Sánchez mide su resistencia sin Junts ante el pulso del PP y Vox

Pedro Sánchez afronta dos frentes conectados, pero distintos: la pérdida del apoyo de Junts en el Congreso y la pugna por el posible pacto entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La respuesta inmediata del presidente es intentar aprobar iniciativas con mayorías construidas para cada votación y elevar el coste político de un acuerdo de la derecha en Valencia. Eso puede permitir que el Gobierno siga legislando, aunque no garantiza una mayoría estable ni elimina el riesgo de desgaste.

La clave está en separar la continuidad del Ejecutivo de su capacidad para sacar adelante su programa. La ruptura con un socio no hace caer automáticamente al Gobierno, pero sí vuelve más incierto cada trámite parlamentario. Y la presión sobre PP y Vox en el ámbito autonómico puede influir en el clima político nacional, no sustituir los votos que hacen falta en el Congreso. El 12 de noviembre de 2025, Sánchez trató de convertir esa doble dificultad en una estrategia de resistencia: negociar ley a ley y disputar el relato sobre qué alternativa ofrece la derecha.

Valencia se convierte en escaparate del pulso entre PP y Vox

En la Comunitat Valenciana, Sánchez pidió a Santiago Abascal que no alcanzara un acuerdo con el PP para formar un nuevo Consell y defendió que se convocaran elecciones autonómicas. Su intervención buscaba presentar la negociación entre ambas formaciones como algo más que un reparto de poder: el presidente la situó en una discusión sobre derechos, servicios públicos y compromisos europeos. Así, un conflicto territorial pasaba a funcionar como un símbolo de la competencia política en todo el país.

La maniobra no depende de que Vox acepte la petición ni de que el PP renuncie a pactar. Su efecto más inmediato es comunicativo: si el acuerdo se concreta, el PSOE podrá subrayar la influencia de Vox en las decisiones autonómicas; si se opta por las urnas, Sánchez podrá presentar esa salida como una forma de devolver la decisión a los votantes. En cualquiera de los casos, el Gobierno intenta que el debate no se limite a la aritmética del Consell, sino que incorpore el modelo de políticas públicas que cada alianza representa.

Para el PP, el dilema consiste en mantener una relación política que considera útil para gobernar o moderar el entendimiento para reducir su coste ante sectores menos próximos a Vox. Para este último, participar en el poder autonómico ofrece capacidad de influencia y visibilidad. Ninguno de esos incentivos desaparece porque el presidente del Gobierno cuestione el pacto. La presión de Sánchez puede elevar el precio político de la alianza, pero no obliga por sí sola a sus protagonistas a cambiar de posición.

El portazo de Junts convierte cada votación en una negociación

En Madrid, el movimiento decisivo fue la decisión de Junts de dejar de respaldar al Ejecutivo. Sánchez respondió apelando a un espíritu de acuerdo y planteando que algunas medidas podían reunir apoyos más amplios que la mayoría habitual de investidura. Esa fórmula, conocida como geometría variable, significa buscar socios distintos según el contenido de cada proyecto. Permite mantener actividad parlamentaria, pero exige negociar de nuevo los apoyos y las condiciones de cada iniciativa: no equivale a contar con una mayoría fija.

El presidente señaló ámbitos con potencial para atraer respaldos, como la protección de menores en entornos digitales, la sanidad pública, las pensiones y la vivienda. Son materias con impacto cotidiano y, por eso mismo, difíciles de reducir a una disputa entre partidos. Sin embargo, que una propuesta tenga amplio respaldo social no determina cómo votarán los grupos ni resuelve sus diferencias sobre el texto, la financiación o las competencias. Para el Gobierno, la tarea será traducir esos asuntos en medidas concretas capaces de sumar votos; la etiqueta de urgente o popular no basta para aprobar una ley.

La sanidad se convirtió en uno de los ejes de esa estrategia. Sánchez afirmó que el Ejecutivo había destinado más de 300.000 millones de euros a reforzar los servicios públicos y acusó a comunidades gobernadas por el PP de deteriorarlos por razones ideológicas. Esa cifra corresponde a la defensa política del Gobierno y no aclara, por sí sola, qué partidas incluye ni cómo se distribuyen. El debate de fondo enfrenta dos argumentos: reforzar la gestión pública y limitar la dependencia de proveedores privados, o recurrir a conciertos y colaboración externa para responder a la presión asistencial. La discusión parlamentaria solo tendrá efecto si se acompaña de decisiones y recursos verificables.

