¿Zelenski teme las urnas? Corrupción, guerra y elecciones en Ucrania

Volodímir Zelenski no necesita ser un santo para que Rusia siga siendo el agresor en Ucrania, ni un héroe sin mácula para que los ucranianos tengan derecho a defender su país. Esa confusión, bastante extendida en Europa desde febrero de 2022, ha terminado fabricando un personaje más cómodo que el político real: el presidente vestido de verde oliva, resistente, infalible y prácticamente sustraído al escrutinio democrático que exigiríamos a cualquier otro gobernante. Cuatro años después, esa fotografía ya está amarilleando.

Pero tampoco hay pruebas de que Zelenski esté evitando unas elecciones simplemente porque tema perderlas. Su rechazo al voto en plena guerra tiene fundamentos legales, militares y logísticos muy concretos. La legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones presidenciales mientras esté vigente la ley marcial, prorrogada actualmente hasta el 31 de octubre de 2026, y una mayoría de los ciudadanos consultados sigue prefiriendo esperar al final de las hostilidades. Otra cosa —y aquí empieza el problema político de verdad— es que la guerra no puede convertirse en un cheque en blanco para el poder.

Zelenski acaba de definir unas elecciones en estas circunstancias como un “tsunami” que podría dividir Ucrania. La frase llega mientras Mykhailo Fedorov, antiguo ministro y durante años uno de los colaboradores más reconocibles del presidente, reclama recuperar el proceso electoral y exige explicaciones sobre la corrupción que alcanza a personas situadas cerca del poder. Fedorov, conviene subrayarlo desde el principio, no sostiene disponer de pruebas de que Zelenski sea personalmente corrupto. Lo que cuestiona es otra cosa: cuánto sabía el presidente, cómo funciona su entorno y hasta qué punto la guerra está protegiendo de la rendición de cuentas a un sistema político que empieza a acumular demasiadas habitaciones oscuras.

Zelenski ya no es intocable

Durante los primeros meses de la invasión rusa, discutir públicamente las debilidades políticas de Zelenski parecía casi una frivolidad. Kiev podía caer, las tropas rusas avanzaban hacia la capital y Ucrania necesitaba una voz reconocible ante el mundo. Zelenski la proporcionó. Supo comunicar, movilizar apoyos internacionales y transformar una resistencia militar en un relato político extraordinariamente eficaz. Nada de eso desaparece porque ahora se examine su gestión del poder con mayor dureza.

Lo que ha cambiado es el tiempo. Una democracia en guerra sigue siendo una democracia, y cuatro años de concentración inevitable de poder pesan de manera distinta que cuatro semanas de emergencia. Los gobiernos envejecen; los círculos de confianza se estrechan; las excepciones tienden a sentirse cómodas. Es una vieja enfermedad del poder, no particularmente ucraniana.

La confianza en Zelenski sigue siendo considerable, aunque ya no tiene aquella dimensión casi plebiscitaria de 2022. Los últimos sondeos difundidos en Ucrania mantienen al presidente con un apoyo relevante, pero muestran también una sociedad mucho más dividida y otras figuras públicas con índices de confianza capaces de competir con él. Hay desgaste político, sí; hundimiento, no.

Y aparece una paradoja curiosa, si no fuera porque ocurre bajo misiles: muchos ucranianos quieren caras nuevas en el poder, pero al mismo tiempo no desean votar mientras continúe una guerra abierta que complica hasta lo más elemental, desde elaborar un censo fiable hasta garantizar que un soldado destinado en el frente pueda introducir una papeleta en una urna.

¿Por qué no hay elecciones? La ley pesa más que el miedo

Presentar la situación como si Zelenski hubiera decidido personalmente suspender unas elecciones incómodas simplifica demasiado los hechos. La legislación ucraniana sobre el régimen de ley marcial prohíbe expresamente celebrar elecciones presidenciales, parlamentarias y locales mientras esté vigente ese régimen excepcional. No es una ocurrencia reciente de la oficina presidencial ni una cláusula redactada para salvar políticamente al actual jefe del Estado.

La ley marcial continúa porque también continúa la invasión rusa. Su última prórroga mantiene vigente ese régimen hasta el 31 de octubre de 2026. Mientras esa situación jurídica permanezca activa, unas elecciones ordinarias no pueden convocarse siguiendo las reglas habituales sin modificar previamente el marco legal.

La continuidad del mandato no es un decreto personal

El mandato de cinco años para el que Zelenski fue elegido en 2019 habría concluido normalmente en 2024. Esa circunstancia ha sido utilizada repetidamente por Moscú para cuestionar su legitimidad. La Constitución ucraniana, sin embargo, contiene otra pieza esencial: establece que el presidente continúa desempeñando sus funciones hasta que tome posesión su sucesor. No existe, por tanto, un vacío automático en el que Zelenski se haya instalado por mera decisión propia.

Eso no elimina el debate democrático. Lo desplaza. La pregunta deja de ser por qué Zelenski no convoca mañana unas elecciones legalmente imposibles y pasa a ser cuánto tiempo puede sobrevivir un sistema excepcional sin diseñar garantías para recuperar la normalidad política.

