¿Qué es una zona desmilitarizada y quién puede vigilarla realmente?

Una zona desmilitarizada es un territorio delimitado en el que las partes enfrentadas acuerdan excluir fuerzas combatientes, armas y actividades militares. No equivale necesariamente a una frontera, tampoco significa que el territorio quede abandonado ni que pase a manos de Naciones Unidas. Es, ante todo, una franja sometida a unas reglas especiales para reducir el riesgo de enfrentamientos.

Su vigilancia depende de lo que establezca el acuerdo que crea esa zona. Pueden encargarse las propias partes mediante una comisión conjunta, observadores internacionales, Estados neutrales o una misión de mantenimiento de la paz. Naciones Unidas puede asumir esa función cuando existe el mandato correspondiente, pero la ONU no aparece automáticamente en escena por el simple hecho de que dos países dibujen una franja sin tropas sobre un mapa.

Qué significa realmente desmilitarizar un territorio

El concepto tiene una definición bastante concreta en el derecho internacional humanitario. El artículo 60 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra contempla zonas desmilitarizadas creadas mediante acuerdo expreso entre las partes de un conflicto. Ese pacto puede alcanzarse antes o durante las hostilidades e incluso ser verbal, aunque en la práctica dejar semejante asunto sin documentos sería una forma bastante imaginativa de buscar problemas futuros.

Lo normal es que el acuerdo establezca con precisión los límites de la zona y las condiciones aplicables dentro de ella. Deben retirarse los combatientes, las armas móviles y el material militar móvil; las instalaciones militares fijas no pueden utilizarse con fines hostiles y deben cesar tanto los actos de hostilidad como las actividades vinculadas al esfuerzo militar.

Eso no convierte necesariamente el lugar en tierra de nadie. Puede seguir existiendo población civil y también pueden permanecer fuerzas policiales destinadas exclusivamente a mantener el orden. La desmilitarización, dicho de otro modo, afecta a la utilización bélica del territorio, no obliga a borrar carreteras, pueblos, agricultores o policías del paisaje.

No es lo mismo que una zona neutral o una simple franja de seguridad

En las noticias suelen mezclarse expresiones como zona desmilitarizada, zona tampón, área de separación, corredor de seguridad o zona neutral. Se parecen, pero no son jurídicamente intercambiables.

Una zona tampón puede separar físicamente a dos fuerzas sin ajustarse exactamente al régimen jurídico de una zona desmilitarizada del Protocolo adicional I. Un área de separación puede permitir determinadas presencias militares internacionales. Y una frontera, por supuesto, define soberanía territorial: una zona desmilitarizada puede atravesar o acompañar una frontera sin modificar por sí misma a quién pertenece cada terreno.

Esa diferencia es importante porque crear una franja de varios kilómetros sobre un mapa resulta relativamente sencillo. Determinar quién puede entrar, qué armas están prohibidas, quién investiga una infracción y qué ocurre cuando una parte acusa a la otra de incumplir el pacto es bastante menos fotogénico, pero es donde se juega su funcionamiento real.

Quién decide crearla y quién puede vigilarla

En el modelo previsto por el derecho internacional humanitario, son las partes enfrentadas las que confieren a un territorio ese estatus mediante acuerdo. El pacto debe concretar los límites de la zona y, cuando resulte necesario, los métodos que se utilizarán para supervisarla.

Eso significa que un Estado no puede convertir por arte de magia una franja disputada en una zona desmilitarizada acordada simplemente anunciándolo. Puede retirar unilateralmente sus fuerzas de un territorio, claro, pero el régimen específico de una zona desmilitarizada reconocida por las partes exige precisamente ese elemento: acuerdo.

Otra cosa es la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los mecanismos previstos en la Carta de la ONU. Pueden existir operaciones internacionales con mandatos específicos para supervisar altos el fuego, separaciones de fuerzas o zonas de seguridad. Cada misión responde, sin embargo, a su propio fundamento jurídico y político; no existe una plantilla universal que se aplique automáticamente a cualquier conflicto.

La vigilancia puede quedar en manos de una comisión formada por los contendientes, de observadores pertenecientes a países considerados neutrales, de una organización internacional o de una fuerza de paz con mandato específico.

Las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas se rigen, con carácter general, por tres principios: consentimiento de las partes, imparcialidad y no utilización de la fuerza salvo en defensa propia y del mandato. Eso diferencia una misión de paz convencional de una operación de imposición de la paz, que responde a reglas diferentes.

