¿Por qué vuelven las minas antipersona al mapa mundial?

Víctimas de minas en máximo de cuatro años y varios países abandonan el veto: datos clave, nombres y fechas, del frente a Ginebra y retorno.

En 2024 las víctimas por minas antipersona y restos explosivos alcanzaron su nivel más alto en cuatro años: 1.945 personas fallecidas y 4.325 heridas, con casi el 90% de las víctimas civiles y una proporción elevada de mujeres y menores. El repunte se concentra donde los conflictos activos continúan o se han reconfigurado: Siria y Myanmar encabezan los incidentes, con Myanmar superando las 2.000 notificaciones por el uso de minas tanto por fuerzas estatales como por grupos armados. El balance no deja dudas: más contaminación, más amputaciones, más pueblos atrapados en su propio terreno.

La escalada coincide con un giro político que rompe un consenso de dos décadas. Estonia, Letonia y Lituania formalizaron en junio de 2025 su aviso de retirada del Tratado de Prohibición de Minas Antipersona (Convención de Ottawa), al que Finlandia y Polonia sumaron trámites y depósitos durante el verano. Ucrania, por su parte, anunció el 29 de junio de 2025 su salida del tratado y culminó en julio el procedimiento interno para suspender sus obligaciones. El resultado es un tabú resquebrajado en el flanco oriental de Europa justo cuando los datos de víctimas vuelven a subir. Y esta misma semana los Estados parte se reúnen en Ginebra con esa doble presión sobre la mesa: más heridos, menos normas.

Un repunte que corta dos décadas de avances

Durante años, la Convención de Ottawa —aprobada en 1997 y en vigor desde 1999— permitió cerrar fábricas, destruir arsenales y limpiar millones de metros cuadrados de terreno. Lo consiguió con una fórmula sencilla y estricta: prohibir el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersona; obligar a destruir existencias en plazos definidos; limpiar las zonas contaminadas y asistir a las víctimas. Hoy 166 Estados siguen vinculados a ese marco, que convirtió a la mina antipersona en un arma estigmatizada por su carácter indiscriminado y por su persistencia temporal: la guerra pasa, la mina se queda.

El Landmine Monitor 2025 subraya que 2024 cerró con más de 6.000 víctimas totales. El dato fino —1.945 muertes y 4.325 heridos— se acompaña de la foto que más inquieta a los humanitarios: civiles como mayoría aplastante y menores en una proporción que no cesa de crecer. Las razones son concretas. En Siria, el retorno de población a zonas machacadas por años de combate coincide con campos minados heredados, artefactos improvisados y restos explosivos sin detonar. En Myanmar, el conflicto diseminado y con múltiples frentes ha multiplicado la siembra de minas sin registro ni mapas, una garantía de accidentes durante años.

El impacto no se mide solo en amputaciones. Se mide en agricultura paralizada, en carreteras que no pueden reabrirse, en escuelas que siguen cerradas porque un patio o un acceso no se ha descontaminado. Se mide en economías locales que quedan en pausa y en servicios públicos que no llegan a pueblos enteros. Y se mide, sobre todo, en el coste emocional y sanitario para quienes sobreviven: prótesis, rehabilitación, dolor crónico, reintegración laboral. Un país puede firmar un acuerdo de paz y reducir tiroteos; los accidentes por minas siguen cuando alguien, meses después, pisa el lugar equivocado.

Lo que dice el informe anual, con números y responsables

El monitor atribuye el grueso del aumento a Siria y Myanmar. Señala, además, que Rusia —no parte del tratado— ha usado minas de forma extensa desde 2022 en la invasión de Ucrania. Apunta indicios de empleo por parte ucraniana en determinados tramos del frente y recoge acusaciones cruzadas en Asia: Tailandia denunció este verano a Camboya tras un choque en una zona fronteriza disputada; Phnom Penh lo negó y defendió que se trataba de artefactos heredados. El informe es contundente en dos frentes adicionales: caída de la financiación internacional para desminado y atención a víctimas, y retrasos en calendarios de limpieza que ya no se cumplen.

El recorte de fondos —incluido el de donantes clave— tiene efectos inmediatos. Equipos que cierran antes de completar un mapa, unidades que pasan de intervención integral a parches parciales, contratos de prótesis que quedan sin renovar, programas psicosociales reducidos al mínimo. En paralelo, comunidades que vuelven a trabajar la tierra sin garantías de seguridad. La aritmética es conocida: menos recursos, más tiempo para limpiar; más tiempo, más accidentes.

