¿Por qué murió una mujer esperando un fármaco en Marbella?

Una mujer murió en Marbella por un visado tardío de ticagrelor; relato del caso, fallos de sistema y soluciones para evitarlo

Una mujer de 65 años murió en Marbella tras pasar tres días sin poder iniciar un tratamiento antiagregante prescrito después de colocarle varios stents coronarios. El fármaco, ticagrelor, necesitaba un visado administrativo para ser dispensado en farmacia y esa autorización, tramitada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se aprobó cinco horas después del fallecimiento. La paciente había recibido el alta en Semana Santa, justo en los días festivos más intensos del año. Salió con la receta cargada en la receta electrónica, pero sin una dosis de continuidad para cubrir el fin de semana. Cuando fue a la farmacia, chocó con un mensaje frío: “pendiente de visado”. Sin ese sello, no había pastillas.

El desenlace se produjo el 21 de abril de 2025, de camino al hospital para presentar una reclamación formal. Sufrió un infarto en el autobús y no pudo recuperarse. La cronología apunta a un mismo punto ciego: el circuito administrativo del visado no funcionó a la velocidad que exige un tratamiento crítico en las primeras 24–48 horas tras la implantación de stents. La Asociación El Defensor del Paciente respalda a la familia y ha presentado una reclamación patrimonial contra el SAS por importe de 200.000 euros, firmada por el abogado Damián Vázquez, especialista en derecho sanitario. En el centro de todo, una pregunta incómoda para cualquier sistema público de salud: ¿cómo es posible que un requisito burocrático se interponga en el inicio de una terapia que los cardiólogos consideran “inexcusable”?

Cronología precisa: del alta al desenlace

La paciente fue intervenida a mediados de abril en el Hospital Costa del Sol, en Marbella. Los facultativos le implantaron varios stents y pautaron el estándar posterior: doble antiagregación (aspirina más un inhibidor P2Y12). En su caso, ticagrelor. El alta se produjo el Viernes Santo (18 de abril), con la advertencia clínica habitual: comenzar el antiagregante de inmediato y no interrumpirlo. Hasta aquí, medicina básica de un proceso que se repite cada día en cualquier área de cardiología intervencionista.

El problema llegó con un matiz que no debería haber cambiado nada y sin embargo lo cambió todo: ticagrelor se encuentra entre los medicamentos sometidos a visado previo de inspección para su dispensación financiada. Nada extraño en sí mismo: el visado es un control administrativo usado por las comunidades autónomas para verificar que un fármaco se ajusta a la indicación financiada. La solicitud se hace de forma electrónica y, en teoría, se resuelve con agilidad. Pero era Semana Santa. La paciente acudió a una farmacia de guardia el mismo viernes, volvió el sábado 19 y el domingo 20. En todos los intentos, idéntico desenlace: el sistema mostraba la receta “pendiente de visado”. Nadie le entregó una caja puente, ni desde el hospital ni desde la oficina de farmacia, porque el circuito no prevé dispensación sin autorización y el alta no incluyó medicación de continuidad.

El lunes 21 de abril, ya en día laborable, la mujer decidió acudir al Hospital Costa del Sol para formalizar una queja con el justificante de la farmacia. Cogió un autobús. En el trayecto sufrió un paro cardiaco. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció. Ese mismo lunes, cinco horas después de la certificación de la muerte, el visado quedó aprobado en el sistema. Un sello a destiempo.

Quiénes están implicados y qué sostienen

Los protagonistas institucionales son claros. Por un lado, la familia de la paciente, representada por Damián Vázquez, que atribuye el fallecimiento a una demora evitable en la autorización de un medicamento catalogado como vital en el informe de alta. Respaldando esa tesis está la Asociación El Defensor del Paciente, que exige revisar con urgencia la operativa del visado cuando se trata de terapias sin margen de espera; señalan a los festivos prolongados como un punto crítico que el sistema no está cubriendo. Solicitan responsabilidades y una indemnización.

En el otro lado está el Servicio Andaluz de Salud, del que depende la Inspección de Servicios Sanitarios encargada de autorizar el visado, y el Hospital Costa del Sol, donde se produjo la intervención y el alta. De la administración se espera una explicación técnica: cuándo se emitió la solicitud de visado, qué trámites se realizaron durante el periodo festivo, si existían guardias para validar tratamientos críticas, por qué la paciente salió sin dosis de continuidad y cuándo saltó la aprobación en la plataforma electrónica. También interesa saber si el hospital ofreció algún plan alternativo (por ejemplo, cambiar temporalmente a otro antiagregante disponible sin visado o facilitar medicación hospitalaria para 48–72 horas). Son detalles que no devuelven la vida, pero sirven para corregir el circuito y evitar que la próxima receta urgente choque de nuevo contra un muro.

