¿Por qué el PP ya da por amortizado el fallo europeo de la amnistía?

La derecha española empieza a guardar la amnistía en el cajón de los asuntos gastados. No porque haya dejado de importarle, ni porque el debate jurídico se haya evaporado como un charco en julio, sino porque en Génova ya asumen que la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea difícilmente dará el terremoto político que el PP esperaba hace año y medio. La palabra que circula es áspera, de contabilidad electoral: amortizada. La ley sigue ahí, el ruido sigue ahí, pero el desgaste sobre Pedro Sánchez, según esa lectura, ya no rasca como antes.

El fallo del TJUE está previsto para el 16 de julio de 2026 y debe responder a cuestiones sensibles: si los gastos del procés pudieron afectar a los intereses financieros de la Unión Europea y si la amnistía de determinados delitos vinculados al terrorismo, en concreto el caso de miembros de los CDR, encaja con el Derecho comunitario. Traducido del luxemburgués al castellano de barra de Congreso: Europa dirá hasta dónde llega la goma de borrar. Y el PP, que durante meses convirtió esa goma en símbolo de derribo institucional, prepara ya el paraguas por si la lluvia no moja.

El PP cambia de carril: menos amnistía, más corrupción

La estrategia popular no consiste en bendecir la amnistía, faltaría más. Consiste en admitir que el tema ya no moviliza igual. La primera gran batalla contra la ley llenó plazas, discursos, tertulias y comunicados solemnes, con esa épica de fin del mundo que en la política española dura lo que tarda en llegar el siguiente sumario. Ahora, el PP cree que la amnistía está socialmente asumida, que ya no erosiona al Gobierno con la intensidad inicial y que conviene pasar página rápido si el TJUE avala sus pilares esenciales.

Ese desplazamiento no es menor. Durante la investidura de Sánchez, la amnistía fue el eje moral de la oposición: igualdad ante la ley, separación de poderes, cesión al independentismo, supervivencia parlamentaria comprada con perdón penal. Todo cabía en el mismo saco, y el saco pesaba. Pero la política tiene algo de mercado de abastos: lo que ayer era género fresco hoy empieza a oler a argumento recalentado. El PP prefiere concentrarse ahora en la corrupción, en la debilidad parlamentaria del Gobierno y en la idea de fin de ciclo, un marco más rentable para quien aspira a sumar a votantes cansados antes que a convencer a convencidos.

Qué decidirá realmente el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no juzga si Sánchez fue más o menos coherente, si Junts negoció con dureza o si el PP exageró el incendio. Eso queda para el teatro nacional, donde sobran actores y faltan apuntadores. El TJUE debe pronunciarse sobre dudas prejudiciales planteadas por órganos españoles, en particular el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, respecto a la aplicación de la ley de amnistía, publicada en el BOE y en vigor desde junio de 2024.

El núcleo jurídico está en dos carpetas. La primera mira a la malversación y a la posible afectación de fondos europeos o intereses financieros de la Unión. La segunda se centra en el encaje de la amnistía respecto a conductas calificadas como terrorismo en el procedimiento de los CDR. No es poca cosa. Un aval amplio del TJUE daría aire al Gobierno y a sus socios; una corrección severa obligaría a los tribunales españoles a ajustar la aplicación de la ley. Pero incluso una sentencia favorable no cerraría de golpe todos los pleitos, porque la amnistía se aplica caso por caso, con jueces, recursos y flecos. Muchos flecos. España, ya se sabe, es muy de fleco.

El precedente del Constitucional ya había marcado el terreno

El Tribunal Constitucional ya resolvió en 2025 el recurso principal del PP contra la ley. Lo hizo con una estimación parcial: anuló algunos extremos, fijó interpretaciones concretas y mantuvo la norma en pie en lo esencial. En términos políticos, el Gobierno pudo vender un aval sustancial; el PP, una impugnación no completamente estéril. La típica victoria de doble ventanilla, cada cual recogiendo su recibo.

Ese fallo del Constitucional ya rebajó parte de la expectativa sobre Luxemburgo. La batalla europea sigue siendo importante, pero llega a un campo donde la ley no está virgen: ha sido discutida, corregida parcialmente y sostenida en su arquitectura central. Por eso el PP mide ahora el coste de insistir demasiado. Un partido que quiere gobernar no puede vivir eternamente del agravio, aunque el agravio dé titulares limpios y aplausos rápidos. La pregunta de fondo ya no es solo jurídica. Es electoral: cuántos votos quedan todavía en la amnistía y cuántos se pierden por parecer atrapado en 2023.

El reproche del Govern: pedir apoyo mientras se recurre todo

El cambio de tono de Feijóo tiene una paradoja visible en Cataluña. El Govern y el PSC le reprochan que busque apoyo catalán mientras el PP mantiene viva su ofensiva contra la amnistía y contra la política de distensión abierta con los indultos de 2021. Salvador Illa ha reclamado al Partido Popular que retire los recursos contra la ley si de verdad quiere “pasar página” del procés; el mensaje, despojado de porcelana institucional, viene a decir: no se puede pedir confianza con una mano y pleitear contra el deshielo catalán con la otra.

