¿Qué países prohíben las redes sociales a menores y desde qué edad?

La carrera por limitar el acceso de los menores a las redes sociales ya ha dejado de ser una discusión de sobremesa entre padres, colegios y psicólogos. Australia aplica desde diciembre de 2025 restricciones para los menores de 16 años; Portugal ha avanzado con límites y autorización familiar; Francia intentó cerrar las redes a los menores de 15 años y chocó con su Consejo Constitucional; España tramita una norma que pretende elevar a 16 años la edad mínima de registro, mientras Bruselas acaba de colocar una propuesta común sobre la mesa.

El movimiento más importante por su alcance llegó el 17 de septiembre de 2026. La Comisión Europea presentó el EU KIDS Act, que plantea impedir el acceso a redes sociales a los menores de 13 años, permitir entre los 13 y los 14 únicamente cuentas supervisadas por los padres y fijar en los 15 años el acceso a una cuenta autónoma. De momento no es una prohibición vigente en toda la UE: la propuesta todavía debe superar la negociación y aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo.

La fotografía mundial, por tanto, tiene bastante menos nitidez de la que sugieren algunos titulares. Hay países con restricciones ya en vigor, otros con normas aprobadas pendientes de aplicación y un tercer grupo que continúa discutiendo proyectos. Y detrás de casi todos aparece el mismo obstáculo: cómo comprobar la edad sin convertir Internet en una aduana permanente de documentos, rostros y datos personales.

Europa pone una edad mínima sobre la mesa

El EU KIDS Act pretende convertir el mosaico europeo de edades, autorizaciones y proyectos nacionales en un marco común. El planteamiento de Bruselas distingue claramente varias etapas: antes de los 13 años no habría acceso a redes sociales; entre 13 y 14 podrían utilizarse determinadas cuentas infantiles vinculadas a un adulto, y desde los 15 sería posible disponer de una cuenta propia. Esas cuentas supervisadas tendrían restricciones sobre contactos y contenidos y un límite de uso de hasta una hora diaria.

Pero Bruselas no se limita a poner una verja en la puerta. La propuesta entra también en la arquitectura que mantiene al usuario mirando la pantalla. Pretende prohibir para los menores mecanismos considerados especialmente persuasivos, como el scroll infinito, determinados sistemas de recompensas, las notificaciones durante las horas de sueño o los sistemas de recomendación basados en perfilado que pueden empujar al usuario hacia cadenas de contenido perjudicial. Los perfiles de menores deberían ser privados por defecto, mientras cámara, micrófono y geolocalización permanecerían inicialmente desactivados.

También quedarían bajo vigilancia los videojuegos en línea y los asistentes o compañeros de inteligencia artificial dirigidos a menores. La propuesta establece que estos últimos estén desactivados por defecto y limita diseños capaces de simular relaciones personales susceptibles de generar dependencia emocional. Dicho de otro modo: la discusión europea empieza a alejarse de la vieja casilla de “tengo más de 13 años”, quizá una de las barreras de seguridad más optimistas jamás inventadas.

El otro gran asunto es la verificación de edad. Bruselas prevé sistemas que permitan acreditar que el usuario pertenece a determinada franja de edad sin entregar necesariamente una copia del DNI a cada plataforma. El planteamiento comunitario busca que esa comprobación pueda hacerse mediante herramientas de identidad digital que revelen la edad necesaria sin exponer más datos personales de los imprescindibles.

España quiere llevar el acceso autónomo a los 16

España ha escogido, al menos en el proyecto que está tramitándose, una frontera algo más alta. El Gobierno mantiene su intención de elevar a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales, dentro del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Pedro Sánchez reiteró el 9 de septiembre que la iniciativa seguía en tramitación parlamentaria, por lo que la restricción todavía no puede presentarse como una norma plenamente vigente.

El Ejecutivo había anunciado la medida en febrero y posteriormente la ha vinculado a sistemas efectivos de comprobación de edad y a una regulación más amplia sobre la responsabilidad de las plataformas. El debate español comparte así el problema que recorre media Europa: fijar 15 o 16 años en una ley es relativamente sencillo; saber quién tiene realmente 14 detrás de una pantalla es otra historia.

Portugal se ha movido en una dirección cercana. Su Parlamento aprobó inicialmente en febrero un proyecto que exige consentimiento parental entre los 13 y los 16 años, apoyándose en un sistema público de identidad digital para acreditar esa autorización. El texto reforzaba además las restricciones aplicables a los menores de 13 años, aunque aquella votación era una primera lectura y el proyecto seguía sujeto a la tramitación parlamentaria.

