La OTAN y el dilema de responder antes a Rusia

La OTAN no ha decidido lanzar ataques preventivos contra Rusia ni ha cambiado su doctrina para hacerlo. Lo que sí está sobre la mesa es cómo responder con más rapidez a operaciones híbridas —como ciberataques, sabotajes e incursiones con drones— y si, en ciertos casos, podría actuar antes de que causen daños. La diferencia es decisiva: neutralizar una agresión concreta e inminente no es lo mismo que atacar a un adversario porque podría ser peligroso en el futuro.

La discusión refleja un problema práctico y jurídico: las acciones encubiertas suelen causar daños sin cruzar de forma clara el umbral de un ataque armado. El presidente del Comité Militar de la Alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, ha planteado que los aliados estudien respuestas más proactivas, en particular en el ámbito cibernético. No hay, sin embargo, una autorización general ni una decisión automática. Cualquier medida dependería de la evidencia, la necesidad de actuar, la proporcionalidad y el acuerdo político de los aliados.

Qué significa actuar antes y qué se está debatiendo

La expresión atacar primero puede describir situaciones muy distintas. Una cosa es interrumpir una operación que ya está en curso o impedir un daño que se considera inminente; otra, emprender una acción armada para castigar sabotajes anteriores o eliminar una amenaza hipotética. En el primer supuesto se habla de una posible respuesta anticipada. En el segundo, de un ataque preventivo en sentido amplio, una idea mucho más difícil de justificar y con un alto riesgo de escalada. La discusión aliada no equivale a un plan para iniciar una guerra, sino a cómo cerrar la ventana de tiempo en la que una operación hostil puede avanzar sin respuesta.

Cavo Dragone ha señalado que la Alianza sopesa ser más proactiva ante amenazas híbridas, especialmente en el ciberespacio, donde las capacidades para detectar e interrumpir operaciones están más desarrolladas. También ha reconocido que los aliados afrontan límites legales, éticos y de jurisdicción que no siempre condicionan del mismo modo a sus adversarios. El debate consiste, por tanto, en determinar quién podría actuar, bajo qué autoridad y con qué pruebas. La capacidad técnica de interferir en una operación no basta, por sí sola, para hacer legal o políticamente legítima esa intervención.

En la práctica, la diferencia podría verse en una operación informática dirigida contra infraestructuras civiles. Si un ataque está causando daños o existe evidencia sólida de que va a paralizar servicios esenciales, los gobiernos podrían valorar medidas para contenerlo, como aislar sistemas comprometidos o interrumpir los equipos que lo dirigen. Pero actuar contra servidores situados en otro país puede afectar a terceros o vulnerar su jurisdicción. Por eso, incluso en el terreno digital, la respuesta exige valorar el daño que se pretende evitar y las consecuencias de intervenir, no solo la identidad probable del atacante.

La zona gris de los sabotajes y los ciberataques

La guerra híbrida combina métodos militares y no militares, abiertos y encubiertos. Puede incluir campañas de desinformación, ataques informáticos, interferencias en sistemas de navegación, sabotajes contra infraestructuras y presión sobre las fronteras. El objetivo puede ser desestabilizar a un país, desgastar la confianza pública o probar la capacidad de reacción de sus instituciones sin iniciar una guerra convencional. Su ventaja para quien la emplea es la ambigüedad: a menudo resulta difícil identificar al responsable, demostrar su vínculo con un Estado y decidir si el daño alcanza el umbral que permitiría una respuesta militar.

Los incidentes descritos en Europa muestran por qué la atribución puede complicarse. En 2024, objetos no identificados fueron detectados cerca del espacio aéreo rumano durante ataques rusos contra Ucrania; se registraron también episodios con drones en Alemania y Letonia, y helicópteros bielorrusos entraron en el espacio aéreo polaco. En septiembre de ese año, drones no identificados interfirieron en el aeropuerto de Estocolmo-Arlanda y obligaron a desviar vuelos. En algunos casos se identificó el tipo de aparato; en otros, no se pudo establecer con seguridad su origen o propósito. Una incursión sospechosa no demuestra automáticamente que exista una orden estatal ni que se trate de un ataque armado.

La preocupación no se limita a las aeronaves. Cables de comunicación y conexiones energéticas bajo el mar son objetivos difíciles de vigilar y reparar, y una avería puede afectar a varios países. En noviembre de 2024 se dañaron cables que conectaban Lituania con Suecia y Finlandia con Alemania, aunque atribuir un incidente a un actor concreto requiere pruebas. También se han denunciado operaciones de sabotaje, ataques informáticos y campañas de influencia en distintos países aliados. El patrón puede elevar la alarma sin que cada episodio, por separado, justifique una respuesta militar; reunir indicios y establecer responsabilidades es parte central del problema.

