¿Ha perdido Felipe VI el pulso tras doce años al frente de la Corona?

Felipe VI cumple este 23 de agosto de 2026 12 años, dos meses y cuatro días como jefe del Estado. Tiempo suficiente para que el periodo de gracia haya terminado hace mucho y para formular un balance menos ceremonial: su reinado ha saneado parte de la herencia recibida de Juan Carlos I, ha evitado nuevos escándalos personales de gran calibre y ha estabilizado la institución después de años muy difíciles. Pero también ha construido una Corona deliberadamente prudente, poco intervencionista y, para una parte creciente de los españoles, demasiado silenciosa cuando el país esperaba escuchar algo más que fórmulas constitucionales.

¿Es un fracaso? El dato disponible no permite una respuesta tan cómoda. Una investigación comparada vinculada a la Universidad de Murcia publicada en 2026 encontró que el 53,8% de los españoles consultados estaba poco o nada satisfecho con la monarquía y que un 51,5% prefería una república. Felipe VI, sin embargo, obtenía una valoración mejor que la propia institución. Es una diferencia sustancial: existe un problema de legitimidad de la Corona que no equivale necesariamente a un rechazo personal al rey.

Tampoco puede afirmarse seriamente que España haya decidido convertirse en republicana. El CIS dejó de preguntar regularmente por la monarquía en 2015, precisamente cuando la institución obtuvo un 4,34 sobre 10. Desde entonces, el termómetro oficial permanece curiosamente guardado en un cajón. Hay encuestas privadas, estudios académicos y señales políticas, pero no una fotografía demoscópica pública continuada que permita dictar sentencia con toga y martillo.

La cuestión interesante está en otro lugar. Felipe VI ha elegido ser un rey constitucionalmente pequeño en una España políticamente enorme: gobiernos débiles, polarización, independentismo, corrupción, crisis territoriales, catástrofes, desconfianza institucional. Esa elección puede interpretarse como prudencia democrática. También como falta de pulso. Las dos lecturas caben.

Doce años después: una Corona más limpia, pero más distante

Felipe VI llegó al trono el 19 de junio de 2014 con una misión que casi venía escrita en letras de emergencia: salvar la Corona de los daños provocados durante los últimos años de Juan Carlos I. No necesitaba inventar una nueva monarquía; necesitaba evitar que la antigua terminara de hundirse.

En buena medida lo consiguió. Introdujo una imagen institucional más sobria, marcó distancias con determinados comportamientos de su padre y, en marzo de 2020, anunció que renunciaba a la herencia que pudiera corresponderle de Juan Carlos I y retiró al rey emérito su asignación pública. Fue una decisión contundente, quizá una de las más importantes para comprender su reinado. Felipe VI entendió que la supervivencia de la Corona dependía de separar institución y familia, dos conceptos que durante demasiado tiempo habían compartido el mismo pasillo.

También demostró que podía abandonar el terciopelo cuando la situación lo exigía. El 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum independentista catalán, pronunció un mensaje extraordinario en el que acusó a las autoridades de la Generalitat de incumplir la Constitución y defendió sin ambigüedades el orden constitucional y la unidad de España. Fue probablemente el momento de mayor dureza política de estos doce años.

Después llegó otra etapa. Mucho más prudente. El rey que en 2017 habló con un tono excepcionalmente severo ha preferido durante los últimos años las palabras amplias: convivencia, instituciones, confianza, Constitución, democracia, concordia. En su mensaje de Navidad de 2025 advirtió expresamente sobre la crisis de confianza democrática, los extremismos, los radicalismos, los populismos y la desinformación. No señaló a Sánchez, Feijóo, Abascal, Puigdemont ni a ningún otro dirigente. Precisamente ahí reside el reproche de unos y la virtud que otros le reconocen.

Porque un rey que empieza a repartir certificados de constitucionalismo entre partidos políticos deja rápidamente de ser árbitro para convertirse en jugador. Y en España ya hay jugadores de sobra. La neutralidad de la Corona no es un adorno: es la condición que permite al monarca seguir representando también a quienes detestan al Gobierno de turno o a su alternativa.

La DANA dejó una frase incómoda y una imagen más compleja

Paiporta fue uno de esos momentos en los que la monarquía deja durante unas horas los salones alfombrados y pisa barro de verdad.

