¿Quién alertó antes del ES-Alert? La alcaldesa de Carlet en la dana

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, del PP, ha aportado a la jueza que investiga la gestión de la dana una cronología que deja una comparación difícil de esquivar: su Ayuntamiento pidió a los vecinos próximos al río Magro que subieran a plantas altas antes de las 18.30 horas del 29 de octubre de 2024. El primer mensaje ES-Alert de la Generalitat no llegó a los móviles hasta las 20.11, al menos una hora y 41 minutos después, y ni siquiera incluía esa recomendación concreta.

Sáez, que declaró como testigo el pasado 31 de julio ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, también entregó al juzgado dos fotografías hasta ahora inéditas de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, durante su visita a Carlet aquella tarde. Las imágenes añaden una pieza más a la reconstrucción de unas horas que la instrucción judicial lleva meses examinando casi minuto a minuto: quién sabía qué, cuándo lo supo y, sobre todo, qué hizo con esa información.

La declaración no resuelve por sí sola las responsabilidades penales de la catástrofe, ni pretende hacerlo. Sí aporta algo menos espectacular pero bastante incómodo: un ejemplo concreto de que, con la información disponible aquella tarde, una administración local tomó medidas preventivas y avisó de un riesgo grave mucho antes del mensaje autonómico.

Carlet llevaba avisando desde la mañana del 29 de octubre

La actuación del Ayuntamiento de Carlet no empezó a última hora de la tarde. Según explicó Sáez ante la jueza, el consistorio había suspendido las clases desde la víspera, cerrado instalaciones municipales y colocado barreras en caminos y zonas próximas a barrancos susceptibles de inundarse.

A las 9.15 horas, el Ayuntamiento ya comunicaba a los vecinos que evitaran desplazamientos hacia las casetas de montaña porque algunos caminos estaban inundados. A las 9.45 informó del corte de la autovía en dirección Alicante y durante la mañana fue difundiendo avisos sobre la evolución meteorológica, las restricciones de movilidad y las incidencias que iban apareciendo. A las 13.15, además, decidió enviar a casa a los trabajadores municipales que residían fuera de Carlet.

No había allí una bola de cristal. Había avisos meteorológicos, conocimiento del territorio y una decisión política bastante elemental: ante la posibilidad de que la situación empeorara, reducir la exposición de la población al riesgo.

Sáez explicó que había trabajado durante tres años en la Delegación del Gobierno y que conocía los puntos vulnerables de su municipio. Carlet está situada entre el barranco de Benimodo y el río Magro, en una comarca donde las lluvias intensas pueden convertir cauces aparentemente tranquilos en otra cosa en cuestión de horas.

La suspensión preventiva de las clases tampoco era una decisión cómoda. Miles de familias tienen que reorganizarse cuando un colegio cierra y, como señaló la propia alcaldesa, hacerlo cuando todavía no existe el máximo nivel de alerta tiene un coste. Aquella vez decidió hacerlo. La previsión pesó más que la comodidad administrativa.

Pradas estuvo en Carlet pocas horas antes del Cecopi

Uno de los elementos nuevos que Sáez ha incorporado al procedimiento son dos fotografías de Salomé Pradas en Carlet durante la jornada de la dana.

Poco antes de las 14.00, según la declaración de la alcaldesa, la jefa de gabinete de Pradas le comunicó que la consellera se desplazaría al municipio acompañada por el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La intención inicial era visitar a los bomberos forestales que trabajaban en el barranco. El empeoramiento de la lluvia obligó primero a refugiarse en el Ayuntamiento.

Durante aquella estancia, Pradas llegó a utilizar el teléfono de Sáez para hablar con el alcalde de l’Alcúdia por la desaparición de un conductor. La alcaldesa declaró que su impresión fue que la consellera estaba tomando decisiones y dando instrucciones, y que no la vio condicionada ni impedida para actuar.

Ese matiz tiene relevancia dentro de la causa porque Pradas figura entre las personas investigadas por la gestión de la emergencia. Sáez, compañera de partido tanto de la exconsellera como de Carlos Mazón, no presentó ante la jueza una escena de bloqueo institucional durante esa visita. Al contrario: describió a Pradas como la autoridad que parecía llevar el peso de la gestión por encima de Argüeso.

La llamada sobre Utiel que precedió a la convocatoria

La situación fue empeorando. Sáez declaró que, después de las 15.00, varios tornados afectaron al término municipal y provocaron graves daños, entre ellos la caída de más de una veintena de torres eléctricas. La existencia de tornados en Carlet y otras localidades próximas quedó documentada ya durante aquella misma jornada.

Poco después de las 16.00, tras recibir información sobre la gravedad de las inundaciones en Utiel, Pradas decidió convocar el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el Cecopi, para las 17.00 en el centro de emergencias de l’Eliana. Los registros conocidos sitúan la comunicación de esa convocatoria a la Delegación del Gobierno alrededor de las 16.20.

Sáez recordó especialmente una frase que atribuyó a Pradas durante una conversación telefónica sobre Utiel: estaba solicitando todos los recursos disponibles porque no quería que muriera nadie.

La frase importa, pero más importa la hora. A esas alturas de la tarde la gravedad de la emergencia ya no era una hipótesis meteorológica.

El aviso de Carlet que llegó 101 minutos antes

El episodio que coloca la declaración de Laura Sáez en el centro de la discusión sobre los avisos ocurrió a partir de las 17.00.

