Economía
¿Qué petroleras denuncia Argentina por explotar crudo en Malvinas?
Argentina lleva ante la Justicia a cinco petroleras por sus operaciones en Malvinas, con Sea Lion y sus futuras reservas en el centro del conflicto.

Resumen
- Argentina denuncia a cinco petroleras por sus operaciones en Malvinas
- Sea Lion prevé comenzar a producir crudo en el archipiélago en 2028
- Buenos Aires busca frenar un negocio que considera ilegal y sin permiso
Argentina ha llevado a los tribunales a cinco compañías vinculadas al negocio petrolero de las islas Malvinas, con sociedades constituidas en Israel, Reino Unido y Canadá. El Gobierno de Javier Milei sostiene que forman parte de un entramado empresarial que participa en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la Cuenca Malvinas Norte, un espacio marítimo cuya soberanía sigue enfrentando a Buenos Aires y Londres.
El centro económico de la disputa tiene nombre propio: Sea Lion, un proyecto petrolero situado unos 220 kilómetros al norte de las islas que ya ha superado la decisión final de inversión y pretende comenzar a producir crudo en 2028. Es decir, el conflicto ha dejado de moverse únicamente entre mapas, declaraciones diplomáticas y resoluciones internacionales. Hay dinero comprometido, contratos firmados y un calendario para sacar petróleo del subsuelo.
Argentina lleva a cinco compañías a los tribunales
La denuncia impulsada por el ministro argentino de Exteriores, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Buenos Aires no se limita a señalar a las sociedades: también pretende determinar qué directores, gerentes, administradores, representantes y responsables participaron en las decisiones empresariales relacionadas con esas operaciones.
Hay, eso sí, una pequeña maraña nominal que refleja bastante bien el laberinto societario del caso. La comunicación oficial argentina identifica una de las sociedades como Navitas Petroleum Atlantic United, mientras que otra documentación se refiere a Navitas Petroleum Atlantic Limited, conocida como NAPL. Más allá de esa diferencia en la denominación publicada, el foco está puesto en las filiales británicas de Navitas y en sus conexiones con compañías canadienses.
Navitas y sus filiales, el eje del entramado
La pieza principal es Navitas Petroleum, petrolera israelí que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv. Su filial británica Navitas Petroleum Development & Production, NPDP, controla un 65 % de Sea Lion y ejerce como operadora del proyecto. El 35 % restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration.
Navitas no es precisamente una sociedad creada alrededor de una mesa para explotar únicamente las Malvinas. Mantiene activos energéticos en Estados Unidos y participa en proyectos junto a compañías como ExxonMobil y otros operadores del sector. Pero es su desembarco en el Atlántico Sur el que la ha situado en el punto de mira de Argentina.
El Gobierno argentino considera que la estructura utilizada permite conectar las licencias petroleras concedidas por las autoridades de las islas con sociedades, accionistas e inversores repartidos entre Tel Aviv, Londres y Canadá. De ahí la expresión «entramado societario» empleada en la denuncia. No implica, por sí sola, que exista una responsabilidad penal acreditada: eso corresponde determinarlo a la Justicia.
Sea Lion: el proyecto que acelera el conflicto
Sea Lion es mucho más que una prospección sobre un mapa. El yacimiento se encuentra en fase de desarrollo y Navitas sitúa la primera producción en 2028. La compañía plantea una explotación escalonada mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo, conocida en el sector como FPSO.
Navitas y Rockhopper tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, el momento en el que un proyecto petrolero deja atrás buena parte de su etapa preparatoria y comienza a comprometer capital para ejecutarse. La inversión prevista ronda los 4.000 millones de dólares a lo largo de un desarrollo cuya vida útil podría superar los 30 años.
Las dimensiones ayudan a entender por qué Buenos Aires ha elevado el tono. Las evaluaciones publicadas por Rockhopper atribuyen a las primeras fases de Sea Lion unas reservas 2P —probadas más probables— superiores a 314 millones de barriles en términos brutos. Navitas, mientras tanto, trabaja con un desarrollo progresivo que podría ir aumentando notablemente la capacidad de producción a medida que entren nuevas áreas.
Rockhopper es una compañía británica y posee el 35 % del yacimiento Sea Lion, aunque no aparece entre las cinco empresas señaladas en la denuncia penal anunciada por Argentina. Su papel, sin embargo, resulta inseparable del desarrollo del campo porque es la socia de Navitas en el proyecto.
La empresa británica mantiene que el proyecto sigue encaminado hacia la producción durante el primer trimestre de 2028. También ha realizado movimientos financieros destinados a reforzar su capacidad para participar en fases posteriores. El petróleo, todavía bajo kilómetros de agua y roca, ya mueve capital en superficie.
PL001 conecta a Canadá con la expansión petrolera
El segundo frente importante está junto a Sea Lion. Navitas alcanzó un acuerdo para adquirir una participación operada del 65 % en la licencia PL001, un bloque de aproximadamente 1.126 kilómetros cuadrados situado junto al descubrimiento principal. La operación se articuló a través de JHI, compañía canadiense incluida en la denuncia argentina.
