¿Puede peligrar la Selectividad valenciana por los 250 correctores?

La Selectividad en la Comunidad Valenciana entra en una semana delicada después de que unos 250 profesores correctores de la PAU hayan amenazado con no presentarse a la constitución de los tribunales, dimitir en bloque o adoptar medidas más duras si no se desbloquea la huelga educativa. La Generalitat, por su parte, intenta apagar el incendio con una palabra muy administrativa —“normalidad”— y asegura que las pruebas se celebrarán según el calendario previsto, con suplentes suficientes para cubrir posibles bajas. Esa es la fotografía: alumnado con los apuntes calientes, familias mirando el móvil cada diez minutos y una administración que insiste en que el puente no se caerá aunque ya cruje por debajo.

El conflicto no nace dentro de la PAU, pero ha llegado hasta ella. La amenaza de los correctores aparece en plena huelga indefinida del profesorado público no universitario valenciano, una protesta que arrastra malestar por ratios, carga burocrática, condiciones de Bachillerato, valenciano, tutorías y organización de centros. La Asamblea de Profesorado Corrector sostiene que no quiere perjudicar al alumnado, pero considera que participar en la prueba como si nada ocurriera sería aceptar una ficción demasiado cómoda para la Conselleria. Y ahí está el nudo: la PAU no es cualquier examen. Es el portón, estrecho y brillante, por el que miles de estudiantes intentan entrar en la universidad.

La Conselleria de Educación ha respondido trasladando tranquilidad al alumnado y defendiendo que los exámenes se realizarán “en condiciones de normalidad”. La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha recordado que hay más de 1.500 docentes vinculados a los tribunales y que esos 250 correctores representarían alrededor del 16% del total, además de existir profesorado de reserva. El mensaje institucional es claro: la prueba no se aplaza, no se paraliza, no se rompe. Otra cosa es que el ambiente sea precisamente el de un trámite ordinario.

La respuesta de Educación: tribunales antes del viernes

La primera medida práctica de la Generalitat ha sido anticipar la constitución de los tribunales. Educación ha trasladado a los coordinadores de las universidades públicas valencianas que los tribunales deben quedar constituidos antes del viernes 29 de mayo, una maniobra preventiva para detectar ausencias, activar suplencias y no esperar al primer día de examen con el café todavía en la mano. La comparación que ha circulado en el propio discurso institucional es la pandemia: cuando el sistema se tensó por la covid, también hubo que blindar procedimientos para que la prueba saliera adelante.

El planteamiento de la Conselleria tiene una lógica sencilla: si un profesor no acude, entra otro. Si falta una pieza, se sustituye. Si hay ruido, se baja el volumen. Pero la educación no funciona como una cadena de montaje, aunque a veces la política se empeñe en tratarla como tal. Un corrector no es un tornillo intercambiable. La PAU necesita especialistas, criterios homogéneos, coordinación entre universidades e institutos, lectura fina de exámenes, revisión, plazos, actas y una maquinaria que solo parece sencilla porque casi siempre trabaja en silencio.

Educación también ha advertido de que el compromiso de corrección, al que los docentes se presentaron de forma voluntaria, tendría consecuencias si se incumple sin justificación. Entre ellas, la posibilidad de no volver a formar parte de tribunales de la PAU en próximas convocatorias. Es el clásico choque entre dos lenguajes: el profesorado habla de protesta laboral y de escuela pública deteriorada; la administración responde con servicios mínimos, calendario y cumplimiento obligatorio. Dos gramáticas distintas sobre el mismo pupitre.

Por qué 250 correctores sí importan aunque sean el 16%

La cifra puede engañar. Un 16% parece poco cuando se mira desde un despacho; parece bastante más cuando cae sobre un calendario con fechas fijas, miles de exámenes y alumnos que se juegan décimas. En la Selectividad, las décimas no son una filigrana matemática. Son Medicina o Enfermería. Son Derecho en una ciudad u otra. Son quedarse en casa o alquilar una habitación con ventana interior. Son, para muchas familias, dinero.

Por eso la amenaza de los correctores tiene un efecto político y emocional superior a su peso estadístico. No se trata solo de cuántos faltan, sino de dónde faltan, qué especialidades cubren, en qué tribunales están integrados y cuánto margen real existe para sustituirlos sin afectar a la corrección. La Generalitat insiste en que hay reservas suficientes. Los correctores replican, de forma implícita, que el problema no es solo cubrir sillas, sino escuchar a quienes sostienen el sistema cuando las cámaras se apagan.

