¿Qué es el histórico juicio Odebrecht que arranca en Panamá?

Arranca en Panamá el juicio Odebrecht con Martinelli imputado, retrasos, sobornos millonarios y un proceso que pone a prueba la justicia

Panamá ha puesto en marcha, por fin, el juicio más esperado —y más delicado— de su historia judicial reciente: el caso Odebrecht. Este lunes 12 de enero de 2026 se abrió la audiencia de juicio con 27 imputados llamados al banquillo por presunto blanqueo de capitales ligado a los sobornos de la constructora brasileña, un delito que en el país puede acarrear hasta 12 años de prisión. Entre los acusados figura el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que compareció conectado por internet desde Colombia, donde permanece asilado desde 2025 por una condena distinta, ajena a esta causa pero decisiva para entender el clima político que rodea cada sesión.

La sesión arrancó con un gesto formal, casi de trámite, que en realidad marca el comienzo de lo importante: la jueza Baloíza Marquínez pidió a las partes identificarse, uno a uno, en sala. Fiscales del Ministerio Público, querellantes, defensas e imputados. También varios exministros del Gobierno de Martinelli, algunos de los cuales insistieron ante la prensa, antes de entrar, en que no tienen nada que ver con los hechos. El juicio había quedado pospuesto desde 2023 y se había aplazado al menos seis veces, así que el mero hecho de abrir audiencia ya pesa como una losa: Panamá llega tarde, pero llega. Y llega con el caso de corrupción que se cita, sin exageración, como la mayor trama que ha afrontado el país.

La escena del primer día: una sala, un pantallazo y demasiados años de espera

En estos procesos, el primer día suele ser de calentamiento: saludos fríos, acreditaciones, incidencias, un orden del día que parece diseñado para aburrir. Aquí no. La imagen del arranque trae un elemento contemporáneo que lo cambia todo: un expresidente sentado fuera del país, compareciendo por pantalla. Martinelli se identificó ante la jueza tal y como había adelantado su abogado, Carlos Carrillo, que llegó al tribunal con una línea de defensa clara, repetida con la precisión de quien sabe que cada palabra se convierte en titular: el expresidente “no guarda relación con los hechos” investigados en este caso.

Ese “no guarda relación” es, en el fondo, el punto de partida de una batalla doble. La jurídica, que se decidirá con pruebas, testimonios y peritajes financieros. Y la del relato, que ya está en marcha en las calles, en la prensa local, en los pasillos del poder: si Odebrecht compró decisiones, ¿quién abrió la puerta?, ¿quién cobró?, ¿quién miró hacia otro lado?, ¿quién firmó? En Panamá, donde la política no se entiende sin apellidos, el juicio empieza como empiezan los asuntos grandes: con nombres propios y con una tensión de fondo que no necesita música.

La jueza Marquínez aparece, además, como figura central no solo por presidir la audiencia, sino porque ha estado asociada en los últimos años a decisiones que han marcado el pulso de otros expedientes de alto perfil. En un caso que se ha ido dilatando con aplazamientos y recursos, la dirección del tribunal será casi tan importante como el expediente: un juicio así no se gana con titulares, se sostiene con calendario, con orden y con resistencia a la tormenta procesal.

Qué es el caso Odebrecht y por qué Panamá lo llama “histórico” sin rubor

Odebrecht fue una constructora brasileña convertida en símbolo regional de corrupción sistémica. No se trataba de un soborno aislado, de un “favor” de despacho. El esquema que se destapó en distintos países describía una forma de operar repetida, metódica, con departamentos internos dedicados a pagar coimas y con rutas de dinero diseñadas para que el rastro se evaporara. Panamá entró de lleno en ese mapa cuando se conoció que la empresa había pagado más de 59 millones de dólares en sobornos en el país, especialmente en el periodo 2010-2014, para asegurarse contratos de obras públicas.

