¿Por qué Petro acusa a Israel de alterar las elecciones de Colombia?

Gustavo Petro acusa a Israel de haber intervenido en las elecciones presidenciales de Colombia porque asegura que se produjeron cambios en las direcciones IP de varios servidores vinculados a la Registraduría Nacional durante la segunda vuelta. Según la interpretación del presidente, esos movimientos demostrarían que el sistema informático fue vulnerado y que personas ajenas al proceso pudieron introducir datos electorales.

La afirmación es extraordinariamente grave, pero la prueba conocida no está a la misma altura. Petro no ha publicado, por ahora, un informe forense completo, los registros de actividad, la cadena de custodia de esos archivos ni un análisis independiente que atribuya la supuesta intrusión al Estado israelí. Dicho sin arabescos: existe una acusación presidencial, no una intrusión extranjera demostrada.

El preconteo prácticamente completo situó a Abelardo de la Espriella por delante del candidato izquierdista Iván Cepeda, con una diferencia cercana a los 250.000 votos y menor de un punto porcentual. Ese resultado tiene un enorme efecto político, claro, pero no constituye todavía la declaración legal del vencedor.

En Colombia, el resultado jurídicamente válido sale del escrutinio, donde las actas, las reclamaciones y las posibles inconsistencias pasan por manos de funcionarios, notarios y jueces electorales. Las pantallas cuentan deprisa; la legalidad electoral, por fortuna, camina con zapatos bastante más pesados.

Qué denunció Petro después de la segunda vuelta

Petro sostuvo que los servidores de la Registraduría Nacional registraron cambios de IP y dedujo de ello que terceros habían conseguido escribir datos correspondientes a mesas y puestos de votación. Fue todavía más lejos: atribuyó esa capacidad a Israel, al que presentó como el único Estado capaz de ejecutar una operación semejante.

El razonamiento contiene un salto considerable. Una dirección IP identifica el punto desde el que un dispositivo o servicio se conecta a una red, pero su modificación no acredita automáticamente un acceso clandestino, mucho menos la identidad del presunto atacante.

Para sostener esa conclusión harían falta marcas temporales, credenciales utilizadas, archivos modificados, trazas de red y una peritación capaz de descartar cambios administrativos o técnicos legítimos. Una IP puede ser una pista; convertirla en sentencia requiere bastante más que una declaración política.

La geopolítica, por incómoda que resulte, no convierte unas direcciones IP en huellas dactilares. Ni siquiera los ataques informáticos más sofisticados se atribuyen seriamente mediante una sola señal. Se cruzan infraestructuras, patrones de código, servidores intermedios, métodos operativos y datos de inteligencia. A veces, ni con todo eso existe certeza absoluta.

Petro también reprochó al registrador nacional, Hernán Penagos, que no permitiera una auditoría experta del programa electoral. El mandatario lleva meses cuestionando la propiedad privada de parte de la tecnología empleada y reclamando un sistema público plenamente controlado por el Estado.

Es una discusión legítima sobre soberanía tecnológica y control institucional; otra cosa es convertirla, sin escalas, en prueba de un sabotaje israelí. La desconfianza puede justificar una auditoría. No puede sustituirla.

Qué está probado y qué continúa siendo una hipótesis

Está probado que Petro publicó la acusación, que relacionó los cambios de IP con una posible alteración del sistema y que señaló directamente a Israel. También está acreditado que el resultado fue muy ajustado, que el equipo de Cepeda anunció reclamaciones sobre miles de mesas y que el escrutinio debe revisar las actas antes de producir un resultado definitivo.

No está probado públicamente que los servidores sufriesen una intrusión, que alguien cambiara votos en Colombia, que los datos añadidos no coincidieran con los formularios físicos o que una estructura israelí participara en la operación. Tampoco se ha presentado una explicación técnica que enlace los cambios denunciados con una alteración concreta del resultado.

Esa distinción resulta decisiva. Detectar una anomalía informática no equivale a demostrar una manipulación; demostrar una manipulación tampoco basta para atribuirla a un Estado. Son peldaños distintos, aunque en las redes sociales suelen fundirse en una sola pirueta verbal. Sale barato. La democracia exige una factura bastante más detallada.

