El expediente de Powell: obras, tipos de interés y poder

La investigación federal contra Jerome Powell se centró en su testimonio ante el Senado sobre la renovación de edificios de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Departamento de Justicia examinó si el presidente del banco central había descrito de forma veraz el coste de las obras y la gestión de su presupuesto, un proyecto cuya factura se ha situado entre 2.500 y 3.100 millones de dólares y que arrastra acusaciones de sobrecostes cercanos a 700 millones.

El caso, sin embargo, no quedó limitado a una disputa contable. Estalló después de meses de enfrentamiento entre Powell y Donald Trump por los tipos de interés, y suscitó preocupación por la posible presión política sobre una institución que toma decisiones monetarias de forma independiente. La fiscal federal Jeanine Pirro anunció después que daba por cerrada la investigación penal, aunque el inspector general de la Fed examinaría los gastos y el Departamento de Justicia podría volver a revisar el asunto a la luz de ese informe.

El testimonio sobre las obras abrió la investigación

El origen inmediato del expediente fue una comparecencia de Powell ante el Comité Bancario del Senado en junio del año anterior a la apertura de la pesquisa. Allí explicó el alcance de la renovación de dos edificios históricos de la Fed en Washington, entre ellos el edificio Eccles, sede principal del organismo. El Departamento de Justicia quiso determinar si la información ofrecida al Congreso sobre los costes y las características del proyecto era correcta.

En enero, el organismo remitió citaciones de un gran jurado a la Reserva Federal. Ese paso permitió solicitar documentación y testimonios relacionados con el asunto, y puso sobre la mesa la posibilidad de una acusación penal. Una citación no equivale a una imputación ni demuestra que se haya cometido un delito: es una herramienta de investigación para recabar pruebas. En la información disponible no consta que Powell fuera acusado formalmente.

La cuestión jurídica consistía, en esencia, en determinar si Powell pudo engañar al Congreso o manejar de forma irregular el presupuesto. El escrutinio sobre la veracidad de una declaración parlamentaria es distinto de la discusión política sobre si una obra resulta demasiado cara. Para que una investigación penal avance, no basta con que el gasto se haya disparado o con que existan críticas: deben acreditarse hechos que encajen en una infracción y pruebas que los respalden.

Powell respondió que el proceso era un pretexto y una represalia por su negativa a ajustar la política monetaria a las preferencias de Trump. Esa es la interpretación del presidente de la Fed, no una conclusión judicial. La controversia quedó así planteada en dos planos que se solapan, pero no son idénticos: la rendición de cuentas por el dinero invertido en la sede y la independencia de quien decide los tipos de interés.

Una renovación costosa en edificios históricos

La dimensión económica del proyecto explica por qué sus gastos atrajeron atención política. Las estimaciones recogidas en la información disponible sitúan el presupuesto en una horquilla de entre 2.500 y 3.100 millones de dólares, mientras las críticas han señalado unos 700 millones en sobrecostes que, según los cuestionamientos, no se habrían comunicado correctamente. Las cifras describen el centro del debate, pero no prueban por sí solas que Powell ocultara gastos o actuara de forma fraudulenta.

La Fed ha defendido que los edificios necesitaban una intervención profunda. El Eccles, inaugurado en la década de 1930, no había recibido una renovación importante desde su apertura y presentaba problemas de seguridad y filtraciones. El organismo ha atribuido parte del aumento de los costes a circunstancias propias de una obra compleja, como la retirada de amianto, un nivel freático más alto de lo previsto y el encarecimiento de ciertos materiales.

El diseño también incluye ventanas resistentes a explosiones y muros cortantes, medidas de seguridad para edificios federales. Según los argumentos expuestos por funcionarios de la Fed, estos elementos contribuyen de forma considerable al coste total. La sede no es una oficina corriente que pueda vaciarse y reformarse sin más: se trata de edificios históricos que deben seguir respondiendo a exigencias actuales de seguridad, una combinación que vuelve más difícil anticipar cada partida.

Las obras se han planteado como un proyecto de varios años. Las previsiones citadas situaban su finalización en otoño de 2027 y el traslado progresivo de unos 3.000 empleados con sede en Washington hasta marzo de 2028. Esas fechas ayudan a entender por qué el presupuesto y la gestión del proyecto se convirtieron en un asunto institucional de largo recorrido, no en una factura puntual que pudiera evaluarse al margen de su ejecución.

