicio de un expediente policial.

Según los datos recogidos por la misión de la ONU, en junio de 2024 se habían liberado 8.000 vehículos retenidos por infracciones relacionadas con el velo. Otro balance periodístico basado en ese informe indicó que al menos 618 mujeres fueron arrestadas bajo el Plan Noor. Esos mecanismos extienden la aplicación de la norma más allá del momento en que un agente está presente: el registro digital puede activar una alerta, afectar al uso del vehículo o generar consecuencias para la vida laboral y familiar. La tecnología no sustituye a la coerción tradicional; puede hacerla más constante y difícil de esquivar.

La palabra, la protesta y la organización también están vigiladas

La libertad de expresión está restringida tanto en los medios tradicionales como en internet. El Estado controla la principal radiotelevisión pública, limita la actividad de medios independientes y persigue a periodistas que informan sobre asuntos sensibles. Freedom House describe un entorno con censura, vigilancia y autocensura, en el que opinar sobre política, religión o derechos humanos puede acarrear consecuencias. La censura no solo elimina mensajes: también empuja a la gente a callar antes de publicar.

Las restricciones digitales estrechan aún más el acceso a información ajena al control estatal. En febrero de 2024, el Consejo Supremo del Ciberespacio prohibió el uso de herramientas para sortear bloqueos, como las VPN, y en agosto Khamenei pidió una regulación más estricta de internet. Freedom on the Net 2025 describió un acceso a la red global más caro y difícil, frente al impulso de una red doméstica que permite al Estado controlar mejor los contenidos y la actividad de los usuarios. La conectividad no garantiza libertad de información si el acceso y la circulación están sometidos a vigilancia.

La calle tampoco es un espacio de protesta libre. La Constitución permite manifestaciones siempre que no perjudiquen los principios del islam, una condición amplia que las autoridades pueden utilizar para prohibir convocatorias incómodas. Freedom House señala que, en la práctica, se toleran sobre todo las protestas respaldadas por el poder, mientras que las demás pueden ser dispersadas con detenciones y violencia. Las organizaciones de derechos humanos están perseguidas y los sindicatos independientes carecen de un espacio legal libre. Reclamar mejores condiciones laborales puede acabar tratado como una amenaza a la seguridad del Estado.

En agosto de 2024, varias enfermeras fueron arrestadas durante protestas por salarios y condiciones de trabajo. Ese mismo año, la activista laboral Sharifeh Mohammadi fue condenada a muerte en una causa cuya sentencia fue posteriormente anulada. La ONU también informó en junio de 2025 de al menos 125 periodistas procesados por su trabajo en 2024, entre ellos 40 mujeres perseguidas o citadas por informar sobre los derechos de mujeres y niñas. El castigo puede dirigirse tanto contra quienes protestan como contra quienes documentan lo ocurrido.

La vida privada bajo las leyes religiosas

La criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo convierte la intimidad en asunto penal. Según la recopilación oficial más reciente del Gobierno británico citada en el artículo original, el Código Penal Islámico castiga las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Para los hombres, las penas pueden ir de los latigazos a la pena de muerte, según el acto y la interpretación judicial; para las mujeres, las relaciones sexuales pueden castigarse con 100 latigazos y, tras reincidencias, con la pena capital. Incluso besar o tocar con intención sexual puede acarrear entre 31 y 74 latigazos. La ley interviene en conductas que en otros países pertenecen a la esfera privada.

El Estado no reconoce el matrimonio ni las uniones civiles entre personas LGTBI y tampoco ofrece protección frente a la discriminación. La situación de las personas trans presenta una contradicción: Irán admite la reasignación de sexo e incluso puede subvencionarla, pero el reconocimiento legal está vinculado a cirugía, tratamiento hormonal, esterilización y un proceso judicial largo e invasivo. Organizaciones de derechos humanos han advertido de que algunas personas gais y lesbianas pueden sentirse presionadas a seguir ese recorrido para eludir la criminalización o el rechazo social. El reconocimiento no equivale necesariamente a libertad cuando depende de someterse a un itinerario impuesto.

La persecución alcanza también a quienes profesan otras religiones. Los bahá’ís, la principal minoría religiosa no reconocida en el país, sufren restricciones educativas, encarcelamientos y confiscaciones de propiedades. Human Rights Watch calificó en 2024 esa persecución como un crimen contra la humanidad; a finales de ese año, organizaciones de derechos humanos y la Comunidad Internacional Bahá’í hablaban de 1.200 personas entre procedimientos judiciales y condenas de prisión. Suníes, derviches y conversos al cristianismo también afrontan obstáculos, redadas o procesos. La libertad religiosa queda limitada cuando la fe oficial determina qué comunidades pueden vivir sin temor a represalias.

