¿Por qué investigan a las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra?

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar, dentro del caso Plus Ultra. La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, llega un día después de la declaración del antiguo jefe del Gobierno y sitúa bajo examen dos ámbitos concretos: la actividad de Whathefav y la gestión documental realizada desde la oficina de Ferraz.

El núcleo del auto es bastante menos teatral de lo que sugiere el ruido político. Las hijas de Zapatero serán investigadas por su condición de administradoras solidarias de una sociedad cuya operativa aparece conectada con fondos y facturas que examina la UDEF. En el caso de Alcázar, el magistrado aprecia indicios de una intervención más directa en comunicaciones, documentos y pagos. La resolución no declara culpable a ninguna de las tres ni supone que vayan a sentarse en el banquillo.

El auto que cambia la posición procesal de las tres

Calama considera que Alba y Laura Rodríguez Espinosa no deben comparecer como testigos porque esa condición las obligaría a decir verdad y podría comprometer su derecho de defensa. Al ser citadas como investigadas podrán guardar silencio, no declarar contra sí mismas, acudir con abogado y conocer las actuaciones que les afecten.

La diferencia no es una filigrana jurídica. La figura de la persona investigada funciona a la vez como herramienta para esclarecer los hechos y como garantía procesal. El juez afirma que no hace falta un cuadro probatorio cerrado para adoptar esta decisión: basta con indicios racionales y con una posición societaria que conecte a las administradoras con las operaciones examinadas.

Por qué Alba y Laura no declaran como testigos

Las dos hermanas representan formalmente a Whathefav, una agencia vinculada a trabajos de diseño, maquetación y comunicación. Según la investigación, la empresa pudo desempeñar un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de movimientos económicos relacionados con el entorno profesional del expresidente.

José Luis Rodríguez Zapatero ofreció otra explicación ante el juez. Sostuvo que la compañía de sus hijas realizó trabajos reales para empresas con las que él colaboraba, entre ellos la maquetación de informes de consultoría y la preparación de planes de comunicación. Esa versión deberá contrastarse con contratos, archivos, transferencias, correos y entregables. Ahí está la carne del asunto, no en el apellido.

Whathefav y las facturas que examina la UDEF

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal registró el 19 de mayo las dependencias de Whathefav. Los investigadores analizan la relación económica de la agencia con Análisis Relevante, consultora controlada por el empresario Julio Martínez Martínez, amigo y colaborador profesional de Zapatero.

Parte de las sospechas se concentra en facturas con conceptos genéricos, como “servicios agencia”, sin una descripción detallada de la prestación. Para la investigación, esa falta de precisión podría ser compatible con una cobertura formal destinada a justificar pagos. Para las defensas, la existencia de documentación, trabajos entregados y una correspondencia comercial coherente puede acreditar que los servicios sí fueron prestados.

La instrucción deberá resolver algo muy concreto: qué se encargó, quién lo ejecutó, cuánto costó y qué recibió realmente el cliente. Una factura borrosa puede levantar sospechas, pero el proceso penal exige más que un concepto vago y una suma llamativa. Exige prueba verificable sobre el origen, el destino y la finalidad del dinero.

Gertrudis Alcázar y el correo de 20.000 euros

La situación de Gertrudis Alcázar es distinta. El magistrado recupera indicios ya recogidos en el auto que autorizó el registro de la oficina de Zapatero y la presenta como una pieza operativa esencial en la gestión de comunicaciones y documentos relacionados con el expresidente.

Entre los elementos examinados figura un intercambio de correos en el que una persona identificada como “Gertru” consulta a Cristóbal Cano cómo emitir una factura de 20.000 euros, si debía hacerse en una sola o en varias y qué conceptos debían consignarse. Calama interpreta esa conversación como un posible indicio de concertación previa y de ausencia de una prestación real.

La defensa podrá discutir tanto la autoría y el contexto del mensaje como la interpretación judicial. Preguntar cómo se factura no es, por sí mismo, un delito; hacerlo para dar apariencia legal a un pago sin servicio real sí podría adquirir relevancia penal. La frontera depende del conjunto de pruebas, no de una línea aislada arrancada de un correo.

La conexión con el rescate de Plus Ultra

El procedimiento nació alrededor del rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra con cargo al fondo para empresas estratégicas afectadas por la pandemia. La instrucción trata de determinar si hubo gestiones indebidas para favorecer a la compañía y si determinadas retribuciones posteriores encubrían contraprestaciones o comisiones.

Zapatero niega haber intervenido ante autoridades para conseguir la ayuda y defiende que sus ingresos proceden de servicios de consultoría legítimos. También rechaza que Whathefav fuera una vía para hacerle llegar dinero de manera encubierta. El juez, sin embargo, considera que las explicaciones ofrecidas no eliminan los indicios que justifican mantener abierta la investigación.

La causa examina presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros hechos conexos. Eso no significa que todos los investigados estén vinculados a todos los delitos ni que el rescate sea automáticamente ilícito. El procedimiento intenta separar decisiones administrativas, relaciones profesionales y posibles operaciones delictivas, tres planos que en el debate público suelen mezclarse con la elegancia de una hormigonera.

Qué ocurrirá después de las citaciones

Las declaraciones de Alba y Laura Rodríguez Espinosa y de Gertrudis Alcázar se fijarán mediante una resolución separada. Podrán responder a todas las partes, contestar solo a su defensa o acogerse al derecho a guardar silencio. También podrán aportar documentos, solicitar diligencias e impugnar pruebas cuya obtención consideren irregular.

Sigue pendiente la cooperación de Estados Unidos sobre el teléfono del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, cuyos mensajes han alimentado varios informes policiales. Calama ha rechazado por el momento pedir más detalles sobre el volcado del dispositivo hasta recibir respuesta a la solicitud internacional ya cursada. La cadena de custodia y la autorización judicial pueden ser decisivas para la validez de ese material.

El juez también ha rechazado en esta fase otras diligencias solicitadas por la acusación popular, representada por el Partido Popular, entre ellas investigar al exministro José Luis Ábalos, a Koldo García o citar al exsecretario de Estado Pedro Saura. No es un archivo definitivo de esas líneas: el instructor deja abierta la posibilidad de revisarlas cuando se completen las actuaciones pendientes.

El expediente se ensancha, pero la prueba aún manda

La entrada de las hijas y la secretaria de Zapatero amplía el perímetro personal del caso Plus Ultra, aunque todavía no responde a la cuestión decisiva: si los pagos examinados correspondían a servicios profesionales verdaderos o formaban parte de una estructura destinada a canalizar dinero y ocultar su finalidad.

La fase de instrucción sirve precisamente para comprobarlo. Los registros, los correos, las facturas y las transferencias deberán encajar entre sí y superar el contraste de las defensas. Hasta entonces hay indicios bajo investigación, versiones enfrentadas y una presunción de inocencia que no pierde valor porque el apellido sea conocido o porque el calendario político venga cargado.