¿Por qué OHLA cae en bolsa tras perder un pleito laboral millonario?

La filial estadounidense Judlau deberá abonar 43,9 millones de dólares más intereses tras agotarse la vía de recurso en Nueva York. OHLA había provisionado el litigio, pero el mercado teme la salida de caja y la incierta recuperación del dinero.

La constructora española OHLA afronta un pago de 43,92 millones de dólares, unos 38,6 millones de euros al cambio utilizado por el mercado, después de que el máximo tribunal del estado de Nueva York rechazara admitir el último recurso de su filial Judlau Contracting. La decisión deja la condena en firme dentro de la jurisdicción estatal: no quedan instancias judiciales superiores a las que acudir por esta vía en Estados Unidos.

El dinero saldrá de los recursos financieros disponibles de Judlau, no directamente de la sociedad matriz española, según comunicó OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso no ha tranquilizado del todo a los inversores. A media mañana del miércoles, la acción cedía alrededor de un 4,2%, hasta los 0,448 euros, tras haber comenzado la sesión con pérdidas algo más moderadas. La cotización, claro, seguirá moviéndose hasta el cierre; la primera lectura del mercado ha sido bastante menos ambigua.

El recurso que ya no encontró otra puerta

La resolución no crea de repente un litigio desconocido. El llamado caso Herman llevaba más de una década recorriendo despachos, tribunales y estados financieros. Lo que cambia ahora es su grado de certeza: la empresa podía seguir discutiendo la condena mientras quedaban recursos; agotada esa posibilidad, toca pagar.

La cifra exacta recogida en la comunicación oficial asciende a 43.924.202,36 dólares más intereses. Ese último añadido no es decorativo. Las cuentas de OHLA ya advertían de que la deuda judicial continuaba generando intereses al 9% anual, por lo que la factura definitiva podría superar la conversión de 38,6 millones difundida durante la jornada.

El importe base procedía de una condena de unos 27 millones de dólares por salarios y beneficios no abonados. Al incorporar los intereses de demora acumulados, la suma había alcanzado los 43,9 millones cuando se dictó la sentencia económica. El reloj judicial ha seguido corriendo desde entonces. Y los relojes de los tribunales estadounidenses, como los de los taxis neoyorquinos, rara vez avanzan gratis.

El origen del caso Herman

El conflicto afecta a un grupo de antiguos trabajadores empleados como señalizadores de obra, conocidos en Estados Unidos como flaggers, en proyectos públicos de la ciudad de Nueva York. Su función consistía en controlar zonas próximas a los trabajos, ordenar el paso y proteger la seguridad de peatones, conductores y operarios.

Los demandantes sostuvieron que esas tareas debían pagarse conforme al salario prevalente establecido para las obras públicas neoyorquinas. No se trata del salario mínimo general, sino de una remuneración específica, normalmente superior, fijada según el oficio, la zona y el tipo de proyecto financiado con dinero público.

Los tribunales les dieron la razón. La justicia concluyó que sus labores estaban vinculadas a la protección de la seguridad pública alrededor de las obras y, por tanto, quedaban amparadas por la legislación laboral aplicable a los contratos públicos. Judlau no había abonado todos los salarios y beneficios que correspondían bajo esa clasificación.

Salarios de obra pública y una clasificación decisiva

Buena parte del pleito giró alrededor de una frontera aparentemente pequeña: determinar si aquellos empleados realizaban simples tareas de control del tráfico o auténticas funciones de señalización asociadas a la seguridad de la obra. Una palabra en una nómina puede parecer poca cosa. Multiplicada por años, decenas de trabajadores, complementos e intereses, acaba pesando más de 43 millones de dólares.

En mayo de 2021, la Corte Suprema del estado de Nueva York —que, pese a su nombre, actúa como tribunal de primera instancia— declaró responsable a Judlau. Un tribunal de apelación confirmó en 2022 que las funciones descritas por los trabajadores reunían las condiciones para cobrar el salario prevalente.

En marzo de 2024 se fijó la indemnización. La División de Apelaciones volvió a respaldarla en noviembre de 2025 y rechazó los argumentos con los que la filial pretendía reducir o anular los daños. El intento posterior de llegar al Tribunal de Apelaciones, la corte más alta del estado, es el que acaba de ser inadmitido.

Por qué la bolsa ha reaccionado con ventas

El mercado no solo juzga si una compañía puede pagar una factura; también observa cuándo sale el dinero, de qué caja procede y qué posibilidades existen de recuperarlo. OHLA afirma que será Judlau quien asuma el desembolso con sus propios recursos financieros, una precisión importante porque limita, al menos formalmente, la presión directa sobre la matriz.

