¿Qué borró Catalá en València Activa y por qué ahora?

València Activa borra contratos en plena investigación: el caso Catalá, la auditoría, fechas y documentos clave y que sacuden al consistorio.

En los últimos días de diciembre, el grupo socialista del Ayuntamiento de València denunció que habían desaparecido del portal municipal de Transparencia contratos, expedientes y actuaciones vinculadas a València Activa, la fundación pública de empleo que está bajo el foco de la Fiscalía Provincial y de la UCO. La acusación apunta a la alcaldesa María José Catalá (PP): hablan de un “borrado masivo” de documentación mientras siguen vivas las diligencias por la gestión de la entidad. El Ayuntamiento no ha ofrecido, por ahora, un relato cronológico detallado sobre incidencias técnicas o cambios de publicación que expliquen la retirada señalada por la oposición.

El episodio llega en el tramo final de un año agitado. La fundación, que fue presidida por Catalá durante su mandato, quedó abocada a la liquidación tras meses de controversia por contratos y patrocinios gestionados cuando Juan Manuel Badenas (entonces Vox) dirigía el área de Empleo. Hubo intervención de la Guardia Civil en el consistorio el 30 de abril de 2025, apertura de diligencias en marzo y una auditoría interna reciente que afloró pagos y complementos discutidos. El concejal socialista Javier Mateo ha sido la cara visible de esta denuncia sobre Transparencia hecha pública los días 29 y 30 de diciembre. En paralelo, Compromís mantiene su pulso por el acceso a expedientes y reclama explicaciones políticas.

Lo ocurrido en las últimas horas

El punto de partida es concreto: la oposición entra al portal de Transparencia, no localiza la batería de documentos que —aseguran— estaban disponibles sobre la actividad contractual y operativa de València Activa, y lo denuncia. Se refieren a listados de contratos, expedientes de patrocinios, actuaciones económicas y resoluciones internas. El señalamiento se produce con la investigación penal en curso, con una auditoría municipal encima de la mesa y a las puertas del cambio de año. El contexto multiplica el impacto: si se retiran documentos de un repositorio público durante una investigación, la sospecha de obstaculización crece automáticamente.

La alcaldesa Catalá no ha difundido una cronología pública de fallos o migraciones de contenido, ni un parte técnico que clarifique si hubo una incidencia reversible, una actualización rutinaria o una depuración que deba justificarse legalmente. El gobierno local tampoco ha detallado si la información reaparecerá en su integridad —con metadatos de publicación y versiones— o si considera que parte de esos archivos están sujetos a restricciones de protección de datos. Transparencia implica “publicidad activa” y hay obligaciones objetivas: publicación clara de contratos, convenios, presupuestos y ejecución económica, con identificación de adjudicatarios y cuantías. Sin esa explicación —y con la hemeroteca que arrastra València Activa— la denuncia del PSPV ha prendido.

Quién es quién y qué papel ha jugado cada uno

María José Catalá, alcaldesa desde 2023, presidió el patronato de València Activa como primera autoridad municipal. Es la responsable política última del ecosistema de entes y fundaciones locales. Javier Mateo (PSPV) ha centralizado el seguimiento de los expedientes y la presión pública para que la documentación se mantenga íntegra y accesible. Juan Manuel Badenas, que fue segundo teniente de alcalde y responsable de Empleo con Vox, es el nombre más repetido en el sumario político y mediático: bajo su etapa se firmaron patrocinios y contratos menores cuestionados, y se tramitó el contrato de 129.000 euros a Imedes que detonó la revisión jurídica y la cascada de denuncias ante la Fiscalía. El propio Vox apartó al edil, que después pasó a la condición de no adscrito; el PP reordenó áreas y la coalición siguió con mayoría.

Alrededor, otros nombres han ido apareciendo: Borja Sanjuán (PSPV) o Papi Robles (Compromís) han empujado las derivadas políticas y jurídicas, reclamando comisiones de investigación e integridad documental. En el lado técnico, la Intervención municipal firmó la auditoría que pone cifras y tipologías a lo que, hasta entonces, eran sospechas políticas. Y la UCO se personó en la casa consistorial para recabar expedientes. Son piezas de un mismo tablero.

