Policías y guardias civiles se encierran en Interior: qué es la profesión de riesgo que reclaman

Ocurrió algo que nadie había visto en cuarenta años de democracia: los representantes de los policías nacionales y los guardias civiles se encerraron dentro del Ministerio del Interior. Fue el martes 27 de octubre, pasadas las seis de la tarde, en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad de la calle Amador de los Ríos, en Madrid. Entraron para una reunión que se suponía definitiva y salieron —varias horas y un desalojo después— con las manos vacías y una protesta histórica en marcha.

El motivo no es nuevo, pero sí el portazo. Tras casi un año de reuniones, el Gobierno comunicó a los sindicatos que no reconocerá a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y eso, para quienes llevan una placa en el pecho, no es un detalle burocrático: es la diferencia entre jubilarse a los sesenta y tantos con la pensión intacta o esperar a la edad ordinaria con el cuerpo desgastado.

Un encierro inédito en la calle Amador de los Ríos

La protesta la secundaron los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP junto a las asociaciones de la Guardia Civil AUGC, JUCIL, ASESGC, AEGC, APP y AIGC, además de la Unión de Cabos. Se descolgaron CEP, SPP y EYA en el lado policial y la Unión de Oficiales en el de la Benemérita. Que nueve organizaciones de dos cuerpos con culturas tan distintas vayan de la mano en algo así ya da idea de la temperatura del conflicto.

Su comunicado fue directo: los agentes «se sienten ninguneados» después de «casi un año de reuniones y promesas», y exigen «compromisos concretos y soluciones». La gota que colmó el vaso llegó en la propia reunión del martes. La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, les trasladó que la convocatoria de elecciones generales pone fin a la mesa de negociación abierta el pasado abril para mejorar su jubilación.

«De aquí no nos movemos hasta que venga el ministro, se reconozca a Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo y se garantice una jubilación digna.»

La noche se torció pronto. Los encerrados denunciaron que se bloqueó la entrada de agua y comida al edificio, y finalmente unidades de la UPR —la Unidad de Prevención y Reacción de la propia Policía Nacional— desalojaron a los representantes sindicales. Agentes desalojando a sus propios delegados: la imagen resume lo raro de la situación.

Qué significa exactamente ser una profesión de riesgo

El reconocimiento como profesión de riesgo no es una medalla honorífica. Es una figura jurídica con efectos muy concretos sobre la jubilación, apoyada en la idea de que determinados oficios son «especialmente penosos, peligrosos o insalubres». Para los cuerpos policiales se traduce en lo siguiente:

• ✓Coeficientes reductores de edad: permiten adelantar la jubilación computando años de cotización extra por cada año trabajado.
• ✓Pensión sin penalización: el retiro anticipado no recorta la cuantía, a diferencia de la jubilación anticipada voluntaria ordinaria.
• ✓Sobrecotización: administraciones y agentes aportan más a la Seguridad Social para financiar el sistema, como ocurre ya con policías locales y bomberos.
• ✓Reconocimiento del desgaste: turnos nocturnos, intervenciones de orden público y exposición a la violencia dejan de ser una anécdota y pasan a ser un factor legal.

En la práctica, un policía local puede retirarse desde los 59 o 60 años con el cien por cien de la pensión gracias al real decreto aprobado a finales de 2018. Los bomberos llevan décadas con un esquema similar. La pregunta que flota desde entonces en las comisarías y cuarteles es evidente: ¿por qué ellos sí y la Policía Nacional y la Guardia Civil no?

Quién lo tiene y quién no: el agravio entre cuerpos

España tiene una arquitectura policial fragmentada, y la jubilación la calca. Cada cuerpo ha negociado su retiro por su cuenta, con resultados muy desiguales:

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior y la Seguridad Social · Octubre de 2026

Los sindicatos insisten en un punto que suele pasar desapercibido: un agente de la Ertzaintza y un policía nacional patrullan calles parecidas, se juegan el tipo en operativos parecidos y, sin embargo, se jubilan en condiciones distintas. Eso es lo que llaman agravio comparativo, y es el argumento que más pesa en sus asambleas.

Las elecciones por medio: por qué se rompió la mesa

La versión del Ministerio es menos épica y más administrativa. Fuentes de Interior aseguran que han trabajado «intensamente» en el reconocimiento, que la mesa técnica se abrió en abril con la secretaria de Estado presidiéndola y que desde entonces ha habido seis reuniones, varias sobre el régimen general y otras sobre clases pasivas, el sistema propio del que dependen muchos guardias civiles. Pero, añaden, la convocatoria electoral «no permite seguir avanzando en este momento»: un Gobierno en funciones no puede aprobar compromisos de gasto plurianual de este calado.

No es un tecnicismo vacío. Reconocer la profesión de riesgo de unos 150.000 agentes entre ambos cuerpos implica tocar cotizaciones, presupuestar coeficientes y legislar, y nada de eso se improvisa con las Cortes disueltas. Interior reitera su disposición a «culminar el proceso en la próxima legislatura». Los sindicatos replican que ya les prometieron algo parecido hace un año y que, esta vez, quieren un texto legal con respaldo jurídico que no dependa «de la voluntad política del próximo Gobierno».

Ahora la protesta se traslada a la calle en plena precampaña. JUPOL ha llamado a los agentes destinados en Madrid a movilizarse bajo el lema «Unidos por una jubilación digna», y el conflicto amenaza con convertirse en uno de esos temas incómodos que los partidos prefieren esquivar a un mes de las urnas. Interior ya tiene desplegado un dispositivo extraordinario por otras convocatorias de este fin de semana; sumar a sus propios representantes sindicales enfadados no parecía estar en el guion.

Lo que viene después del desalojo

El encierro duró horas, pero el calendario juega a favor de nadie. Si el 29-N deja un Gobierno con mayoría suficiente, la mesa podría reactivarse en semanas; si deja un Parlamento bloqueado, los agentes pueden esperar otros dos años. Los sindicatos lo saben y por eso su exigencia es un compromiso por escrito antes de que se apague la legislatura, no una foto con el ministro.

Mientras tanto queda una pregunta incómoda para quien gobierne a partir de diciembre: ¿puede un país mantener durante mucho más tiempo que quien patrulla sus calles se jubile en condiciones distintas según el cuerpo al que pertenezca? La respuesta, hoy, vale tanto para un ertzaina como para un guardia civil de tráfico. Y unos cuantos de ellos están dispuestos a recordarlo cada semana hasta que alguien la conteste.