La Asamblea de Profesorado Corrector ha señalado demandas concretas relacionadas con Bachillerato: ratios elevadas, supresión de grupos de Artístico, aulas no acondicionadas, menosprecio al valenciano, tutorías no remuneradas y exceso de burocracia. No son reclamaciones decorativas. Afectan al tramo educativo que desemboca directamente en la PAU, ese segundo de Bachillerato que se vive durante meses como una cinta transportadora hacia junio, con apuntes, academias, simulacros y padres fingiendo serenidad en la cocina.

Qué puede pasar con los exámenes, las notas y las reclamaciones

A estas alturas, lo más probable según la posición oficial es que los exámenes se celebren. Esa es la idea que Educación quiere instalar: los estudiantes deben presentarse, preparar sus materias y no dar por hecho ningún aplazamiento. La amenaza está en el engranaje posterior y paralelo: constitución de tribunales, corrección, calificaciones y posibles revisiones. La PAU no termina cuando el alumno deja el bolígrafo sobre la mesa. Ahí empieza otra parte, menos visible y más ingrata, donde cada ejercicio pasa por manos docentes, criterios de evaluación y plazos administrativos.

El calendario oficial de la Generalitat fija la convocatoria ordinaria de la PAU entre el 2, 3, 4 y 5 de junio, mientras que la extraordinaria queda prevista para el 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio. La publicación de calificaciones de la convocatoria ordinaria está señalada para el 12 de junio, con periodo de revisión después, y resolución de la Comisión Gestora el 19 de junio. Ese reloj explica por qué el conflicto preocupa tanto: no hay mucho aire entre una fecha y otra.

La prueba, además, no es una isla valenciana. Forma parte de un sistema nacional de acceso a la universidad en el que la nota de acceso se calcula con un 60% de la media de Bachillerato y un 40% de la prueba, según la regulación estatal. La fase voluntaria puede mejorar la nota de admisión para competir por grados con mucha demanda. Traducido al idioma de casa: la PAU pesa mucho, pero no lo pesa todo; aun así, cuando estás a dos décimas de una carrera, pesa como una maleta llena de piedras.

El calendario oficial que está sobre la mesa

El dato decisivo para estudiantes y familias es que, salvo giro de última hora, deben actuar como si la PAU siguiera adelante. No hay un mensaje oficial que indique aplazamiento. La Generalitat se ha esforzado en repetir que habrá tribunales, correcciones y suplencias. La amenaza de los correctores aumenta la incertidumbre, sí, pero no cambia por sí sola las obligaciones del alumnado ni el calendario publicado.

La constitución anticipada de los tribunales busca precisamente reducir esa incertidumbre. Si los tribunales quedan formados antes del viernes, Educación podrá saber con más precisión qué docentes cumplen, quién falta y qué reservas debe activar. Es una operación de contención. También una forma de enviar un aviso: la administración no quiere llegar al 2 de junio improvisando. En educación, la improvisación se paga en ansiedad colectiva, y esta semana ya va sobrada de eso.

Para el alumnado, lo razonable es mantener el foco en el examen, aunque suene casi cruel decirlo. La protesta docente tiene recorrido propio, pero el estudiante de segundo de Bachillerato no puede permitirse leer el conflicto como una suspensión tácita. La PAU se prepara hasta el último minuto y se afronta con el calendario oficial encima de la mesa. Luego vendrán reclamaciones, notas de corte, ponderaciones y esa liturgia moderna de refrescar una web como quien mira al cielo esperando lluvia.

La huelga educativa que llega hasta Bachillerato

La amenaza de los correctores no es una ocurrencia aislada ni un gesto teatral. Llega tras jornadas de huelga educativa en la Comunitat Valenciana y después de movilizaciones que han ido creciendo hasta rozar áreas especialmente sensibles del sistema: equipos directivos, Formación Profesional, Bachillerato y ahora PAU. El conflicto ha alcanzado también otros espacios de evaluación, como las pruebas de acceso a FP, y se ha mezclado con protestas del profesorado en distintas ciudades valencianas.

El malestar docente se ha ido ensanchando porque mezcla salario, condiciones laborales, ratios, infraestructuras y modelo educativo. Y cuando muchas cosas se meten en el mismo saco, el saco termina rompiéndose por alguna costura. En este caso, la costura visible es la Selectividad. No porque sea el único problema, sino porque es el punto donde todo el mundo mira. Una huelga en mayo puede parecer un conflicto sectorial; una huelga rozando la PAU se convierte en asunto familiar, político y mediático en cuestión de horas.