Dinamarca ha avanzado hacia un modelo con un límite general de 15 años y posibles excepciones autorizadas por los padres desde los 13. Alemania ha estudiado fórmulas para restringir el acceso de los menores y Noruega ha trabajado sobre una edad mínima de 15 años. No todas esas medidas tienen el mismo rango jurídico ni están en la misma fase, una diferencia importante cuando se habla alegremente de “países que han prohibido” algo que, en algunos casos, sigue escrito en un proyecto.

Francia choca con el control constitucional

Francia ofrece quizá el ejemplo más revelador de lo complicada que puede resultar esta legislación. El Parlamento francés aprobó en julio una prohibición para los menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional declaró inconstitucional el 14 de agosto el artículo central que establecía esa restricción general. Emmanuel Macron encargó después al Gobierno reformular la medida.

El Consejo Constitucional reconoció que proteger a los menores puede justificar restricciones, pero consideró que el sistema aprobado afectaba de forma desproporcionada a la libertad de expresión y comunicación. También señaló la falta de garantías suficientes para la privacidad asociadas a una verificación de edad que, en la práctica, tendría que alcanzar también a los adultos.

El episodio francés introduce una pieza que a veces queda enterrada bajo el debate sobre adicción, acoso o tiempo de pantalla: los menores también tienen derechos fundamentales, entre ellos los relacionados con la expresión, la información y la privacidad. Protegerlos de determinados riesgos digitales no elimina la obligación del legislador de justificar que la restricción sea proporcionada y de evitar métodos de comprobación de edad desmesurados.

Francia no ha abandonado la idea de regular con más dureza el acceso de los menores. El tropiezo constitucional, sin embargo, muestra que una prohibición digital no se resuelve simplemente colocando un número delante de la palabra “años”. La letra de la ley importa; el modo de aplicarla, todavía más.

Australia: la primera prueba real del veto

Australia sigue siendo el gran laboratorio. Desde el 10 de diciembre de 2025, las principales redes sociales deben adoptar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Threads, Twitch y Kick figuran entre las plataformas afectadas. Las compañías pueden afrontar sanciones de hasta 54,6 millones de dólares australianos si incumplen sus obligaciones.

Hay un matiz importante: la norma australiana no convierte en infractor al adolescente que entra en una red ni prohíbe necesariamente que consulte contenido público sin iniciar sesión. La obligación recae sobre las plataformas, que deben tomar medidas razonables para impedir que los menores de 16 años mantengan cuentas. Parece una diferencia jurídica pequeña; no lo es.

La experiencia australiana ha aportado algo que faltaba al debate: datos de una restricción realmente aplicada. Y esos datos aconsejan desconfiar tanto del entusiasmo como del catastrofismo.

La evaluación publicada por eSafety mostró que el porcentaje de menores de 16 años que declaraba disponer de una cuenta en redes descendió del 52,4% al 42,1% durante los primeros meses. También cayó el porcentaje que utilizaba alguna plataforma, tuviera o no cuenta, del 85,9% al 81,5%. Es una reducción medible, aunque bastante alejada de una desaparición del uso.

El regulador australiano señaló además que muchos menores que tenían cuentas antes de la entrada en vigor consiguieron conservarlas o abrir otras nuevas y atribuyó buena parte del problema a sistemas de comprobación de edad todavía insuficientes. Por eso no resulta exacto traducir ese 81,5% como que ocho de cada diez menores simplemente “burlaron el veto”: el porcentaje mide uso de redes con o sin cuenta, no exclusivamente evasión fraudulenta de los controles.

Ahí aparece la paradoja. Una plataforma puede cerrar millones de perfiles y, al mismo tiempo, seguir teniendo adolescentes dentro. Australia informó de 4,7 millones de cuentas retiradas o desactivadas en la primera fase, pero la vida digital no funciona como una puerta física con un vigilante delante. Hay edades falsas, navegación sin iniciar sesión, dispositivos familiares, VPN y señales que las compañías deben interpretar. La ley existe; el filtro perfecto, no.

Asia y otros países aceleran las restricciones

El modelo australiano ha viajado deprisa. Malasia empezó en junio a exigir verificación de edad y a impedir que los menores de 16 años abrieran o mantuvieran cuentas en los servicios afectados. Indonesia puso en marcha desde finales de marzo restricciones para menores de 16 años en plataformas consideradas de alto riesgo, entre ellas TikTok, Facebook, Instagram y Roblox.

Los Emiratos Árabes Unidos fijaron en junio los 15 años como edad mínima para disponer de una cuenta personal en redes sociales. Turquía también ha debatido y avanzado medidas para endurecer el acceso de los menores, aunque su proceso regulatorio no debe confundirse con un sistema idéntico al australiano. Las fronteras de edad se parecen; las leyes, no siempre.

