La maldición del petróleo: Venezuela e Irán caen en el caos

Venezuela e Irán, potencias petroleras entre sanciones, protestas y control del crudo, muestran cómo la riqueza energética alimenta el caos.

En enero de 2026, dos países sentados sobre reservas gigantes de hidrocarburos aparecen, otra vez, en el mismo plano inclinado: Venezuela, con su industria petrolera paralizada a trompicones y el país convertido en tablero de negociación internacional; Irán, con la moneda desfondándose y una ola de protestas que ya ha entrado en su segunda semana bajo una represión cada vez más dura. El hilo que los conecta no es una metáfora poética ni un eslogan, es una mecánica bastante concreta: cuando el petróleo lo es casi todo —ingresos, política exterior, estabilidad fiscal, palancas de poder— la economía se vuelve frágil justo en el punto donde aparenta ser más fuerte. Y cuando llega la tormenta, no se hunde solo un balance: se tensan las calles, se endurecen los gobiernos, se estrechan los márgenes.

En Venezuela, el giro de guion ha sido abrupto y, para muchos, difícil de asimilar. Nicolás Maduro ha sido capturado por fuerzas estadounidenses, según la información que manejan fuentes cercanas a los contactos de alto nivel en Washington, y en torno a esa captura la Casa Blanca ha dejado caer una frase que pesa como una losa sobre el futuro inmediato del país: la intención de controlar las ventas de petróleo venezolano “de manera indefinida”. En paralelo, se ha puesto en marcha una operación comercial que retrata hasta qué punto el crudo es hoy el centro de gravedad del nuevo momento venezolano: el Gobierno de Estados Unidos ha pedido a dos gigantes del comercio mundial de energía, Trafigura y Vitol, que ayuden a vender petróleo venezolano. Trafigura, de hecho, ha comunicado que empezará a cargar y enviar crudo a Estados Unidos en cuestión de días, y su consejero delegado, Richard Holtum, ha participado en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y ejecutivos del sector. Vitol, con sede operativa en Ginebra, ha recibido una licencia especial preliminar para operar con crudo venezolano y sus directivos han presentado su capacidad logística como argumento de peso para entrar en el reparto. Al mismo tiempo, Chevron negocia con Washington una ampliación de su licencia para operar en Venezuela; el objetivo sería exportar más crudo hacia sus propias refinerías y, si se abre la mano, vender también a terceros. En esa ecuación aparecen además nombres que, en Venezuela, suenan a memoria larga y pleitos antiguos: Exxon Mobil y ConocoPhillips. También se menciona Valero, clave por su músculo refinador. Todo esto no se decide en un despacho técnico, se decide donde se mezclan energía, sanciones y política exterior.

En Irán, la fotografía es distinta, pero el latido es parecido: el rial se ha desplomado, el coste de vida se ha encarecido con violencia y las protestas se han extendido por ciudades grandes y medianas, con episodios en Teherán y también en núcleos del interior. Las autoridades han intensificado la represión y han ordenado apagones de internet y telefonía a escala nacional para cortar la coordinación y el flujo de imágenes. El balance que manejan fuentes informativas internacionales es grave: más de 70 muertos y miles de detenidos, con una retórica oficial que endurece el tono y abre la puerta a cargos muy severos. En el centro, la figura del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y un aparato de seguridad que vuelve a la receta conocida: control informativo, detenciones, acusaciones de instigación extranjera. Fuera, un coro de condenas, advertencias y cálculos diplomáticos; dentro, una sociedad que siente la economía en la garganta.

Venezuela, del pozo al despacho: quién mueve el petróleo y por qué

Lo que ocurre con el crudo venezolano estos días no es una discusión abstracta sobre mercados. Es poder y es dinero, pero también es jurisdicción: quién tiene el derecho de firmar, quién puede vender, quién cobra, quién supervisa y, sobre todo, quién se queda con la llave del futuro. La petición de Washington a Trafigura y Vitol tiene varias lecturas, y ninguna es pequeña. En primer lugar, muestra que Estados Unidos quiere ordenar la comercialización del petróleo venezolano con actores capaces de colocar cargamentos, asegurar barcos, gestionar seguros, cumplir restricciones y competir en un entorno donde cada detalle puede convertirse en sanción o en litigio. Trafigura y Vitol no son compañías de bandera; son máquinas globales de logística y trading, acostumbradas a operar en zonas grises del sistema energético, siempre con abogados al lado y con una calculadora que no descansa.

En segundo lugar, esta jugada sugiere que Washington no pretende limitarse a “dejar hacer” a las petroleras. Quiere diseñar el carril por el que circula el dinero, y eso tiene implicaciones directas sobre cualquier autoridad venezolana de turno. En enero, el lenguaje que se escucha en torno a la situación venezolana es el de “autoridades interinas”, “control de ventas”, “licencias especiales” y “bloqueos”. No es el vocabulario de una normalización tranquila, es el vocabulario de una transición bajo presión.