Ese dato —los 59 millones— no es solo una cifra para escandalizar. Sirve para entender por qué el caso se convirtió en un símbolo nacional: cuando una compañía admite pagos ilegales de ese tamaño, el problema deja de ser “moral” y pasa a ser estructural. Porque un soborno grande no se paga por capricho; se paga para ganar algo mucho mayor. Y eso remite a contratos, adendas, licitaciones, consorcios y obras que, en Panamá, forman parte del paisaje cotidiano. Metro, carreteras, ampliaciones y proyectos que prometían modernidad y, al mismo tiempo, se convirtieron en terreno fértil para comisiones ocultas.

Años después, el caso sigue arrojando coletazos. En diciembre de 2025, por ejemplo, volvió a la conversación pública otra cifra incómoda: la exigencia de que Odebrecht terminara de pagar una multa de 220 millones de dólares, con 146 millones pendientes, en un frente distinto pero conectado al mismo universo de responsabilidades y reparación económica. Todo eso alimenta una sensación persistente: el asunto nunca se cerró, solo se quedó en pausa.

Martinelli y el factor Colombia: un acusado que ya no pisa Panamá

El nombre de Ricardo Martinelli pesa en esta historia por dos razones al mismo tiempo, y las dos se entrecruzan de forma incómoda. La primera es la evidente: aparece como imputado en el caso Odebrecht. La segunda es su situación personal y política: está asilado en Colombia desde mayo de 2025, después de haber permanecido más de un año dentro de la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde se refugió en febrero de 2024 tras la confirmación de una condena por blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business, vinculado a la compra de un conglomerado de medios. Esa condena —10 años de prisión y una multa millonaria— no pertenece al expediente Odebrecht, pero ha condicionado el tablero entero.

En términos prácticos, el asilo introduce preguntas que el tribunal no tiene por qué responder, pero que siempre flotan: cómo se gestiona la comparecencia, qué margen real hay para ejecutar medidas si el acusado está fuera, qué efectos políticos produce una eventual sentencia. En términos simbólicos, es más directo: la justicia panameña juzga a un expresidente que no está en el país, y lo hace mientras una parte de su base política lo sigue viendo como perseguido y otra parte lo señala como ejemplo de impunidad.

Martinelli, además, no es un actor retirado. Su influencia política ha sido visible en los últimos años y su entorno ha marcado la conversación pública con una insistencia constante en el argumento de la persecución. Ese contexto hace que cualquier avance judicial se interprete como victoria o como ataque, según el bando. La sala tendrá que abrirse paso en ese ruido.

Los otros nombres que gravitan alrededor: Varela, Parlacen y los hijos de Martinelli

El caso Odebrecht en Panamá no se agota en una figura. La propia configuración del proceso lo demuestra: junto a los 27 imputados llamados a juicio, hay otros cuatro que no se sientan en este tribunal porque deben ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia tras haber sido nombrados diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Entre esos nombres aparece el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares. Es una derivación procesal con impacto político: el caso atraviesa gobiernos y apellidos, pero se fragmenta por fueros y rutas judiciales distintas.

Y hay otro dato que, sin necesidad de dramatizar, resulta explosivo por sí mismo: los hermanos Martinelli Linares ya cumplieron cárcel en Estados Unidos en relación con esta trama y reconocieron participación en pagos de sobornos por 28 millones de dólares, según informaciones publicadas sobre su caso. Que esa pieza exista fuera de Panamá añade presión sobre lo que se discuta dentro: el expediente no nace de la nada, arrastra antecedentes y confesiones que han tenido consecuencias en otras jurisdicciones.

De qué se acusa exactamente: el corazón es el dinero, y el dinero casi nunca viaja solo

En la conversación pública se dice “sobornos” como quien dice “política”, un concepto amplio, casi gaseoso. En un juicio, la cosa cambia. Aquí el centro es el presunto blanqueo de capitales: la idea de que el dinero pagado ilegalmente no se quedó en un intercambio simple, sino que fue movido, transformado, canalizado mediante sociedades, intermediarios y operaciones diseñadas para disimular origen y destino.