Que haya explicaciones técnicas para algunos sobrecostes no elimina la obligación de explicar el uso de fondos ni resuelve si las cifras presentadas al Senado fueron completas. A la inversa, que el coste haya aumentado tampoco permite concluir que hubo delito. La investigación debía separar el encarecimiento de una obra compleja de una posible conducta penal, una distinción esencial para no convertir una disputa presupuestaria en una prueba automática de culpabilidad.

La disputa por los tipos convirtió el caso en un pulso político

El expediente apareció en un contexto de fricción prolongada entre Trump y Powell. El presidente estadounidense había reclamado repetidamente que la Reserva Federal redujera los tipos de interés con mayor rapidez. Powell, por su parte, sostuvo que las decisiones sobre el coste del crédito debían tomarse según el análisis económico de la institución, no para satisfacer las demandas de la Casa Blanca.

Los tipos influyen en el coste de financiarse y en la actividad económica, por lo que una rebaja puede ser atractiva para un gobierno que busca impulsar el crecimiento o abaratar la deuda. Pero la política monetaria también exige valorar riesgos que pueden entrar en tensión entre sí. La decisión no se reduce a obedecer una petición presidencial: la Fed debe ponderar las condiciones económicas y explicar sus determinaciones desde su propio mandato.

Trump había elegido a Powell para dirigir la institución durante su primer mandato, pero después lo criticó de manera reiterada por no recortar los tipos como él quería. Ese origen político del nombramiento no convierte al presidente de la Fed en subordinado del Ejecutivo. Una vez al frente del banco central, Powell debía ejercer sus funciones sin ajustar automáticamente las decisiones monetarias a las preferencias de quien lo designó.

Por eso, el momento en que se abrió la investigación alimentó las sospechas de interferencia. Powell afirmó que la amenaza penal estaba relacionada con su resistencia a bajar los tipos; Trump había criticado tanto esa política como la gestión de las obras. La coincidencia temporal y el clima de hostilidad hicieron que el caso se interpretara también como una prueba de los límites entre la supervisión legítima y el uso de la presión gubernamental contra una autoridad independiente.

La Casa Blanca negó que Trump hubiera ordenado o influido directamente en la investigación, y defendió que el presidente podía expresar opiniones sobre la actuación de la Fed. Esa negativa forma parte de la posición oficial del Ejecutivo; por sí sola, no zanja el debate sobre el efecto que una campaña pública de críticas puede tener en las instituciones. La diferencia importa: una cosa es cuestionar la gestión de un funcionario y otra emplear los instrumentos del Estado para forzar un cambio en la política monetaria.

Qué significa que las citaciones fueran bloqueadas

La investigación encontró un obstáculo judicial cuando un juez federal anuló las citaciones del Departamento de Justicia. La fiscalía anunció que recurriría esa decisión. El bloqueo limitó el acceso a la información solicitada mediante esos requerimientos, pero no equivalía a una sentencia que declarase inocente a Powell ni resolvía todas las preguntas sobre el presupuesto de las obras.

La diferencia entre una citación, una investigación y una acusación formal suele perderse en la cobertura de casos de alto perfil. Las citaciones sirven para obtener pruebas; una investigación reúne y evalúa información; una acusación formal supone que las autoridades presentan cargos. En este caso, las referencias disponibles describen el primer paso y una pesquisa penal, pero no un proceso en el que Powell hubiera tenido que responder ante un tribunal como acusado.

Más adelante, Pirro comunicó que daba por cerrada la investigación penal y que el inspector general de la Reserva Federal revisaría los sobrecostes. La fiscal explicó que su oficina podría volver a examinar el asunto si el informe aportaba motivos para hacerlo. El cierre anunciado no convirtió la controversia presupuestaria en un asunto definitivamente resuelto: trasladó el examen inmediato a una instancia de supervisión interna y dejó abierta, al menos en teoría, una revisión posterior del Departamento de Justicia.

El inspector general puede revisar la gestión y las cuentas del proyecto desde una perspectiva de supervisión institucional. Ese examen no es lo mismo que un juicio penal ni determina por sí solo que una persona sea culpable de un delito. La posibilidad de que la fiscalía reabra la investigación dependería de lo que revele el informe y de la valoración que haga la oficina federal; los datos disponibles no permiten anticipar ese resultado.

