¿Por qué cayó la primera célula de ‘The Base’ en España?

Policía desmantela en Castellón la primera célula de ‘The Base’: tres detenidos, líder en prisión y armas incautadas — con apoyo de Europol.

La Policía Nacional ha desmantelado en la provincia de Castellón la primera célula operativa en España de la organización neonazi y aceleracionista ‘The Base’. Hay tres detenidos —el presunto líder está en prisión provisional— y los agentes se incautaron de armas de fuego, material de entrenamiento paramilitar, más de una veintena de armas blancas, equipamiento táctico y abundante propaganda supremacista. La investigación, dirigida por la Comisaría General de Información y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, culminó en la madrugada del martes 25 de noviembre con un operativo simultáneo en cinco puntos de la provincia. El caso se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

La célula cayó porque había cruzado el umbral de la radicalización digital a la preparación operativa. Según el sumario, los integrantes —cohesionados y con roles definidos— habían intensificado entrenamientos tácticos con técnicas y material paramilitar, endurecido el discurso hacia “ataques selectivos” y acumulado armamento. Un factor aceleró la intervención: el líder mantenía contacto directo con el fundador de ‘The Base’, Rinaldo Nazzaro, que a comienzos de noviembre alentó la consolidación de células en el exterior y la ejecución de acciones para “colapsar” las instituciones democráticas. Con esa señal de riesgo, Operación Cascadia pasó de la vigilancia discreta a la irrupción judicial.

Una célula lista para dar el salto

El expediente sitúa el origen del caso a principios de 2025, cuando especialistas en terrorismo de la Comisaría General de Información detectaron la actividad en redes de un individuo “muy radicalizado” y alineado con los postulados supremacistas de ‘The Base’. Al tirar del hilo emergió una microcélula de tres miembros asentada en la provincia de Castellón. Los investigadores describen un grupo cohesionado, con un estilo de vida moldeado por el ideario aceleracionista: disciplina física, manuales doctrinales, consumo intensivo de contenidos de odio en canales cifrados y una normalización cotidiana del lenguaje bélico.

Durante meses, los agentes observaron reuniones periódicas en entornos naturales, prácticas de supervivencia, ejercicios de tiro con armas de entrenamiento y simulacros de movilidad. En paralelo, los sospechosos reclutaban en redes sociales: difundían propaganda neonazi, glorificaban acciones violentas de otras organizaciones y trataban de identificar perfiles vulnerables para su adoctrinamiento. Las comunicaciones intervenidas dibujan una escalada: de las consignas y los memes a la planificación logística. En esa transición, las conversaciones introdujeron términos como “objetivos”, “selectividad” y “oportunidad”, además de referencias a la necesidad de “autocapacitación” —una marca de agua de ‘The Base’— para operar sin instrucciones explícitas.

Un detalle marca la inflexión: la conexión del líder con Nazzaro, a quien los servicios de inteligencia internacionales atribuyen el diseño de la red de células. En ese contexto, la instrucción valoró como indicio grave que, pocas semanas antes del operativo, el fundador difundiera un mensaje dirigido a rearmar nodos exteriores y activar células. El acopio de material táctico, el tono de las comunicaciones y esa percha internacional empujaron a las autoridades a actuar antes de que el grupo superase el punto de no retorno.

El material intervenido, pieza por pieza

Los cinco registros en viviendas y dependencias afines a la célula —todos en la provincia de Castellón— permiten reconstruir la fase del proyecto. Los agentes incautaron dos armas de fuego con munición, nueve armas de entrenamiento para instrucción de tiro, más de veinte armas blancas (cuchillos tácticos, machetes, navajas de grandes dimensiones) y un equipamiento táctico completo: chalecos, fundas, guantes, cascos, protectores, mochilas de asalto y elementos de camuflaje. Aparecieron también manuales y documentos de corte aceleracionista, propaganda neonazi y material que ensalzaba a otras organizaciones terroristas.