La atribución es especialmente delicada en el ciberespacio. Los atacantes pueden ocultar su ubicación, utilizar equipos comprometidos de terceros o imitar las técnicas de otros grupos. Para atribuir una operación, los gobiernos combinan análisis técnico con información de inteligencia y otros indicios; aun así, el nivel de certeza puede ser distinto según el caso. Un error tendría consecuencias: una respuesta dirigida contra el actor equivocado podría dañar a civiles, agravar la crisis y restar credibilidad a la Alianza. La rapidez importa, pero no puede sustituir a una evaluación fiable.

Qué permiten los artículos 4 y 5 de la OTAN

El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece que un ataque armado contra un aliado se considera un ataque contra todos. Pero no obliga a cada Estado a responder con una operación militar idéntica ni a contraatacar de inmediato. Cada miembro se compromete a ayudar a la parte atacada y puede adoptar las medidas que considere necesarias, incluso el uso de la fuerza. La cláusula crea un compromiso de defensa colectiva, no un botón automático de guerra. La respuesta concreta depende de la evaluación política y de las decisiones nacionales.

El artículo 6 delimita el ámbito geográfico al que se refiere el artículo 5 e incluye ataques contra el territorio de los aliados y contra sus fuerzas, buques o aeronaves en las zonas previstas por el tratado. Por esa razón, una violación del espacio aéreo o un dron que cae en territorio aliado no activa por sí solo la defensa colectiva. Importan las circunstancias, la escala del daño, la intención y la atribución. La Alianza ha reconocido que un ciberataque de suficiente gravedad podría llevar a considerar el artículo 5, pero la decisión se tomaría caso por caso y por consenso.

El artículo 4 ofrece una vía distinta: permite que los aliados se consulten cuando uno de ellos considere amenazada su integridad territorial, independencia política o seguridad. No obliga a desplegar fuerzas ni determina una respuesta concreta, pero permite coordinar una evaluación y debatir medidas. Desde principios del siglo XXI se había invocado en siete ocasiones, según el recuento recogido en la información disponible, incluidas consultas solicitadas por Turquía y por varios aliados orientales tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022. Es un mecanismo de consulta política, no una autorización para atacar.

El artículo 5, en cambio, se ha invocado una sola vez: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La Alianza esperó a determinar que los ataques procedían del exterior antes de activar el mecanismo. Las medidas posteriores incluyeron operaciones defensivas y no todos los Estados contribuyeron del mismo modo. Ese precedente ilustra tanto la importancia política de la cláusula como la flexibilidad que deja a cada aliado. La solidaridad colectiva no elimina las decisiones nacionales ni convierte cada amenaza en una respuesta militar idéntica.

El límite jurídico: defensa anticipada o guerra preventiva

El derecho internacional reconoce el derecho de legítima defensa ante un ataque armado, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. El alcance de una posible respuesta anticipada frente a un ataque inminente es objeto de interpretaciones y debate; no existe una autorización ilimitada para usar la fuerza cada vez que un Estado percibe un peligro. La necesidad y la proporcionalidad son criterios esenciales: la medida debe dirigirse a detener la amenaza y no exceder lo necesario para ese fin. Cuanto más incierta y lejana sea la amenaza, más difícil resulta justificar una acción armada.

La diferencia entre detener una operación inminente y atacar para prevenir una amenaza futura no es meramente semántica. En el primer escenario, podría haber indicios de que una agresión está en marcha y de que no existe una alternativa eficaz a tiempo. En el segundo, la decisión se apoyaría en la posibilidad de que el adversario actúe más adelante, sin una conexión temporal clara con un ataque. Esa lógica puede convertir la prevención en una justificación abierta para usar la fuerza. Por eso, llamar defensiva a una acción no resuelve por sí mismo la cuestión de su legalidad.

Las operaciones híbridas vuelven más complejo ese análisis porque sus efectos pueden ser graves, pero no siempre son equiparables a los de un ataque armado convencional. Un ciberataque que paralice servicios esenciales o cause daños físicos podría recibir una valoración distinta de una campaña de desinformación o de una intrusión aérea sin consecuencias. También importa si la acción se atribuye a un Estado, si existe intención hostil y si hay vías menos peligrosas para responder. No hay una regla sencilla que convierta cualquier sabotaje o ciberincidente en motivo suficiente para activar la defensa colectiva.