La crítica socialista tiene intención política, claro. El PSC intenta situar al PP ante una contradicción cómoda de explicar: Feijóo quiere seducir a una parte de Cataluña, pero conserva una mochila muy pesada para hacerlo. Y en Cataluña las mochilas se ven. La amnistía no enamora a todo el mundo, ni siquiera dentro del constitucionalismo, pero los indultos, la normalización institucional y la vuelta a una política menos volcánica han creado un suelo distinto. Más gris, más aburrido, quizá más útil. Una sociedad no vive eternamente en modo barricada; también tiene trenes que no llegan, alquileres imposibles y hospitales con pasillos demasiado llenos.

Junts, el PP y la geometría de la incomodidad

La otra pieza del tablero es Junts. El PSC ha acusado al partido de Carles Puigdemont de acercarse cada vez más al PP en ciertas decisiones parlamentarias y posicionamientos. Lluïsa Moret, portavoz socialista, pidió a Junts revisar esa relación y vinculó el debate con la exigencia a Feijóo de retirar los recursos contra la amnistía si pretende superar el procés. La política catalana, que nunca fue un estanque, vuelve a tener corrientes cruzadas: independentistas que bloquean con la derecha, socialistas que gobiernan con presupuestos propios y populares que aspiran a ser útiles sin parecer convidados de piedra.

Aquí está una de las escenas más irónicas del momento. El PP combatió la amnistía como símbolo de claudicación ante Junts, pero al mismo tiempo necesita que Junts contribuya, directa o indirectamente, a debilitar a Sánchez. Junts, por su parte, puede coincidir con el PP en algunas votaciones sin regalarle un abrazo político; vive de marcar perfil, de tensar al PSOE y de recordar que sus siete votos en Madrid son poca cosa aritmética y mucha cosa atmosférica. En esa niebla se mueve Feijóo: quiere que los nacionalistas dejen caer al Gobierno, pero sin que parezca que él también depende de ellos. Un número de escapismo. Con traje azul.

La amnistía ya no ordena sola la legislatura

La ley de amnistía nació como precio de investidura, herramienta de normalización y explosivo retórico, todo al mismo tiempo. Esa mezcla explica por qué ha resistido tanto en la conversación pública. Para el Gobierno, era la vía para cerrar una década de excepcionalidad catalana. Para Junts y ERC, una victoria política y judicial, aunque insuficiente para su horizonte independentista. Para el PP, una ruptura del principio de igualdad y una prueba de que Sánchez haría casi cualquier cosa por seguir en La Moncloa. Ninguna de esas versiones ha desaparecido; simplemente han envejecido.

La novedad es que el PP empieza a actuar como si el ciclo emocional de la amnistía hubiera tocado techo. Eso no equivale a abandonar la crítica, sino a recolocarla. La oposición sabe que el votante medio puede indignarse una vez, dos, tres; a la cuarta necesita otra pantalla. La sentencia europea puede ofrecer munición, pero también puede cerrar una puerta. Y si la cierra con un aval razonablemente favorable a la ley, Génova intentará no quedarse mirando el pomo.

Por qué importa aunque parezca agotada

Sería un error despachar la amnistía como asunto viejo. La decisión del TJUE puede condicionar causas concretas, el regreso político de Puigdemont, la relación entre el Gobierno y Junts y la autoridad de los tribunales españoles a la hora de aplicar la norma. También afectará al relato europeo de España, ese espejo donde todos se peinan antes de salir a rueda de prensa. Una cosa es que el PP la dé por electoralmente amortizada y otra que jurídicamente esté cerrada. No lo está.

La cuestión de fondo sigue siendo democrática: cómo repara un Estado una fractura política sin romper la igualdad ante la ley; cómo se usa el perdón legal sin convertirlo en moneda de investidura; cómo se defiende la Constitución sin convertirla en cachiporra de feria. Ahí hay debate serio. Lo hubo desde el principio, aunque a menudo quedara enterrado bajo el confeti de las frases gruesas. La amnistía exige una mirada adulta, no beata: puede ser una herramienta legítima de descompresión política y, al mismo tiempo, una norma discutible por su origen, su perímetro y sus efectos. Las dos cosas caben. La democracia, cuando no se la trata como porcelana de escaparate, suele soportar mejor la complejidad que sus portavoces.

La política vuelve al barro de siempre

El PP ya no parece esperar que Luxemburgo derribe la legislatura con una sentencia providencial. El Gobierno, en cambio, mira al TJUE como quien espera una tregua en mitad de una tormenta judicial y parlamentaria. Junts observa el calendario con calculadora propia. El PSC intenta explotar la contradicción popular en Cataluña. Y Feijóo busca otro eje de oposición, más fresco, más corrosivo, más pegado al presente: corrupción, desgaste y fin de ciclo.

La amnistía no desaparece. Se transforma. De gran incendio pasa a brasa bajo la ceniza, todavía capaz de quemar una mano distraída. El 16 de julio dirá Luxemburgo hasta dónde llega el aval europeo y qué límites impone. Pero la política española ya se está moviendo como si conociera el clima antes del parte meteorológico: unos abren el paraguas, otros venden sol, otros miran al cielo con cara de expertos. Y todos, naturalmente, aseguran que lo habían previsto.