El 3 de noviembre de 2024, Felipe VI y Letizia visitaron una de las localidades valencianas más castigadas por la DANA junto con Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Recibieron insultos, gritos, objetos y barro. La escena fue durísima. Algunos vecinos reprocharon a las autoridades haber llegado tarde y señalaron que el despliegue de seguridad estaba dificultando los trabajos.

Entonces apareció la frase que todavía persigue al rey: «Si quieres, no vengo y me quedo en Madrid». Existió. No es una invención de redes sociales. Pero aislarla cambia bastante la escena: Felipe VI estaba respondiendo a un vecino que le reprochaba que la visita y su dispositivo obstaculizasen la actividad en la zona y había hablado de los difíciles equilibrios que implicaba acudir allí.

Fue una mala frase. Sonaba defensiva precisamente cuando delante había personas que habían perdido casas, negocios, familiares, calles enteras. En situaciones así cada palabra pesa como una losa mojada. El jefe del Estado dispone de asesores, escoltas, coche oficial y regreso a Madrid; quien acaba de sacar barro de su dormitorio con una pala, no.

Pero aquella jornada también dejó algo que suele desaparecer cuando el vídeo se corta en los ocho segundos más rentables para X: Felipe VI y Letizia permanecieron entre los vecinos, escucharon reproches y rompieron incluso el cordón de seguridad para hablar con algunos afectados. El rey afirmó después que había que comprender el enfado y la frustración. La escena completa no ofrece ni el retrato de un héroe ni el de un monarca indiferente. Ofrece algo bastante más humano: un jefe del Estado que decidió quedarse y que, en medio del caos, también se equivocó hablando.

Ceuta: ausencia pública no significa indiferencia institucional

La crisis de Ceuta de este verano vuelve a colocar al rey ante el mismo dilema. Parte de la opinión pública reclama una visita, una declaración contundente sobre la soberanía española o incluso una intervención personal ante Mohamed VI. El silencio visible de Zarzuela puede transmitir distancia. Pero decir que Felipe VI no ha hecho nada sobre Ceuta tampoco encaja con los hechos.

El 6 de agosto recibió en Marivent al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas. Durante la crisis ha mantenido contactos institucionales y el Gobierno llegó a explorar la conveniencia de una comunicación con Mohamed VI. Hasta ahora no se ha producido esa llamada pública ni una visita del rey a Ceuta. El Ejecutivo, además, debe intervenir necesariamente en una iniciativa de semejante sensibilidad diplomática.

Aquí aparece uno de los límites menos fotogénicos de la monarquía parlamentaria. Felipe VI representa internacionalmente a España, sí, pero no dirige la política exterior. Una llamada al rey de Marruecos o una visita a Ceuta en plena crisis no son ocurrencias personales que pueda organizar después del desayuno. Tienen consecuencias diplomáticas y deben coordinarse con el Gobierno.

La relación con Mohamed VI es, además, bastante menos personal que la que Juan Carlos I mantuvo con Hasán II. Eso reduce aquella vieja diplomacia de teléfonos privados, amistades reales y conversaciones entre palacios que caracterizó otra época. Puede echarse de menos cuando funciona. También conviene recordar lo poco transparente que resultaba cuando no funcionaba.

La corrupción y el silencio que impone la Constitución

Algo parecido ocurre con los casos de corrupción. En 2026, con investigaciones y escándalos que han golpeado especialmente al entorno político del PSOE y han provocado una batalla parlamentaria feroz, algunos ciudadanos esperan que Felipe VI pronuncie palabras más explícitas. El problema es que no corresponde al jefe del Estado declarar culpabilidades políticas o judiciales.

La Constitución no diseñó al rey como fiscal honorario de la nación ni como líder suplementario de la oposición. Lo define como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, encargado de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones dentro de las competencias que expresamente le atribuye el texto constitucional. Sus actos, salvo las excepciones relativas a su Casa, necesitan refrendo.

Esto produce una paradoja evidente. Cuanto más polarizada está España, más ciudadanos desean escuchar una voz independiente que diga basta; pero cuanto más concreta fuese esa intervención, más difícil resultaría mantener la neutralidad de la Corona.

Pedir que Felipe VI sea «contundente con Sánchez» significa, en realidad, pedir al monarca que entre en la lucha partidista contra un presidente investido por el Congreso. Sería otra monarquía. Quizá algunos la prefieran, pero no es la que establece la Constitución de 1978. Lo mismo ocurriría si desde la izquierda se exigiera al rey combatir políticamente al PP o a Vox.

