Peinado archiva la causa contra Judit González en el caso Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la investigación por presunta malversación contra Judit González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno, después de tomarle declaración como investigada. La decisión supone el sobreseimiento libre para González y la aparta de esta rama del procedimiento, centrada en la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El archivo no cierra la causa que investiga la actividad de Álvarez ni el conjunto de las pesquisas relacionadas con Gómez. El foco judicial de esta parte del procedimiento era determinar si la asesora realizó tareas privadas para la esposa del presidente mientras ocupaba un puesto público y si pudo existir un uso indebido de recursos públicos. La decisión se refiere a González, no al resto de las personas investigadas ni a todas las líneas de la causa.

Qué decidió el juez tras la declaración

González compareció después de que Peinado la citara como investigada por su posible responsabilidad en la contratación y las funciones de Álvarez. La hipótesis que el magistrado había planteado era la de una eventual malversación por comisión por omisión: en esencia, se examinaba si la secretaria general pudo tener el deber de impedir que la asesora desarrollara labores privadas para Gómez y si la falta de actuación podía tener relevancia penal. La citación expresaba una sospecha que debía investigarse, no una declaración de culpabilidad.

Durante la comparecencia, González respondió a las preguntas del juez y de su abogado, una vez informada de los hechos que se le atribuían. Las informaciones sobre la vista también señalaron que contestó a preguntas de las defensas, aunque no todas intervinieron. Según lo trasladado por fuentes jurídicas, la alto cargo se desvinculó de las acusaciones y explicó sus funciones dentro de la Presidencia. Su declaración fue el momento procesal inmediato al que siguió el archivo, aunque esa secuencia no permite, por sí sola, reconstruir todos los fundamentos de la resolución.

Algunas informaciones atribuyeron la decisión a que el cargo de González no guardaba relación con los hechos investigados y a que la asesora no dependía directamente de ella. El material disponible no reproduce el auto completo ni permite precisar cada argumento jurídico empleado por Peinado. Por eso, la explicación más prudente es que el juez acordó el sobreseimiento libre tras la comparecencia, después de examinar la posición de González en los hechos. No debe confundirse la hipótesis inicial con la resolución final: la primera justificó investigar; la segunda puso fin a esa investigación respecto de ella.

La acusación se centraba en una posible omisión

La imputación no sostenía necesariamente que González hubiera contratado personalmente a Álvarez o que hubiera ejecutado los trabajos que se investigaban. El planteamiento descrito por el juez apuntaba a una posible responsabilidad por no haber impedido determinadas actuaciones. Esa diferencia es importante: en una causa penal, la pregunta puede ser tanto quién realizó una conducta como quién tenía una obligación concreta de evitarla y si incumplirla puede constituir delito. En este caso, el núcleo era la posible omisión de un deber, no una atribución automática de responsabilidad por ocupar un cargo de alta dirección.

La investigación se relacionaba con el puesto de Álvarez como asesora en Moncloa y con la posibilidad de que hubiera dedicado parte de su trabajo a asuntos privados de Gómez, vinculados en las pesquisas con sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid. El juez trataba de aclarar si existió un desvío de dinero público o si las tareas de la asesora se mantuvieron dentro de las funciones propias de su puesto. La cuestión investigada combinaba el uso de fondos públicos con la naturaleza de las tareas realizadas; no bastaba con constatar que Álvarez trabajaba en Presidencia para resolverla.

Ese marco explica por qué la función de González era relevante para la instrucción: el magistrado debía establecer qué responsabilidades tenía dentro de la estructura de Presidencia y si podía intervenir sobre el trabajo de la asesora. La declaración permitió que expusiera su versión y delimitara su papel, aunque no se han facilitado aquí detalles completos de sus respuestas. De acuerdo con las informaciones publicadas, González afirmó que Álvarez no dependía directamente de ella. La relación jerárquica y las competencias efectivas eran elementos centrales para valorar si podía atribuírsele una omisión con relevancia penal.

El archivo de González no termina la causa

González era una de las cinco personas investigadas que aparecían en esta fase del procedimiento. Junto a ella figuraban Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y Francisco Martín Aguirre, que había sido secretario general de la Presidencia antes de González. El archivo modifica la situación procesal de una de esas personas, pero no convierte en inexistentes las demás líneas de investigación. La causa conserva un alcance más amplio que la imputación de González, porque analiza también la contratación de Álvarez y sus posibles funciones.

La distinción entre archivar una investigación para una persona y cerrar un procedimiento completo suele perderse en los titulares. En este caso, la noticia principal es que Peinado dejó sin efecto la investigación contra la secretaria general de Presidencia. No se desprende de esa decisión que el juez haya descartado de forma general cualquier irregularidad en la contratación de la asesora, ni que haya resuelto el fondo de las pesquisas sobre Gómez. El efecto conocido es individual y limitado a González; el estado de las demás personas debe describirse por separado.

También conviene separar el archivo de una acusación de una sentencia absolutoria tras un juicio. El proceso estaba en fase de instrucción y la declaración de González se produjo como investigada, no como acusada en un juicio oral. El sobreseimiento libre es la fórmula con la que se puso fin a la investigación respecto de ella, según las informaciones sobre la resolución. Sin el texto íntegro del auto, no corresponde atribuirle motivos más detallados de los que han trascendido. La resolución sí marca un desenlace procesal para su participación, pero no permite dar por resuelto todo el debate judicial que originó la causa.