El visado farmacéutico: qué es y cuándo bloquea

El visado es un control previo que aplican los servicios de inspección a determinados medicamentos financiados. No reescribe la indicación del médico, pero sí autoriza la dispensación con cargo a fondos públicos cuando se cumplen condiciones de uso pactadas a nivel nacional y autonómico. Funciona de forma telemática: el facultativo o el centro tramita, la inspección valida y la farmacia dispensa cuando el sistema marca la receta como “visada”. Sobre el papel, es un filtro rápido para proteger el uso racional del medicamento. En la práctica, si el proceso depende de horarios administrativos y no hay vías de excepción, se convierte en un cuello de botella para tratamientos con “tiempo cero”.

Hay fármacos que pueden esperar unas horas o incluso un par de días sin comprometer la seguridad. Otros no. Y ticagrelor —en un síndrome coronario agudo con stents recién implantados— pertenece al segundo grupo. Por eso, cuando el alta coincide con festivos y el visado no se tramita en tiempo real, el sistema sanitario debe ofrecer redes de seguridad: dosis puente al alta, carriles rápidos de inspección o dispensación provisional con auditoría posterior. Nada de eso ocurrió en Marbella, según la reconstrucción del caso.

Ticagrelor tras un stent: terapia que no puede esperar

Tras un infarto o una angioplastia con stent, los cardiólogos pautan doble antiagregación plaquetaria durante un periodo definido. Empezar cuanto antes reduce el riesgo de trombosis del stent, nuevo infarto y muerte. La interrupción temprana o el inicio tardío son escenarios de riesgo. No estamos ante un complemento, sino ante un pilar terapéutico con evidencia clínica sólida. Dicho en sencillo: el primer comprimido no puede quedar pendiente de un sello administrativo hasta el siguiente día laborable.

Qué falló en Marbella: puntos críticos del circuito

El circuito quebró en varios tramos. Primero, en el alta. Si el medicamento clave está sometido a visado, el equipo prescriptor debe anticiparlo. La salida del hospital en Viernes Santo —con farmacias abiertas en régimen de guardia y servicios de inspección sin refuerzo— exigía una dosis de continuidad o un plan alternativo. Esa es la principal línea roja: un paciente recién revascularizado no debería abandonar un hospital sin la primera toma garantizada o sin una validación exprés ya emitida.

Segundo, en la inspección. El sistema andaluz de visados funciona con validación electrónica. Es razonable para la gestión ordinaria, pero insuficiente cuando la ventana clínica es estrecha y coincide con festivos. La existencia de guardias de inspección o de protocolos de validación automática en ciertos supuestos —por ejemplo, tras una angioplastia con stent y diagnóstico de infarto— habría evitado la demora de tres días. Si el visado se aprobó el lunes por la tarde, significa que estaba técnicamente listo para emitirse; el atasco fue organizativo.

Tercero, en la farmacia comunitaria. El profesional de la oficina está obligado a respetar la normativa: sin visado, no puede dispensar. Pero el caso muestra la necesidad de crear una figura operativa: la dispensación provisional con un mecanismo de notificación inmediata al hospital y a la inspección. De esta forma, en tratamientos vitales y documentados, el paciente no sale de la farmacia con las manos vacías. Es un modelo que otras jurisdicciones emplean con auditoría posterior y sanción si se abusa. Coloca la seguridad del paciente por delante.

Cuarto, en la interoperabilidad de la receta electrónica. Un aviso claro en la aplicación del paciente y del farmacéutico —“medicamento con visado; solicitud enviada; prioridad alta; contacto de urgencia”— hubiera orientado el caso. No resuelve todo, pero reduce incertidumbre y activa mejores decisiones: acudir al servicio de urgencias, contactar con cardiología, o gestionar una sustitución temporal si procede.

Medidas inmediatas para que no vuelva a suceder

No hace falta reescribir la sanidad pública para arreglar este problema. Bastan ajustes concretos que protejan los casos tiempo-dependientes.