La respuesta del PP busca convertir la fragilidad en un plebiscito

Alberto Núñez Feijóo rechazó la invitación al acuerdo con una negativa tajante y acusó a Sánchez de utilizar las Cortes como un instrumento para prolongarse en el poder. El líder popular también vinculó sus críticas con la Fiscalía General del Estado y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El choque dejó poco espacio para una negociación pública entre los dos dirigentes y reforzó la estrategia del PP de presentar cada votación como un juicio sobre la continuidad del presidente.

Ese planteamiento puede beneficiar a los populares si la dificultad para reunir apoyos deriva en derrotas parlamentarias y transmite una imagen de bloqueo. Pero también entraña un riesgo: una oposición que rechaza cualquier iniciativa puede parecer incapaz de distinguir entre las leyes que combate por razones de fondo y aquellas que podrían recibir respaldo transversal. En el otro lado, Sánchez pretende que el coste de tumbar medidas sociales recaiga sobre quienes voten en contra. Los dos partidos intentan que la responsabilidad del atasco se atribuya al adversario.

El pulso, por tanto, no se resuelve solo contando quién dice sí o no en una sesión. Cada formación busca explicar a su electorado por qué mantiene su posición y qué ofrece a cambio. El PP quiere que la ruptura con Junts confirme que el Ejecutivo carece de estabilidad; el PSOE quiere demostrar que puede aprobar iniciativas útiles incluso sin aquel respaldo. Si el Gobierno logra acuerdos puntuales, no habrá desaparecido su debilidad, pero sí podrá discutir la idea de que la legislatura está paralizada. Si acumula derrotas, la oposición tendrá más elementos para sostener ese diagnóstico.

La batalla sanitaria enfrenta modelos y responsabilidades

Sánchez dirigió críticas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, al cuestionar la relación entre la sanidad pública y las empresas privadas. En particular, convirtió a Quirón en un emblema de sus reproches al modelo madrileño. Son acusaciones políticas, no una conclusión neutral sobre cada contrato o servicio. El PP suele defender que los conciertos pueden aliviar la presión y ampliar la capacidad de respuesta cuando la red pública no llega a cubrir toda la demanda.

La controversia tiene consecuencias porque se conecta con problemas visibles para los pacientes: las listas de espera, la atención primaria, la presión en Urgencias y la disponibilidad de profesionales. La discusión sobre quién presta un servicio no sustituye a la evaluación de sus resultados, pero condiciona cómo se distribuyen los recursos y quién asume la responsabilidad cuando la atención falla. Al colocar la ética pública en el centro, el Gobierno busca dar a la disputa un marco moral; la oposición replica con argumentos de gestión y eficacia.

Madrid y Andalucía tienen un peso político y mediático que amplifica cualquier controversia sobre sus sistemas sanitarios. Por eso, una discusión autonómica puede convertirse en argumento nacional, aunque las competencias y las decisiones concretas correspondan a cada administración. Para Sánchez, el asunto permite contraponer su defensa de los servicios públicos a las políticas de los gobiernos del PP. Para los presidentes autonómicos, la respuesta pasa por defender sus resultados y sostener que la colaboración con operadores privados no implica necesariamente renunciar a la titularidad pública del sistema. La credibilidad de ambos relatos dependerá de hechos observables, no solo de consignas.

Junts puede romper el apoyo sin derribar de inmediato al Gobierno

La distinción entre retirar el respaldo y provocar la caída del Ejecutivo es central para entender la situación. Junts puede votar contra iniciativas del Gobierno, bloquear acuerdos o marcar distancia sin que eso produzca automáticamente un cambio de presidente. Para que la legislatura termine antes de tiempo tendría que abrirse una vía institucional y política que reuniera los apoyos necesarios. La ruptura dificulta la acción parlamentaria, pero no es lo mismo que una mayoría alternativa capaz de sustituir al Gobierno.

