¿Qué cerca a Zapatero y sus hijas en la investigación de Plus Ultra?

El horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se ha estrechado durante el verano. La investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra ya no descansa únicamente sobre informes policiales o interpretaciones de mensajes: las declaraciones de personas que participaron en las operaciones investigadas han añadido piezas nuevas al expediente. Y una de las más delicadas afecta directamente a Whathefav, la empresa administrada por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

El dato central es sencillo. Julio Martínez Martínez, empresario, antiguo amigo y colaborador del expresidente, reconoció ante el juez que su sociedad, Análisis Relevante, siguió pagando a Whathefav después de que hubieran terminado determinados trabajos. Según lo conocido de su declaración, explicó que continuó abonando esas cantidades por la identidad de las propietarias de la agencia. Entre 2020 y diciembre de 2025, Análisis Relevante transfirió 239.755 euros a Whathefav. La investigación deberá determinar qué naturaleza tenían realmente esos pagos y qué conocimiento tenía cada persona implicada.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa están incorporadas al procedimiento en calidad de investigadas desde junio. Eso no equivale a una condena ni demuestra por sí mismo la comisión de delito alguno. De hecho, el juez José Luis Calama justificó esa condición procesal también por la necesidad de garantizar que puedan defenderse con todas las garantías. A 23 de agosto todavía no se había señalado la fecha de sus declaraciones.

Whathefav se convierte en una pieza central de la investigación

La pequeña agencia de comunicación y marketing ha dejado de ser un elemento periférico del sumario. La UDEF considera que parte de los movimientos económicos examinados confluyeron en ella y utiliza expresiones especialmente severas para describir su posible función: habla de un “centro de redistribución de flujos financieros” y de un elemento finalista dentro del entramado investigado.

La sospecha policial se apoya, entre otras cuestiones, en facturas emitidas con conceptos genéricos como “servicios agencia”, en correos intervenidos y en transferencias procedentes de sociedades relacionadas con los negocios del entorno del expresidente. La cuestión que los investigadores intentan despejar es bastante menos vistosa que los grandes titulares, pero mucho más importante en un procedimiento penal: si detrás de aquellas facturas existían servicios reales, proporcionados y suficientemente acreditables.

Whathefav había firmado en junio de 2020 un contrato con Análisis Relevante para prestar servicios de marketing, suministro de datos y apoyo logístico. Parte del trabajo consistía en recibir informes previamente elaborados, maquetarlos y distribuirlos. Martínez admitió que inicialmente se realizaron esos trabajos, pero situó su final en 2022. Los pagos, sin embargo, continuaron.

Ahí aparece una grieta difícil de ignorar. No porque un pago continuado sea automáticamente delictivo —no lo es—, sino porque cuando quien paga sostiene ante un juez que la prestación había terminado, la factura deja de ser un papel tranquilizador y empieza a necesitar explicación. La contabilidad tiene esa costumbre antipática: habla bajito, pero recuerda casi todo.

Los pagos que ahora debe explicar la empresa

Las cantidades bajo análisis no proceden de un único pagador. Las pesquisas han situado en el entorno de Whathefav transferencias de varias sociedades relacionadas, de distintas maneras, con los negocios examinados por los investigadores. Entre Análisis Relevante e Inteligencia Prospectiva, la agencia recibió más de 800.000 euros durante el periodo investigado, a los que se añaden pagos procedentes de otras compañías.

A ello se suma otra cuestión: los movimientos desde las cuentas empresariales hacia cuentas particulares de las dos administradoras. La existencia de transferencias entre una sociedad y sus propietarios tampoco demuestra, por sí sola, una irregularidad; dividendos, nóminas, préstamos o retribuciones pueden ser perfectamente legales. Lo decisivo será conocer su fundamento, su documentación y, sobre todo, si guardan relación con el dinero cuyo recorrido intenta reconstruir la UDEF.

El instructor considera que existen indicios racionales suficientes para investigar el papel de Whathefav. La expresión importa. Un indicio no es una prueba de culpabilidad, pero tampoco es una sospecha lanzada al aire: dentro de un procedimiento penal justifica seguir tirando del hilo para determinar qué ocurrió.

Lo que aún debe individualizar la investigación

Hay otro matiz que conviene conservar mientras el ruido político sube de volumen. La investigación deberá individualizar la conducta de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. La declaración de Julio Martínez compromete la explicación comercial de ciertos pagos, pero, según lo conocido hasta el momento, no atribuye a ninguna de las dos una orden concreta destinada a ocultar dinero o simular servicios.

Esa diferencia separa la investigación judicial del veredicto anticipado, deporte nacional para el que nunca faltan voluntarios. No bastará con saber que ambas administraban Whathefav; habrá que determinar quién negociaba los contratos, quién conocía los trabajos, cómo se fijaban las cantidades y por qué continuaron determinados abonos una vez terminadas las prestaciones descritas por el pagador.

Julio Martínez cambia el paisaje para Zapatero

La declaración de Julio Martínez Martínez ha alterado también la posición del propio expresidente. El empresario atribuyó a Zapatero un papel relevante en las gestiones relacionadas con Plus Ultra y sostuvo que era quien “marcaba los pasos”. También confirmó la existencia de un acuerdo para cobrar una comisión equivalente al 1% del rescate público de 53 millones de euros, es decir, unos 530.000 euros.

Pero existe una frontera que el propio testimonio todavía no cruza. Martínez no precisó ante el juez con qué responsable público habría hablado Zapatero, a quién habría presionado ni qué actuación concreta habría realizado para conseguir la ayuda. Tampoco aclaró cuánto dinero habría terminado cobrando personalmente el expresidente por esa supuesta mediación. Son huecos importantes. En derecho penal, el espacio entre “pudo influir” y demostrar cómo, ante quién y con qué resultado no es una rendija: puede ser media causa.