El grupo cerró el primer trimestre de 2026 con 613 millones de euros de liquidez con recurso, un beneficio neto de 7,8 millones, un Ebitda de 48,3 millones y una cartera superior a los 10.000 millones. Son cifras que alejan la idea de una crisis inmediata de supervivencia. Pero tampoco convierten 38,6 millones —más los intereses pendientes— en calderilla.

La liquidez consolidada del grupo y el efectivo realmente disponible dentro de una filial estadounidense no son exactamente lo mismo. Parte del dinero puede estar vinculado a proyectos, garantías, circulante o necesidades operativas. Por eso la aclaración de que Judlau pagará por sí misma resulta tranquilizadora, aunque no despeja todas las dudas.

La provisión suaviza la cuenta, no la salida de caja

OHLA había informado del litigio en sus cuentas y dotó una provisión contable al cierre de 2025 basándose en su mejor estimación. Los administradores consideraban entonces que el asunto no produciría quebrantos adicionales relevantes.

Eso reduce el riesgo de que toda la condena aparezca de golpe como una nueva pérdida en la cuenta de resultados. Pero una provisión no es una hucha llena de billetes. Es el reconocimiento anticipado de una obligación probable. Cuando llega el pago, se produce una salida de efectivo, aunque el impacto contable ya se hubiera reflejado total o parcialmente antes.

La comunicación enviada a la CNMV no detalla qué cantidad exacta estaba provisionada, cuánto alcanzarán los intereses finales ni cuál será el efecto preciso en las próximas cuentas. Esa falta de desglose explica parte de la reacción bursátil. La bolsa tiene una relación complicada con las zonas grises: suele vender primero y leer las notas contables después.

La demanda contra los antiguos abogados

La vía judicial no ha terminado por completo, aunque ya no puede utilizarse para frenar esta condena. OHLA mantiene una demanda contra los abogados externos que dirigieron las primeras fases de la defensa, al considerar que existió mala praxis profesional.

Las cuentas anuales identificaban al despacho Troutman Pepper como destinatario de esa reclamación. La constructora pretende recuperar íntegramente las cantidades vinculadas al caso y señala que la responsabilidad estaría cubierta por la aseguradora del bufete. La empresa espera que este procedimiento se resuelva durante 2026.

Conviene separar las dos batallas. La condena laboral contra Judlau es firme y debe pagarse. La supuesta negligencia de los abogados es una reclamación diferente, todavía pendiente de resolución. Que OHLA considere sólidos sus argumentos no significa que el reembolso esté reconocido, pactado ni garantizado.

Judlau también trató de trasladar parte de la responsabilidad a la ciudad de Nueva York. Los jueces rechazaron esa pretensión al entender que los contratos de obra pública asignaban expresamente al contratista el deber de cumplir las normas salariales, comprobar las clasificaciones profesionales y asumir las consecuencias de posibles infracciones.

La demanda contra el antiguo equipo jurídico se ha convertido así en la principal opción para compensar el desembolso. Podría terminar con una sentencia favorable, una indemnización inferior, un acuerdo o una derrota. Hasta que ocurra, el posible resarcimiento debe leerse como una expectativa, no como dinero recuperado.

Un golpe que llega en plena recuperación

La condena aparece cuando OHLA empezaba a mostrar señales más convincentes de recuperación operativa. El grupo regresó a beneficios, mejoró sus márgenes de construcción y elevó su cartera a niveles históricos después de varios ejercicios marcados por reestructuraciones, ventas de activos y tensiones financieras.

El caso Herman no borra esa evolución, pero recuerda algo menos vistoso que una adjudicación ferroviaria o un nuevo hospital: los litigios antiguos pueden permanecer años bajo el balance y reaparecer cuando el negocio parece haber dejado atrás sus épocas más ásperas.

Para OHLA, el problema inmediato es una salida relevante de efectivo desde Judlau y unos intereses cuyo importe final tendrá que concretarse. Para el accionista, la cuestión decisiva será comprobar si la provisión cubre suficientemente el golpe, si la filial conserva músculo financiero después del pago y si la reclamación contra los antiguos abogados permite recuperar una parte sustancial.

No parece una amenaza existencial para un grupo con más de 10.000 millones de cartera y cientos de millones de liquidez. Tampoco es un simple tropiezo administrativo. Es una factura seria, definitiva en su vertiente laboral y todavía abierta en su vertiente económica. La obra judicial ha terminado; queda por saber quién acaba pagando realmente los andamios.