La ONU alerta sobre Irán: por qué EE. UU. no frena la guerra

Estados Unidos ya ha intervenido militarmente en Irán: lanzó ataques contra instalaciones nucleares en 2025 y, junto con Israel, inició una nueva ofensiva el 28 de febrero de 2026. Lo que no ha hecho es desplegar una operación para detener la represión interna o poner fin a la guerra. Esa diferencia resulta esencial ante las denuncias de la ONU, que ahora atribuye a fuerzas estadounidenses posibles crímenes de guerra en ataques contra una escuela y un complejo deportivo.

La misión internacional independiente de investigación sobre Irán considera que existen motivos razonables para creer que esos dos ataques fueron indiscriminados y causaron muertes de civiles. Washington rechaza sus conclusiones y mantiene que investiga lo ocurrido en Minab. Mientras el conflicto entra en su séptimo mes, la alarma de Naciones Unidas no equivale a una orden de intervención: la organización puede documentar, denunciar y presionar, pero no dispone de un ejército propio para imponer el fin de las hostilidades.

Qué ha denunciado la misión de la ONU

El informe examina dos ataques del 28 de febrero, el primer día de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. En Minab, en el sur del país, un misil alcanzó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh. Según las autoridades locales citadas por la misión, murieron al menos 156 personas, entre ellas 120 niños. Los investigadores señalaron que el centro educativo era identificable como escuela y que no encontraron información que indicara que se utilizara con fines militares.

La misión atribuyó el ataque a Estados Unidos con base en las pruebas que pudo reunir, entre ellas informes sobre una investigación militar preliminar estadounidense que habría apuntado a sus propias fuerzas y el uso de misiles Tomahawk, de los que, según el informe, Washington era la única parte en el conflicto que disponía. Los expertos sostienen que la escuela parecía ser el objetivo y que los daños no se explican por un impacto desviado contra el complejo naval cercano de la Guardia Revolucionaria. Sus conclusiones son una valoración de expertos independientes, no una sentencia judicial.

Ese mismo día, un ataque con misiles de precisión alcanzó un complejo deportivo y una zona residencial en Lamerd. Las autoridades locales comunicaron al menos 21 muertos, incluidos siete niños. La misión afirmó que el recinto era claramente civil y no halló indicios de uso militar. También señaló que Estados Unidos era la única parte que disponía del sistema PrSM que, según su análisis, se utilizó en el ataque. El Ejército estadounidense negó haber atacado Lamerd y cuestionó que se empleara ese tipo de arma.

Las cifras difundidas no son idénticas en todos los relatos. Algunas informaciones sitúan en torno a 170 el número de fallecidos en la escuela, mientras que el informe citado por los expertos recoge al menos 156; en Lamerd, la cifra comunicada por las autoridades locales es de 21. La diferencia no permite establecer por sí sola un balance definitivo: en una guerra, las autoridades, los medios y los investigadores pueden manejar recuentos distintos, y el acceso independiente a los lugares afectados es limitado.

Una acusación grave no es una condena

La expresión empleada por los expertos, motivos razonables para creer, tiene un alcance preciso: indica que las pruebas disponibles justifican investigar la posible responsabilidad, no que un tribunal haya declarado culpable a un Estado o a una persona. La misión considera que los ataques pudieron constituir crímenes de guerra por ser indiscriminados y causar muertes, lesiones y daños a bienes civiles. La evaluación apunta a conductas concretas y no resuelve por sí misma todas las cuestiones sobre intención, responsabilidad individual o cadena de mando.

La distinción importa porque en el debate público se mezclan a menudo la denuncia política, la investigación de derechos humanos y el proceso penal. Los expertos de Naciones Unidas pueden reunir testimonios, analizar imágenes e información militar y presentar sus conclusiones ante organismos internacionales. No sustituyen a un tribunal ni pueden ordenar a las fuerzas armadas que suspendan una operación. Tampoco las conclusiones quedan anuladas porque un Gobierno las rechace: son las pruebas y los procedimientos posteriores los que determinan qué consecuencias jurídicas pueden tener.