También por eso Sánchez busca acuerdos puntuales con otros grupos nacionalistas o regionalistas. Cada uno puede tener prioridades territoriales distintas y exigir cambios en una norma a cambio de apoyarla. Esa negociación puede ser más laboriosa y menos previsible que un pacto estable, pero permite que el Congreso siga funcionando. A cambio, obliga al Ejecutivo a aceptar enmiendas, ajustar calendarios o renunciar a partes de su agenda. La geometría variable ofrece margen para resistir, aunque no convierte una minoría en una mayoría permanente.

La posición de Junts tampoco tiene por qué ser idéntica en todas las votaciones. Una ruptura política general puede coexistir con acuerdos concretos si coinciden intereses, mientras que una iniciativa considerada prioritaria por el Gobierno puede quedarse sin apoyos por diferencias sustantivas. El cálculo de cada grupo incluye tanto la política nacional como la posibilidad de demostrar resultados a sus votantes. Por eso, interpretar cada anuncio como definitivo puede ocultar la dinámica real: la legislatura se juega en la combinación de gestos públicos y votos efectivos.

Qué escenarios abre la estrategia de resistencia

Un primer escenario es que el Gobierno conserve capacidad para aprobar una parte de sus propuestas con pactos distintos en cada ocasión. La protección de menores en internet, las medidas sanitarias o iniciativas sobre pensiones y vivienda podrían servir como pruebas de esa fórmula, siempre que el contenido logre atraer apoyos suficientes. En ese caso, Sánchez podría mostrar que la ausencia de Junts no ha detenido toda la actividad legislativa. La señal importante no sería un discurso de resistencia, sino la aprobación efectiva de normas y su aplicación posterior.

El escenario opuesto es una sucesión de derrotas que dé fuerza al argumento de que la legislatura ha entrado en una fase de agotamiento. Si las diferencias entre los grupos bloquean proyectos relevantes y el Gobierno no encuentra apoyos alternativos, aumentará la presión política para convocar elecciones. Eso no significa que un adelanto sea automático ni que pueda deducirse de una sola votación. Significa que el coste de continuar puede crecer si la falta de acuerdos se combina con una pérdida sostenida de iniciativa.

También cabe una recomposición parcial con Junts en asuntos concretos, aunque el tono de ruptura haga más difícil presentarla como una vuelta a la normalidad. Un acuerdo limitado no borraría el conflicto, pero podría evitar que todos los proyectos quedaran atrapados en él. La relación dependería de las prioridades de ambas partes y de la posibilidad de convertir compromisos en resultados. La flexibilidad táctica puede mantener abierto el diálogo sin restaurar la confianza política.

El resultado se medirá en el Congreso, no solo en los titulares

La ofensiva sobre Valencia y la búsqueda de apoyos parlamentarios responden a una misma necesidad: evitar que la conversación pública quede reducida a la debilidad numérica del Gobierno. Sánchez intenta desplazar el foco hacia los servicios públicos y los efectos de los pactos entre PP y Vox; Feijóo quiere que la atención vuelva una y otra vez a la falta de estabilidad y a la distancia entre el Ejecutivo y Junts. Abascal busca consolidar la influencia de su partido en los territorios donde puede ser decisivo, mientras Junts trata de diferenciarse del PSOE y preservar capacidad de presión. Cada actor persigue un beneficio distinto dentro del mismo conflicto.

El 12 de noviembre de 2025, el presidente eligió esa doble vía: presionar a la derecha en Valencia y ofrecer acuerdos para sostener la actividad legislativa en Madrid. La operación puede ganar tiempo, pero su eficacia dependerá de cuestiones menos vistosas que una declaración pública: los textos que lleguen a votación, las concesiones aceptadas y los apoyos que aparezcan en cada sesión. Ni el desacuerdo de Junts basta para certificar el final de la legislatura ni la voluntad de pactar garantiza que las leyes salgan adelante.

La resistencia de Sánchez será sostenible mientras pueda convertir la negociación en resultados y evitar que las derrotas se acumulen hasta definir el relato dominante. El PP y Vox, por su parte, tendrán que demostrar que sus acuerdos autonómicos pueden traducirse en una alternativa de gobierno y no solo en un instrumento de presión. La prueba decisiva será ley a ley: ahí se verá si la fragmentación permite acuerdos suficientes o si el bloqueo termina pesando más que la capacidad de gobernar.