En este contexto, Chevron aparece como el actor más adelantado. Lleva años operando en condiciones limitadas, con licencias específicas y con un margen estrecho para maniobrar. Ahora negocia ampliar ese margen. La idea, tal como se describe en círculos cercanos a las conversaciones, sería doble: garantizar suministro hacia sus refinerías —un crudo pesado que encaja en ciertas configuraciones— y abrir la posibilidad de vender a otros compradores. Si esa puerta se abre, cambia el mapa: no es lo mismo exportar en circuito cerrado que poner barriles en el mercado con más libertad.

Luego está el bloque de los grandes nombres que miran, sopesan y dudan. Exxon Mobil y ConocoPhillips han tenido una historia áspera con Venezuela: proyectos, expropiaciones, arbitrajes, reclamaciones. Volver no es solo cuestión de oportunidad, es cuestión de garantías. Y ahí aparece un concepto que en el sector se dice sin levantar la voz, como quien habla de un defecto estructural: “inversiones no invertibles”, proyectos que pueden quedarse atrapados por un cambio político, un decreto, una sanción, un conflicto. Esa palabra —“no invertible”— circula con frecuencia cuando se habla del riesgo venezolano. El petróleo promete retornos, pero el entorno promete sobresaltos.

Mientras tanto, PDVSA —la empresa estatal— se mueve en otro plano: el de la urgencia operativa. En las últimas semanas se ha hablado de recortes de producción por falta de almacenamiento debido a un bloqueo que ha reducido exportaciones a cero en determinados momentos, un cuello de botella casi físico: producir sin poder sacar el crudo es llenar tanques hasta el borde, y cuando no cabe más hay que bajar válvulas. Esa imagen, tan material, explica el punto: Venezuela no solo tiene problemas políticos o financieros; tiene problemas de infraestructura, mantenimiento y capacidad logística. El petróleo no sale por telepatía, sale por tuberías, terminales, buques, permisos.

En términos de magnitudes, las estimaciones de producción a cierre de 2025 se mueven alrededor de 1 a 1,1 millones de barriles diarios, con una porción relevante en la Faja del Orinoco y el resto repartido entre campos y mezclas. En noviembre, antes de que el bloqueo apretara de verdad, las referencias de producción rondaban los 900.000 y pico barriles diarios, cifras que, en un país que llegó a producir varios millones al día en décadas pasadas, saben a reducción histórica. Y exportar no es lo mismo que producir: en noviembre de 2025, las exportaciones se movían cerca de 950.000 barriles diarios, con China como comprador dominante durante años, además de rutas a través de intermediarios y destinos que a veces funcionan como hubs de mezcla y reexportación.

La “maldición” venezolana, con nombres y apellidos: sanciones, licencias y barriles atrapados

Se habla de “maldición del petróleo” como si fuera un hechizo, pero en Venezuela tiene apellidos concretos: sanciones, licencias, bloqueos, incertidumbre jurídica y una industria que ha sufrido fuga de talento, caída de inversión y deterioro técnico. El petróleo, en un entorno así, deja de ser un motor y se convierte en un campo minado.

La política de licencias es crucial. Una licencia amplia permite producir, exportar, vender, cobrar y reinvertir. Una licencia estrecha permite, como mucho, mantener el pulso con operaciones limitadas. Cada ampliación o restricción altera flujos de caja y equilibrios internos. Por eso la negociación de Chevron con Washington es mucho más que un trámite: puede modificar quién entra, quién queda fuera y cómo se distribuyen los ingresos.

En paralelo, aparece un movimiento que suena a ingeniería política y energética a la vez: la Casa Blanca ha celebrado reuniones con ejecutivos del sector para discutir cómo “arreglar” la industria venezolana, una frase que en el mundo del petróleo se traduce en miles de millones, contratos de servicios, renovación de equipos, reactivación de taladros, recuperación secundaria, suministro de diluyentes para el crudo pesado. Hay estimaciones que dicen que aumentar producción en el corto plazo podría ser relativamente rápido hasta cierto punto —volver a alrededor del millón y sumar un medio millón adicional—, pero recuperar niveles muy altos requeriría años y una década de inversiones sostenidas. Ese matiz importa: vender la idea de una recuperación inmediata es un error que Venezuela ya ha pagado caro en otras etapas.

