¿Por qué Peinado devuelve el caso Barrabés a la Fiscalía Europea?

El juez Juan Carlos Peinado ha remitido a la Fiscalía Europea la investigación abierta contra el empresario Juan Carlos Barrabés por las posibles irregularidades cometidas en la adjudicación de un contrato de Red.es valorado en unos cuatro millones de euros. El magistrado deja así de dirigir esta pieza separada, centrada en presuntos delitos de prevaricación y fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La decisión no supone que el procedimiento haya terminado ni que las sospechas hayan quedado descartadas. Cambia el despacho desde el que se investiga. La Fiscalía Europea reclamó el expediente después de que la Audiencia Provincial de Madrid determinara que estos hechos debían quedar fuera de la causa principal relacionada con Begoña Gómez. Ella no está investigada en esta pieza concreta, pese a que su nombre apareciera inicialmente en una resolución que Peinado rectificó al día siguiente.

El expediente judicial ha realizado un viaje bastante español y bastante europeo: pasó por fiscales comunitarios, regresó al juzgado madrileño, fue alojado en una pieza separada y vuelve ahora a manos europeas. Una maleta procesal con más etiquetas que ropa dentro. Pero detrás del laberinto competencial existe una cuestión seria: determinar si una adjudicación pública pudo favorecer indebidamente a la unión temporal de empresas formada por Innova Next y la consultora KPMG.

Peinado entrega una pieza que ya no encajaba en su causa principal

El movimiento del juez llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara el procedimiento impulsado contra Begoña Gómez. En su resolución de julio, el tribunal permitió que continuara la tramitación mediante jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, pero excluyó otras líneas y consideró que no había indicios suficientes para enviar a Barrabés a juicio dentro de ese procedimiento.

Ese recorte dejó el contrato investigado en una especie de habitación contigua. No formaba parte del relato que podía llegar a juicio contra Gómez, pero tampoco había sido valorado ni sobreseído. Peinado abrió entonces una pieza separada exclusivamente para investigar a Barrabés por posibles delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión.

La Fiscalía Europea ejerció su derecho de avocación, es decir, la facultad de asumir una investigación nacional cuando aprecia que pueden haberse perjudicado fondos comunitarios. Peinado aceptó esa competencia, remitió las actuaciones y archivó la pieza en su juzgado. Ese archivo es consecuencia del traslado: no equivale a una declaración de inocencia, a una absolución ni a una resolución sobre el fondo de las sospechas.

La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la UE encargado de investigar y perseguir delitos que afecten al presupuesto comunitario. Puede dirigir diligencias en España y, cuando considera que existen pruebas suficientes, ejercer la acusación ante los tribunales españoles. Bruselas o Luxemburgo no sustituyen al juez nacional que eventualmente celebraría el juicio; dirigen la investigación y actúan como fiscalía.

El contrato de Red.es que queda bajo sospecha

La investigación se centra en el expediente denominado Servicio de Oficina Acelera Pyme-Servicio de Apoyo y Asesoramiento, adjudicado en 2021 por la entidad pública Red.es a una UTE integrada por KPMG e Innova Next. Esta última pertenecía al entramado empresarial de Juan Carlos Barrabés Cónsul —Cónsul es su segundo apellido, no un repentino destino diplomático—.

El importe se situó en torno a los cuatro millones de euros. La documentación manejada por el juzgado y la Fiscalía Europea sostiene que el proyecto pudo recibir financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el conocido Feder. Precisamente esa posible participación de dinero comunitario fundamenta la intervención de los fiscales europeos.

Aquí aparece, sin embargo, una discrepancia sustancial. Red.es ha defendido que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unión y que, por esa razón, sería materialmente imposible haber cometido un fraude contra los intereses financieros europeos. La Fiscalía Europea sostiene lo contrario y considera que dispone de base para ejercer su competencia. No es una discusión decorativa: del origen de los fondos depende tanto quién investiga como uno de los posibles delitos.

También conviene separar este expediente de los contratos acompañados por las declaraciones de interés firmadas por Begoña Gómez. Según Red.es y las informaciones conocidas sobre la causa, el contrato ahora remitido no contó con una carta suya. La UCO lo relaciona con los demás concursos por la forma en la que fue tramitado y por la participación de empresas de Barrabés, no porque exista en este procedimiento concreto una recomendación de la esposa del presidente.

El libro blanco que desapareció de la valoración

Uno de los elementos principales de la investigación es la ausencia del llamado libro blanco, un documento requerido en las condiciones de la licitación. La UCO de la Guardia Civil sostiene que la oferta presentada por la UTE de Innova Next y KPMG no lo incluyó correctamente y que esa carencia habría sido omitida deliberadamente en el informe de valoración publicado.

Los agentes consideran que la omisión pudo servir para evitar que los demás licitadores conocieran el incumplimiento y lo impugnaran. La sospecha no consiste, por tanto, en un simple papel olvidado en una carpeta: se investiga si quienes evaluaron las propuestas ocultaron conscientemente una deficiencia documental que podía comprometer la participación o la puntuación de la oferta finalmente ganadora.

El informe de la UCO habla también de “decisiva arbitrariedad” en la valoración de contratos vinculados al grupo Barrabés. Entre los mensajes internos analizados aparecen conversaciones en las que responsables de la evaluación planteaban reducir las puntuaciones de otras candidaturas y dar por buena la propuesta relacionada con el empresario. Son indicios recogidos por los investigadores, no hechos declarados probados por una sentencia. Esa frontera importa, aunque a veces el ruido político la pise con botas de montaña.