Fedorov sostiene precisamente que una guerra prolongada obliga a buscar un mecanismo legal, seguro y realista para renovar las instituciones incluso antes de que llegue una paz definitiva. Su posición ha roto un tabú importante porque procede de alguien que conoció de cerca el sistema construido alrededor de Zelenski y no de una oposición situada desde hace años al otro lado de la trinchera política.

Existe también un incentivo político evidente para el presidente: unas futuras elecciones ya no serían el paseo de 2019. Zelenski tendría delante rivales conocidos, generales populares, antiguos colaboradores y una ciudadanía inevitablemente más exigente después de años de guerra. Eso permite analizar sus intereses; no demuestra sus motivos. Entre ambas cosas hay una frontera que el periodismo serio no debería saltarse, por tentador que resulte.

Corrupción: el problema que sí exige respuestas

Aquí el terreno es bastante menos especulativo. Ucrania arrastra un problema histórico de corrupción institucional y la guerra no lo ha evaporado. Al contrario: una economía atravesada por contratos militares, reconstrucción, ayudas internacionales y compras públicas gigantescas ofrece más dinero, más urgencia y menos luz. Mala combinación.

Las autoridades anticorrupción han abierto investigaciones que alcanzan a políticos, altos funcionarios y personas vinculadas a estructuras próximas a la Presidencia. Una de las pesquisas conocidas en agosto gira alrededor de una presunta operación de blanqueo de millones de grivnas vinculada al pago de una fianza en otro importante expediente de corrupción. El simple hecho de que nombres cercanos al poder aparezcan en investigaciones no permite declarar culpable a nadie, pero obliga al Gobierno a responder con transparencia y no con silencios administrativos.

El organismo anticorrupción NABU también ha informado de actuaciones contra una supuesta organización criminal en la que aparecerían diputados actuales y antiguos, altos cargos y otros implicados, relacionada con apropiación de activos, manipulación de registros y lavado de dinero. Que estas instituciones investiguen puede interpretarse en dos direcciones al mismo tiempo: demuestra que la corrupción sigue llegando a las alturas del Estado, pero también que todavía existen organismos capaces de perseguirla.

Fedorov ha introducido una cuestión políticamente mucho más peligrosa que una acusación directa sin pruebas. No señala a Zelenski como beneficiario personal de una trama; reclama saber qué conocía el presidente sobre su entorno y cómo reaccionó ante las señales que podían llegar hasta su despacho. Esa diferencia importa. De hecho, el antiguo ministro ha reconocido que durante los años en los que trabajó con Zelenski no recibió de él instrucciones contrarias a la ley y que no posee pruebas de corrupción personal del presidente.

El precedente de los organismos anticorrupción dejó cicatriz

Hay un episodio que explica por qué estas sospechas encuentran terreno fértil. En julio de 2025, Zelenski respaldó una reforma que reducía la independencia del NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dos organismos fundamentales para perseguir delitos de alto nivel. La reacción fue inmediata: protestas dentro de Ucrania y fuertes críticas desde la Unión Europea, precisamente cuando Kiev intenta avanzar hacia la integración comunitaria.

La presión funcionó. El Parlamento restituyó posteriormente la independencia de los organismos y Zelenski terminó firmando la nueva legislación. Fue una rectificación importante y, desde una perspectiva democrática, saludable. Pero dejó una mancha política difícil de quitar: por qué se había intentado limitar previamente el margen de actuación de dos instituciones creadas precisamente para investigar la corrupción en los lugares donde el poder suele sentirse más cómodo.

Ahí está uno de los puntos débiles de su presidencia. Zelenski puede argumentar, con razón, que bajo su mandato han caído ministros, funcionarios y dirigentes sospechosos. Sus críticos pueden responder, también con argumentos, que algunos de esos escándalos han rozado repetidamente a personas próximas al poder presidencial. Las dos realidades pueden coexistir.

El desafío de Fedorov tiene una carga especial porque no llega desde la oposición tradicional ni desde un político nostálgico del mundo anterior a 2022. Fue uno de los rostros jóvenes asociados al proyecto de Zelenski y conoció por dentro la maquinaria estatal. No observa el palacio desde la acera. Por eso sus críticas sobre una posible crisis de gobernanza pesan de otro modo.

Pero su propuesta electoral tampoco ha conquistado automáticamente a la sociedad. Una cosa es pedir más control sobre Zelenski y otra muy diferente querer montar colegios electorales mientras drones y misiles rusos continúan golpeando ciudades. El matiz vuelve a estropear los relatos sencillos.

¿Puede celebrarse una elección limpia bajo las bombas?

La dificultad no es únicamente jurídica. Es física. Millones de ucranianos viven fuera del país, otros tantos están desplazados dentro de sus fronteras, cientos de miles sirven en las fuerzas armadas y una parte de la población permanece en territorios ocupados por Rusia. Organizar una campaña electoral verdaderamente plural exigiría garantizar el voto de soldados en el frente, refugiados repartidos por Europa, habitantes de ciudades sometidas a ataques y ciudadanos cuyo domicilio electoral está actualmente bajo ocupación.

