¿Por qué piden que García Ortiz declare por las citas de Leire Díez?

Las acusaciones populares del caso Leire Díez, representadas de forma unificada por el Partido Popular, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Quieren aclarar qué supo sobre dos reuniones celebradas en la Fiscalía General, cuándo recibió la información, si impartió alguna instrucción y por qué aquellos encuentros no dejaron un rastro administrativo suficientemente preciso. Por ahora, conviene subrayarlo, se trata de una petición de parte: el magistrado todavía debe decidir si acepta las comparecencias.

Las citas investigadas tuvieron lugar entre marzo y abril de 2025. En ellas participaron el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez, junto con Diego Villafañe, entonces uno de los colaboradores más próximos de García Ortiz, y la fiscal Beatriz López Pesquera. La propia Fiscalía ha reconocido los encuentros y sostiene que el entonces fiscal general fue informado después, que no dio indicaciones y que lo expuesto carecía de elementos concretos que justificasen abrir una actuación penal. Esa es la versión institucional. Las acusaciones consideran que todavía tiene demasiados huecos.

El PP quiere saber qué conocía García Ortiz

El escrito presentado ante Pedraz busca reconstruir la cadena de información dentro de la Fiscalía General del Estado. No se limita a preguntar si García Ortiz conoció la existencia de las reuniones. Pretende determinar qué contenido le trasladaron, quién lo hizo, en qué momento y cuál fue su respuesta como superior jerárquico de los fiscales que recibieron a Teijelo y Díez.

Las acusaciones quieren saber también si García Ortiz realizó valoraciones, dio directrices sobre los escritos examinados o decidió que no merecían recorrido. Reclaman, además, una explicación acerca de la ausencia de actuaciones posteriores, pese a que durante las reuniones se habló —según la información remitida al juzgado— de hechos que sus interlocutores presentaban como potencialmente delictivos.

Ahí se encuentra el centro de la noticia. No existe, a día de hoy, una resolución judicial que atribuya al exfiscal general participación en la presunta trama investigada. Lo que hay es una solicitud para que comparezca como testigo, una condición procesal muy distinta de la de investigado. Tendría que responder con veracidad, pero la citación, por sí sola, no supondría una imputación ni permitiría presentar como probado lo que todavía está bajo examen.

Dos reuniones admitidas por la Fiscalía General

La Fiscalía comunicó al juez que Villafañe y López Pesquera recibieron a Teijelo en dos ocasiones. En ambas apareció acompañado por Leire Díez, entonces militante socialista, aunque la institución afirma que tuvo una intervención menor y que fue presentada como una compañera del despacho del abogado. Teijelo ha negado posteriormente haberla presentado de ese modo y, durante su declaración como investigado, rechazó detallar el contenido de las conversaciones. Dos versiones que no terminan de encajar.

En el primer encuentro, de acuerdo con el relato de la Fiscalía, el letrado habló de actuaciones atribuidas a terceras personas que, a su juicio, podían tener relevancia penal. Semanas después se celebró una segunda cita en la que anunció su intención de formular varias denuncias. La Fiscalía asegura que las afirmaciones estaban desprovistas de sustento probatorio concreto y que no se emprendió ninguna actuación.

El asunto adquiere otra dimensión por el contexto. Leire Díez y Jacobo Teijelo están siendo investigados en una causa que examina supuestas maniobras destinadas a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil vinculados a procedimientos sensibles para el PSOE y el Gobierno. Cualquier contacto con la cúpula del Ministerio Público, por ordinario que pretenda presentarse, exige una explicación particularmente limpia. La confianza institucional es un cristal fino: soporta cierta presión, pero las zonas opacas lo llenan enseguida de grietas.

La versión institucional y las dudas de las acusaciones

La Fiscalía sostiene que García Ortiz fue informado a posteriori, sin que ordenase actuar ni influyese en la valoración de lo relatado. También afirma que no consta una denuncia de Teijelo durante 2025 o 2026 relacionada con aquellas reuniones y que los escritos recibidos en ese periodo por otras vías terminaron archivados al no apreciarse indicios suficientes.

Para las acusaciones, esa contestación resulta demasiado genérica. Consideran que no identifica con precisión los asuntos tratados, la documentación que pudo entregarse, la credibilidad que los fiscales concedieron a las afirmaciones ni el itinerario interno seguido después. Tampoco explica, según su tesis, por qué un asunto que llegó a miembros de la Secretaría Técnica quedó reducido a una descripción tan vaporosa cuando el juez pidió información.

La cuestión no consiste en exigir que toda persona que cuenta una irregularidad salga de la Fiscalía con una causa penal debajo del brazo. Eso sería absurdo y jurídicamente temerario. El interrogante razonable es otro: qué protocolo se siguió, cómo se documentó lo escuchado y por qué la institución no puede ofrecer una reconstrucción más detallada de unos encuentros celebrados en su sede central.

El registro de visitas que no aparece

La Fiscalía ha reconocido que no dispone de un registro oficial que permita comprobar de forma completa las entradas y salidas relacionadas con estas citas. Las acusaciones han pedido por ello que declare también el responsable de seguridad del Ministerio Público, con la intención de conocer cómo accedieron los visitantes y si existe alguna documentación alternativa.