El blanqueo, contado sin jerga, es esto: el dinero sale sucio y vuelve limpio. Entre medias hay capas. A veces contratos de consultoría que no consultan nada, sociedades que solo existen en papel, cuentas que entran y salen con movimientos quirúrgicos. Otras veces, préstamos internos, compraventas artificiales, facturación cruzada. En los casos Odebrecht, la acusación suele apoyarse en trazas financieras, correos, testimonios, delaciones y documentación bancaria. Panamá llega a juicio con una investigación de más de una década precisamente porque construir ese mapa exige tiempo… y cooperación internacional. Mucha.

Lo que se discute, en última instancia, es si hubo un mecanismo para asegurar adjudicaciones y si ese mecanismo se tradujo en enriquecimiento ilícito y lavado. Si la Fiscalía logra sostener esa historia con pruebas que resistan el fuego cruzado de las defensas, el caso puede terminar en condenas relevantes. Si no, el juicio corre el riesgo de convertirse en una gran expectativa que se desinfla en tecnicismos, contradicciones o pruebas insuficientes. Esa es la crudeza del proceso penal: el escándalo social no sustituye al estándar probatorio.

Por qué el calendario importa tanto como el expediente

Que el juicio se haya pospuesto seis veces desde 2023 no es un capricho estadístico. Es un dato que cambia la percepción del país, y también cambia la estrategia de todas las partes. Un proceso que se aplaza una y otra vez acumula desgaste, pierde atención pública, permite que los argumentos se cocinen fuera de la sala y abre espacios para incidentes procesales. Cuando por fin se abre audiencia, el tribunal necesita imponer una sensación de continuidad: sesiones que no se evaporan, decisiones que no quedan para “otro día”, una secuencia reconocible.

En el caso Odebrecht, ese aspecto tiene todavía más importancia porque el expediente ya es viejo. Y un expediente viejo trae riesgos: testigos que se desdicen, memorias que se difuminan, documentos que se interpretan de otra manera, defensas que sostienen que el tiempo ha contaminado la investigación. El Estado, aquí, tiene que demostrar no solo que acusa, sino que acusa con solidez.

Las obras y los contratos: el “costo oculto” de la infraestructura

Panamá se transformó en la década pasada a golpe de grandes obras. El Metro se convirtió en símbolo de modernización, las carreteras y ampliaciones urbanas cambiaron la movilidad y el país proyectó una imagen de crecimiento. En esa narrativa, Odebrecht apareció como actor recurrente, muchas veces en consorcio con otras empresas. Y cuando estalla el escándalo, la infraestructura adquiere un reverso: la posibilidad de que una parte del precio real no estuviera en los pliegos, sino en una comisión pactada en privado.

En España, cuando se habla de corrupción vinculada a obra pública, el lector entiende rápido el mecanismo general: concursos, adjudicaciones, intermediarios, comisiones. Panamá tiene sus particularidades, pero la lógica es reconocible. Por eso el caso interesa tanto aquí: no es un asunto exótico, es una versión latinoamericana de una tentación universal. Y porque en el expediente aparecen, además, ecos con conexiones internacionales: durante años se han investigado rutas de dinero y operaciones transnacionales, y han aparecido menciones a consorcios y empresas que participaron en proyectos panameños. La dimensión internacional no es un adorno: en un caso de esta magnitud, el dinero rara vez se queda en casa.

Este juicio también reabre una discusión incómoda que en Panamá lleva años sobre la mesa: qué se hace con las obras ya ejecutadas cuando se demuestra que hubo corrupción en el proceso de adjudicación. La infraestructura está ahí, funcionando. La pregunta ya no es si se construyó, sino a qué precio institucional se construyó. Y, sobre todo, quién paga la factura política y penal.

Lo que puede ocurrir en las próximas semanas: condenas, absoluciones y el pulso institucional

El juicio abre un abanico de escenarios, pero conviene mantener los pies en el suelo: lo que decidirá el resultado será lo que ocurra dentro de la sala. En lo inmediato, la dinámica pasará por fijar el ritmo, admitir o excluir pruebas, ordenar comparecencias y empezar a escuchar el material que suele ser más determinante en estos casos: peritos financieros, documentación bancaria, testimonios de quienes pueden explicar el sentido de determinadas operaciones. En tramas de corrupción, el detalle manda. Un apunte contable puede valer más que una declaración grandilocuente.