A esa estructura se suma Eco (Atlantic) Oil & Gas, también canadiense, que acordó adquirir JHI. Argentina entiende que esas conexiones empresariales no pueden analizarse como operaciones independientes porque terminan convergiendo sobre los mismos permisos y recursos petroleros situados alrededor de las islas.
PL001 interesa especialmente porque podría beneficiarse de las futuras instalaciones de Sea Lion. Navitas asegura haber identificado decenas de objetivos exploratorios en el bloque y estudia perforaciones adicionales. Si apareciesen reservas comerciales, el petróleo podría aprovechar infraestructura ya desarrollada en la zona, abaratando costes y convirtiendo Sea Lion en algo parecido a un centro petrolero regional.
Ahí está uno de los aspectos menos visibles de la disputa. Buenos Aires no intenta solamente detener un único pozo. Trata de impedir que se consolide una red de instalaciones petroleras capaz de hacer económicamente viable la explotación de otros descubrimientos alrededor de la Cuenca Malvinas Norte.
Qué sostiene la ley argentina y qué discute Reino Unido
La ofensiva jurídica argentina se apoya fundamentalmente en la Ley 26.659, que establece que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que Argentina considera propia necesitan autorización de las autoridades argentinas. La norma también alcanza determinadas participaciones societarias, contratos y servicios prestados a proyectos que carezcan de esa habilitación.
La legislación prevé consecuencias severas. Las empresas pueden quedar inhabilitadas entre cinco y veinte años para realizar determinadas actividades en Argentina, y la normativa contempla también responsabilidades penales para ciertas operaciones de exploración o extracción realizadas sin autorización argentina. Naturalmente, que la ley contemple esas penas no significa que las empresas denunciadas hayan sido condenadas: la causa acaba de comenzar.
El problema de fondo es que Londres parte de una premisa completamente distinta. Reino Unido administra las islas y reconoce a sus autoridades capacidad para conceder licencias. Argentina, por contra, considera ilegítimos esos permisos porque reclama la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Dos sistemas jurídicos miran así al mismo trozo de océano y llegan a conclusiones opuestas. Un permiso que para las autoridades de las islas permite perforar es, desde la perspectiva argentina, una licencia sin validez sobre recursos que Buenos Aires considera propios. Ahí está el nudo; bastante más profundo que cualquier pozo.
De la denuncia a las sanciones: qué puede ocurrir
El expediente argentino quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. La denuncia abre la puerta a determinar quién tomó las decisiones corporativas, cómo se estructuró la financiación y qué sociedades participaron en las distintas fases del negocio. La presentación también busca examinar eventuales delitos relacionados con asociación ilícita, lavado de activos y posibles infracciones ambientales o aduaneras.
Una cosa es abrir una investigación en Buenos Aires y otra, bastante distinta, ejecutar decisiones judiciales sobre compañías y responsables situados en otras jurisdicciones. Ahí aparecerán límites territoriales, cooperación internacional y conflictos de competencia. Argentina dispone, sin embargo, de una palanca económica nada menor: el acceso a su propio mercado energético, especialmente a Vaca Muerta.
Ese factor multiplica el alcance de la ofensiva. Cualquier proveedor internacional con intereses relevantes en Argentina debe valorar el coste de participar simultáneamente en operaciones petroleras alrededor de Malvinas. Ya no se trata únicamente de diplomacia; entran en juego contratos, inversiones y acceso futuro a Vaca Muerta, uno de los grandes polos de hidrocarburos no convencionales del mundo.
Hay otra paradoja política. Milei ha estrechado notablemente las relaciones diplomáticas con Israel, pero eso no ha impedido que su Gobierno presente una denuncia cuyo principal eje empresarial es una petrolera israelí. El Ejecutivo argentino ha insistido en que la reivindicación de soberanía y la relación bilateral con Israel discurren por carriles diferentes.
El petróleo vuelve tangible una disputa de casi dos siglos
Las Malvinas permanecen bajo administración británica mientras Argentina mantiene su reclamación de soberanía. Durante décadas, aquella disputa podía parecer a ratos congelada en comunicados diplomáticos, ceremonias y debates internacionales. Sea Lion cambia la escala del problema porque introduce algo mucho más concreto: petróleo potencialmente comercial, miles de millones de dólares y una fecha marcada para comenzar a producir.
Para Navitas y Rockhopper, las licencias permiten desarrollar un proyecto que ya ha obtenido financiación y avanza hacia 2028. Para Argentina, ese mismo desarrollo supone explotar unilateralmente recursos naturales en una zona sometida a disputa. Son dos relatos jurídicos incompatibles alrededor del mismo barril.
La denuncia contra las sociedades vinculadas a Israel, Reino Unido y Canadá es, por eso, algo más que otro episodio diplomático. Buenos Aires intenta encarecer jurídica y económicamente la explotación petrolera antes de que Sea Lion empiece a bombear crudo. El reloj corre hacia 2028. Y, bajo el Atlántico Sur, el petróleo ha convertido una vieja cuestión de soberanía en un conflicto empresarial, financiero y judicial muy presente.