Europa del Este se sale del consenso: quién, cuándo y por qué

La retirada de Estonia, Letonia y Lituania quedó formalizada con instrumentos depositados a finales de junio de 2025, lo que inicia el plazo de seis meses previsto para que surta efecto. Finlandia registró su decisión en julio, con efectos a comienzos de 2026. En Polonia, el Sejm aprobó la salida en junio y el anuncio oficial ante el depositario de Naciones Unidas se comunicó a finales de agosto. Todos estos gobiernos invocan un argumento común: el deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN y el uso extensivo de minas por parte de Rusia, que nunca fue parte del tratado. A esa lista se sumó Ucrania, que anunció el 29 de junio de 2025 la suspensión de sus obligaciones y dio los pasos legislativos y diplomáticos en julio.

La retórica oficial de estos países deja claro que buscan “recuperar capacidades” para disuadir o frenar un avance enemigo. El debate humanitario replica con datos: la mina antipersona, por diseño, no distingue entre un soldado y un niño que cruza un camino rural; permanece años lista para estallar; desborda cualquier frente y perfora a los civiles cuando la línea de combate ya ni existe. Los defensores del tratado hablan de “erosión peligrosa”: si democracias consolidadas normalizan de nuevo un arma estigmatizada, la presión diplomática que aisló las minas durante dos décadas se diluye.

Fechas, trámites y efectos legales

El artículo 20 de la Convención de Ottawa permite la retirada. Impone un preaviso de seis meses desde la recepción formal del depósito por parte del Secretario General de la ONU y añade un matiz importante: si al término de ese plazo el Estado que se retira está involucrado en un conflicto armado, la retirada no surte efecto hasta que termine ese conflicto. La consecuencia práctica: tramos de vigencia distintos según el país y su situación operativa. A efectos militares, los Estados que den por completada la salida podrán volver a producir, almacenar y desplegar minas antipersona; a efectos políticos, asumen el coste reputacional de salir de una convención que aún vincula a la gran mayoría del planeta.

En Ucrania, la secuencia fue especialmente rápida. El 29 de junio se firmó el decreto presidencial anunciando la retirada. La Rada aprobó a mediados de julio la suspensión de obligaciones, y al día siguiente de la entrada en vigor se notificó al depositario. Kiev argumenta que el uso masivo de minas por Rusia y la necesidad de contener avances justifican la decisión. Organizaciones especializadas han impugnado la figura de la “suspensión” —el tratado no la contempla expresamente— y piden a los Estados parte que reiteren que no es admisible. Es un pulso jurídico con impacto práctico: la señal que manda al mundo sobre qué armas vuelven a estar sobre la mesa.

Zonas más golpeadas: Siria, Myanmar y un borde caliente en Asia

La estadística global tiene puntos rojos nítidos. Siria acumula restos explosivos en ciudades y cinturones rurales donde la población intenta volver. Los dispositivos improvisados y minas sin mapa convierten la vuelta a casa en una ruleta: un patio, un acceso, la franja de tierra donde aparcar un coche. En Myanmar, el conflicto fragmentado ha multiplicado la colocación sin registro por parte de fuerzas estatales y grupos no estatales. El recuento supera las 2.000 víctimas en 2024 solo en ese país, con campos que nadie cartografió y senderos que hace dos años eran seguros y hoy no lo son.

El informe también recoge un episodio sensible en Asia: Tailandia denunció a Camboya el supuesto uso reciente de minas antipersona tras un choque fronterizo en julio de 2025 en un sector disputado; Camboya lo negó. Para los especialistas, el intercambio deja un mensaje menos diplomático y más operativo: cada crisis puede generar nueva contaminación. Y un campo recién minado no entiende de curiosos ni de pastores; exige cierre, señalización y limpieza, tres verbos que requieren presupuesto y seguridad.

En paralelo, África del Norte y el Sahel conviven con restos heredados y «zonas grises» donde el control estatal es irregular y la prioridad de los gobiernos no siempre pasa por descontaminar. El resultado es un mosaico: países con programas maduros que muestran avances —cuando hay seguridad y dinero— y territorios donde la limpieza apenas arranca. Allí donde entra el componente mecánico (palas blindadas, rodillos, drones de mapeo) y se combina con equipos manuales, perros detectores y educación de riesgos en escuelas, los progresos son visibles. Cuando falta una de esas piezas —y últimamente faltan varias—, el calendario se descuadra.