La Registraduría ya había rechazado acusaciones anteriores de Petro sobre supuestas modificaciones del censo y del software durante la primera vuelta. La institución mostró comprobaciones mediante códigos hash, una especie de sello digital que permite detectar cambios en un archivo, y aseguró que las versiones examinadas coincidían en diferentes momentos del proceso.

Aquella respuesta no resuelve automáticamente la nueva denuncia, pero sí obliga a presentar evidencias específicas, no sospechas recicladas. Para hablar de fraude habría que identificar qué archivo fue modificado, cuándo ocurrió, quién accedió y qué resultado electoral cambió como consecuencia.

El precedente electoral de 2014 que invoca Petro

El presidente apoya parte de su desconfianza en una sentencia del Consejo de Estado dictada en 2018 sobre las elecciones legislativas de 2014. Aquel fallo encontró irregularidades graves en los sistemas de información y consolidación que afectaron a 1.412 mesas electorales.

La disputa terminó modificando la composición del Senado y devolviendo tres escaños al movimiento MIRA. Hubo, por tanto, problemas informáticos documentados y consecuencias políticas reales. No fue una fantasía inventada para animar una madrugada electoral.

La resolución instó a la organización electoral a disponer de un software propio, diseñado desde el Estado y con trazabilidad completa desde la mesa hasta la proclamación. El objetivo era reducir la dependencia tecnológica, facilitar las auditorías y seguir el recorrido de cada dato.

Pero aquel antecedente tampoco prueba lo ocurrido en 2026. Correspondía a otras elecciones, otros registros y unas irregularidades sometidas durante años a examen judicial. Utilizarlo como advertencia sobre vulnerabilidades electorales resulta razonable; presentarlo como evidencia de que Israel alteró esta segunda vuelta sería mezclar expedientes separados por doce años. Una sentencia no es una bola de cristal.

Cómo se cuentan realmente los votos en Colombia

La expresión software de conteo puede inducir a error. En Colombia, los sufragios depositados en las urnas son contados físicamente por los jurados de mesa, en presencia de testigos electorales. Los resultados se escriben en formularios de papel que constituyen el rastro documental básico de la elección.

Entre esos documentos están los formularios E-14, donde se anotan los resultados obtenidos por cada candidatura en una mesa. Las campañas pueden conservar copias, comparar cifras y reclamar cuando el dato transmitido no coincide con el documento original.

A partir de ahí interviene la tecnología. Las cifras se transmiten, digitalizan, procesan y consolidan para producir el preconteo que aparece en pantallas, medios de comunicación y páginas oficiales durante la noche electoral. En esa cadena participan empresas contratistas y diferentes programas informáticos.

Thomas Greg & Sons, vinculada a los hermanos Bautista mencionados por Petro, interviene en tareas como la recepción, digitalización y tratamiento de documentos, además de proporcionar herramientas utilizadas en varios niveles del escrutinio.

La empresa española Indra participa en la consolidación y divulgación del preconteo y en el sistema nacional. No existe, pues, una única caja negra que abra las urnas virtualmente y decida quién gana mientras el país toma café.

Preconteo y escrutinio no son la misma cosa

El preconteo ofrece una imagen rápida de la votación, pero carece de efectos jurídicos. Se alimenta de los números transmitidos desde las mesas y permite conocer una tendencia pocas horas después del cierre de los colegios electorales.

El escrutinio, en cambio, es la revisión oficial. Las comisiones escrutadoras comparan formularios, estudian tachaduras, examinan diferencias numéricas y atienden las reclamaciones presentadas por las campañas.

Cuando existe una inconsistencia relevante, las autoridades pueden ordenar la apertura de bolsas y el recuento físico de las papeletas. Ese mecanismo permite regresar a los votos materiales cuando la información digital despierta dudas razonables.

Esta arquitectura explica por qué una eventual alteración del preconteo no tendría necesariamente capacidad para cambiar el resultado legal. Podría crear una impresión pública falsa, algo políticamente explosivo, pero tendría que sobrevivir después a la comparación con las actas físicas, los formularios publicados, las copias de los partidos y los testimonios de los jurados.

