¿Por qué Carrefour vuelve al foco del boicot por sus lazos con Israel?

Carrefour vuelve a situarse en el centro de una de las campañas de boicot empresarial más visibles vinculadas a la guerra de Gaza. El movimiento palestino BDS mantiene a la multinacional francesa entre sus objetivos por su relación comercial en Israel con Electra Consumer Products y Yenot Bitan, por la actividad atribuida a esas compañías en el entramado de los asentamientos israelíes y por el apoyo que, según los activistas, la franquicia israelí prestó a soldados tras el 7 de octubre de 2023. La campaña continúa activa en 2026 y no se limita precisamente a cuatro carteles delante de un hipermercado.

Hay, sin embargo, una distinción importante. Carrefour Israel no es una filial convencional controlada directamente desde Francia, sino una actividad desarrollada mediante franquicia por una compañía independiente. Carrefour sostiene que su acuerdo prohíbe tanto la presencia de establecimientos y productos de la marca en los territorios palestinos ocupados como cualquier apoyo material a las fuerzas militares o policiales israelíes. Es justamente ahí donde chocan las dos versiones: varias organizaciones propalestinas sostienen que la realidad comercial sobre el terreno contradice esa explicación.

Por qué el BDS pide boicotear Carrefour

La historia comienza formalmente en marzo de 2022, cuando Carrefour anunció un acuerdo con Electra Consumer Products y Yenot Bitan para introducir su enseña en Israel. La apertura comercial llegó en mayo de 2023, inicialmente con alrededor de medio centenar de establecimientos transformados para operar bajo la marca francesa. La alianza permitió a Carrefour entrar en un mercado en el que hasta entonces no tenía una red propia.

Para BDS, el problema no es simplemente que Carrefour venda yogures, detergente o pasta en Israel. Su denuncia se centra en los socios elegidos y en sus presuntos vínculos con la economía de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Electra Ltd., perteneciente al mismo grupo empresarial, figuró en la base de datos elaborada por Naciones Unidas sobre compañías implicadas en determinadas actividades relacionadas con los asentamientos. En septiembre de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actualizó precisamente esa base de empresas.

La segunda acusación tiene una carga política todavía mayor. BDS sostiene que Carrefour-Israel entregó paquetes y alimentos a soldados israelíes durante la ofensiva desencadenada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La entrega de productos fue recogida también por medios franceses e internacionales y alimentó las campañas de protesta en países como Túnez y Marruecos. Carrefour, por su parte, sostiene en 2026 que el contrato de franquicia excluye expresamente cualquier apoyo material a las fuerzas armadas. Dos afirmaciones difíciles de hacer convivir en el mismo pasillo del supermercado.

Carrefour niega apoyar al Ejército israelí

La posición oficial del grupo es bastante distinta a la que presenta el movimiento de boicot. Carrefour recalca que trabaja en Israel mediante una franquicia gestionada por una empresa independiente y afirma que el contrato excluye establecimientos y productos Carrefour en territorios ocupados, además de cualquier apoyo material al Ejército o a la Policía.

El grupo ha defendido también durante estos años su neutralidad política. Cuando las protestas crecieron en el norte de África, Carrefour aseguró que sus franquiciados en los distintos países debían respetar ese principio. La estructura empresarial ayuda a entender el embrollo: una enseña puede verse idéntica desde la calle mientras detrás existen propietarios, sociedades y contratos diferentes. El logotipo es francés; la empresa que explota una tienda concreta puede no serlo.

Pero esa separación societaria no convence a los promotores del boicot. En mayo de 2026, una coalición integrada, entre otras organizaciones, por Al-Haq, la Liga francesa de Derechos Humanos, sindicatos franceses y asociaciones de solidaridad con Palestina publicó una nueva investigación asegurando haber localizado actividad de marcas franquiciadas y establecimientos Carrefour en asentamientos de Jerusalén Este y otras zonas ocupadas. El documento cita específicamente Neve Yaakov y Maccabim y afirma que algunas tiendas habrían pasado a utilizar directamente la enseña Carrefour. Son conclusiones de esas organizaciones, no hechos aceptados por la compañía, que las contradice.

Una disputa que llega hasta la caja del supermercado

Esa diferencia importa. Decir que una compra realizada en un Carrefour de Madrid, Valencia o Sevilla financia directamente al Ejército israelí sería ir más allá de lo que permiten demostrar los datos disponibles. El argumento del BDS funciona de otra manera: pretende ejercer presión sobre la marca matriz debido a sus acuerdos comerciales y exigir que rompa relaciones con empresas que el movimiento considera vinculadas a la ocupación.

Es el mecanismo clásico del boicot: convertir una decisión individual de consumo en una palanca económica y reputacional. Puede funcionar, puede tener efectos laterales y puede acabar perjudicando también a empleados o franquiciados locales que nada deciden sobre Oriente Próximo. Esa es una de las críticas habituales a este tipo de campañas. En Túnez, por ejemplo, quienes rechazaban el boicot recordaban que la franquicia local empleaba a miles de trabajadores y tenía capital mayoritariamente local.

Qué dijo realmente la Corte Internacional de Justicia

El argumento jurídico utilizado por los promotores del boicot tiene detrás una decisión de enorme importancia, aunque conviene contarla con precisión. El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró en una opinión consultiva que la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado es ilegal y que debe terminar lo antes posible. También determinó que Israel debe detener inmediatamente las nuevas actividades de asentamiento y evacuar a los colonos de los territorios ocupados.

