Los mensajes de Koldo a Torres que la UCO incorporó al caso

Los mensajes incorporados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al caso Koldo muestran que Koldo García presionó de forma insistente a Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, para acelerar pagos pendientes a una empresa relacionada con Víctor de Aldama. Torres respondió que seguía el expediente, habló con responsables de la Administración autonómica y comunicó avances sobre la tramitación. El intercambio permite reconstruir una secuencia concreta, aunque por sí solo no demuestra que se cometiera un delito: esa valoración corresponde al juez y depende también de los expedientes, los informes técnicos y el resto de las pruebas.

El foco está en las facturas de material sanitario suministrado durante la pandemia, en particular las vinculadas a Soluciones de Gestión. La UCO describe a Koldo como una figura con capacidad para influir en distintas administraciones y sostiene que esa influencia estaba relacionada con las retribuciones mensuales que, según los investigadores, recibía de Aldama. En Canarias, el resultado visible en los chats es la implicación directa del presidente en las gestiones de cobro y la tensión entre la urgencia de pagar y las comprobaciones que reclamaban los técnicos.

Una conversación que empieza con pagos pendientes

El primer intercambio incluido en el informe se remonta al 1 de julio de 2020. Torres le comunicó a Koldo que estaba con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad, y el asesor le agradeció la gestión. Al día siguiente, el presidente le explicó que su jefe de gabinete, Antonio Olivera, se pondría en contacto con él: el material ya estaba validado y Hacienda había completado un trámite para que se liberara el pago. Según la información recogida en el material de referencia, Koldo remitió una captura de esa conversación a Aldama, un detalle que vincula la reclamación con el empresario intermediario.

La secuencia no se limita a un mensaje aislado. Durante las semanas siguientes, Koldo insistió repetidamente en que se resolviera el pago, mientras Torres decía que estaba encima del asunto y pedía información sobre la cantidad adeudada y la empresa implicada. Koldo identificó a Soluciones de Gestión y señaló que la deuda ascendía a 7,5 millones de euros. Los mensajes dibujan así una cadena de comunicación en la que el asesor trasladaba las reclamaciones y el presidente informaba de gestiones administrativas concretas.

La cifra de 7,5 millones aparece en esa conversación como el importe pendiente que Koldo comunicó a Torres; no debe confundirse automáticamente con el valor total de las compras o de todos los contratos canarios relacionados con material sanitario. En otra información sobre la operación, la UCO cifra en 12.317.580,24 euros la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. Son referencias de distinto alcance: una deuda reclamada en los mensajes y el importe global de una compra descrita por los investigadores.

La presión de Koldo y la respuesta del presidente

El tono de Koldo se vuelve más apremiante a medida que el expediente avanza. En junio, según los mensajes reproducidos en el informe, describió la situación como desesperada para los responsables de la empresa y pidió que alguien se pusiera en contacto con ellos. En otro momento rogó a Torres que lograra la aceptación de una gestión pendiente y recurrió a una expresión extrema, seguida de una posdata que rebajaba en parte el tono. La insistencia ayuda a entender la presión privada que llegaba a la agenda del presidente, pero no determina por sí sola si las decisiones administrativas fueron correctas o no.

Torres le contestó que llamaría a la empresa cuando la transferencia estuviera hecha. Añadió que la orden ya se había firmado y que se estaba terminando el documento contable necesario para cargar el pago. Koldo respondió aliviado y comentó que los responsables de la compañía no sabían qué hacer. En otro mensaje agradeció la intervención y le dijo al presidente que podía contar con él. La familiaridad del intercambio es evidente, aunque el dato central para la investigación es más específico: Torres comunicaba a Koldo el estado de los trámites y asumía personalmente el seguimiento.

El informe sitúa también una conversación del 21 de julio en la que Torres explica que llevaba varios días tratando el asunto con el consejero y que había resistencia por parte de la responsable económica de Sanidad. Según su explicación, la objeción no consistía necesariamente en negarse a pagar la factura, sino en no efectuar abonos sin completar las validaciones requeridas, en un contexto en que otras empresas tenían dificultades. El presidente añadió que había trasladado la excepcionalidad del caso y que esperaba respuestas. Ese matiz técnico es clave: la discusión no aparece como una simple demora burocrática, sino como un choque entre el cobro reclamado y la exigencia de verificar el expediente.

En los mismos mensajes, Torres dijo que hablaría con una persona a la que había conocido recientemente en un restaurante. La UCO identifica a esa persona como Aldama. Horas después, el presidente escribió a Koldo que iba a resolver el asunto. El informe interpreta esa secuencia como un indicio de que el asesor consiguió que Torres se implicara y contactara con el empresario. Aun así, el contenido conocido no permite concluir por sí mismo qué se habló en el encuentro ni si esa conversación alteró una decisión técnica: la interpretación de los investigadores debe distinguirse de una conclusión judicial.