Hay también una batalla por el relato, aunque nadie quiera llamarlo así. La Generalitat acusa el riesgo de “reventar” una prueba decisiva para el futuro del alumnado. Los correctores responden que no buscan perjudicar a los estudiantes, sino denunciar una situación que, según ellos, lleva tiempo deteriorándose. En medio quedan los adolescentes, que bastante tienen con distinguir una subordinada sustantiva de una crisis institucional, por decirlo sin demasiada solemnidad.

La PAU como termómetro de una escuela pública exhausta

La Selectividad siempre ha sido más que un examen. Es un ritual de paso, una frontera emocional, el primer gran trámite serio para muchos jóvenes. Durante unos días, los institutos se vacían hacia las universidades, los padres bajan el tono de voz y los grupos de WhatsApp arden con horarios, aulas, DNI, calculadoras permitidas y botellas de agua sin etiqueta. Todo parece milimetrado. Pero debajo de esa coreografía hay profesores que han preparado durante meses, corregido simulacros, calmado ataques de nervios y explicado por quinta vez que una mala mañana no define una vida.

Por eso la amenaza de dimisión de los correctores tiene tanta carga simbólica. La PAU necesita a esos docentes, pero rara vez se habla de ellos. Son los que leen miles de respuestas con letra apresurada, distinguen un error conceptual de una expresión torpe, aplican criterios y sostienen la confianza pública en la prueba. Sin correctores fiables, no hay meritocracia que valga. La palabra “mérito”, tan elegante en los discursos, necesita después personas sentadas corrigiendo folios. Con cansancio. Con criterio. Con café.

El conflicto valenciano deja al descubierto una tensión antigua: se exige a la escuela que funcione siempre, incluso cuando quienes la hacen funcionar dicen que ya no pueden más. Se pide normalidad como quien pide silencio en una biblioteca, pero la normalidad también se fabrica. Con plantillas, aulas, tiempo, respeto profesional y negociación. Cuando falta parte de eso, la normalidad se convierte en decorado: bonito de lejos, cartón piedra al acercarse.

Qué deben saber ahora los estudiantes y sus familias

El mensaje práctico, sin azúcar añadido, es este: la PAU sigue convocada y los estudiantes deben prepararse para examinarse en las fechas previstas. No hay una suspensión oficial. No hay un aplazamiento anunciado. La Conselleria afirma que dispone de suplentes y que garantizará la prueba. La amenaza de los correctores aumenta la incertidumbre, sí, pero no cambia por sí sola las obligaciones del alumnado ni el calendario publicado.

Conviene distinguir entre tres planos. El primero es el examen: sentarse, responder, entregar. El segundo es la corrección: tribunales, especialistas, criterios, notas. El tercero es el conflicto laboral: huelga, negociación, presión sindical y respuesta política. Los tres se rozan, se contaminan, se pisan los cordones. Pero no son lo mismo. Un estudiante no debe tomar decisiones académicas basándose en rumores, capturas de pantalla o audios de alguien que “conoce a un profesor”. En estos días, el rumor corre más que la tinta.

También importa no trivializar el desgaste emocional. Para un adulto, la PAU puede parecer una prueba más dentro del enorme archivo de exámenes de la vida. Para quien tiene 17 o 18 años, es un túnel con fluorescentes. Si encima se le añade una huelga, correctores en pie de guerra y titulares sobre dimisiones, la sensación puede ser de intemperie. Ahí las familias tienen un papel poco épico pero fundamental: bajar ruido, verificar información oficial y no convertir la mesa del comedor en una tertulia de sobremesa permanente.

El examen sigue; la tensión también

La Selectividad valenciana no está oficialmente en peligro de suspensión, pero sí atraviesa una crisis de confianza. Esa diferencia es importante. La Generalitat tiene mecanismos para constituir tribunales y activar suplentes; los correctores tienen capacidad para elevar el coste político y organizativo del conflicto. Nadie debería jugar con el futuro del alumnado, pero tampoco conviene fingir que todo esto nace de un capricho gremial. La escuela pública no estalla de repente. Primero cruje, luego avisa, después hace ruido.

El pulso de estos días dirá si la amenaza queda en presión negociadora o se convierte en un problema operativo real para la PAU. De momento, el dato firme es que unos 250 correctores han puesto sobre la mesa una dimisión en bloque, que Educación asegura tener reservas suficientes y que los exámenes mantienen su calendario. Entre esas tres certezas se mueve una comunidad educativa cansada, una administración obligada a garantizar derechos y una promoción de estudiantes que solo quería llegar a junio con nervios normales. Los de siempre. Los del temario, no los de la política.