La Casa Blanca ha rechazado las conclusiones y ha acusado a Irán de cometer crímenes de guerra. Washington ha dicho que no da credibilidad al informe, mientras que el Ejército mantiene abierta una investigación sobre Minab y niega su participación en Lamerd. Irán, por su parte, presenta los ataques como parte de una agresión estadounidense e israelí y denuncia las acusaciones que recibe de Washington. Las declaraciones de las partes forman parte de una disputa política y no reemplazan la verificación independiente.

La represión interna también está bajo escrutinio

El informe de la misión no se limita a los bombardeos. También analiza la represión de las protestas antigubernamentales que se extendieron por Irán en diciembre de 2025 y enero de 2026. Los expertos describen el uso generalizado de fuerza letal, asesinatos, detenciones masivas y malos tratos, y concluyen que las autoridades iraníes cometieron graves violaciones de derechos humanos que, a su juicio, constituyen crímenes de lesa humanidad.

El documento recoge testimonios de testigos, personal sanitario y familiares de víctimas. Según esos relatos, miembros de las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desde azoteas y otros puntos elevados; también se denunciaron heridas causadas por perdigones, ataques a centros sanitarios y arrestos de personas heridas y trabajadores de la salud. Los expertos señalaron que decenas de miles de detenidos habrían sufrido torturas, aislamiento o falta de acceso a asistencia letrada. Son acusaciones de extrema gravedad que la misión atribuye a las autoridades iraníes.

El recuento de muertos durante aquellas protestas tampoco pudo verificarse de forma independiente. La misión sostuvo que había motivos fundados para creer que la cifra superaba significativamente el balance oficial de 3.000 fallecidos. HRANA, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos, ha confirmado más de 7.000 muertes, casi todas de manifestantes, según la información recogida por los competidores. Irán no ha aceptado esas acusaciones y previamente ha atribuido parte de la violencia a terroristas y a la intervención extranjera.

La ONU había expresado alarma por la violencia contra los manifestantes y por la falta de información fiable sobre las víctimas. El apagón de internet y las restricciones a las comunicaciones dificultaron el trabajo de periodistas, familiares y organizaciones de derechos humanos. Esa opacidad ayuda a explicar por qué circulan cifras divergentes, pero no prueba automáticamente ninguna de ellas. Un vídeo verificado puede confirmar un ataque sin permitir conocer el número total de muertos, que exige contrastar hospitales, registros, testimonios y lugares de enterramiento.

Por qué Washington no lanza una operación para frenar la represión

La primera razón es que la premisa de una ausencia total de intervención ya no describe la situación: Estados Unidos ha realizado operaciones militares y participa en la guerra iniciada con Israel. La pregunta relevante es por qué no amplía esa acción con el objetivo declarado de proteger a la población o forzar un cambio de conducta del Gobierno iraní. La respuesta combina cálculo militar, incertidumbre política y el riesgo de que un ataque adicional agrave precisamente el daño que pretende evitar.

Una campaña contra Irán no sería una acción aislada contra responsables de la represión. Podría abrir nuevos frentes, exponer a fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y afectar a aliados y buques. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha advertido que Israel, las bases estadounidenses y los barcos de Estados Unidos podrían convertirse en objetivos. Una amenaza no demuestra que la respuesta vaya a producirse, pero obliga a considerarla en cualquier cálculo militar.

También existe el riesgo de que una ofensiva externa refuerce al poder iraní en el plano interno. El Gobierno puede presentar las protestas como parte de una agresión extranjera, reunir apoyos en torno a la defensa nacional y justificar más medidas de seguridad. Eso no elimina el descontento social ni las denuncias contra las autoridades, pero puede dividir a la oposición y hacer más peligroso para los manifestantes cuestionar al Estado en medio de una guerra.

La dimensión regional y económica añade otra capa. Irán ha condicionado la reapertura del estrecho de Ormuz a que Estados Unidos acepte sus exigencias y cumpla sus compromisos. Cualquier interrupción prolongada de esa ruta aumentaría la presión sobre el transporte de energía y los mercados. A ello se suman las tensiones con socios comerciales de Teherán y la oposición de China a medidas estadounidenses que considera extraterritoriales. Una escalada no quedaría confinada a las fronteras iraníes.