En conjunto, la fotografía es la de un grupo que ya no solo predicaba violencia, sino que se entrenaba para ejecutar acciones selectivas. El material incautado no tiene un valor simbólico o meramente coleccionista: sirve para ensayar capacidades tácticas, mejorar tiempos de reacción y estandarizar procedimientos. Ese salto —del foro a la pista, del PDF a la práctica— es el que, en los últimos años, se ha identificado como la zona de máximo riesgo en el extremismo violento de derechas.

Quién es ‘The Base’ y qué persigue

‘The Base’ surge en 2018 como un proyecto clandestino de supremacismo blanco con una estrategia de manual: promover el colapso del orden democrático mediante acciones terroristas, sabotajes y atentados “de precisión” para, sobre ese caos, impulsar un etnoestado. A diferencia de estructuras jerárquicas clásicas, opera como red descentralizada de microcélulas compartimentadas, con un ecosistema de foros y canales cifrados donde se comparten materiales, manuales y consignas. El aceleracionismo —idea de acelerar las fracturas sociales para precipitar el derrumbe— vertebra su discurso, barnizado por una estética de guerra cultural que mezcla simbología neonazi, memes y una liturgia de “resistencia”.

El nombre propio que articula la iniciativa es Rinaldo Nazzaro, estadounidense, exconsultor de seguridad, asentado desde hace años en San Petersburgo. A Nazzaro se le atribuye la arquitectura de ‘The Base’ y el impulso a su internacionalización, con énfasis en autoentrenamiento paramilitar, seguridad operativa y comunicación en entornos no indexados. Su figura ha generado investigaciones, controversias y sanciones; al margen de disputas sobre su grado de control directo, el patrón que promueve es claro: células pequeñas, autárquicas, interconectadas solo por una gramática ideológica común.

La red ha dejado señales en varios países. Reino Unido la proscribió como organización terrorista en 2021. Canadá la incluyó también ese año en su lista de entidades terroristas. En Estados Unidos, diversas causas penales han apuntado a seguidores vinculados al grupo por posesión de armas, planes de atentados y amenazas. En la Unión Europea, los informes anuales de amenaza terrorista llevan tiempo documentando la consolidación de un ecosistema aceleracionista de ultraderecha, con circulación transnacional de manuales y un aprendizaje por imitación que reduce las barreras de entrada a la violencia.

La clave operativa de ‘The Base’ es la autocapacitación. No busca grandes golpes coordinados ni espectáculos de masas; aspira a acciones pequeñas pero de alto impacto simbólico, suficientes para alimentar una narrativa de colapso. Ese enfoque beneficia la resiliencia de la red: si una célula cae, otra puede replicar procedimientos con poca fricción. Precisamente por eso, los investigadores valoran tanto la fase logística —adquisición de medios, entrenamiento, comunicaciones seguras— como la propaganda y la captación. Son vasos comunicantes: sin la máquina de relatos, no hay cantera; sin cantera, no hay logística.

Cómo se gestó el operativo Cascadia

El caso español se bautizó Cascadia, un guiño que los especialistas no ven casual: la “Cascadia blanca” —una hipotética entidad separatista en el noroeste de Estados Unidos y Canadá— es un fetiche en la propaganda ultraderechista anglosajona. El cronograma, tal y como aparece en la causa, es nítido. A comienzos de año, la Comisaría General de Información detecta un perfil que encaja con patrones de radicalización aceleracionista. Se abre una investigación con seguimiento físico y digital. Aparecen dos colaboradores más y se confirma la existencia de una célula operativa.