La Corte añadió que los Estados tienen la obligación de no reconocer como legal la situación creada por esa presencia ilegal y de no prestar ayuda o asistencia para mantenerla. Esta última idea aparece con frecuencia, más comprimida, en las campañas contra Carrefour y otras multinacionales. Conviene matizarla: la opinión de la CIJ establece obligaciones internacionales fundamentalmente para Estados y organizaciones internacionales; no es una sentencia que declare culpable a Carrefour ni una resolución específica contra la compañía francesa.

Tampoco todo Israel es jurídicamente equivalente a los territorios ocupados. El centro del pronunciamiento de 2024 es el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este. Por eso la controversia empresarial no gira únicamente alrededor de que Carrefour tenga actividad comercial dentro de Israel, sino alrededor de si esa actividad, sus socios o sus franquicias alcanzan o benefician económicamente a los asentamientos.

Gaza y la palabra genocidio: el proceso sigue abierto

BDS describe la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, término empleado también por distintas organizaciones de derechos humanos, expertos y la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. Pero jurídicamente hay que mantener una frontera nítida: la Corte Internacional de Justicia todavía no ha dictado una sentencia definitiva estableciendo que Israel haya cometido genocidio en Gaza.

El procedimiento iniciado por Sudáfrica en diciembre de 2023 continúa abierto. Israel presentó su escrito de contestación en marzo de 2026 y rechaza categóricamente la acusación. La CIJ ha dictado durante el proceso distintas medidas provisionales relacionadas con la Convención contra el Genocidio y la protección de la población palestina, pero la decisión sobre el fondo llegará más adelante. Una orden de mayo de 2026 fijó para noviembre de 2027 el plazo de una nueva réplica sudafricana.

Eso no resta peso jurídico al pronunciamiento sobre la ocupación y los asentamientos, que pertenece a otro procedimiento de la propia CIJ. Simplemente evita mezclar dos causas diferentes. En un conflicto donde cada palabra acaba convertida en una pequeña trinchera, la precisión no es un lujo.

El boicot ya ha dejado huella fuera de Israel

La campaña contra Carrefour ha tenido particular intensidad en países árabes. En noviembre de 2024, el operador regional Majid Al Futtaim dejó de utilizar la marca Carrefour en Jordania y sustituyó sus establecimientos por HyperMax. Los activistas presentaron la decisión como una victoria del boicot, aunque la empresa no señaló oficialmente esa campaña como causa del cambio y habló de adaptación a las condiciones del mercado y a las preferencias de los consumidores.

El proceso siguió después. Entre 2024 y 2025 desapareció también la enseña Carrefour de Omán, Kuwait y Baréin, donde Majid Al Futtaim desarrolló su propia marca. BDS atribuye esta retirada regional a la presión sostenida de los consumidores; el operador, en cambio, ha explicado esos movimientos en términos comerciales y de apuesta por productos y cadenas locales. No existe una confirmación empresarial de que el boicot sea la única causa de esas salidas, de modo que adjudicarle todo el mérito sería convertir una correlación bastante sugerente en una certeza que las compañías no han respaldado.

La presión también alcanzó Marruecos y Túnez, donde se produjeron concentraciones frente a establecimientos. Label Vie, socio de Carrefour en Marruecos, reconoció que la marca se había visto afectada durante 2024, después de meses de movilizaciones. En España se han celebrado igualmente acciones ante supermercados, desde Barcelona hasta otras ciudades, y colectivos integrados en la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina han mantenido campañas específicas contra la cadena.

Una marca global atrapada en una disputa que ya no cabe en el lineal

El boicot a Carrefour no nace de una supuesta propiedad israelí de la cadena —Carrefour es un grupo francés— ni existe una resolución internacional que haya condenado a la compañía por colaborar con el Ejército de Israel. Lo que existe es un acuerdo de franquicia con socios israelíes, acusaciones documentadas por organizaciones propalestinas sobre vínculos de esos socios con los asentamientos, la polémica por los paquetes entregados a soldados y una campaña internacional que considera insuficiente la distancia que Carrefour establece entre la matriz francesa y su operador israelí.

Del otro lado está la negativa expresa de Carrefour: ni tiendas en territorios ocupados ni apoyo material a fuerzas militares, según la compañía. Y entre ambos relatos aparecen nuevas investigaciones de ONG que dicen haber encontrado justamente lo contrario. La discusión, por tanto, no está en si existe el boicot —existe, sigue activo y ha adquirido dimensión internacional—, sino en hasta dónde alcanza la responsabilidad de una multinacional sobre lo que hacen sus franquiciados y socios comerciales.

Ahí está el verdadero fondo. Un supermercado puede parecer el lugar menos geopolítico del mundo: fluorescentes, carros que chirrían, promociones de tres por dos. Pero una marca global lleva consigo contratos, socios y decisiones tomadas a miles de kilómetros. Y cuando esos contratos rozan una ocupación declarada ilegal por la principal corte de Naciones Unidas, la compra de un paquete de café deja de ser, para una parte de los consumidores, un gesto completamente inocuo. Carrefour preferiría hablar solo de precios y distribución. El conflicto de Gaza y Cisjordania ha convertido también el lineal del supermercado en terreno político.