Qué investiga la Fiscalía y por qué entró la UCO

El marco penal incluye presunta prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas y falsedad documental. No es poca cosa. La Fiscalía abrió diligencias en marzo de 2025 a partir de materiales y audios elevados por la oposición. La UCO acudió a dependencias municipales el 30 de abril para recopilar contratos y comunicaciones sobre la gestión de València Activa: movimientos de dinero, justificaciones de gasto, patrocinios, contratos menores, informes jurídicos, propuestas y resoluciones. Ese día no hubo detenciones; la prioridad era fijar prueba documental y cadena de custodia. La investigación ha continuado con requerimientos y declaraciones.

En paralelo, el Ayuntamiento anunció que sus servicios jurídicos revisarían la legalidad del contrato con Imedes. La secuencia de publicaciones, metadatos de documentos y relaciones previas entre partes quedó bajo lupa. Es el tipo de casuística —si un pliego se “preconfigura”, si se segmentan contratos, si se simula concurrencia— que delata una práctica irregular en el ámbito administrativo. En la versión de los denunciantes, hay patrones.

Qué dijo la auditoría municipal y qué cifras manejó

La auditoría de Intervención sobre la extinta fundación es el documento más frío y valioso, porque no es política, es técnica. Identificó complementos salariales “indebidos”, cuestionó la adecuación legal de patrocinios tramitados como contratos menores y señaló pagos por servicios sin concurrencia suficiente. En una estimación parcial, las irregularidades analizadas sumaban centenares de miles de euros. El capítulo de patrocinios fue especialmente delicado por su tramitación: montantes repetidos, objetos poco definidos, dudas sobre impacto real y beneficiarios con intereses cruzados en el ecosistema mediático local.

Esa auditoría llega tarde, pero llega. Se elaboró cuando la fundación ya había entrado en proceso de liquidación y cuando la Fiscalía tenía ya el foco puesto en València Activa. El documento, además, alimentó la idea de que había que salvaguardar toda la documentación pública: listados, resoluciones, compromisos de gasto, informes de necesidad y de insuficiencia de medios, memorias justificativas, contratos y ejecuciones. La desaparición temporal o total de esos archivos del portal de Transparencia, si se confirma, chocaría frontalmente con la obligación de publicidad activa y con el deber de custodia.

La cronología básica de un caso incómodo

Primavera de 2025. Estallan las primeras revelaciones sobre la operativa de la fundación. Vox abre un expediente a Badenas y la alcaldesa lo aparta del gobierno. La Fiscalía inicia diligencias en marzo; la UCO irrumpe en abril para recoger expedientes. En mayo, el equipo de gobierno decide liquidar València Activa y repartir sus funciones entre concejalías. En verano, las formaciones de la oposición reclaman comisión de investigación y mayor apertura documental.

Otoño-invierno. La auditoría de Intervención remueve todo de nuevo: sobresueldos y patrocinios en entredicho; decisiones de gestión difíciles de sostener jurídicamente. Diciembre se cierra con el PSPV denunciando que han desaparecido de Transparencia “todos” los contratos y actuaciones de la fundación. En redes y notas oficiales del grupo socialista señalan a Catalá. El gobierno local guarda silencio operativo sobre la supuesta retirada, mientras reitera su discurso genérico de compromiso con la transparencia y formación interna en la materia.

Qué es València Activa y por qué acabó en liquidación

València Activa nació para una misión clara: fomentar empleo, formación y emprendimiento a escala local, con programas propios y financiación compartida con la Generalitat y fondos europeos. Con los años, fue engordando su catálogo de acciones y su presupuesto. La fricción aparece cuando la fundación se convierte en un instrumento de contratación más flexible que la administración nuclear: patrocinios, campañas, externalizaciones. En la práctica, algunos gobiernos locales utilizan sus entes dependientes para ganar tramitación, visibilidad y maniobra.

El conflicto de 2025 explota cuando esa maniobra supera el límite: fraccionamiento, concurrencia de dudosa calidad, patrocinios con justificantes débiles, contratos de comunicación y redes que parecen orientados más a proyección política que a la empleabilidad. Tras el golpe reputacional, el Ayuntamiento opta por apagar el motor: liquidar la fundación, integrar personal y programas en concejalías, y prometer controles más rígidos.

Por qué importa la etiqueta de “Transparencia”

No es una palabra bonita para un cartel. Es ley: publicidad activa significa publicar de forma proactiva, completa y actualizada la información de contratos, adjudicatarios, cuantías, plazos, modificados, convenios, subvenciones y presupuestos. Además, hay huella digital: fechas de subida, versiones, responsables del tratamiento. Si un documento desaparece, debe quedar rastro y razón. Si se despublica por protección de datos, ha de anonimizarse la parte sensible, no volatilizar el conjunto. Y si hay una migración del portal, se avisa y se programa para que no rompa la trazabilidad.