Zapatero sostiene justamente la versión contraria. Ha negado haber ejercido influencia alguna en favor de Plus Ultra y afirma que no habló con responsables de la SEPI ni del Gobierno para conseguir el rescate. Tras declarar ante el juez en junio, volvió a defender públicamente en julio su “inocencia absoluta” y rechazó haber utilizado la empresa de sus hijas para canalizar fondos ilícitos.

La contradicción es frontal y tendrá que resolverse con documentación, testimonios y movimientos financieros. Ni la palabra de un investigado que decide colaborar se transforma mágicamente en verdad judicial, ni la negativa del acusado liquida una investigación. El juzgado tendrá que ensamblar hechos. Lo demás, por ahora, es posición de parte.

El rescate de 53 millones sigue en el centro del caso

El rescate de Plus Ultra ascendió a 53 millones de euros y fue aprobado en 2021 con cargo al fondo gestionado por la SEPI para apoyar a compañías afectadas por la pandemia. Ese es el origen del laberinto actual: determinar si alrededor de aquella ayuda hubo una intermediación ilícita y si determinadas cantidades pagadas posteriormente formaban parte de una contraprestación encubierta.

La compañía había pactado una comisión equivalente al 1% de la ayuda pública en caso de conseguirla. Los investigadores estudian la ruta seguida por ese dinero y la función desempeñada por las distintas sociedades que aparecen en el sumario. Según la tesis investigadora, algunas habrían servido para canalizar fondos mediante facturas y contratos que deben ser examinados para comprobar su verdadera justificación económica.

El juez también ha ampliado el rastreo a más de 60 cuentas bancarias vinculadas a Zapatero, familiares, colaboradores y empresas relacionadas con el procedimiento. La UDEF intenta reconstruir entradas, salidas y conexiones entre las distintas sociedades. El procedimiento, por tanto, ya es bastante más ancho que aquella fotografía inicial del rescate.

Hay empresas, consultorías, facturas, transferencias, antiguos colaboradores que han modificado o precisado su relato y un conjunto de relaciones profesionales que el instructor intenta colocar en orden cronológico. Una especie de puzle empresarial, solo que aquí las piezas llevan IBAN.

Las joyas abren otro frente todavía bajo investigación

A esa investigación económica se ha añadido un episodio singular: las piezas de alta joyería localizadas por la Policía en una caja fuerte del despacho de Zapatero en Madrid. Una tasación encargada dentro del procedimiento situó el valor del conjunto en torno a 1,3 millones de euros, mientras la Fiscalía Anticorrupción pidió profundizar en su análisis.

Zapatero explicó posteriormente en televisión que se trataba de regalos personales recibidos años atrás, negó cualquier intención de ocultación patrimonial y sostuvo que las circunstancias se aclararían dentro del procedimiento. La investigación trata de precisar la procedencia, antigüedad y valoración de las piezas, incluida la fecha de montaje de algunas de ellas.

De nuevo, tener joyas caras no constituye delito alguno. La cuestión judicial es su procedencia, la correspondencia entre esa procedencia y las explicaciones ofrecidas y, en su caso, su posible conexión con los hechos económicos investigados. Hasta que esas incógnitas tengan respuesta probatoria, convertir un collar en sentencia sería tan poco riguroso como convertirlo en simple anécdota.

La defensa pelea también por los límites de la investigación

Zapatero no está limitando su defensa a negar los hechos. Sus abogados han cuestionado el alcance de determinadas diligencias y han advertido del riesgo de que el análisis de sus movimientos económicos termine convirtiéndose en una investigación prospectiva, es decir, en buscar posibles irregularidades de manera indiscriminada sin una conexión suficientemente delimitada con el objeto inicial de la causa.

La defensa ha reclamado al juez que establezca límites a las pesquisas de la UDEF, mientras continúan las comprobaciones sobre las cuentas del expresidente, su familia y las sociedades incluidas en la investigación. El debate no es menor: una investigación penal puede ser amplia cuando existen indicios, pero no ilimitada.

En un Estado de derecho no basta con que una investigación persiga hechos graves; también debe hacerlo respetando derechos fundamentales y garantías procesales. Exactamente la misma exigencia que obliga a un expresidente a explicar sus operaciones cuando existen indicios suficientes obliga al Estado a investigar sin convertir la condición de personaje público en una autorización para mirar cualquier cosa.

El apellido pesa en los titulares, pero decidirán los hechos

Zapatero llega al final del verano con una posición más incómoda que hace unos meses. Su antiguo colaborador le atribuye un papel central, la UDEF sigue reconstruyendo flujos financieros y la empresa de sus hijas está dentro de la investigación, no simplemente mencionada desde fuera. Alba y Laura aún tienen pendiente comparecer ante el juez como investigadas.

Eso no permite afirmar que Laura y Alba Rodríguez Espinosa hayan cometido un delito ni que todas las hipótesis policiales terminen convirtiéndose en acusaciones. Tampoco permite despachar lo ocurrido como una colección de coincidencias irrelevantes. Hay pagos que necesitan explicación, servicios cuya realidad y alcance se discuten, versiones enfrentadas y relaciones económicas suficientemente relevantes como para que el juez haya decidido profundizar en ellas.

La diferencia entre el estrépito y la justicia será, precisamente, esa: probar quién hizo qué. Zapatero fue presidente del Gobierno; sus hijas son adultas, empresarias y responden de sus propios actos. Ni el parentesco transmite culpabilidad ni debería proporcionar inmunidad. El apellido pesa mucho en los titulares. En la causa tendrán que pesar los hechos.