Cuando una reunión entra por la puerta de una institución sin dejar una huella clara, la burocracia —tan puntillosa para exigir un formulario por casi cualquier cosa— pierde de repente parte de su proverbial memoria. La inexistencia del registro no demuestra una conducta delictiva, pero sí genera una laguna probatoria que complica verificar fechas, asistentes y duración de los encuentros.

Los investigadores cuentan con otros elementos para situar las visitas, incluido el posicionamiento del teléfono móvil de Leire Díez en la calle Fortuny, sede central de la Fiscalía General. Sin embargo, una localización telefónica o una anotación de agenda no explican qué ocurrió dentro del despacho. De ahí que las declaraciones personales hayan pasado al primer plano.

También piden citar a los fiscales presentes

La petición no se dirige únicamente a García Ortiz. Las acusaciones solicitan la declaración de Diego Villafañe, interlocutor directo de Teijelo y Díez; de Beatriz López Pesquera, presente en los encuentros; y de Ana Isabel García León, que entonces encabezaba la Secretaría Técnica y participó en la tramitación de otros escritos examinados en la causa.

Villafañe tendría que precisar qué información recibió, qué valoración hizo y cómo se comunicó el asunto dentro de la Fiscalía. López Pesquera podría confirmar o matizar esa reconstrucción. García León, por su parte, ayudaría a establecer si existía alguna conexión entre las reuniones y otros escritos presentados contra fiscales o magistrados que intervenían en procedimientos relacionados con el entorno del Gobierno.

El objetivo procesal es contrastar testimonios, no acumular nombres para rellenar una fotografía política. Una causa penal se sostiene con hechos comprobables, documentos y declaraciones coherentes; el ruido parlamentario sirve para los titulares, pero no sustituye una prueba. Esa diferencia, bastante elemental, suele extraviarse cuando el debate entra en ebullición.

Qué implica declarar como testigo

Un testigo está obligado a comparecer cuando es citado judicialmente y debe decir la verdad. García Ortiz no acudiría, en este trámite, para defenderse de una acusación concreta, sino para aportar información sobre decisiones adoptadas o conocidas durante su etapa al frente del Ministerio Público. El juez podrá preguntarle por las comunicaciones recibidas, las instrucciones impartidas y los mecanismos internos utilizados.

La condición de testigo tampoco es una etiqueta inmutable. Cuando durante una declaración aparecen indicios que pueden comprometer penalmente al compareciente, el interrogatorio debe detenerse para preservar su derecho de defensa y evitar que responda sin asistencia letrada como investigado. No significa que vaya a ocurrir aquí; significa, sencillamente, que el procedimiento contempla esa garantía procesal.

Álvaro García Ortiz ya no dirige la Fiscalía General. Cesó en diciembre de 2025 y fue sustituido por Teresa Peramato, después de que el Tribunal Supremo lo condenara en una causa distinta por revelación de datos reservados, con multa e inhabilitación especial durante dos años para ejercer como fiscal general. Aquel procedimiento y el caso Leire son asuntos separados, aunque su pasado judicial añade inevitablemente presión pública a cualquier nueva comparecencia.

La decisión de Pedraz y el coste institucional

Santiago Pedraz deberá valorar si las declaraciones propuestas son pertinentes para esclarecer los hechos o si la documentación aportada por la Fiscalía resulta suficiente. Puede admitir todas las testificales, aceptar únicamente algunas o rechazarlas si considera que no aportarían información relevante. Hasta que dicte una resolución, ningún titular debería convertir una petición del PP en una citación judicial consumada.

La decisión dependerá, previsiblemente, de si el magistrado aprecia contradicciones o vacíos que merezcan una explicación directa. La falta de detalle sobre el contenido de las reuniones, la ausencia de un registro formal y la comunicación posterior a García Ortiz son los tres elementos sobre los que las acusaciones han construido su solicitud.

También pesará la necesidad de delimitar la investigación. El caso Leire ha ido ensanchándose con nuevos documentos, testimonios y conexiones institucionales; un sumario puede convertirse fácilmente en una habitación donde todos los cajones parecen relacionados. El juez tendrá que separar los contactos relevantes de las coincidencias, las decisiones administrativas discutibles de las conductas penalmente significativas.

El fondo político es evidente, pero la cuestión institucional resulta más importante. El Ministerio Fiscal debe actuar conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y proyectar esa apariencia ante los ciudadanos. Una reunión con personas vinculadas a intereses partidistas no constituye por sí misma una irregularidad: los fiscales reciben denuncias, abogados e información continuamente. Lo decisivo es cómo se recibe, documenta y tramita.

Por eso una explicación incompleta pesa tanto. Si las reuniones fueron normales, el modo más eficaz de proteger a los fiscales que participaron consiste en reconstruirlas con precisión. Si se descartó actuar porque no había pruebas, debe quedar claro quién realizó esa valoración y sobre qué materiales. La transparencia no convierte una sospecha en delito, pero evita que una sombra termine pareciendo una habitación entera.

La solicitud para citar a García Ortiz abre una nueva fase del caso, no dicta su resultado. Pedraz deberá decidir si escucha personalmente al antiguo responsable de la Fiscalía y a quienes participaron en las reuniones. Hasta entonces, el dato firme es más sencillo que todo el estruendo: hubo dos encuentros, la Fiscalía los admite, García Ortiz fue informado después y las acusaciones consideran insuficiente la explicación ofrecida. Lo demás tendrá que probarse en sede judicial.