¿Dónde pone más multas la DGT por velocidad en 2026 y cuánto se paga?

Valencia se ha convertido en el punto más caliente del nuevo mapa español de las multas por exceso de velocidad. Los últimos datos cerrados sitúan a la provincia al frente de la recaudación asociada a los radares y colocan, además, al cinemómetro del kilómetro 326 de la A-7 como el más activo de España: registró 90.766 denuncias durante 2025, unas 249 al día. Una cada seis minutos, aproximadamente. El segundo puesto tampoco se marcha muy lejos: está en Alicante.

Conviene aclarar una confusión que se está extendiendo a la misma velocidad que las multas. El mapa que vuelve a ser noticia en septiembre de 2026 utiliza fundamentalmente las cifras completas de 2025, último ejercicio anual cerrado. Y los famosos 6,1 millones de denuncias que aparecen estos días en numerosos titulares no fueron 6,1 millones de multas de radar. El balance anual de la DGT contabiliza exactamente 6.106.354 denuncias de tráfico de todo tipo en las carreteras de su competencia, sin incluir Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas estas funciones.

La velocidad, eso sí, ocupa un lugar enorme en esa fotografía. Según el estudio elaborado a partir de los datos de Tráfico por Automovilistas Europeos Asociados, las sanciones por rebasar los límites dejaron 246,8 millones de euros en 2025, un 14% más que un año antes. El acelerador, visto desde Hacienda, casi parece haber descubierto una segunda profesión.

Valencia, Madrid y Cádiz encabezan el mapa de las multas

Las diferencias territoriales son llamativas. Valencia recaudó 18,9 millones de euros mediante multas por velocidad durante 2025, aproximadamente un 87% más que el ejercicio anterior. Madrid quedó inmediatamente detrás, con 17,9 millones, mientras que Cádiz alcanzó los 16,5 millones.

Málaga, Alicante, Granada y Sevilla también superaron los 10 millones de euros. En el otro extremo aparecen provincias como Ourense, Cáceres o Salamanca, donde los ingresos derivados de estas sanciones fueron mucho menores.

Pero el dato que explica buena parte del mapa no está en una comunidad autónoma entera, sino en unas pocas cajas metálicas junto al asfalto. De los más de mil radares contabilizados en la red controlada por la DGT, 50 dispositivos concentraron 1.342.285 denuncias durante 2025. Es decir, una parte extraordinariamente grande de las sanciones por velocidad nace en un puñado de puntos concretos.

No se trata, por tanto, de una lluvia fina repartida por toda España. Hay auténticos embudos sancionadores.

El radar de la A-7 que puso 90.766 multas

El caso más espectacular se encuentra en la A-7, kilómetro 326, a la altura de La Canyada, en Paterna, Valencia. El dispositivo terminó 2025 con 90.766 denuncias, después de haber permanecido prácticamente inactivo durante buena parte del ejercicio anterior.

El segundo radar más activo fue el situado en el kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, con 72.557 denuncias. Completa el podio el cinemómetro de la A-15, kilómetro 127, en Navarra, con 67.445.

Después aparecen el radar de la TF-2 en Santa Cruz de Tenerife, con 49.641 denuncias; el de la A-7 en Málaga, kilómetro 968, con 45.050; y uno de los clásicos madrileños, el situado en el kilómetro 20 de la M-40, que acumuló 43.500.

La concentración tiene algo de geografía económica: grandes corredores, entradas metropolitanas, vías costeras y carreteras con intensidades elevadas de tráfico. Allí donde pasan miles y miles de vehículos cada jornada, pequeñas desviaciones sobre el límite terminan produciendo montañas de expedientes.

Cuánto cuesta superar el límite de velocidad en 2026

La escala de sanciones vigente en 2026 mantiene una horquilla que comienza en 100 euros y termina en 600 euros, con una pérdida posible de hasta seis puntos del permiso de conducir.

La multa inicial de 100 euros no implica pérdida de puntos. A partir de determinados excesos, el salto ya es considerable: 300 euros y dos puntos, después 400 euros y cuatro puntos, 500 euros y seis puntos y, para las infracciones muy graves, 600 euros acompañados también de seis puntos.

El detalle depende del límite concreto de la carretera. En una autopista o autovía limitada a 120 km/h, circular entre 121 y 150 km/h supone 100 euros sin puntos. Entre 151 y 170 km/h, la sanción sube a 300 euros y dos puntos; de 171 a 180 km/h son 400 euros y cuatro puntos; entre 181 y 190 km/h, 500 euros y seis puntos. A partir de 191 km/h se entra en el tramo administrativo de 600 euros y seis puntos, sin perjuicio de que la conducta pueda cruzar también la frontera penal.

En una vía limitada a 90 km/h, por ejemplo, circular entre 91 y 120 km/h cuesta 100 euros. Entre 121 y 140 km/h son 300 euros y dos puntos; entre 141 y 150 km/h, 400 euros y cuatro puntos; entre 151 y 160 km/h, 500 euros y seis puntos; y desde 161 km/h, 600 euros y seis puntos.