¿Más débil que Juan Carlos I o simplemente menos monárquico?

La comparación con su padre es inevitable y, a la vez, algo tramposa.

Juan Carlos I parecía tener más margen. Llamaba, mediaba, cultivaba relaciones personales con mandatarios, empresarios y monarquías extranjeras. Su figura estaba asociada a la Transición y al 23-F, lo que le proporcionó durante décadas un capital político extraordinario. El rey podía llenar una habitación antes de entrar en ella.

Felipe VI posee otro estilo. Más administrativo, más previsible, casi quirúrgico. Y bastante menos campechano, palabra que durante años sirvió para envolver comportamientos que hoy levantarían unas cuantas cejas.

Esa diferencia puede percibirse como pérdida de autoridad, pero parte de ella es deliberada. El actual rey ha intentado convertir la Corona en una institución menos dependiente de los contactos personales del monarca. El precio es evidente: el símbolo resulta más limpio, pero también más frío.

La transformación comunicativa de Zarzuela ilustra perfectamente esa tensión. En junio de 2024, coincidiendo con el décimo aniversario del reinado, la Casa del Rey abrió su cuenta oficial de Instagram, buscando ampliar su comunicación hacia un público más joven. Leonor, Sofía, Felipe y Letizia aparecen con frecuencia en acontecimientos culturales, institucionales y deportivos. Las hijas de los reyes, por cierto, no tienen perfiles oficiales personales: la comunicación se canaliza desde la propia Casa Real.

El problema aparece cuando la institución consigue proyectar mejor una celebración deportiva que una crisis política. Una fotografía familiar funciona magníficamente en Instagram; una monarquía, sin embargo, no puede sostenerse únicamente con balcones, medallas, fútbol y una heredera que cae bien ante la cámara. Necesita que una parte suficiente de la sociedad siga considerando útil al jefe del Estado cuando las cosas se ponen feas.

Y ahí Felipe VI tiene un problema que ningún filtro corrige.

La república italiana no es un botón de emergencia

La alternativa republicana merece una discusión seria precisamente porque no necesita caricaturas.

Italia ofrece un modelo particularmente interesante para España: una república parlamentaria con un presidente situado por encima de la lucha cotidiana entre Gobierno y oposición, elegido por el Parlamento reunido en sesión conjunta con participación de delegados regionales y para un mandato de siete años. No es un presidente ejecutivo al estilo estadounidense o francés.

El jefe del Estado italiano dispone, eso sí, de un margen institucional apreciable. Puede enviar mensajes a las Cámaras, interviene en la formación del Gobierno, nombra al presidente del Consejo de Ministros y tiene capacidad para disolver una o ambas Cámaras después de escuchar a sus presidentes. Es una magistratura de equilibrio con auténticos poderes de reserva.

Pero conviene desmontar una fantasía antes de importarla desde Roma en una maleta constitucional: el presidente italiano no puede cerrar el Parlamento porque aparezca un caso de corrupción del partido gobernante o de la oposición.

No existe un botón rojo en el Quirinal que diga «PSOE en problemas: elecciones». La disolución parlamentaria italiana está vinculada al funcionamiento del sistema, a la imposibilidad de formar mayorías o Gobiernos viables y a determinadas crisis políticas; tampoco constituye una potestad presidencial absolutamente libre, y los actos del presidente están sometidos al sistema de contrafirma previsto por la Constitución italiana.

España, de hecho, ya atribuye formalmente al rey la convocatoria y disolución de las Cortes. La diferencia está en que Felipe VI no decide políticamente cuándo hacerlo. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, debe disolver ambas Cámaras. En las disoluciones ordinarias, es el presidente del Gobierno quien las propone después de deliberar con el Consejo de Ministros.

Cambiar al rey por un presidente republicano podría dar al jefe del Estado español una legitimidad de origen electivo y, dependiendo del diseño constitucional escogido, mayores facultades arbitrales. Pero eso exigiría decidir algo bastante más importante que el apellido del ocupante del palacio: qué poderes tendría, quién lo elegiría y hasta dónde podría enfrentarse a una mayoría parlamentaria.

Qué tendría que cambiar realmente España

Abolir la monarquía tampoco puede hacerse mediante una ley ordinaria, una mayoría ocasional del Congreso o una consulta improvisada.