Grecia ha anunciado restricciones para menores de 15 años con aplicación prevista desde enero de 2027. Nueva Zelanda ha estudiado igualmente un límite de 16. En conjunto, lo que empezó como una excepcionalidad australiana se ha convertido en una tendencia regulatoria internacional, aunque bajo sistemas muy distintos y difícilmente comparables entre sí.

China sigue otro camino. Su política digital para menores se apoya desde hace años en modos específicos para usuarios jóvenes y en restricciones de tiempo y horarios, un modelo mucho más integrado en el control de dispositivos y servicios. No es exactamente el esquema occidental de impedir la apertura de una cuenta hasta determinada edad: la lógica regulatoria y el sistema político son distintos, de modo que meter todos esos modelos en la misma caja llevaría a conclusiones bastante pobres.

Italia, mientras tanto, continúa discutiendo varias fórmulas. En el Parlamento se han presentado iniciativas para elevar la edad de acceso autónomo, reforzar el consentimiento parental, imponer sistemas de comprobación de edad y cargar más responsabilidad sobre las plataformas. Entre ellas figuran propuestas vinculadas a Lavinia Mennuni y Marianna Madia, Mara Carfagna y Giorgia Latini, junto a otros textos que ponen el foco en la verificación, los algoritmos y la protección del menor.

Estados Unidos gira hacia la responsabilidad de las plataformas

Estados Unidos no dispone de una prohibición federal equivalente a la australiana, aunque varios estados han impulsado restricciones y el debate regulatorio sobre la seguridad infantil continúa creciendo. Allí, además, la batalla no se libra únicamente en los parlamentos. También ha llegado con fuerza a los tribunales.

Meta alcanzó en agosto acuerdos por hasta 18.000 millones de dólares para resolver litigios impulsados por numerosos estados estadounidenses en torno a los daños atribuidos al uso de Facebook e Instagram por menores. Las demandas sostenían, entre otras acusaciones, que determinados diseños fomentaban un uso compulsivo y que la empresa había presentado de manera engañosa la seguridad de sus productos. Meta negó haber cometido irregularidades.

Los acuerdos incorporan cambios sobre el uso adolescente de Facebook e Instagram, entre ellos límites diarios, restricciones nocturnas y mayores controles sobre contenidos no apropiados para determinadas edades. La cifra económica impresiona, claro. Pero el giro más interesante está en otra parte: el debate empieza a desplazarse del comportamiento del adolescente hacia el diseño del producto que tiene delante.

Ya no se discute únicamente cuánto tiempo pasa un menor mirando el móvil, sino quién decidió que después de un vídeo apareciera otro, y otro, y otro; quién envía la notificación, qué algoritmo escoge el siguiente contenido y qué información utiliza para hacerlo. El problema deja de ser exclusivamente cuánto autocontrol tiene un niño y empieza a mirar también a quienes diseñan la máquina que compite por su atención.

La edad digital deja de ser una casilla decorativa

Durante años, buena parte de Internet resolvió la edad con una pregunta y un botón. El usuario afirmaba haber cumplido los años requeridos y la puerta se abría. Un sistema cómodo, barato y de una eficacia aproximadamente comparable a preguntar a un niño delante del tarro de galletas si ha cogido alguna. La edad digital, durante demasiado tiempo, fue casi una declaración de buena fe.

Eso está cambiando. Australia ya ha trasladado buena parte de la responsabilidad a las compañías; España tramita los 16 años; Francia tendrá que reformular su modelo; Portugal introduce autorización familiar y Bruselas pretende fijar un marco común para toda la Unión Europea. La dirección internacional es clara, aunque las leyes concretas sigan avanzando a velocidades diferentes.

Queda la parte difícil. Verificar la edad con suficiente fiabilidad sin crear una enorme base de datos sobre quién entra en cada servicio, preservar la privacidad, impedir que los controles sean triviales de sortear y decidir qué plataformas son realmente redes sociales. WhatsApp no funciona como TikTok; YouTube no es Instagram; un videojuego con chat tampoco encaja limpiamente en ninguna de esas categorías.

El EU KIDS Act intenta responder precisamente a ese salto: no quedarse solo con la edad, sino intervenir también sobre privacidad, algoritmos, contactos, publicidad, notificaciones y técnicas destinadas a prolongar el tiempo de uso. Si el texto supera la negociación europea, el viejo botón de “soy mayor de 13 años” empezará a parecer lo que siempre fue: una frontera dibujada con lápiz sobre una pantalla.