De las comprobaciones al anuncio de que el problema estaba resuelto

La cronología continúa el 23 de julio. Torres explicó a Koldo que había hablado con Íñigo Rotaeche, vinculado a Soluciones de Gestión, y que había activado la última comprobación solicitada por los servicios técnicos y jurídicos. Añadió que el asunto llevaba tiempo parado y que había intervenido para impulsarlo. La Guardia Civil destaca ese contacto porque, según su lectura, Koldo habría logrado que el presidente hablara directamente con Rotaeche y después le detallara las gestiones realizadas. El informe presenta la comunicación como parte de una cadena de influencia, no como una prueba autónoma de que se omitieran controles.

En otro intercambio, Torres envió una imagen de un documento y preguntó si allí aparecían las mascarillas. La pregunta apunta a que seguía de cerca información relativa al material contratado, aunque el extracto disponible no permite reconstruir todos los detalles del documento ni el motivo exacto de esa consulta. En agosto, el presidente comunicó que el consejero había firmado la orden de ingreso y que se había dado la instrucción de pagar con carácter inmediato, aunque el calendario habitual del Tesoro contemplaba ingresos en fechas determinadas.

Koldo respondió agradeciéndole su implicación y mencionó que la empresa había cumplido en otros lugares a los que, según él, la habían enviado. También le expresó que estaría a su disposición. Este mensaje importa por lo que revela sobre la percepción de Koldo: presentaba la reclamación canaria como un asunto dentro de una relación más amplia con distintas administraciones. La UCO sitúa ese intercambio junto a su tesis sobre la capacidad del asesor para hacer gestiones en favor de Aldama, pero la afirmación de Koldo no equivale a una acreditación independiente de cada operación que menciona.

El pago, sin embargo, no quedó definitivamente cerrado en agosto. En septiembre todavía había cantidades pendientes y Koldo trasladó al jefe de gabinete de Torres que la empresa podía emprender acciones legales contra el Gobierno canario. También dirigió sus reproches contra Conrado Domínguez, entonces responsable del Servicio Canario de Salud. La persistencia de la reclamación muestra que las gestiones comunicadas durante el verano no resolvieron de inmediato todas las incidencias. El expediente siguió abierto durante meses, y esa duración ayuda a explicar por qué los mensajes reaparecen una y otra vez en la conversación.

El 3 de noviembre, Torres informó a Koldo de que tenía en su poder el informe favorable definitivo sobre las mascarillas. Al día siguiente, el intercambio se centró en otra operación relacionada con Megalab, que Koldo quería impulsar en Canarias. Torres le remitió un documento sobre la aceptación de una sustitución de mascarillas y le adelantó que podía celebrarlo. Koldo reaccionó con entusiasmo y el presidente añadió que debía hablar con Ábalos sobre los test para evitar errores en una nota de prensa. Estos mensajes amplían el contexto: la relación no giraba únicamente en torno a una factura, sino también a otros asuntos sanitarios y a la comunicación pública sobre las medidas.

El trasfondo de las mascarillas y las dudas administrativas

La contratación se produjo durante los primeros meses de la pandemia, cuando las administraciones buscaban material sanitario en un mercado internacional sometido a una demanda extraordinaria. La emergencia permitía tramitar compras con más rapidez que un procedimiento ordinario, pero no eliminaba la obligación de comprobar qué se recibía, si el producto cumplía los requisitos y si la factura podía pagarse. En el caso canario, la información de la UCO recoge dudas de responsables de la tramitación sobre el precio y la calidad, además de la discusión acerca de si el material y la documentación estaban suficientemente validados.

Entre los datos difundidos sobre la operación figura una factura proforma por 2,75 millones de mascarillas a un precio de 2,50 euros cada una, por un total de 6,875 millones de euros. Esa cifra describe una propuesta concreta y no debe confundirse con los 7,5 millones que Koldo identificó en los mensajes como deuda pendiente ni con el importe total de las compras atribuidas a la empresa en Canarias. La diferencia entre las cantidades subraya una cautela importante: las cifras pueden referirse a fases, partidas o conceptos distintos, por lo que no forman una única suma sin revisar los expedientes originales.

La UCO sostiene que, mientras algunos responsables políticos y personas vinculadas a la operación daban por encaminada la compra, dentro de la Administración aún se estudiaba su viabilidad, incluida la aptitud del material para uso sanitario. También se describen reparos sobre el precio y sobre la existencia de reservas suficientes en la comunidad. Ese contexto hace que la insistencia de Koldo tenga una relevancia especial: no reclamaba simplemente una transferencia ya tramitada, sino que presionaba mientras persistían cuestiones administrativas que debían resolverse. La investigación busca aclarar si esas objeciones se atendieron de manera regular o si hubo un trato excepcional.