Una primera medida es definir una lista positiva de “medicaciones de ventana cero”. Allí deben figurar los antiagregantes potentes como ticagrelor o prasugrel tras un síndrome coronario agudo, ciertos antibióticos en infecciones graves, algunos anticoagulantes y los fármacos que la evidencia clínica identifica como imprescindibles en las primeras 24–48 horas. Para todos ellos, el visado tendría validación automática si se cumplen criterios codificados en el informe de alta, o una guardia de inspección 365 días al año para resolver en minutos.

Segunda: reforzar la conciliación de la medicación al alta en los servicios de cardiología y urgencias. En cada paciente con stent, el protocolo debería incluir la entrega hospitalaria de 2–3 días de tratamiento o la confirmación telemática del visado antes de abandonar la planta. Se hace ya con otras terapias sensibles; estandarizarlo en cardiología evita el hueco del fin de semana.

Tercera: crear en farmacia la figura de la dispensación provisional documentada. Con una receta electrónica que acredita la intervención cardiaca y un informe de alta con indicación explícita, la farmacia entregaría una caja puente y notificaría al SAS y al médico. La inspección audita después. Si el caso no cumple criterios, habrá reintegro. Si cumple, el paciente no espera.

Cuarta: transparencia. Un informe público —no para buscar culpables a la ligera, sino para aprender del fallo— debe aclarar cuándo se introdujo la solicitud de visado, qué dispositivos de guardia existían, por qué el alta no incluyó medicación puente y cuándo se produjo exactamente la autorización que llegó cinco horas tarde. Con esa información, la administración puede sellar la grieta.

Quinta: formación y alertas. Los profesionales deben conocer al detalle qué presentaciones precisan visado y qué vías rápidas existen. Y el sistema debe avisar cuando una receta “pendiente de visado” corresponde a una terapia crítica. Un semáforo clínico en la receta electrónica —rojo, naranja, verde— permitiría priorizar a quien no puede esperar.

Sexta: evaluar el impacto del visado en tiempo real. Si se detecta que una proporción significativa de las validaciones se aprueba al primer intento sin requerir documentación adicional, quizá sea sensato eliminar el visado en esas indicaciones o automatizarlo cuando el diagnóstico codificado lo avale. El objetivo no es desregular, sino equilibrar control y seguridad del paciente.

Urgencias que no esperan al lunes

Lo sucedido en Marbella no encaja en el casillero de la fatalidad inevitable. Es la suma de pequeños fallos en un sistema complejo: un alta en festivo sin cobertura de continuidad, un visado que no se tramita con prioridad en una terapia tiempo-dependiente, una farmacia que no tiene margen para actuar sin autorización, una receta electrónica que no advierte del riesgo y un sello que aparece horas después cuando el daño ya es irreparable. Los nombres propios lo anclan a la realidad: una vecina de 65 años, el Hospital Costa del Sol, el SAS, la Asociación El Defensor del Paciente, el letrado Damián Vázquez y un medicamento —ticagrelor— que no debería haberse hecho esperar.

La medicina no puede prometer imposibles, pero sí evitar lo evitable. En el contexto de un síndrome coronario agudo, cada hora sin el antiagregante recomendado suma riesgo. El coste humano es incalculable; el coste sanitario, también, porque un reinfarcto o una trombosis del stent multiplican ingresos, procedimientos y secuelas. Justamente por eso existen los protocolos: para que lo que sabemos que funciona —la terapia temprana— llegue a tiempo. Y cuando la organización, la tecnología o la burocracia entorpecen ese trayecto, hay que moverlas de sitio.

La familia pide responsabilidades y un cambio de reglas. Tiene sentido. Más allá del resultado de la reclamación patrimonial, la administración sanitaria dispone de herramientas para corregir ya: dosis puente al alta, guardias de inspección para visados críticos, dispensación provisional en farmacia, alertas en la receta electrónica y automatización de supuestos bien definidos. No son ocurrencias; son medidas realistas que alinean el procedimiento con la urgencia clínica.

Queda, por último, la confianza. Episodios como éste erosionan la percepción de un sistema que, día a día, salva vidas y funciona con un nivel de calidad notable. Recuperarla pasa por explicar, corregir y vigilar que el circuito no vuelve a detenerse en festivo. Un antiagregante no es un capricho. Es un seguro de vida en comprimidos. En Marbella, el seguro se quedó atascado en un despacho virtual y el sello llegó cinco horas tarde. Ese retraso debe ser el último.