La captura de Maduro y la pretensión declarada de controlar las ventas indefinidamente introducen otra capa: el petróleo no solo financia al Estado, también define la legitimidad del poder. Quien controla el crudo controla salarios, contratos, importaciones, combustible, y en un país donde otros sectores han sido debilitados, esa palanca es gigantesca. Por eso cualquier esquema de “control” desde fuera —aunque se presente como estabilización— genera fricción. No es un debate moral, es un debate de poder puro.

Además, el mercado observa. Y cuando el mercado observa a Venezuela, lo hace con dos ojos: el de la oportunidad —reservas enormes, crudo demandado por ciertas refinerías— y el del riesgo —cambios políticos bruscos, sanciones, litigios, inseguridad operacional. Esa tensión se traduce en una conducta típica: interés por licencias de comercialización (ganar dinero moviendo crudo ya producido) y cautela ante inversiones de largo plazo (meter capital pesado en campos y equipos que no se pueden sacar en una maleta). En enero de 2026, esa cautela sigue intacta.

Irán, el petróleo bajo presión y el rial como termómetro de la calle

Irán vive una crisis que se lee en dos pantallas al mismo tiempo. En una, la de la geopolítica, se ve un país acostumbrado a sobrevivir con sanciones, a vender energía con descuentos y a sostener alianzas regionales. En la otra, la de la vida diaria, se ve una moneda que se desploma y una sociedad que mide la política en precio de alimentos, alquileres y transporte. En enero, el detonante inmediato de las protestas ha sido el golpe económico asociado a la caída del rial. Cuando la moneda cae, la inflación no es una cifra, es un rumor constante que se vuelve factura.

Las movilizaciones han alcanzado su segunda semana con un patrón ya conocido, pero intensificado: marchas, concentraciones, choques con fuerzas de seguridad, detenciones masivas. Se habla de miles de arrestos y de un número de fallecidos que supera los setenta. Las autoridades han endurecido el discurso. Ali Jamenei, líder supremo, ha aparecido como referencia de línea dura y se han repetido acusaciones de “disturbios” instigados desde fuera. Se menciona también la amenaza de cargos gravísimos, con un lenguaje religioso y judicial que en Irán tiene consecuencias reales. Las fuerzas paramilitares vinculadas al Estado, como la Basij, vuelven al foco en enfrentamientos y ataques.

El corte de internet es una pieza clave. No es solo censura: es gestión del riesgo. Sin internet, cuesta coordinar protestas, difundir vídeos, documentar abusos, saber qué ocurre en otras ciudades. Pero también tiene un efecto colateral: asfixia actividad económica, complica pagos, logística, comercio. En una economía ya dañada, el apagón digital añade otra capa de estrés.

Y está la política internacional. Desde Washington, la administración Trump ha expresado apoyo a los manifestantes y ha advertido a Teherán contra una represión mayor. En Europa, las condenas se han multiplicado, con voces desde Francia, Alemania y Reino Unido criticando la dureza policial y judicial. En el exilio, ha reaparecido con fuerza la figura de Reza Pahlavi, hijo del último sah, que llama a mantener las movilizaciones y usa símbolos nacionalistas previos a 1979 como elemento de unión. En Irán, esa figura divide: para algunos es referencia; para otros, una reliquia. Pero su presencia mediática muestra una cosa: el conflicto ha superado el terreno económico y se ha convertido en disputa por el modelo político.

Lo que une a Caracas y Teherán: el petróleo como palanca, el petróleo como jaula

Venezuela e Irán no están en crisis por las mismas razones, pero comparten una arquitectura de vulnerabilidad donde el petróleo pesa demasiado. En Venezuela, el problema central ha sido la erosión de capacidad productiva y la dependencia extrema de ingresos petroleros, agravada por sanciones y por una gestión que dejó cicatrices profundas en PDVSA y en la economía. En Irán, el petróleo sigue siendo una fuente crucial de ingresos, pero las sanciones y el aislamiento financiero empujan a vender en condiciones desfavorables, mientras la economía interna sufre inflación alta, pérdida de confianza y un tipo de cambio que actúa como barómetro político.

En ambos casos, el petróleo se convierte en palanca de presión externa. Venezuela ve cómo se decide desde fuera quién puede vender y cómo; Irán ve cómo sanciones y restricciones condicionan exportaciones y acceso a mercados. Esa presión tiene un efecto doméstico: cuando se reduce el ingreso externo o se encarece su obtención, el ajuste cae sobre la economía interna. En Venezuela, se traduce en caída de servicios y capacidad estatal. En Irán, en subida de precios y desesperación monetaria. Y cuando esa presión llega a la calle, el Estado responde con control: más policía, más detenciones, más narrativa de enemigo externo.

