¿Por qué Peramato no explica al Senado las visitas de Leire Díez?

Teresa Peramato se negó a revelar en el Senado el contenido de las dos reuniones mantenidas por Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado. La fiscal general alegó que existe una investigación judicial en curso y que su cargo está sometido a un deber de reserva que le impide ofrecer datos sobre las diligencias, las pesquisas internas o la documentación remitida al juez.

Sí dejó una respuesta política, y bastante sonora. Peramato rechazó que la Fiscalía pueda estar vinculada o subordinada a una trama criminal, como insinuaron representantes del PP y Vox durante la Comisión de Justicia. Consideró esa acusación una falta de respeto absoluta hacia una institución integrada por más de 2.800 fiscales y defendió que sus miembros actúan con legalidad, imparcialidad y autonomía.

No hubo, por tanto, una negación de los encuentros. Tampoco una explicación detallada. Hubo una puerta cerrada con lenguaje jurídico: la Fiscalía reconoce que las reuniones existieron, sostiene que ya ha entregado la información disponible y remite cualquier aclaración adicional al juez instructor. Para la oposición, eso es opacidad. Para Peramato, respetar las reglas del proceso. Entre ambas versiones queda una zona gris que, en política, suele ser más inflamable que una certeza.

Peramato se ampara en el deber de reserva

La responsable del Ministerio Fiscal repitió que la Comisión de Justicia no era el lugar adecuado para ampliar información sobre el caso de Leire Díez, el caso Koldo o la investigación relacionada con Plus Ultra. Todas esas causas permanecen abiertas y, según sostuvo, divulgar detalles podría interferir en el procedimiento o quebrantar la confidencialidad exigida a la Fiscalía.

Su posición fue tajante. La institución aportará cuanto solicite el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero no convertirá una comparecencia parlamentaria en una suerte de instrucción paralela, con senadores preguntando, cámaras encendidas y titulares esperando en la puerta. El Parlamento fiscaliza políticamente; los tribunales investigan penalmente. Parece una frontera sencilla hasta que la actualidad empieza a pisarla con zapatos embarrados.

Peramato afirmó también que las averiguaciones internas abiertas en la Fiscalía deben quedar suspendidas mientras exista un procedimiento judicial sobre los mismos hechos. De ahí que no revelara si se han adoptado medidas disciplinarias ni qué conclusiones preliminares manejan los órganos internos. Respondió incluso con cierta ironía a la senadora popular María José Pardo: lamentó no poder satisfacer su “inmensa curiosidad”.

La frase alivió durante unos segundos la espesura jurídica, aunque no resolvió nada. El PP interpretó la reserva como silencio institucional y advirtió de que la falta de respuestas podía convertir a Peramato en cómplice política de unas supuestas cloacas socialistas. Vox fue más lejos y preguntó cómo podía la Fiscalía estar al servicio de una organización criminal. La fiscal general replicó que semejante insinuación colocaba el trabajo de toda la carrera fiscal “a los pies de los caballos”.

Dos reuniones que la Fiscalía sí reconoce

La Fiscalía General ha admitido dos encuentros de Leire Díez con Diego Villafañe, quien fue uno de los principales colaboradores de Álvaro García Ortiz. En la primera cita, celebrada el 6 de marzo de 2025, también participaron el abogado Jacobo Teijelo y la fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López.

Según la versión facilitada por el Ministerio Público, Teijelo presentó a Díez como una compañera de su despacho. El motivo declarado de la visita era comunicar unos hechos atribuidos a terceras personas que podían tener relevancia penal. Una segunda reunión se produjo entre finales de marzo y comienzos de abril, igualmente en dependencias relacionadas con la Fiscalía.

Esa explicación aclara la existencia de las citas, pero no despeja su contenido completo, quién autorizó la entrada ni qué documentación se entregó. Tampoco resuelve por qué aquellos contactos adquirieron relevancia meses después, cuando Leire Díez ya aparecía situada en el centro de una investigación sobre presuntas maniobras destinadas a obtener información o desacreditar investigaciones sensibles para el PSOE.

Conviene mantener las palabras en su sitio. Díez es una exmilitante socialista investigada, no una persona condenada por estos hechos. El término “fontanera del PSOE”, repetido hasta el desgaste en titulares y tribunas, pertenece al vocabulario político y mediático. Resulta eficaz, desde luego: dibuja tuberías oscuras, sótanos y llaves inglesas. Pero no sustituye a una sentencia.

La Fiscalía sostiene que ha entregado al instructor toda la información de la que dispone y que ampliará esa colaboración si recibe nuevos requerimientos. El verdadero alcance de las reuniones dependerá, por tanto, de las pruebas incorporadas a la investigación judicial, no de las metáforas empleadas en el Senado, por ingeniosas o devastadoras que parezcan.

Una comparecencia prevista para otra cosa

La sesión no había sido convocada inicialmente solo para hablar de Leire Díez. El orden del día incluía tres asuntos promovidos por el PP: el significado de la promesa de Peramato de “sanar heridas” en el Ministerio Fiscal, su política de nombramientos y la defensa mantenida por la Fiscalía durante el proceso contra Álvaro García Ortiz.

La actualidad, como suele ocurrir, desplazó el guion. Las reuniones en la sede de la calle Fortuny ocuparon buena parte del debate y convirtieron una comparecencia sobre gestión institucional en un interrogatorio político sobre las relaciones entre la Fiscalía y personas vinculadas al entorno socialista.