Por qué la Alianza no actúa como un solo gobierno

La OTAN es una alianza de Estados soberanos y sus decisiones políticas se adoptan por consenso. Eso significa que no basta con que un mando militar proponga una opción o que un país afectado solicite apoyo: los aliados deben acordar el marco de actuación. La respuesta también puede recaer en las autoridades nacionales, sobre todo cuando se trata de proteger el espacio aéreo, investigar delitos o defender redes dentro de cada país. La coordinación aliada puede acelerar una respuesta, pero no elimina la soberanía de sus miembros.

En un incidente cibernético que afecte a varios países, compartir información con rapidez puede ayudar a reconocer que los ataques forman parte de una misma operación. En el mar, patrullas, vigilancia y cooperación entre Estados pueden contribuir a proteger cables y otras infraestructuras. La misión Baltic Sentry, mencionada en la información de referencia, reúne buques, aeronaves y drones para vigilar el mar Báltico y disuadir nuevos incidentes. Estas medidas refuerzan la detección y la prevención, pero no equivalen a una autorización para atacar a un supuesto responsable. Vigilar, proteger y disuadir son respuestas distintas del uso de la fuerza.

La atribución, además, no es solo un asunto técnico. En una democracia, las autoridades deben poder explicar por qué consideran responsable a un actor y qué daño intentan impedir. Una operación puede ser secreta por razones de seguridad, pero la falta de transparencia también puede alimentar sospechas y divisiones entre aliados. La coordinación política tiene que resolver cómo compartir pruebas sensibles sin exponer fuentes ni dejar a los gobiernos sin una base común para actuar. La credibilidad de una respuesta depende tanto de sus resultados como de la solidez de las pruebas que la sostienen.

Disuasión sin abrir una espiral de escalada

Quienes reclaman una postura más firme sostienen que responder siempre después de un sabotaje puede dejar al atacante con la iniciativa y reducir el coste de nuevas operaciones. Una respuesta anticipada, si impide un daño claramente inminente y se limita al objetivo necesario, podría disuadir futuras agresiones. Pero el mismo movimiento puede interpretarse como una escalada, sobre todo si la autoría no está clara o si afecta a sistemas situados fuera del territorio aliado. La disuasión depende de que la amenaza de responder sea creíble, pero también de que sus límites resulten comprensibles.

El caso de los cables submarinos expone bien esa tensión. Las infraestructuras atraviesan aguas internacionales y pueden sufrir daños por distintas causas, mientras que demostrar una acción deliberada y atribuirla a un Estado requiere una investigación. En Finlandia, un tribunal absolvió a la tripulación del buque Eagle S en un caso relacionado con daños a cables eléctricos y de datos; la resolución puso de relieve las dificultades jurisdiccionales señaladas en el debate público. La sospecha política y la responsabilidad demostrable ante un tribunal no son equivalentes.

Por eso, una respuesta eficaz no tiene por qué ser un ataque. Puede consistir en reforzar la vigilancia, mejorar la protección de redes, coordinar investigaciones policiales y judiciales, compartir inteligencia o aumentar la capacidad para reparar infraestructuras dañadas. En el ámbito digital, los aliados también pueden trabajar para contener una operación y reducir sus efectos. Estas medidas no resuelven todos los problemas de atribución ni garantizan que los ataques cesen, pero pueden reducir el daño sin cruzar de inmediato el umbral militar. La prevención también consiste en hacer que las sociedades sean menos vulnerables.

El umbral que todavía no está definido

La evolución del debate dependerá de cómo los aliados concreten los límites legales, quién tendría autoridad para actuar y qué grado de certeza exigirían antes de intervenir. También será importante distinguir una acción defensiva limitada de una represalia por un acto pasado. Si esa frontera queda borrosa, una medida concebida para disuadir puede alimentar la misma incertidumbre que facilita las operaciones híbridas. La claridad de los procedimientos importa tanto como la capacidad de responder con rapidez.

Por ahora, no hay indicios en la información disponible de que la OTAN haya aprobado una política general de ataques preventivos contra Rusia. Sí existe una discusión sobre respuestas más proactivas y sobre cómo proteger a los aliados frente a operaciones encubiertas, especialmente en el ciberespacio y alrededor de infraestructuras críticas. La conclusión depende de una distinción esencial: impedir una agresión inminente puede formar parte de la defensa; golpear primero ante un peligro potencial es otra decisión, con consecuencias jurídicas y estratégicas mucho mayores. La Alianza busca reducir la vulnerabilidad sin convertir la prevención en una licencia para iniciar un conflicto.