¿Qué legado deja Gustavo Petro al terminar su mandato en Colombia?

Gustavo Petro abandona la Presidencia de Colombia con un balance imposible de encerrar en una sola palabra. Su Gobierno redujo de forma apreciable la pobreza monetaria, llevó el desempleo a mínimos recientes y devolvió al centro del debate los derechos laborales, la desigualdad y la representación de las comunidades históricamente apartadas del poder. Pero también deja unas finanzas públicas deterioradas, reformas incompletas, escándalos que alcanzaron a su círculo político y una política de seguridad incapaz de contener a los grupos armados.

El resultado, más que un legado simplemente sombrío, es una herencia partida en dos. Petro demostró que la izquierda podía llegar a la Casa de Nariño y gobernar sin derribar la democracia, como algunos auguraban con esa imaginación tan tropical que suele acompañar al miedo político. Sin embargo, no consiguió convertir su promesa de cambio en un proyecto institucional estable. El 7 de agosto de 2026 entrega el poder a Abelardo de la Espriella, vencedor por un margen inferior a un punto frente al candidato oficialista Iván Cepeda. Colombia gira a la derecha, aunque lo hace dividida casi por la mitad.

Una Colombia menos pobre, aunque con las cuentas tensas

El avance social más sólido aparece en las cifras. La pobreza monetaria pasó del 36,6% registrado en 2022 al 28% en 2025, el nivel más bajo de la serie oficial reciente. Unos 3,8 millones de colombianos dejaron de estar bajo la línea de pobreza durante ese periodo. La pobreza extrema descendió al 9,6% y la desigualdad, medida mediante el coeficiente de Gini, bajó de 0,551 a 0,531 solamente entre 2024 y 2025. Son números que afectan a la vida doméstica: más comida en la mesa, algo de margen para pagar un transporte, un uniforme escolar, una bombona de gas. No son una abstracción de economistas con corbata.

El mercado laboral también terminó ofreciendo una fotografía mejor que la de 2022. La tasa nacional de desempleo cayó al 8% en junio de 2026, frente al 11,3% que rodeaba el inicio del mandato. Petro reforzó su política salarial con una subida del salario mínimo del 22,7% para 2026, hasta 1,75 millones de pesos, sin contar el subsidio de transporte. La medida elevó los ingresos de alrededor de 2,5 millones de trabajadores formales, aunque añadió presión sobre los costes empresariales, el gasto público y los precios.

Ahí comienza el reverso. La inflación volvió a alejarse de la meta del 3%, impulsada por el consumo, el gasto estatal, los costes laborales y el encarecimiento de los alimentos. El Banco de la República mantenía al final del mandato un tipo de interés del 12%, una medicina amarga para contener los precios: encarece hipotecas, préstamos y financiación empresarial. La economía crecía, sí, pero con el freno de mano monetario levantado.

Más delicada es la herencia fiscal. Colombia suspendió temporalmente su regla fiscal, sufrió rebajas en la calificación de su deuda y cerró 2025 con un déficit estimado del 6,4% del producto interior bruto. Las discrepancias sobre la situación real de las cuentas han sido notables, pero el problema de fondo no admite demasiada poesía: el próximo Gobierno tendrá que gastar menos, recaudar más o combinar ambas cosas. Petro mejoró los ingresos de millones de hogares, pero dejó una factura pública de bordes afilados.

Las reformas que avanzaron, tropezaron o se quedaron esperando

Petro llegó al poder con un catálogo ambicioso: reformar el trabajo, las pensiones, la salud y la propiedad rural. Era un programa pensado para mover las placas tectónicas de una sociedad profundamente desigual. El Congreso, las altas cortes, la fragilidad de las coaliciones y los errores del propio Ejecutivo rebajaron aquella sacudida a una sucesión irregular de avances, bloqueos y maniobras de última hora.

El trabajo cambió más que las pensiones

La reforma laboral terminó convirtiéndose en una de sus victorias legislativas. Amplió la remuneración del trabajo nocturno, dominical y festivo, reforzó la jornada de ocho horas y reconoció obligaciones de protección social para trabajadores de plataformas digitales. La norma recuperó derechos que habían sido recortados durante décadas, aunque empresarios y analistas advirtieron de un posible aumento de los costes laborales y de la informalidad. Colombia protege más al trabajador contratado; el desafío consiste en que esa protección no reduzca el número de personas que consiguen ser contratadas.