La frontera entre supervisar un expediente y forzar una decisión no se establece solo por el número de llamadas de un presidente. Un responsable político puede pedir que se explique una demora y que los servicios resuelvan cuanto antes lo que esté pendiente. La cuestión cambia si se ordena pagar contra un informe desfavorable, se desplaza a los técnicos o se ignoran requisitos esenciales. Los mensajes publicados reflejan que Torres se involucró y que Koldo ejerció presión; para determinar dónde se situó esa intervención hacen falta también los documentos administrativos, las validaciones, las órdenes de pago y el testimonio de quienes tramitaron la compra.

Qué aporta la lectura conjunta de los chats

Leídos en orden, los mensajes permiten ver cómo una reclamación empresarial llegó hasta el máximo responsable político del Gobierno canario. Koldo comunicaba la urgencia, trasladaba el malestar de la empresa y pedía una solución. Torres respondía con información sobre la validación del material, las gestiones con Sanidad y Hacienda, los contactos con responsables de la operación y las órdenes de pago. La serie también muestra que el proceso tuvo interrupciones y comprobaciones pendientes. Su valor está en la cronología y en la conexión entre actores, más que en una frase aislada o en el tono familiar de la conversación.

Otro aspecto relevante es que Koldo compartía con Aldama información de sus intercambios con Torres, según recoge la UCO. Ese traslado situaría al empresario al tanto de las gestiones y de la evolución del expediente. Los investigadores relacionan esa dinámica con la influencia que atribuyen al asesor y con las comisiones mensuales que, según su informe, percibía de Aldama para resolver problemas con las administraciones. Se trata de la interpretación policial de los indicios recopilados; no debe presentarse como una sentencia ni como una determinación judicial firme.

Los chats tampoco resuelven por sí solos si el material entregado era defectuoso, si las facturas se abonaron tras superar las comprobaciones o si hubo perjuicio para las arcas públicas. Para responder a esas cuestiones hay que examinar los contratos, los informes técnicos y contables, las actas de recepción y la trazabilidad de cada pago. El informe policial reúne elementos para que el juez valore el conjunto, pero la UCO investiga y aporta indicios; no dicta condenas. Esa diferencia es esencial en una causa que combina mensajes, decisiones administrativas y relaciones entre empresarios y cargos públicos.

El alcance político es distinto del penal. El material conocido coloca a Torres en una posición incómoda porque muestra que asumió un seguimiento personal de una operación ligada a un intermediario investigado. Para el Gobierno y el entorno del ministro, la intervención puede explicarse como una exigencia de agilidad en una emergencia y no como una orden para saltarse controles. La oposición, en cambio, interpreta los contactos como indicios de un trato de favor y ha reclamado su dimisión. Son lecturas enfrentadas de los mismos hechos; ninguna sustituye la comprobación documental que exige la investigación.

Una investigación abierta y dos planos distintos

El artículo de referencia sitúa a Torres fuera de la condición de imputado en el momento al que se refiere la información. Ese dato procesal no equivale a una exoneración definitiva, del mismo modo que la aparición de su nombre en un informe policial no supone que haya cometido un delito. La causa debe avanzar con las garantías propias de una investigación judicial y con la posibilidad de contrastar lo que dicen los mensajes con los expedientes y con la explicación de cada participante. La presunción de inocencia y el escrutinio público no son incompatibles: una exige prudencia al atribuir responsabilidades; el otro permite examinar las decisiones de quienes ejercen cargos públicos.

La reacción política descrita en la información disponible refleja esa distancia. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, descartó que el material demostrara una implicación del ministro, mientras el PSOE defendió que las conversaciones debían leerse en su contexto. El PP reclamó la dimisión de Torres y elevó el coste político de los contactos. En Canarias, el portavoz Alfonso Cabello pidió prudencia ante la publicación parcial de la documentación. Las declaraciones expresan posiciones partidistas, no conclusiones sobre la legalidad de los pagos.

La pregunta de fondo no es si un presidente puede interesarse por una factura: puede hacerlo como parte de su responsabilidad de gestión. Lo determinante es qué hizo después de conocer las objeciones, si se mantuvieron las comprobaciones y si el pago se autorizó cuando el expediente cumplía los requisitos. Los mensajes aportan indicios sobre el grado de implicación de Torres y la presión de Koldo, pero no ofrecen por sí solos toda la respuesta. La diferencia entre acelerar un trámite y alterar sus garantías se encuentra en los documentos y en las decisiones efectivamente adoptadas.

Por eso, el informe de la UCO añade una pieza relevante, pero no cierra el caso. La cronología muestra que las gestiones comenzaron en julio de 2020, que continuaron durante el verano y que la conversación siguió en noviembre, cuando Torres comunicó que tenía un informe favorable definitivo. También deja claro que las reclamaciones y las dudas administrativas convivieron durante meses. El esclarecimiento dependerá de cómo encaje esa secuencia con las pruebas restantes: ahí se decidirá si hubo una supervisión intensa en una crisis excepcional o si la presión privada logró inclinar la actuación pública hacia un proveedor concreto.