Las opciones de la Casa Blanca no son solo militares

Washington conserva herramientas de presión que no requieren nuevos bombardeos: sanciones, restricciones financieras, aislamiento diplomático y negociación. Donald Trump ha dicho que contempla tres vías frente a Irán: intensificar la acción militar, presionar económicamente o alcanzar un acuerdo. También afirmó estar dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. La disposición a hablar convive con amenazas y no garantiza que exista un acuerdo al alcance de ambas partes.

Teherán, según el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, transmitió a Washington siete condiciones para iniciar conversaciones mediante Catar. Entre ellas figuran el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de activos iraníes congelados, el levantamiento del bloqueo naval y garantías de no injerencia. Las exigencias muestran que cualquier negociación tendría que abordar más que el programa nuclear. Las posiciones públicas de ambos Gobiernos siguen muy alejadas.

El programa nuclear es un punto central de la disputa. Trump afirmó que, tras asumir el cargo, ofreció cooperación económica a cambio de que Irán pusiera fin a su programa y sostuvo que Teherán se negó. En junio de 2025, Estados Unidos lanzó la operación Martillo de Medianoche contra tres instalaciones nucleares iraníes. Irán sostiene que desarrolla su programa con fines pacíficos, mientras Washington ha argumentado que sus actividades plantean una amenaza. Las declaraciones de cada Gobierno no resuelven por sí solas la controversia sobre el propósito y el estado de ese programa.

Trump también ha defendido la capacidad militar estadounidense y ha asegurado que el país dispone de abundantes municiones y está aumentando su producción. Esa retórica sirve para proyectar fuerza, pero no demuestra que una nueva operación sea inevitable ni que tenga un objetivo político alcanzable. La capacidad de atacar y la capacidad de controlar las consecuencias son cuestiones distintas: destruir instalaciones no equivale a detener la represión, cerrar la guerra o establecer un Gobierno estable.

Qué puede hacer Naciones Unidas y dónde termina su influencia

La ONU no es un mando militar supranacional. Sus organismos de derechos humanos pueden investigar, advertir y elevar la presión diplomática, pero no desplegar fuerzas para proteger a la población iraní. Las decisiones coercitivas dependen de mecanismos políticos internacionales y, en particular, de acuerdos entre los miembros del Consejo de Seguridad. Las diferencias entre potencias pueden bloquear medidas, mientras que una intervención militar de un país tampoco se convierte automáticamente en una operación de Naciones Unidas.

Por eso, el lenguaje de la misión —hallazgos, motivos razonables y posibles crímenes— tiene una función distinta de la de una orden de alto el fuego. Sirve para dejar constancia, preservar información y abrir el camino a debates sobre rendición de cuentas. También ayuda a contrarrestar la negación de las partes, aunque no pueda garantizar que se publiquen archivos militares ni que los responsables comparezcan ante un tribunal. La condena moral y la capacidad de imponer consecuencias no son lo mismo.

El informe, además, no presenta a Irán únicamente como víctima de los ataques externos. Atribuye posibles crímenes de guerra a fuerzas estadounidenses y, al mismo tiempo, documenta graves abusos del Gobierno iraní contra su propia población. Mantener ambos hechos en el mismo análisis evita convertir los derechos humanos en una herramienta selectiva: denunciar una violación no obliga a silenciar la otra. La protección de civiles no depende de quién controle el relato.

La guerra deja a los civiles entre dos frentes

La población iraní afronta tanto la violencia de la represión interna como los riesgos de los bombardeos. La misión describió a los civiles como atrapados entre graves violaciones de derechos humanos cometidas por su propio Gobierno y un conflicto mortal con Estados Unidos e Israel. En ese escenario, una nueva ofensiva podría aumentar las víctimas, mientras que la inacción militar no detiene por sí sola los abusos documentados durante las protestas.

El reto para Washington es que ninguna de las opciones ofrece una salida limpia: las armas pueden ampliar la guerra, las sanciones trasladan costes a la economía y la diplomacia depende de que ambas partes acepten negociar. Para Naciones Unidas, el desafío es convertir la documentación en presión política y rendición de cuentas sin atribuir a sus expertos poderes que no tienen. La intervención estadounidense ya ocurrió; lo que sigue sin resolverse es cómo detener la violencia sin multiplicarla.