A partir de la primavera, la célula intensifica los entrenamientos y ajusta su perfil digital: menos exposición pública, más canales cerrados, mayor disciplina en el manejo de dispositivos y en la “higiene” de comunicaciones. El apartado logístico se acelera: compras de material táctico, adecuación de espacios para prácticas y ensayos de desplazamientos. En la segunda mitad del año, el tono de las conversaciones da un giro: aparece el concepto de “ataques selectivos”, con alusiones a objetivos y ritmos. Ese es el momento en que la Fiscalía eleva sus advertencias y la Audiencia Nacional incrementa las medidas intrusivas autorizadas.

Con las pruebas en la mesa —armas, manuales, entrenamientos, contactos internacionales—, la madrugada del 25 de noviembre se ejecutan cinco registros y se detiene a los tres integrantes. El cabecilla queda a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, que decreta prisión provisional. Los otros dos arrestados quedan también investigados por pertenencia a organización terrorista, captación y adoctrinamiento, adiestramiento con fines terroristas y tenencia ilícita de armas. Europol participa en el análisis de información, clave para contrastar vínculos y patrones con nodos en otros países.

El operativo revela hasta qué punto el tiempo —y su gestión— condiciona estas investigaciones. Esperar demasiado eleva el riesgo; precipitarse, en cambio, puede frustrar una instrucción robusta. En este caso, el mensaje de Nazzaro de principios de noviembre a favor de consolidar células y activar ataques pesó como un factor acelerador. El equilibrio se inclinó hacia la intervención: existía una capacidad instalada, un discurso que normalizaba la violencia y una conexión internacional que, de madurar, habría complicado la respuesta.

Delitos imputados y el itinerario judicial

El marco penal español contempla una amplia cobertura frente a conductas que no se quedan en la apología sino que dan el salto a la preparación y adiestramiento con finalidad terrorista. En el caso de Castellón, a los tres investigados se les atribuyen, en grado a determinar, pertenencia a organización terrorista, captación y adoctrinamiento, adiestramiento y tenencia de armas. La combinación de armas de fuego, material de entrenamiento, manuales y propaganda —junto a los indicios de reclutamiento— apunta a un itinerario típico en los denominados “entornos aceleracionistas”: pasar de la incubación ideológica al acondicionamiento técnico.

La prisión provisional del presunto líder, acordada tras su paso a disposición judicial, responde a los parámetros que la ley reserva a estos supuestos: riesgo de fuga, reiteración delictiva y posible destrucción de pruebas. La medida, revisable, se adopta en paralelo a un calendario de diligencias que incluirá peritajes de dispositivos electrónicos, análisis balísticos y trazabilidad de compras, así como el examen de huellas digitales y metadatos de comunicaciones. No se descartan nuevas imputaciones si, a la luz de la información extraída de los equipos, se acreditan colaboraciones o vínculos con otros nodos.

El proceso penal en la Audiencia Nacional —jurisdicción competente cuando hay delitos de terrorismo— centraliza el caso, evitando dispersión de actuaciones y facilitando la cooperación internacional. Las órdenes europeas de investigación y las comisiones rogatorias serán la vía para recabar elementos de prueba fuera de España, especialmente si se confirman interacciones con cuentas o servidores en otras jurisdicciones. En la dimensión patrimonial, la instrucción podrá explorar orígenes de fondos empleados en la compra de material y si hubo financiación exterior, directa o indirecta.

Más allá de los tiempos procesales, la cultura probatoria en este tipo de causas ha incorporado en los últimos años la noción de “entrenamiento funcional”: no se trata solo de lo que un manual dice, sino de cómo se aplica en prácticas y qué capacidades consolida. La existencia de armas de entrenamiento y simulacros en espacios abiertos —aunque no haya disparos con munición real— es un indicador relevante cuando se combina con adoctrinamiento, captación y contacto con estructuras externas.