El freno presupuestario: menos desminado, menos prótesis y más espera

El descenso de la financiación internacional es la otra mitad de la historia. No se trata solo de una cifra en un cuadro; se traduce en misiones que cierran antes de tiempo, en contratos que no se renuevan, en clínicas de rehabilitación que reducen turnos. Un camino rural puede tardar semanas en liberarse con equipos manuales, días si hay apoyo mecánico y horas si se añaden perros y drones que acotan dónde excavar. El diferencial de coste y tiempo es brutal. Sin dinero, los coordinadores se ven obligados a priorizar lo urgente y a posponer lo importante, que casi siempre vuelve como urgente unos meses después.

La asistencia a víctimas sufre un recorte similar. Una prótesis no es un único gasto: implica ajustes, revisiones, reposición por crecimiento en niños y desgaste en adultos. A eso se suma fisioterapia, apoyo psicosocial, reeducación laboral y ayudas para readaptar viviendas o acceder a la escuela. Cuando falla la continuidad, el impacto se duplica. Y hay otra capa: género y edad. En muchos contextos, mujeres y menores encuentran más barreras para llegar a un hospital, mantener tratamiento o volver a un trabajo.

España, Estado parte desde 1999, mantiene un perfil de donante medio y participa en foros técnicos y mecanismos multilaterales de financiación. El debate en Madrid —como en otras capitales europeas— es si, ante la erosión del consenso y el aumento de víctimas, conviene reforzar partidas y elevar el tono político en defensa del tratado. Es una discusión de prioridades en un momento de presupuestos tensos y múltiples crisis simultáneas.

Ucrania rompe con Ottawa en plena guerra

El caso ucraniano reordena el tablero jurídico y militar. Con el decreto del 29 de junio de 2025, la aprobación parlamentaria a mediados de julio y la notificación al depositario a continuación, Kiev pasó de denunciar el uso ruso de minas a liberarse de las obligaciones del tratado. El Gobierno arguye que necesita toda herramienta para contener a un invasor que usa minas a gran escala, y que reintroducir barreras de este tipo en frentes específicos podría ralentizar ataques o proteger posiciones clave.

La comunidad humanitaria responde con un doble argumento. Primero, que la eficacia militar de las minas antipersona es discutible en guerras de alta movilidad y sensores modernos; segundo, que el coste civil y económico de resembrar minas en el corazón agrícola del país hipotecará la reconstrucción durante años. La parte jurídica tampoco es menor: la figura de la “suspensión” de un tratado que no la prevé explícitamente ha abierto una controversia que los Estados parte quieren aclarar en Ginebra para evitar que se convierta en precedente.

Lo que está en juego esta semana en Ginebra

La 22.ª Reunión de Estados Parte llega con un mandato claro tras los datos de 2024: detener la hemorragia normativa y salvar vidas en el terreno. Sobre la mesa, los presidentes de sesión y las delegaciones trabajan tres frentes: mensaje político frente a las retiradas; compromisos financieros creíbles para desminado y asistencia; y respuestas técnicas a la contaminación creciente en Siria y Myanmar. Se habla de declaraciones que reiteren que no cabe “suspender” el tratado; de paquetes de financiación con objetivos medibles; de mecanismos de verificación y mapas públicos para zonas prioritarias.

El margen de maniobra existe. Los 166 Estados que aún siguen en el tratado representan el 85% de la comunidad internacional y han demostrado durante dos décadas que funciona cuando se cumple. Romper el tabú ha sido relativamente rápido en Europa del Este —un par de votaciones, un depósito y una nota verbal—; reconstruirlo llevará años. Para evitar la pendiente, el movimiento humanitario empuja un mensaje simple con bases empíricas: cada hectárea que se limpia vuelve a producir, cada prótesis que se financia recupera una vida activa, cada escuela que reabre impide un accidente.

El mapa global de 2024 deja tres certezas. La primera: las minas antipersona siguen matando y mutilando cuando la guerra ya ni suena. La segunda: el retroceso normativo de un puñado de países legitima a otros a imitarles. La tercera: más dinero y más cooperación reducen accidentes y tiempos de limpieza de manera medible. Con eso, la pregunta del titular se responde sin rodeos. Crece el número de víctimas porque se han sembrado más minas en Siria y Myanmar, porque Rusia ha normalizado su uso en el frente y porque faltan recursos para limpiar y asistir. Rompen el veto quienes han iniciado o formalizado su salida del tratado —Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia y Ucrania— invocando seguridad nacional. El precio ya lo estamos viendo: más muertes, más heridos y más tierras bloqueadas durante años. Ginebra no resuelve una guerra, pero puede sostener la norma, blindar los fondos y evitar que la pendiente se convierta en costumbre.