Una citación que cambió de fecha y de sala

La comparecencia de González estaba prevista inicialmente para el 12 de noviembre, pero el instructor la trasladó a un domingo por la incompatibilidad de agenda de uno de los abogados. La fecha exacta de ese domingo no aparece de forma consistente en los datos de referencia, por lo que no conviene asignarle un día concreto. Las fuentes jurídicas señalaron además que Peinado modificó el servicio de guardia para que la vista se celebrara en la sala del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, en la planta quinta de los juzgados de Plaza de Castilla. El cambio de sala no altera que la instrucción correspondiera al juzgado de Peinado.

La precisión importa porque la celebración en una sala de otro órgano judicial puede parecer, leída deprisa, un cambio de juez o de tribunal. Lo que describieron las informaciones fue una reorganización práctica para celebrar la comparecencia durante el servicio de guardia. El procedimiento seguía bajo la dirección del magistrado que instruye la causa. El lugar físico de una declaración y el órgano que dirige la investigación no son necesariamente lo mismo, una diferencia administrativa que en este caso ayuda a entender por qué la vista se desarrolló en una sala distinta.

El cambio de fecha y la comparecencia dominical ocuparon parte de la cobertura, pero no explican el contenido de la decisión. Lo decisivo fue que González declaró en calidad de investigada y que, después, el juez acordó el archivo respecto de ella. Los detalles sobre quién preguntó y qué competencias describió ayudan a situar el trámite, aunque no sustituyen a la resolución judicial. La secuencia procesal debe leerse sin convertir cada detalle logístico en un argumento de fondo: la modificación de agenda no determina por sí misma la valoración de la responsabilidad.

Los testimonios que coincidieron con la comparecencia

En la misma jornada declararon como testigos Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa, Miguel Escassi, directivo de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense. Sus testimonios estaban relacionados con otras partes de las pesquisas, entre ellas la vinculación de Gómez con el Instituto de Empresa, la cátedra universitaria y el desarrollo de un programa informático. Sus comparecencias eran distintas de la investigación seguida contra González: declarar como testigo no equivale a estar investigado ni supone que el juez haya confirmado una irregularidad.

Del Alcázar reiteró, según las fuentes presentes en la declaración, que no hubo intercambio de correos entre el Instituto de Empresa y Álvarez durante los años en que Gómez estuvo vinculada al organismo. También se mantuvo en la explicación que ya había ofrecido sobre la contratación de Gómez: indicó que su currículum se ajustaba al puesto. Las informaciones señalaron que respondió a preguntas de las acusaciones y que el juez interrumpió una cuestión sobre ese extremo al considerar que ya había sido aclarado. El testimonio aportó datos sobre la relación con el Instituto de Empresa, pero no resolvió por sí solo las demás líneas de la causa.

Escassi manifestó que no había tratado directamente con Álvarez. Su comparecencia se relacionaba con la cátedra codirigida por Gómez en la Complutense y con los contactos para obtener financiación destinada al desarrollo del software asociado al proyecto. Por su parte, fuentes cercanas a Google describieron la colaboración con la plataforma universitaria Transforma TSC como parte de sus iniciativas de apoyo a la transformación digital y señalaron que la compañía participaba en 150 proyectos con universidades e instituciones en los cinco años anteriores. Ese dato contextualiza la actividad de la empresa, pero no acredita por sí mismo quién hizo cada gestión ni cómo se organizaron las tareas de la cátedra.

Doadrio explicó que conoció a Álvarez durante la firma del convenio de la cátedra y que había coincidido con ella y con Gómez en algunas comidas relacionadas con ese trabajo. También dijo que supo por la prensa que el software no se había inscrito en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense. Según las informaciones sobre su declaración, se ratificó en que no tenía competencias sobre las facturas de la cátedra, incluidos los pagos vinculados al programa, y recordó que había recibido del rector la indicación de crear una cátedra para Gómez. Su relato abordó la gestión universitaria y las responsabilidades administrativas, no la posición de González en Presidencia.

Qué permite afirmar la resolución y qué queda abierto

La conclusión firme que puede extraerse es concreta: Peinado archivó la investigación contra González después de escucharla y acordó el sobreseimiento libre en relación con ella. Las noticias atribuyeron la decisión a que sus funciones no estaban conectadas con los hechos investigados y a que Álvarez no dependía directamente de la secretaria general. Sin el auto completo, es preferible no presentar esas explicaciones periodísticas como una transcripción exhaustiva del razonamiento judicial. El alcance cierto del archivo es el fin de la investigación sobre González en esta causa, no una declaración general sobre todas las conductas examinadas.

Siguen siendo cuestiones diferentes la contratación de Álvarez, las tareas que desempeñaba, la relación de esas funciones con las actividades privadas de Gómez y el eventual uso de recursos públicos. La instrucción buscaba aclarar esos extremos mediante declaraciones de personas con responsabilidades diversas. Que un testigo niegue haber mantenido contacto con la asesora, que otro describa su intervención en un convenio o que un directivo explique la colaboración de una empresa son piezas del expediente, pero no equivalen a una resolución judicial sobre el conjunto. Las declaraciones aportan contexto y versiones que deben valorarse en su conjunto.

El archivo de una persona puede reducir el número de responsabilidades que el juzgado examina, pero no elimina automáticamente la pregunta de fondo sobre el funcionamiento de un puesto público ni la investigación de las demás personas citadas. En este caso, la decisión separa la situación de González del resto del procedimiento y evita extenderle una hipótesis que el juez había planteado al inicio. El alcance final dependerá de las resoluciones que se adopten sobre cada línea y cada investigado. Por ahora, la noticia es precisa: la secretaria general queda fuera de esta investigación, mientras las pesquisas sobre la asesora y el resto de la causa siguen siendo asuntos distintos.