Red.es rechaza que hubiera trato de favor. La entidad pública defiende que las ofertas fueron examinadas conforme a criterios técnicos y que las diferencias entre evaluadores no demuestran una manipulación del concurso. Corresponderá ahora a la Fiscalía Europea comprobar la documentación, interrogar a los implicados y establecer si las irregularidades administrativas descritas alcanzan relevancia penal.

Por qué la investigación vuelve a manos europeas

La Fiscalía Europea ya había examinado contratos de Red.es adjudicados a empresas relacionadas con Barrabés. Parte de esas actuaciones regresaron al juez Peinado después de que la Audiencia Nacional entendiera que estaban conectadas con la causa tramitada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

La situación cambió cuando la Audiencia Provincial delimitó el posible juicio contra Begoña Gómez y dejó esta adjudicación fuera del procedimiento principal. La Fiscalía Europea interpretó que el expediente había quedado autónomo: no estaba siendo incluido en la acusación, pero tampoco había sido archivado tras una valoración de sus indicios. El 17 de julio reclamó nuevamente su competencia.

El organismo europeo añadió otro argumento: ya investigaba otros contratos relacionados con fondos comunitarios y con empresas de Barrabés. Mantener también este expediente bajo una misma dirección permitiría analizar posibles conexiones, comparar los métodos de valoración y evitar investigaciones paralelas que terminaran recorriendo las mismas mesas, los mismos correos y los mismos nombres.

La avocación no es automática cada vez que aparece un euro procedente de la Unión. En octubre de 2025, la propia Fiscalía Europea había rechazado asumir toda la investigación sobre los contratos de Barrabés porque la causa española estaba avanzada y el traslado podía provocar retrasos y distorsiones. El escenario procesal es diferente: la adjudicación de cuatro millones ha sido separada del procedimiento nacional que se aproximaba al juicio.

Begoña Gómez queda fuera de esta investigación

El nombre de Begoña Gómez sigue unido mediáticamente a cualquier novedad relacionada con Barrabés, pero jurídicamente las piezas no son intercambiables. Peinado la incluyó inicialmente entre las personas investigadas por los dos nuevos delitos y rectificó después, aclarando que esta línea se dirigía únicamente contra el empresario.

Gómez intervino como testigo en otras diligencias de la Fiscalía Europea relacionadas con adjudicaciones de Red.es y había firmado cartas de interés utilizadas en otros concursos. No consta, sin embargo, que recomendara el contrato concreto adjudicado a la UTE de KPMG e Innova Next que vuelve a la fiscalía comunitaria.

La causa principal contra ella continúa por una vía distinta. La Audiencia Provincial de Madrid ha permitido que avance el procedimiento de jurado por posibles delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras descartó que pudiera seguir por apropiación indebida y corrupción en los negocios. El tribunal también consideró prematuro sentar a Barrabés en el banquillo dentro de esa causa por falta de indicios suficientes para enjuiciarlo en ese momento.

Esto no significa que la investigación europea sea irrelevante para el contexto general. Sus resultados pueden aportar información sobre cómo se tramitaron los contratos de Red.es, qué papel desempeñaron los evaluadores y si existió un patrón favorable a determinadas empresas. Pero cualquier eventual conexión tendrá que acreditarse con pruebas, no mediante parentescos políticos, titulares por aproximación o ese pegamento narrativo que une expedientes distintos porque comparten protagonistas.

Qué cambia realmente con la decisión de Peinado

A partir de ahora, serán los fiscales europeos delegados quienes decidan qué diligencias deben practicarse. Podrán examinar los informes de la UCO, solicitar documentación sobre el origen de los fondos, tomar declaración a Barrabés y citar a los responsables de la adjudicación. Peinado no había llegado a interrogar al empresario ni a los agentes que elaboraron el informe sobre esta pieza, y tampoco resolverá los recursos pendientes presentados por las partes.

La investigación deberá despejar dos planos diferentes. Primero, si la adjudicación estuvo realmente financiada con dinero europeo, cuestión discutida por Red.es. Segundo, si la ausencia del libro blanco, las puntuaciones concedidas y las conversaciones internas revelan una actuación deliberadamente arbitraria con entidad suficiente para constituir delitos de prevaricación o fraude.

Ni la remisión a Europa demuestra que existió un amaño ni la negativa de Red.es convierte las sospechas en una fantasía. La documentación debe ser contrastada, los responsables tienen derecho a defenderse y sobre Barrabés rige plenamente la presunción de inocencia. La tarea de una investigación penal no consiste en confirmar el titular más ruidoso, sino en comprobar si los indicios soportan el peso de una acusación.

La competencia cambia, las incógnitas permanecen

La decisión de Peinado limpia, al menos provisionalmente, el mapa judicial. La causa que afecta a Begoña Gómez seguirá su propio recorrido y la investigación sobre el contrato de cuatro millones adjudicado a la UTE de Innova Next y KPMG quedará bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

El traslado tampoco rebaja la importancia del expediente. Al contrario: coloca la lupa sobre el posible uso de fondos comunitarios, sobre los criterios utilizados por Red.es y sobre una omisión documental que la Guardia Civil considera deliberada. La fiscalía deberá decidir si detrás de una contratación administrativa discutible hubo algo más: una voluntad consciente de beneficiar a un licitador y perjudicar al presupuesto europeo.

Por ahora solo existe una certeza procesal. Peinado se aparta, Europa asume las pesquisas y Barrabés continúa investigado. Lo demás —el origen exacto del dinero, la trascendencia del libro blanco y la posible existencia de un trato de favor— sigue dentro de la caja negra. Con abundantes papeles, varios tribunales implicados y ninguna sentencia que permita confundir sospecha con culpabilidad.