La evolución del caso muestra por qué conviene distinguir entre la responsabilidad administrativa por una obra cara y la responsabilidad penal por una conducta concreta. Puede haber preguntas legítimas sobre cómo se estimaron los costes, cómo se comunicaron al Congreso o qué controles existieron, incluso si no se demuestra un delito. También puede existir una investigación sin que de ella se desprenda culpabilidad. En ambos sentidos, los procedimientos y las pruebas importan más que las acusaciones públicas.

El futuro de Powell y la sucesión en la Reserva Federal

La disputa también complicó el relevo en la presidencia de la Fed. El mandato de Powell como presidente terminaba el 15 de mayo, mientras que Donald Trump había nominado a Kevin Warsh, antiguo gobernador de la institución, para sustituirlo. La designación debía pasar por la confirmación del Senado, y el proceso se vio condicionado por la investigación y por el bloqueo judicial de las citaciones.

El senador republicano Thom Tillis, integrante del Comité Bancario, había dicho que no apoyaría avanzar la nominación mientras el caso siguiera sin resolverse. Tras el anuncio de que la investigación penal se cerraba, ese obstáculo podía perder fuerza, aunque el calendario y el resultado de la confirmación dependían del procedimiento en el Senado. La existencia de un candidato no implica que el relevo se produzca automáticamente: la cámara debe completar su función de confirmación.

Powell había señalado que, si su sucesor no estaba confirmado al término de su mandato como presidente, permanecería de forma provisional hasta que se resolviera la transición. También dijo que no tenía intención de abandonar la Junta de Gobernadores mientras la investigación no concluyera plenamente, y que aún no había decidido si seguiría como gobernador después de dejar la presidencia. Su mandato como miembro de la Junta se extiende hasta 2028, una función distinta de la presidencia.

Ese matiz institucional puede tener consecuencias. Un presidente saliente no deja necesariamente la Reserva Federal el mismo día en que termina su periodo al frente del organismo: puede seguir como gobernador si conserva su puesto en la Junta. Powell también podría continuar teniendo influencia en el Comité Federal de Mercado Abierto, responsable de fijar los tipos, aunque su papel dependería de las decisiones sobre la presidencia y de la composición del organismo.

En el momento de los informes citados, la Reserva Federal había mantenido su tipo de referencia en una horquilla del 3,5% al 3,75% por segunda reunión consecutiva, al tiempo que reconocía un aumento de los riesgos económicos vinculados a la guerra en Oriente Medio. Ese dato ilustra que las decisiones monetarias siguieron su propio calendario mientras se desarrollaba la controversia legal. La investigación podía afectar a la confianza en la institución, pero no era en sí misma una decisión sobre los tipos.

La independencia de la Fed, en el centro del debate

La Reserva Federal ocupa una posición delicada: debe rendir cuentas por sus decisiones y por el uso de sus recursos, pero necesita margen para fijar la política monetaria sin recibir instrucciones directas del gobierno de turno. Esa autonomía busca evitar que los tipos se conviertan en una herramienta de conveniencia política inmediata. No significa que el banco central esté por encima del escrutinio, sino que la revisión de sus actos debe seguir cauces institucionales y basarse en hechos.

El caso de Powell reunió precisamente esas dos exigencias. Por un lado, el coste de una renovación pública y la información presentada al Senado merecen comprobaciones transparentes. Por otro, una investigación penal contra el presidente de la Fed, abierta en medio de una disputa explícita sobre los tipos, podía proyectar la impresión de que la presión política tenía consecuencias judiciales. La credibilidad del banco central depende tanto de sus decisiones como de la percepción de que puede tomarlas sin represalias.

La explicación más completa no es que las obras fueran necesariamente una excusa ni que toda crítica presupuestaria escondiera una maniobra política. La información disponible acredita que la investigación se vinculó al testimonio de Powell y a los costes de la renovación; también documenta la larga confrontación con Trump por los tipos, la anulación judicial de las citaciones y el cierre anunciado de la pesquisa penal, con una revisión del inspector general todavía relevante para el asunto.

El desenlace institucional dependerá de lo que establezca esa revisión y de cómo avance la sucesión en la Fed. Mientras tanto, el episodio deja una cuestión más amplia que el coste de un edificio: cómo exigir explicaciones a una autoridad independiente sin convertir la supervisión en una vía para condicionar sus decisiones. En ese equilibrio se juega no solo el futuro de Powell, sino la confianza en que la política monetaria responde a criterios económicos y no a la presión del poder político.