Peramato reivindicó que su expresión sobre las heridas de la Fiscalía no pretendía borrar responsabilidades ni negar las tensiones internas. Según explicó, hablaba de recuperar la cohesión, la lealtad institucional y la confianza de una organización golpeada por la condena de quien había sido su máximo responsable. Una institución, vino a decir, no se fortalece fingiendo que no hay grietas, sino reparándolas. El problema es que cada sector parece haber elegido una pared distinta.

García Ortiz, una herida todavía abierta

Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia se dictó por mayoría y contó con un voto particular de dos magistradas que defendían su absolución.

Peramato sostuvo ante el Senado que la actuación del Ministerio Fiscal durante aquella causa fue independiente, ajustada a la legalidad y respetuosa con los derechos fundamentales. También defendió la decisión de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que mantiene la posición jurídica sostenida por la Fiscalía durante todo el procedimiento y no responde a una preferencia personal de quien ocupa ahora la jefatura.

La oposición interpreta esa continuidad como una defensa corporativa de García Ortiz. Peramato la presenta como coherencia procesal. Dos lecturas incompatibles que resumen buena parte del clima que atraviesa la Justicia española: cualquier decisión técnica llega inmediatamente envuelta en siglas, sospechas y trincheras.

El choque entre el Parlamento y la independencia fiscal

Uno de los mensajes más relevantes de Peramato fue su rechazo a que las Cortes ejerzan un control cuasipolítico sobre la Fiscalía. Recordó que el Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo, no depende de una relación de confianza parlamentaria y no dirige la política del Gobierno.

Eso no significa que la fiscal general pueda ignorar al Parlamento. Comparece cuando es requerida, informa sobre la actividad de la institución y debe someterse al escrutinio público. Pero existe una diferencia entre rendir cuentas y revelar actuaciones protegidas dentro de un procedimiento penal. Esa línea, fina y antipática, fue el refugio jurídico de Peramato durante toda la sesión.

El PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, defendió su derecho a exigir respuestas sobre unos contactos que considera extraordinarios. No es una cuestión menor: que una persona posteriormente investigada acceda dos veces a la Fiscalía General y se reúna con altos responsables exige explicaciones comprensibles. La reserva judicial puede limitar su contenido, pero no elimina la necesidad de reconstruir cómo funcionaron los controles institucionales.

La fiscal general, por su parte, advirtió del riesgo de convertir las comparecencias parlamentarias en juicios políticos sobre investigaciones todavía abiertas. El debate no es nuevo. Cada partido suele descubrir los peligros de la politización cuando ocupa el banquillo de las preguntas y olvidarlos con admirable rapidez cuando sostiene el mazo.

Nombramientos, acusaciones de purga y mérito profesional

La sesión abordó también los cambios efectuados por Peramato en la cúpula fiscal. PP y Vox la acusaron de premiar a personas próximas a la anterior dirección y apartar a fiscales que mantuvieron posiciones críticas durante el mandato de García Ortiz. Entre los casos citados aparecieron el ascenso de Diego Villafañe y el relevo de Almudena Lastra al frente de la Fiscalía Superior de Madrid.

Peramato negó que haya existido ninguna purga. Aseguró que sus decisiones se basan en el mérito, la capacidad, la experiencia y los proyectos presentados por los candidatos. También recordó que los nombramientos discrecionales no equivalen a decisiones arbitrarias: la ley concede al fiscal general un margen de elección entre profesionales que cumplen los requisitos.

La antigüedad, añadió el debate, no puede convertirse en el único criterio. El escalafón importa, pero no resuelve por sí solo qué candidato es más adecuado para dirigir una fiscalía especializada o asumir una responsabilidad concreta. Aun así, cuando los nombramientos recaen sobre figuras asociadas a episodios polémicos, la motivación debe ser especialmente sólida. No basta con ser legal; también hay que parecer comprensible.

Peramato defendió igualmente el nombramiento de Pilar Fernández, esposa de García Ortiz, como número dos de la Fiscalía gallega. Rechazó que el vínculo familiar invalide una trayectoria profesional que calificó de brillante. La crítica política apuntaba a la apariencia de continuidad; la fiscal general respondió con el currículo. De nuevo, dos planos que apenas se rozan.

La reserva protege el proceso, pero no apaga la sospecha

La comparecencia dejó una respuesta clara y una incógnita intacta. Teresa Peramato no explicó el contenido de las visitas de Leire Díez porque considera que hacerlo vulneraría su deber de reserva mientras la causa permanezca abierta. Al mismo tiempo, defendió que la Fiscalía no está al servicio del Gobierno, del PSOE ni de ninguna trama criminal.

La explicación jurídica tiene fundamento institucional, pero no neutraliza el coste político. Las reuniones existieron, fueron reconocidas tardíamente y afectaron a personas situadas en puestos relevantes de la Fiscalía. Mientras no se conozca qué se habló y cómo fueron gestionados aquellos contactos, la sospecha seguirá ocupando el espacio que deja libre la información.

También la oposición deberá medir sus palabras. Fiscalizar no consiste en dictar una condena desde una comisión parlamentaria ni en extender una acusación criminal a miles de profesionales. Y la Fiscalía, por su parte, no puede confiar únicamente en el muro de la reserva judicial: cuando el procedimiento lo permita, tendrá que ofrecer una explicación completa, ordenada y verificable.

La independencia institucional no se proclama una mañana ante los micrófonos. Se demuestra con decisiones, documentos y controles institucionales que resistan el cambio de Gobierno, de fiscal general y de mayoría parlamentaria. Todo lo demás —las cloacas, las purgas, los silencios cómplices— forma parte del ruido. Un ruido poderoso, sí. Pero la verdad judicial todavía se está escribiendo.