El mapa europeo del extremismo de derechas

El caso de Castellón encaja en un patrón europeo que viene consolidándose: microcélulas de extrema derecha, descentralizadas, con fuerte cultura de seguridad, que aprenden por imitación y se dotan de capacidades básicas para “hacer por sí mismas”. No son estructuras masivas ni de gran visibilidad pública; su fuerza es la opacidad y la capilaridad. Operan con pocos vínculos entre sí, comparten manuales y estándares operativos y prueban procedimientos hasta lograr repetibilidad. Esa combinación —compartimentación y transferencia de conocimiento— explica su resiliencia y, también, su vulnerabilidad: cuando una célula se expone o comete errores de seguridad, el impacto en la red puede ser limitado, pero su detección queda a merced de indicios finos que requieren especialización.

España llega a esta cita con experiencia acumulada frente a otras amenazas terroristas y un ecosistema institucional ajustado: unidades policiales especializadas, fiscales con larga trayectoria y juzgados centrales habituados a gestionar macrocausas y escenarios de alta complejidad. El salto cualitativo que aporta Castellón —la primera célula de ‘The Base’ detectada en territorio nacional en fase de capacitación operativa— obliga a actualizar mapas de riesgo. Supone reconocer que el supremacismo blanco y el aceleracionismo anglosajón encuentran nichos en España, aunque el idioma y la cultura política no les resulten nativos.

En la cooperación internacional, Europol se ha convertido en una pieza estructural: intercambio de datos, acceso a bibliotecas de manuales intervenidos, correlación de alias y huellas digitales. La inteligencia compartida permite identificar tendencias: auge de manuales de sabotaje, circulación de “kits” para instrucción, aparición de glosarios comunes. El reto ya no es solo detectar el discurso de odio, sino interceptar la profesionalización de quienes tratan de llevarlo al terreno.

Un enfoque preventivo exige también atención local. Las células pequeñas tienden a entrenar en espacios periurbanos o rurales, donde la presencia de terceros es menos probable. El comercio digital facilita la adquisición de material táctico y componentes que, por separado, no levantan alarmas. El patrón observado —consumo intensivo de propaganda, salto a entrenamiento, compra de equipo, aislamiento y conversaciones cada vez más operativas— es replicable. Precisamente por eso, la intervención temprana y el seguimiento de señales débiles (cambios de rutina, viajes cortos a zonas de prácticas, pruebas de comunicaciones en entornos cifrados) se han consolidado como herramientas críticas.

Lo que marca el caso Castellón

El desmantelamiento de Operación Cascadia deja constancias precisas. Existía en España una célula de ‘The Base’ con tres integrantes, entrenamiento en curso, armas y logística en desarrollo. Su líder estaba conectado con Rinaldo Nazzaro, y en las semanas previas hubo un llamamiento para consolidar y activar nodos en el exterior. La respuesta —detenciones el 25 de noviembre, registros simultáneos, ingreso en prisión del cabecilla y causa abierta en la Audiencia Nacional— siguió el libro de riesgos: intervenir antes de que la capacidad se traduzca en acción.

El caso deja, además, una lección operativa. No basta con vigilar discursos; hay que cartografiar rutinas y capacidades. Cuando un grupo adopta la gramática del aceleracionismo, empieza a codificar sus pasos: autocapacitación, disciplina digital, compartimentación, ensayos en entornos controlados, normalización del lenguaje bélico. Esos patrones —sumados a armas y equipo— permiten inferir que el proyecto no es solo retórico. Y en ese punto, la prevención no compite con la libertad de expresión: protege la vida y la seguridad.

Queda por delante el desglose judicial: peritajes, extractado de dispositivos, vinculaciones transnacionales, perfilamiento de roles y, llegado el caso, nuevas imputaciones. Mientras, el mensaje institucional es claro: “cuando el discurso cruza a la logística, se actúa”. España se había mantenido al margen de la operatividad de ‘The Base’; desde hoy, queda constancia de que el ecosistema aceleracionista también busca anclajes aquí. La caída de la célula de Castellón demuestra que, con cooperación internacional, especialización policial y respaldo judicial, esa puerta puede cerrarse a tiempo.