En un caso bajo investigación, este rigor es doblemente exigible. Porque cualquier retirada temporal o selectiva siembra la duda. Y porque la cadena de custodia digital —quién subió, quién editó, quién retiró— puede ser relevante para el procedimiento penal. En el terreno reputacional, además, València viene de una UCO entrando por la puerta y de una auditoría señalando irregularidades: el margen para errores de gestión de la información pública es cero.

Las claves del contrato de 129.000 euros y los “menores” de patrocinio

El contrato de 129.000 euros a Imedes funciona como símbolo de una forma de operar. No por la cifra —ni enorme ni insignificante—, sino por cómo se originó: dudas sobre si hubo planificación previa que condicionaba el resultado, si el objeto cubría necesidades reales o si el peso comunicativo desbordaba el objetivo de empleo. Al lado, la auditoría ha puesto bajo microscopio contratos menores de patrocinio que, por sistema, evitan licitación abierta y concentran decisiones en pocos despachos. Ahí es donde la ley exige una justificación exhaustiva y donde Intervención vio sombras: repetición de importes, selección de destinatarios y debilidad en la evaluación de impacto.

Este cóctel alimenta las diligencias de la Fiscalía, que no concluyen aún en acusación formal pero que mantienen a la fundación en el vórtice penal. De nuevo, la transparencia documental —que todo expediente esté visible, íntegro y fechado— no es un adorno; es la línea de flotación de la defensa institucional.

Qué puede pasar a partir de ahora

Hay tres vectores. El jurídico-penal: la Fiscalía continuará con diligencias, pedirá más documentación si lo estima, y decidirá si judicializa el caso. El administrativo: el Ayuntamiento deberá restaurar la información ausente en Transparencia —si no lo ha hecho ya— y explicar las causas, asegurando la trazabilidad de cada cambio. El político: la oposición exigirá comisiones, el PP tratará de blindar la gobernabilidad en un mandato en el que ya apartó a un edil clave, y Vox intentará minimizar el coste reputacional de su etapa al frente de Empleo.

En paralelo, València Activa avanza en su liquidación. Queda pendiente cerrar definitivamente programas, personal, saldos y expedientes, y asegurar que las políticas de empleo no pierdan eficacia al quedar reabsorbidas por las concejalías. El precio reputacional de un año de sobresaltos está ya pagado; el económico, depende de cómo reconduzcan los contratos cuestionados y de si hay que devolver ayudas o subvenciones por incumplimientos.

Qué dicen las normas cuando un portal borra documentos

El marco estatal (Ley 19/2013) y la normativa autonómica de transparencia obligan a publicar de forma estructurada y reutilizable, con actualización periódica, todo lo que afecta al dinero público. La “despublicación” exige motivación y, en su caso, anonimización. La buena práctica es mantener versionado: que el ciudadano pueda ver que un contrato tuvo una versión el 15 de abril y una actualización el 30 de junio; quién la firmó; con qué cambios. Para entidades en liquidación, el estándar es aún más rígido: la conservación del archivo y su accesibilidad son parte del cierre ordenado.

Si el Ayuntamiento confirma que la retirada fue un fallo técnico, deberá acreditarlo con bitácoras, sellos de tiempo y registros de la plataforma. Si fue una revisión de datos personales, habrá que republicar con disociaciones. Si fue un error humano, toca decirlo y garantizar que no se repita. Lo que no cuadra en ningún manual es una desaparición sin explicación en pleno procedimiento bajo la lupa penal.

Una tarea pendiente

La historia de València Activa en 2025 se resume en una secuencia incómoda: diligencias de la Fiscalía, entrada de la UCO, auditoría con sombras y, ahora, la denuncia de borrado en Transparencia. Los nombres propios —María José Catalá, Juan Manuel Badenas, Javier Mateo— ya quedaron ligados a este capítulo. Faltan respuestas técnicas y políticas: qué se borró exactamente, quién lo ordenó o permitió, cuándo y por qué; si fue un incidente, si hubo motivación jurídica o si hablamos de una cadena de decisiones desacertadas. Y, sobre todo, cuándo volverá a estar todo —todo lo que debe estar— accesible y fechado en el portal municipal. Porque el caso, tal cual, no se cierra con un comunicado: se cierra con documentos a la vista y responsabilidades, si las hubiera, depuradas con papeles encima de la mesa.