La reforma pensional recorrió un camino mucho más accidentado. El proyecto pretendía fortalecer el sistema público de Colpensiones, crear una renta para ancianos sin cotizaciones suficientes y mantener un componente privado para los ingresos más altos. Fue aprobado, devuelto al Congreso por un defecto de procedimiento y votado de nuevo, pero su aplicación quedó pendiente del examen de la Corte Constitucional. Petro consiguió instalar un modelo pensional diferente en la legislación, aunque no logró dejarlo funcionando con plena seguridad jurídica.

La salud y la tierra mostraron los límites del Gobierno

La reforma sanitaria fue el gran naufragio político. Petro quería sustituir el protagonismo de las entidades privadas intermediarias por una red pública basada en la atención primaria. El diagnóstico sobre las grietas del sistema no era caprichoso: deudas, desigualdad territorial, corrupción y pacientes obligados a peregrinar entre autorizaciones. Sin embargo, la propuesta generó temor por la transición, perdió apoyos parlamentarios y fracasó dos veces en el Congreso. Mientras se discutía el nuevo edificio, el sistema sanitario continuó perdiendo tejas.

La reforma agraria avanzó más que con administraciones anteriores, pero quedó muy lejos de la promesa electoral. Hasta julio de 2026, el Gobierno había comprado unas 462.000 hectáreas de las 1,5 millones anunciadas para repartir entre campesinos. Hubo formalización de propiedades, recuperación de terrenos y una presencia institucional más visible en el campo, aunque la lentitud administrativa volvió a imponer su ley no escrita. En Colombia, entregar una hectárea puede exigir más papeles que sembrarla.

La paz total acabó atrapada en la violencia de siempre

La mayor derrota de Petro fue la paz total, concebida para negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias de las FARC y organizaciones criminales. La idea reconocía algo razonable: la violencia colombiana ya no responde a una sola guerra ideológica, sino a una telaraña de narcotráfico, minería ilegal, control territorial y economías clandestinas. El problema estuvo en la ejecución. Se ofrecieron ceses del fuego sin que el Estado lograra ocupar los espacios liberados ni verificar con eficacia el cumplimiento de los compromisos.

El ELN utilizó distintos periodos de negociación sin renunciar a su expansión territorial. Las disidencias de las FARC se fragmentaron, algunas dialogaron y otras aumentaron sus efectivos. El Clan del Golfo amplió su presencia en numerosos municipios. En regiones como el Catatumbo, la población volvió a sufrir desplazamientos, confinamientos, reclutamientos y combates. La estrategia produjo resultados muy limitados para frenar los abusos contra civiles.

Petro no inventó ese mapa de violencia. Lo recibió tras décadas de abandono estatal y después de una implementación incompleta del acuerdo firmado con las FARC en 2016. Pero prometió modificarlo y no lo hizo. En ocasiones, su Gobierno confundió la voluntad de dialogar con la capacidad real de imponer condiciones. Una mesa de negociación sin control territorial puede terminar pareciéndose demasiado a una sala de espera mientras fuera continúan disparando.

La explosión de un camión frente a una base policial de Cúcuta, pocos días antes del cambio de Gobierno, condensó esa sensación de fracaso. Once agentes resultaron heridos y las autoridades responsabilizaron al ELN. De la Espriella recibe así un país donde el desempleo ha bajado, pero donde la violencia armada todavía sabe encontrar una carretera secundaria, un pueblo aislado o una comisaría vulnerable.

Corrupción, gabinetes movedizos y política desde el micrófono

Petro prometió una ruptura ética con las élites tradicionales. Por eso los escándalos de su Gobierno provocaron un daño especialmente profundo. El caso más grave fue el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, iniciado con la compra presuntamente irregular de camiones cisterna destinados a llevar agua a La Guajira. Las investigaciones alcanzaron a altos funcionarios y congresistas por un posible entramado de sobornos para facilitar la aprobación de proyectos oficiales. No se trataba únicamente de dinero perdido: era agua prometida a comunidades pobres convertida en combustible político.

A ello se sumaron los procesos judiciales relacionados con Nicolás Petro, hijo del presidente, y distintas controversias en los ministerios de Igualdad, Salud y Hacienda. Que muchas responsabilidades sigan pendientes de sentencia obliga a evitar condenas anticipadas, pero el deterioro político es evidente. Un Gobierno levantado sobre la promesa de limpiar el Estado terminó explicando por qué la corrupción también había entrado por su propia puerta.