Hay otro punto común menos visible: la economía del petróleo tiende a generar circuitos paralelos. En Venezuela, intermediarios, trueques, ventas con descuentos, rutas indirectas; en Irán, comercio opaco, intermediación para sortear restricciones, descuentos para colocar barriles. Esos circuitos sostienen al Estado, sí, pero también alimentan redes donde el beneficio se concentra y la transparencia se evapora. Y cuando la sociedad siente que la riqueza nacional no se traduce en bienestar, aparece el resentimiento.

También hay una diferencia clave: Venezuela, en este enero de 2026, está sometida a un proceso de intervención y reordenación que tiene un componente explícitamente estadounidense, con una operación política y comercial en marcha. Irán, en cambio, enfrenta un estallido interno que amenaza la estabilidad del régimen y se maneja con represión, pero sin un “control externo” formal de su petróleo. Esa diferencia marca los ritmos. Caracas se mueve al compás de licencias, reuniones y cargamentos. Teherán se mueve al compás de manifestaciones, apagones y tribunales.

La batalla real del crudo: capacidad de producir, capacidad de cobrar, capacidad de sostenerse

En la industria petrolera, hay una verdad simple que se olvida cuando la conversación se llena de geopolítica: no basta con tener petróleo; hay que extraerlo, transportarlo, refinarlo o exportarlo, cobrarlo y reinvertir para que no se derrumbe el sistema. Venezuela falla en varios eslabones a la vez. La capacidad de extracción ha caído respecto a su potencial histórico; la logística se atasca por falta de almacenamiento y por bloqueos; el cobro está condicionado por licencias y sanciones; la reinversión se ha visto limitada por años de deterioro y por un entorno que espanta capital.

Por eso el debate sobre “arreglar” el sector venezolano es tan delicado. Arreglarlo implica contratos, seguridad jurídica, acceso a equipos, servicios especializados, tecnología, personal. Implica también una cuestión que no se menciona en ruedas de prensa pero decide el éxito: quién manda en el terreno. En un país con polarización y con actores armados y políticos acostumbrados a manejar la renta, cualquier reforma energética choca con intereses.

En Irán, el desafío es otro: puede producir y exportar, pero el problema es el precio político y económico de hacerlo bajo sanciones. Vender con descuento reduce ingresos. Cobrar a través de circuitos indirectos encarece y retrasa. Y, mientras tanto, la economía interna sufre una inflación que se ha instalado como normalidad, con cifras muy elevadas que, cuando se combinan con una moneda en caída, empujan a la gente a refugiarse en activos, a comprar divisas, a acelerar la pérdida de valor del rial. Es un bucle.

La represión, además, tiene coste económico. Apagar internet y paralizar ciudades afecta comercio, turismo interno, logística, productividad. Detener a miles desordena familias, trabajos, empresas. Y cada muerte en protestas añade un peso político que no se disuelve con un comunicado.

Un final con demasiados actores y un petróleo en disputa

Venezuela entra en 2026 con su petróleo convertido en una especie de botín vigilado. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, las reuniones en la Casa Blanca, las licencias a intermediarios como Trafigura y Vitol, la negociación de Chevron para ampliar su margen y el interés cauteloso de gigantes como Exxon Mobil y ConocoPhillips componen un escenario donde el crudo no es solo economía: es el eje de una reconfiguración de poder. PDVSA, mientras tanto, lidia con problemas que no se resuelven con discursos: almacenamiento al límite, producción recortada, exportaciones condicionadas, infraestructura envejecida. Hablar de recuperación rápida suena tentador, pero la realidad es más áspera: el petróleo venezolano necesita tiempo, inversión y estabilidad… tres cosas que suelen faltar cuando el país se convierte en tablero.

Irán, por su parte, afronta un enero de tensión con protestas que han superado el umbral de lo anecdótico. La caída del rial ha sido el chispazo, pero el incendio se alimenta de años de inflación, sanciones, falta de horizonte y una sensación de agotamiento social. El liderazgo de Ali Jamenei y el aparato de seguridad han respondido con mano dura, internet apagado y detenciones masivas. En la calle, la protesta se mezcla con símbolos, con rabia económica y con una disputa política que ya no cabe en un eslogan. Fuera, la administración Trump se posiciona, Europa condena y figuras como Reza Pahlavi intentan capitalizar el momento desde el exilio, añadiendo otra capa de complejidad.

En ambos casos, el petróleo aparece como promesa y como trampa. Promesa, porque el mundo sigue necesitando energía y porque, sobre el papel, ambos países podrían financiar recuperación, estabilidad y futuro. Trampa, porque esa misma riqueza concentra poder, atrae sanciones y convierte cada barril en un objeto de pelea. A estas alturas, la “maldición del petróleo” ya no es una etiqueta: es un mapa visible, con nombres propios, fechas recientes y decisiones que se toman con el nervio tenso. Y el mapa, ahora mismo, no lleva una flecha clara hacia la calma.