Minorías étnicas en las regiones más golpeadas

Las comunidades kurdas y baluches aparecen de forma reiterada en los informes sobre discriminación, pobreza, falta de representación y represión. Tras la muerte de Amini, la respuesta estatal fue especialmente intensa en las zonas kurdas y en Sistán y Baluchistán, según Freedom House. La misión internacional de la ONU también señaló que kurdos, baluches y personas LGTBI estuvieron particularmente expuestos a violaciones graves en el contexto de las protestas. La represión se agrava allí donde la identidad minoritaria coincide con la pobreza y la distancia del centro político.

Ese patrón ayuda a entender por qué las vulneraciones no afectan a todos por igual. Las poblaciones periféricas, con menor representación y menos recursos, pueden quedar más expuestas a la acción de las fuerzas de seguridad y a la falta de protección institucional. No se trata únicamente de diferencias culturales: la combinación de origen étnico, religión, territorio y posición económica influye en la experiencia concreta del poder. La desigualdad territorial forma parte del mapa de la represión iraní.

La pena de muerte y el uso de la justicia como castigo

En 2024 se llevaron a cabo al menos 975 ejecuciones en Irán, la cifra más alta desde 2015 y un aumento frente a las 834 registradas en 2023, según los datos presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2025. Más de la mitad de las ejecuciones estuvieron relacionadas con delitos de drogas; otras respondieron a condenas por asesinato y al menos 31 se vincularon a cargos de seguridad nacional, incluido el supuesto espionaje para Israel. También fueron ejecutadas 31 mujeres, cuatro personas murieron en ejecuciones públicas y al menos un menor fue ejecutado por hechos cometidos cuando era niño. La pena capital se aplica en ámbitos muy distintos y a una escala que la convierte en una pieza central del sistema penal.

Las cifras también revelan quiénes cargan con una parte desproporcionada del castigo. Entre las personas ejecutadas hubo al menos 108 presos baluches y 84 kurdos. Algunos casos de mujeres estaban relacionados con situaciones de violencia doméstica, matrimonios forzados o matrimonios infantiles. El dato expone una paradoja: personas que han vivido bajo coerción o desprotección pueden acabar condenadas por un sistema que no corrigió las condiciones que las dejaron vulnerables. La justicia puede castigar con dureza sin ofrecer antes protección efectiva.

Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a abogados independientes, confesiones obtenidas bajo tortura y juicios acelerados en causas políticas. La misión de la ONU también recogió denuncias de violencia sexual, simulacros de ejecución y muertes presentadas oficialmente como suicidios. Cuando el proceso judicial carece de garantías, la sentencia deja de ser una respuesta fiable a una investigación y puede convertirse en una herramienta para intimidar a la oposición. La independencia de los tribunales es esencial para distinguir la justicia del castigo político.

En febrero de 2026, expertos de la ONU pidieron a Teherán que informara del paradero de detenidos y desaparecidos tras las protestas de finales de 2025 y enero de 2026. Las autoridades reconocían 3.117 muertos y unas 3.000 detenciones, mientras organizaciones de derechos humanos hablaban de cifras muy superiores. Human Rights Watch describió arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas, además del uso de cámaras, drones, interrogatorios, aislamiento y confesiones televisadas. La incertidumbre sobre el destino de una persona detenida prolonga el castigo a sus familiares.

El relevo en la cúpula no despeja el futuro

La muerte de Khamenei deja pendiente una pregunta política decisiva: si el sucesor tendrá margen para alterar las reglas o si el aparato está diseñado para absorber el cambio sin modificar su naturaleza. La sucesión provisional, la función de la Asamblea de Expertos y las demandas de los clérigos conservadores apuntan a una continuidad organizada desde dentro del sistema. El líder supremo puede cambiar, pero permanecen el Consejo de Guardianes, los Pasdarán, el Basij, los organismos de inteligencia, la policía y los tribunales. La estructura que concentra el poder es más amplia que la persona que ocupa su cúspide.

Por eso, la situación de las mujeres, los periodistas, los sindicatos, las minorías religiosas y étnicas, las personas LGTBI y quienes protestan no depende únicamente del nombre del próximo líder. También depende de que se modifiquen las leyes y las instituciones que permiten vigilar, excluir y castigar. En el Irán actual, las elecciones conviven con filtros políticos, y la administración cotidiana con mecanismos de control que alcanzan el cuerpo, la palabra y la vida privada. El verdadero alcance del relevo se medirá por los límites que deje de imponer el Estado, no solo por quién asuma el cargo.