El estilo presidencial agravó el desgaste. Petro gobernó mediante discursos extensos, mensajes continuos en redes sociales y enfrentamientos frecuentes con empresarios, medios, jueces, organismos electorales y antiguos aliados. Publicó cerca de 15.000 mensajes en X durante el mandato y nombró a más de 60 ministros, una rotación que revela tanto la dificultad de encontrar equipos estables como su escasa paciencia con la discrepancia interna. El megáfono presidencial, desde luego, nunca estuvo desempleado.

Esa comunicación directa mantuvo movilizadas a sus bases y permitió introducir asuntos antes relegados. También convirtió demasiadas diferencias administrativas en batallas morales. Los adversarios no eran simplemente adversarios; aparecían a menudo como obstáculos históricos, representantes del privilegio o enemigos del cambio. La oposición respondió con idéntica sutileza: Petro era presentado como un paso previo al autoritarismo, al comunismo o al colapso nacional. Entre unos y otros, el matiz político quedó como un señor educado al que nadie había invitado.

En política exterior, Petro devolvió a Colombia una voz propia, restableció relaciones diplomáticas con Venezuela y colocó la justicia climática, la Amazonia y la transición energética en los principales foros internacionales. Su apuesta ambiental dejó resultados apreciables: la deforestación de 2025 permaneció un 31% por debajo del nivel de 2021 y el Ejecutivo superó su objetivo acumulado de reducción, aunque la pérdida de bosque volvió a subir ligeramente durante el último año.

Al mismo tiempo, los choques con Estados Unidos y sus posiciones más vehementes generaron crisis evitables. Petro quiso ser una voz global y, algunas veces, pareció olvidar que gobernaba un país dependiente de la cooperación comercial, financiera y militar estadounidense. La dignidad diplomática no exige obediencia, pero tampoco obliga a incendiar cada puente para demostrar que uno sabe encender cerillas.

Un cambio real, pero mucho más pequeño que la promesa

Petro no deja una Colombia destruida. Tampoco deja el país transformado que anunció en agosto de 2022. Su legado más valioso está en la reducción de la pobreza, el aumento de los ingresos laborales, la ampliación de la representación social y la normalización democrática de la izquierda. Millones de colombianos que apenas figuraban en los márgenes del Estado sintieron que el poder hablaba de ellos, a veces incluso con ellos.

Su deuda aparece en la incapacidad de convertir esa energía política en instituciones duraderas. Falló la paz total, quedó pendiente la reforma pensional, naufragó la sanitaria, avanzó lentamente la distribución de tierras y se deterioraron las cuentas públicas. Los escándalos hirieron el centro moral de su proyecto. Su forma de gobernar, brillante para agitar una plaza y mucho menos eficaz para ordenar un ministerio, terminó consumiendo parte del cambio político que pretendía impulsar.

La victoria de Abelardo de la Espriella no borra el petrismo. El candidato de continuidad, Iván Cepeda, obtuvo más de 12,7 millones de votos y perdió por un margen mínimo. La izquierda queda con una poderosa representación parlamentaria y una base social que ya no regresará silenciosamente a la periferia. El nuevo presidente tendrá enfrente una oposición organizada y detrás un mandato electoral demasiado estrecho para interpretar el resultado como una carta blanca.

Petro sale del Gobierno, pero no de la política. Sus denuncias de fraude en las elecciones de 2026 fueron rechazadas por las autoridades electorales y los observadores internacionales, aunque insiste en cuestionar la legitimidad del resultado. Ese comportamiento ensombrece sus últimos días: quien llegó al poder gracias a las reglas democráticas debería defenderlas también cuando el recuento favorece al contrario. La democracia no es una puerta que solo funciona para entrar.

Ese será, quizá, el juicio más razonable sobre sus cuatro años. Petro abrió puertas que llevaban décadas cerradas, pero dejó demasiadas habitaciones sin ordenar. Cambió el lenguaje del poder, mejoró la vida material de una parte significativa de la población y amplió los límites de lo políticamente posible. No consiguió la paz, la estabilidad administrativa ni la revolución social prometida. Un legado contradictorio, vivo, incómodo. Muy colombiano.