Para Martinelli, el riesgo no se limita a una condena o absolución en términos de pena. Está también el impacto sobre su posición política, sobre su capacidad de influencia y sobre la lectura internacional de su caso. Un expresidente asilado que recibe una nueva condena en su país —si eso ocurre— añade complejidad a cualquier narrativa de persecución o de impunidad, según quien la use. Si sale absuelto, el resultado se convertirá, previsiblemente, en munición política inmediata. En ambos escenarios, el juicio es un acontecimiento que reordena el tablero.

Para Panamá, el juicio es una prueba de sistema. Y aquí el matiz es importante: no se trata solo de “meter a alguien en la cárcel”, frase fácil que suele inflamar debates. Se trata de demostrar que la justicia puede procesar un caso enorme sin colapsar, sin perderse en el laberinto y sin terminar en un final que nadie entiende. Un fallo bien motivado, sea condenatorio o absolutorio, tiene un valor institucional. Un fallo confuso, lleno de grietas, deja un poso que dura años.

El papel de la jueza Marquínez y la tensión alrededor del proceso

La jueza Baloíza Marquínez, al presidir el juicio, se convierte en un foco inevitable. En procesos de alto impacto, cada decisión procedural se interpreta como señal. Si admite una prueba, si rechaza un incidente, si ordena o no ordena ciertas diligencias, la lectura pública se dispara. Y en Panamá, donde el caso Odebrecht se sigue con una mezcla de hartazgo y expectación, el margen para errores percibidos es mínimo.

Ese contexto vuelve más relevante algo que, en otra audiencia, pasaría desapercibido: el inicio formal, la identificación de partes, la comparecencia telemática. Son ladrillos del edificio procesal. Y aquí el edificio tiene que aguantar muchos golpes.

Por qué este juicio resuena fuera de Panamá: la sombra de Odebrecht en toda la región

Odebrecht no es solo un caso panameño. Es una palabra que, desde hace años, atraviesa América Latina como un recordatorio incómodo de cómo se puede capturar el Estado sin necesidad de tanques ni golpes: basta con contratos, favores y dinero. Para el público español, el interés no es morboso; es comparativo. Lo que ocurre en Panamá ayuda a entender dinámicas regionales, y también sirve para observar cómo se gestionan judicialmente casos que combinan política, empresas, finanzas y cooperación internacional.

Además, la historia de Martinelli —condenado por otra causa, refugiado en una embajada, luego asilado en Colombia, ahora compareciendo por pantalla como imputado en un juicio gigantesco— tiene un componente casi cinematográfico, sí, pero sería un error quedarse en lo pintoresco. Lo importante es que ese recorrido evidencia algo estructural: cuando los acusados de alto perfil se mueven en el plano internacional, el derecho penal deja de ser solo derecho penal y se convierte también en diplomacia, en reputación y en política exterior.

Panamá, por su papel financiero y logístico, conoce bien el valor de la confianza. Y por eso el caso Odebrecht golpea doble: por el dinero y por la credibilidad. Un país puede sobrevivir a un escándalo; lo que cuesta es sobrevivir a la idea de que el escándalo nunca se resuelve.

Panamá abre la puerta del caso que nunca terminaba

Este lunes no ha habido sentencia, ni siquiera un relato completo del fondo del asunto. Ha habido algo más básico y, a la vez, imprescindible: el juicio empezó. Después de años de aplazamientos, de calendario roto, de expectativas que subían y bajaban como una persiana vieja, la causa más emblemática por corrupción en Panamá ha entrado en fase de examen público y contradictorio, con una jueza identificada, una lista de imputados definida y un expresidente compareciendo desde el extranjero.

A partir de aquí, la historia ya no se escribirá con filtraciones ni con rumores, sino con actuaciones judiciales, con decisiones motivadas y con pruebas que quedarán en acta. Eso es lo que está en juego, más allá de un nombre: si Panamá consigue convertir el gran escándalo en un proceso que se entiende y se sostiene. Si no, el caso seguirá siendo lo que ha sido demasiados años: una palabra que se pronuncia con rabia, con cansancio y con esa sensación tan conocida de que lo importante siempre se queda a medio camino.