La diferencia resulta todavía más visible con límites bajos. En una vía de 30 km/h, circular entre 31 y 50 km/h implica una sanción de 100 euros sin detracción de puntos. Entre 51 y 60 km/h son ya 300 euros y dos puntos. De 61 a 70 km/h, 400 euros y cuatro puntos; entre 71 y 80 km/h, 500 euros y seis puntos. Superar los 80 km/h lleva la infracción administrativa hasta los 600 euros y seis puntos.

Ahí desaparece bastante rápido la sensación de que se trataba de “solo unos kilómetros de más”. Con límites urbanos de 20 o 30 km/h, una diferencia que visualmente puede parecer pequeña modifica con rapidez la gravedad jurídica de la conducta.

Cuándo una multa por velocidad puede convertirse en delito

Hay un momento en el que el asunto deja de resolverse únicamente pagando una sanción. El Código Penal establece que conducir a una velocidad superior en más de 60 km/h al límite permitido en vía urbana o en más de 80 km/h en vía interurbana constituye delito contra la seguridad vial.

Las consecuencias pueden incluir prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquiera de esos casos se añade la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y de hasta cuatro.

No es una posibilidad puramente teórica. Durante la campaña especial de vigilancia desarrollada por la DGT entre el 3 y el 9 de agosto de 2026, la Guardia Civil controló la velocidad de 1.037.333 vehículos en 3.466 puntos. Más de 69.000 conductores fueron denunciados y 19 acabaron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad autorizada.

La fotografía reciente confirma que los grandes excesos de velocidad continúan apareciendo en carretera pese al crecimiento del número de radares y controles.

La discusión sobre los radares: seguridad frente a recaudación

Con casi 247 millones de euros procedentes de sanciones por velocidad, el debate es inevitable. AEA sostiene que existe una concentración excesiva de radares y denuncias en autopistas y autovías, mientras que las carreteras convencionales continúan soportando una parte muy relevante de la siniestralidad grave.

La asociación interpreta ese desequilibrio como una señal de que algunos dispositivos funcionan más eficazmente como instrumentos recaudatorios que como elementos capaces de modificar de manera estable el comportamiento del conductor.

La DGT plantea el argumento desde la otra orilla: la velocidad excesiva o inadecuada aumenta tanto la probabilidad de accidente como su gravedad, y el control mediante cinemómetros forma parte de una política preventiva más amplia. No son dos discusiones exactamente incompatibles. Un radar puede ser necesario desde el punto de vista de la seguridad y, al mismo tiempo, merecer preguntas cuando mantiene durante años decenas de miles de sanciones en el mismo lugar.

Ahí está precisamente la paradoja. Si un aparato fotografía una infracción tras otra en idéntico punto, cabe preguntarse también por el diseño de la vía, la claridad de la señalización o la adecuación del límite. Castigar una conducta y conseguir que deje de producirse no siempre son la misma cosa.

Qué ocurre cuando llega una multa de radar

La notificación merece ser leída antes de sacar la tarjeta. Para las sanciones tramitadas por la DGT existe, con las excepciones previstas legalmente, un periodo voluntario de 20 días naturales desde la notificación en el que puede abonarse el importe con una reducción del 50%.

Ese descuento tiene una contrapartida importante: el pago reducido implica renunciar a presentar alegaciones contra la sanción. Si el conductor considera que existe un error en la matrícula, la medición, la señalización o cualquier otro elemento relevante del expediente, pagar inmediatamente puede cerrar esa vía de defensa.

También conviene extremar la precaución ante los mensajes falsos. La DGT recuerda que no comunica las multas mediante correos electrónicos ordinarios con enlaces de pago. Las notificaciones oficiales llegan por correo postal o electrónicamente a través de la Dirección Electrónica Vial cuando el interesado está dado de alta.

Entre flashes, SMS fraudulentos y páginas que prometen saber al segundo si un radar ha cazado el coche, la vieja prudencia sigue funcionando bastante bien: comprobar primero, pagar después.

Un mapa que explica mucho más que dónde están los radares

Los datos conocidos en 2026 dejan una imagen bastante definida: Valencia ocupa el centro del mapa de las sanciones por velocidad, dos radares de la Comunitat Valenciana encabezan la clasificación nacional y apenas 50 dispositivos acumulan una parte desproporcionada de las denuncias.

También dejan algo menos vistoso, pero más importante. El cuadro de sanciones continúa siendo severo: desde 100 euros sin puntos hasta 600 euros y seis puntos, y los excesos más graves pueden terminar directamente ante un juez.

Los radares seguirán alimentando la vieja discusión española entre prevención y afán recaudatorio. Las cifras permiten discutir ambas cosas, pero hay una realidad que no admite demasiada literatura: el límite señalado en la carretera es el que cuenta. Y en 2026 hay más ojos electrónicos observando el velocímetro que nunca.