Después está la campaña. El presidente comparece constantemente ante el país como jefe del Estado durante una guerra y disfruta inevitablemente de una exposición que ningún adversario puede reproducir. Habría que organizar mítines, debates, propaganda electoral, observadores y colegios en medio de las alertas antiaéreas. También proteger el proceso frente a la interferencia rusa, algo particularmente delicado después de años de guerra informativa y ciberataques.

¿Qué ocurriría, por ejemplo, si una oleada de misiles obligara a cerrar colegios durante horas en Járkov mientras los ciudadanos votan con normalidad en Leópolis? Ese ejemplo basta para entender el problema. Una elección puede ser técnicamente posible y, sin embargo, resultar profundamente desigual en la práctica.

Los sondeos conocidos reflejan precisamente esa cautela. Solo una minoría de los ciudadanos consultados defiende celebrar elecciones antes de que terminen las hostilidades, mientras que otros aceptarían votar tras un alto el fuego acompañado de garantías de seguridad y un grupo todavía mayor preferiría esperar hasta el final definitivo de la guerra. El rechazo a unas elecciones inmediatas atraviesa incluso sectores críticos con Zelenski.

Ese dato debilita bastante la tesis de que el presidente mantiene artificialmente congeladas unas urnas que todo el país estaría reclamando a gritos. Pero no la elimina para siempre. Una guerra sin fecha de caducidad genera una incomodidad inevitable: cuánto puede prolongarse la excepcionalidad democrática antes de que termine pareciendo normal.

Europa puede apoyar a Ucrania sin canonizar a Zelenski

Aquí Europa tiene pendiente una pequeña revisión intelectual. Defender a Ucrania frente a una invasión no obliga a convertir a Zelenski en una figura situada por encima de la crítica. De hecho, debería suceder exactamente lo contrario. Un país que aspira a incorporarse plenamente a las instituciones europeas tiene que soportar controles, prensa incómoda, oposición y tribunales independientes, incluso cuando el momento histórico sea terrible.

Las democracias occidentales no ayudan a Ucrania porque su presidente resulte simpático, valiente o fotogénico. La ayudan porque un Estado soberano fue invadido por otro y porque existe un interés europeo evidente en que las fronteras no puedan modificarse mediante tanques y misiles. El derecho de Ucrania a existir no depende de la virtud personal de Zelenski.

Eso permite sostener simultáneamente ideas que cierta conversación pública ha tratado como incompatibles. Rusia es responsable de la invasión. Ucrania tiene derecho a defenderse. Zelenski desempeñó un papel extraordinario en la resistencia inicial. Su Gobierno debe explicar los casos de corrupción. Sus decisiones respecto a los organismos anticorrupción pueden criticarse. Y cuando existan condiciones razonables para celebrar elecciones libres, esas elecciones deberán celebrarse sin convertir la emergencia en una excusa eterna.

No debería resultar revolucionario. Es simplemente democracia adulta, esa costumbre un poco pesada de no necesitar santos en política.

La crítica también exige cuidado porque Moscú lleva años explotando la cuestión electoral para presentar a Zelenski como un gobernante ilegítimo. El Kremlin aprovecha cualquier fractura interna para alimentar ese mensaje. Que Rusia instrumentalice una crítica no convierte automáticamente esa crítica en falsa; pero tampoco debería permitirse que la propaganda rusa sustituya el ordenamiento jurídico ucraniano por una versión más conveniente para Moscú.

Un presidente de guerra también debe rendir cuentas

Zelenski no está ante la disyuntiva infantil de ser héroe o villano. Puede haber dirigido con enorme eficacia política una resistencia nacional frente a una invasión y, al mismo tiempo, haber cometido errores graves de gobierno. Puede ser un presidente constitucionalmente legítimo y concentrar demasiado poder. Puede no estar acusado de corrupción y, aun así, deber respuestas sobre la corrupción de personas situadas a su alrededor.

Las elecciones inmediatas tampoco constituyen la solución mágica que algunos sugieren. Están bloqueadas por la legislación de guerra, serían extraordinariamente difíciles de organizar y cuentan con el rechazo de una parte considerable de la población. Decirlo no equivale a regalar a Zelenski una presidencia indefinida.

Lo verdaderamente delicado comienza justo ahí. Kiev tendrá que explicar qué condiciones permitirán recuperar el calendario electoral, cómo garantizará la independencia de sus instituciones mientras continúe la guerra y qué mecanismos impedirán que la emergencia se vuelva permanente. Y Zelenski tendrá que aceptar algo quizá menos cómodo que los aplausos de los parlamentos europeos: el escrutinio normal reservado a cualquier dirigente democrático.

Porque quizá el error europeo nunca fue considerar valiente a Zelenski. Motivos para hacerlo había. El error fue confundir durante demasiado tiempo valentía con infalibilidad. En una democracia, ni siquiera bajo las sirenas antiaéreas, son la misma cosa.