Vigilar supone mucho más que colocar soldados en una garita

Una misión eficaz necesita saber qué está autorizada a inspeccionar, por dónde puede desplazarse y cómo documentará una posible violación. Puede utilizar patrullas y puestos de observación, comunicaciones directas entre los adversarios y mecanismos de investigación. Dependiendo del acuerdo, también pueden existir restricciones sobre movimientos militares en las áreas próximas a la zona.

Sin esa capacidad de verificación, la expresión zona desmilitarizada corre el riesgo de quedarse en tinta diplomática. Un acuerdo puede prohibir tanques dentro de una franja, pero alguien tendrá que comprobar que realmente no están allí.

Corea, Chipre y el Golán: tres formas de separar fuerzas

El ejemplo más conocido es la Zona Desmilitarizada de Corea, nacida del armisticio firmado en 1953. El acuerdo estableció una línea de demarcación militar y dispuso que las dos partes se retiraran dos kilómetros a cada lado, creando una franja de aproximadamente cuatro kilómetros de anchura destinada a evitar incidentes capaces de reanudar las hostilidades.

El propio armisticio creó mecanismos específicos de supervisión. La Comisión Militar de Armisticio recibió funciones vinculadas al cumplimiento del acuerdo y también se contempló una Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales. Es una buena muestra de por qué hablar simplemente de una zona desmilitarizada oculta media película: el mecanismo de control forma parte esencial del sistema.

Décadas después, los mecanismos asociados al armisticio siguen cumpliendo funciones relacionadas con la supervisión de la DMZ y la investigación de presuntas infracciones. Corea demuestra también otra peculiaridad: un armisticio y una zona desmilitarizada pueden congelar militarmente un conflicto durante muchísimo tiempo sin equivaler a un tratado de paz definitivo.

En Chipre, el modelo es distinto. La fuerza de Naciones Unidas UNFICYP mantiene una zona tampón de aproximadamente 180 kilómetros entre las líneas enfrentadas. La misión supervisa el área mediante patrullas y puestos de observación, mientras determinadas zonas permiten actividades civiles bajo condiciones específicas.

En los Altos del Golán, la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, conocida como UNDOF, supervisa el alto el fuego y el acuerdo de separación entre las fuerzas israelíes y sirias de 1974. Su dispositivo incluye un área de separación y zonas adyacentes en las que se controlan limitaciones acordadas sobre fuerzas y armamento.

Estos ejemplos explican por qué conviene mirar siempre la letra pequeña. Dos franjas sobre un mapa pueden parecer casi idénticas y, sin embargo, estar sometidas a reglas, mandatos y sistemas de inspección muy distintos.

Qué ocurre cuando una de las partes incumple

Una zona desmilitarizada no posee una especie de escudo invisible. Su protección depende del acuerdo alcanzado y del respeto de quienes asumieron sus obligaciones.

El Protocolo adicional I establece que las partes no pueden extender sus operaciones militares a una zona a la que hayan otorgado ese estatuto cuando hacerlo contradiga lo pactado. También contempla que una infracción material por una de las partes puede liberar a la otra de las obligaciones derivadas específicamente del acuerdo de desmilitarización.

Eso no convierte automáticamente el territorio y a sus habitantes en objetivos sin protección. Aunque una zona pierda ese estatus concreto, continúan siendo aplicables las demás normas del derecho internacional humanitario que correspondan durante el conflicto.

Aquí aparece la parte incómoda. Desmilitarizar exige confianza, pero también mecanismos para desconfiar de manera ordenada. Inspecciones, comunicaciones entre mandos, observadores aceptados y procedimientos para investigar incidentes sirven precisamente para que una acusación no termine inmediatamente convertida en fuego de artillería.

Una franja sin soldados necesita reglas que aguanten

La imagen más sencilla de una zona desmilitarizada es la de un espacio vacío entre dos ejércitos. La realidad tiene muchas más capas. Hace falta establecer dónde comienza y termina, qué personal puede entrar, qué armamento queda prohibido, quién patrulla, quién informa de las infracciones y qué procedimiento se activa cuando las versiones chocan.

Por eso Naciones Unidas puede vigilar una zona desmilitarizada, pero no tiene el monopolio de esa vigilancia. También pueden hacerlo comisiones bilaterales, observadores neutrales u otros mecanismos internacionales aceptados o establecidos para ese conflicto concreto. Lo decisivo no es el color del casco, sino el mandato que existe detrás.

Una zona desmilitarizada funciona cuando transforma kilómetros de terreno en kilómetros de previsibilidad. No elimina el conflicto político ni sustituye un acuerdo de paz. Hace algo más modesto y, a veces, extraordinariamente valioso: coloca distancia, reglas y ojos entre fuerzas que hasta hace poco se estaban disparando.