También explica por qué las denuncias deben identificar mesas concretas y diferencias comprobables. La sospecha general sirve para un discurso; ante una comisión electoral hacen falta números, actas y una causal legal.

Un margen estrecho y miles de mesas discutidas

De la Espriella obtuvo alrededor del 49,7 % en el preconteo, frente a cerca del 48,7 % de Iván Cepeda. La distancia, aproximadamente un cuarto de millón de votos, es pequeña en términos porcentuales, aunque considerable cuando se traduce en papeletas individuales.

La campaña de Cepeda anunció la impugnación de unas 33.000 mesas. Esa cifra anticipa un escrutinio áspero, con abogados, testigos y montañas de formularios. Impugnar una mesa, sin embargo, no significa que en ella exista fraude.

Significa que la campaña pide revisar algún aspecto y deberá justificarlo mediante las causas previstas por la legislación electoral. Una reclamación puede acabar corrigiendo un error, confirmando el dato original o siendo rechazada por falta de fundamento.

En la primera vuelta, la diferencia entre el conteo rápido y el escrutinio definitivo fue muy reducida. Existen precedentes de correcciones mayores: en las elecciones de 2022, cientos de miles de votos del Pacto Histórico no aparecieron correctamente en el preconteo debido a una combinación de errores humanos y diseño deficiente de los formularios.

El escrutinio recuperó aquellos sufragios. No eran votos creados en un ordenador, sino papeletas escritas y contabilizadas en soporte físico que el sistema preliminar había transmitido mal. La diferencia es esencial.

Ahí reside la fortaleza —y también la lentitud— del modelo colombiano. La tecnología acelera la divulgación, mientras el soporte físico permite regresar al origen cuando las pantallas electorales empiezan a contar historias incompatibles.

Israel entra en la campaña antes que en el expediente

La acusación no aparece en un vacío diplomático. Petro ha mantenido una confrontación abierta con el Gobierno de Netanyahu por la guerra de Gaza, mientras De la Espriella ha expresado posiciones mucho más cercanas a Israel.

Benjamín Netanyahu felicitó al candidato derechista tras conocerse su ventaja y celebró públicamente el triunfo de quienes considera amigos de su país. El mensaje añadió combustible político a una jornada que ya venía cargada de sospechas, acusaciones y nervios.

Ese contexto explica la temperatura política, no demuestra una operación informática. La afinidad del candidato con Israel puede alimentar sospechas entre los seguidores de Petro, igual que la hostilidad del presidente hacia Netanyahu alimenta la lectura contraria. Ninguna de las dos emociones sirve como peritaje.

La denuncia plantea, no obstante, una cuestión de fondo que Colombia tendrá que afrontar aunque la acusación concreta se desinfle: cuánto control debe conservar el Estado sobre la infraestructura electoral, qué partes del código pueden auditar los partidos, quién custodia los registros y cómo se publican las pruebas técnicas sin comprometer la seguridad del sistema.

La transparencia no consiste en pedir confianza ciega a la Registraduría ni en aceptar cada sospecha pronunciada desde la Casa de Nariño. Consiste en permitir que especialistas independientes examinen los registros, comprueben los códigos hash y comparen los datos digitales con las actas originales.

El país necesita actas, no oráculos digitales

Petro tiene derecho a denunciar irregularidades y, como presidente, la obligación añadida de entregar sus evidencias a las autoridades competentes. Su cargo no vuelve ciertas sus conclusiones, pero tampoco autoriza a descartarlas sin examinarlas. La respuesta democrática es aburrida, lenta y bastante menos cinematográfica: auditoría, escrutinio y pruebas verificables.

Mientras no aparezca ese material, la formulación rigurosa es sencilla. Petro ha acusado a Israel de vulnerar el sistema electoral colombiano; no se ha demostrado que Israel lo hiciera. La ventaja de De la Espriella pertenece todavía al resultado preliminar y deberá ser confirmada mediante el procedimiento oficial.

Entre la fe automática en una pantalla y la conspiración instantánea queda un terreno menos vistoso: revisar formularios, abrir bolsas cuando proceda y reconstruir cada modificación informática. Ahí se decide una elección. No en el estruendo de un mensaje, por presidencial que sea.