La Policía Local comunicó a la alcaldesa que se había recibido información sobre desembalses en Forata. Sáez llamó entonces al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para conocer la situación. Según relató ante la jueza, Polo le explicó que al agua procedente de las lluvias aguas arriba se sumaría la salida del embalse y que llegaría mucha más agua hacia el municipio.

El Cecopal de Carlet reaccionó colocando sacos y otras barreras en puntos sensibles. La Policía Local empezó a advertir a los vecinos de las zonas próximas al río Magro de que debían refugiarse en pisos superiores.

Ocurrió antes de las 18.30 horas, de acuerdo con la cronología aportada al juzgado.

El primer ES-Alert autonómico llegó a las 20.11.

Entre ambas horas hay al menos 101 minutos.

Y existe otro detalle relevante. El mensaje enviado a toda la provincia a las 20.11 pedía fundamentalmente evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades. No ordenaba subir a plantas altas ni alejarse de cauces, precisamente la medida que Carlet ya había transmitido a parte de su población. Esa recomendación apareció después, en un segundo mensaje enviado a las 20.57 a decenas de municipios de las zonas afectadas.

El Ayuntamiento también pidió retirar vehículos de las zonas amenazadas y decidió cortar el puente para evitar que alguien intentara atravesarlo cuando aumentara el caudal.

Sáez contó, además, que alrededor de las 18.35 intervino en À Punt para insistir públicamente en las medidas preventivas y en la necesidad de extremar la precaución. El argumento era sencillo: podía no estar lloviendo con la misma fuerza delante de cada casa, pero el agua que caía kilómetros más arriba seguía avanzando por los cauces.

Ese detalle explica una de las trampas más peligrosas de las inundaciones. No hace falta que llueva sobre tu cabeza para que llegue una riada. El agua no consulta el código postal antes de bajar por un barranco.

El ES-Alert estaba sobre la mesa mucho antes de las 20.11

La cronología de Carlet encaja, además, con otros elementos incorporados durante la investigación judicial sobre el retraso del sistema de alertas.

En abril de 2026, la jueza Ruiz Tobarra sostuvo en un auto que la posibilidad de utilizar el ES-Alert ya estaba planteada alrededor de las 17.20 horas, casi tres horas antes de que finalmente sonaran los teléfonos de la población. La magistrada recordó también que el sistema estaba operativo y no requería una autorización estatal previa para ser activado.

La instrucción obtuvo posteriormente otra pieza documental: a las 18.37 horas el Centro de Coordinación de Emergencias disponía de un borrador de mensaje que recomendaba permanecer en los domicilios. La versión que finalmente salió a las 20.11 fue más limitada y se centró en evitar desplazamientos.

Así aparece una secuencia difícil de reducir al manido argumento de que nadie podía prever absolutamente nada. Una cosa es prever la dimensión final de una catástrofe. Otra, distinta, es conocer que existe un peligro creciente y decidir qué advertencia enviar, a quién y a qué hora.

La diferencia es importante también desde el punto de vista judicial. La investigación no trata de decidir quién acertó el parte meteorológico como quien rellena una quiniela, sino de determinar si las autoridades competentes adoptaron las medidas exigibles con la información que tenían disponible.

Una declaración incómoda dentro del propio PP

El testimonio adquiere una dimensión política evidente porque procede de una alcaldesa del mismo partido que gobernaba la Generalitat durante la dana.

Sáez no declaró sentirse abandonada por la Administración autonómica ni presentó a Pradas como una responsable paralizada. Tampoco cargó contra sus compañeros de partido. Su relato resulta más incómodo precisamente por eso: describe con naturalidad una serie de decisiones municipales tomadas durante las mismas horas en las que la estructura autonómica debatía cómo reaccionar.

Mientras en Carlet se habían suspendido clases, cerrado caminos y convocado el Cecopal, enviado trabajadores a casa, pedido precaución, cortado un puente y recomendado subir a plantas altas, el aviso masivo de la Generalitat continuaba pendiente.

No convierte automáticamente una actuación municipal en el patrón jurídico con el que deban medirse todas las demás. Cada municipio afrontó riesgos diferentes y disponía de información distinta. Pero sí debilita una idea que durante meses ha revoloteado alrededor de la dana: que antes de las ocho de la tarde apenas había margen para advertir a la población de forma útil.

Carlet demuestra, al menos en su territorio, que ese margen existió.

El contraste cobra todavía más peso después de que la jueza haya elevado a 232 el número de fallecidos vinculados a la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia. La investigación continúa intentando establecer la relación entre los avisos, su contenido, su retraso y las decisiones adoptadas durante aquellas horas.

Cuando 101 minutos dejan de ser un detalle

Las fotografías de Salomé Pradas tienen interés porque ayudan a reconstruir físicamente dónde estuvo la responsable autonómica de Emergencias y qué estaba haciendo durante parte de aquella jornada. La cronología de Laura Sáez, sin embargo, puede ser todavía más significativa.

Muestra que una alcaldesa recibió información sobre el riesgo, consultó al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y decidió advertir a sus vecinos para que ganaran altura. Lo hizo antes de las 18.30.

El ES-Alert autonómico sonó a las 20.11.

En una emergencia ordinaria, una hora y 41 minutos puede parecer una demora administrativa, uno de esos huecos que luego se rellenan con informes, protocolos y sellos. En una riada, es otra unidad de medida. Son carreteras que todavía pueden abandonarse, coches que todavía no han entrado en un garaje, personas que todavía pueden subir una escalera.

Y eso es precisamente lo que la investigación judicial tendrá que seguir delimitando, lejos de las trincheras partidistas: qué se sabía, quién podía actuar y cuánto valían aquellos minutos.