La Corona ocupa el Título II de la Constitución y su sustitución obliga a utilizar el procedimiento agravado del artículo 168. Primero sería necesario aprobar el principio de reforma por dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado. Las Cortes quedarían inmediatamente disueltas. Después de unas elecciones, las nuevas Cámaras tendrían que ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto nuevamente por dos tercios en cada Cámara. Finalmente, habría un referéndum obligatorio.

Es, deliberadamente, una puerta pesada. Pero no está cerrada.

Y este es probablemente el terreno más razonable para discutir hoy sobre la Corona. No si Felipe VI sonríe demasiado en Wimbledon, aparece demasiado poco en una crisis o debería llamar personalmente a Pedro Sánchez para leerle la cartilla. La cuestión adulta es otra: si España sigue considerando preferible una jefatura del Estado hereditaria y políticamente neutral o quiere sustituirla por una magistratura republicana electiva, con poderes perfectamente definidos.

Una república podría solucionar el problema democrático de que la jefatura del Estado se transmite por nacimiento. No solucionaría por arte de magia la corrupción, el bloqueo parlamentario, el independentismo, la fragmentación electoral ni la degradación del debate público. Italia, precisamente, demuestra que una república parlamentaria puede disponer de un excelente árbitro constitucional y continuar teniendo gobiernos frágiles, partidos enfrentados y crisis políticas de campeonato.

La Corona se juega algo más difícil que sobrevivir

Felipe VI no parece un rey fracasado en el sentido clásico. No ha provocado una crisis constitucional, no arrastra escándalos financieros personales comparables a los que precipitaron el final del reinado de su padre y ha mantenido la institución dentro de unos márgenes constitucionales estrictos. Incluso cuando ha sido contundente —Cataluña en 2017 es el ejemplo evidente— lo ha hecho invocando el orden constitucional.

Pero una institución puede funcionar correctamente y perder legitimidad al mismo tiempo. Ese es el peligro mucho más interesante de su reinado.

La Corona de Felipe VI parece haber aprendido a sobrevivir reduciendo riesgos: menos intimidad con empresarios, menos diplomacia personal, menos opiniones, menos improvisaciones, menos política. Una estrategia comprensible después de Juan Carlos I. El problema es que al quitar sucesivamente piezas peligrosas también puede desaparecer algo esencial: la sensación de presencia.

España atraviesa una etapa en la que muchas personas miran hacia arriba buscando un punto de referencia y encuentran un jefe del Estado obligado constitucionalmente a hablar sin convertirse en adversario de nadie. Es una posición ingrata. Cuando interviene, se le acusa de extralimitarse. Cuando calla, de ser ornamental. Cuando visita una catástrofe, estorba. Cuando tarda, llega tarde. La Corona vive encerrada en ese pequeño laberinto.

Pero algunas críticas tampoco pueden despacharse culpando siempre a la Constitución. Representar no significa limitarse al protocolo. Moderar no exige desaparecer. La neutralidad permite palabras firmes sobre la calidad institucional, la ejemplaridad, el respeto a la ley, la corrupción como fenómeno o la integridad territorial sin convertir al rey en diputado de ningún partido.

Felipe VI tiene 58 años. Su reinado puede prolongarse durante décadas y terminar siendo mucho más largo que estos primeros doce años. La aparición progresiva de Leonor proporciona además a la Corona un activo nuevo: juventud, continuidad y renovación generacional que Zarzuela sabe perfectamente cómo proyectar.

Precisamente por eso el debate ya no debería reducirse a decidir si Felipe VI es simpático, prudente o demasiado cómodo. Los datos de 2026 sugieren algo bastante más profundo: una parte considerable de España empieza a discutir no quién debe llevar la Corona, sino para qué necesita una Corona.

Y ahí Instagram sirve de poco. También la nostalgia del 23-F.

Una república italiana no convertiría automáticamente al jefe del Estado en un superárbitro capaz de expulsar gobiernos y disolver Parlamentos cuando la política huele mal. Pero permitiría que esa magistratura dejara de transmitirse por sangre y naciera de una elección institucional. La monarquía ofrece a cambio continuidad, distancia respecto de las elecciones y una jefatura del Estado que no necesita conquistar votos para existir.

Son dos modelos democráticos posibles. Ninguno sustituye la calidad de la política.

Después de doce años, por tanto, el verdadero problema de Felipe VI no es ser más débil que su padre. Tal vez sea haber construido una monarquía tan cuidadosa para no molestar que corre el riesgo de que demasiados españoles dejen de notar para qué está ahí.