Economía
¿Por qué multaron al alcalde tras enfrentarse al Banco Santander?
El choque entre un alcalde y el Banco Santander termina en una multa de 3.420 euros y reabre la disputa por los caminos vecinales de Madrid.

Resumen
- Jaime Peral fue multado con 3.420 euros por retirar una puerta de El Santo
- La Audiencia vio coacciones al actuar sin expediente ni resolución habilitante
- El fallo está recurrido y sigue abierta la disputa por los caminos vecinales
El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral Pedrero, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar una multa de 3.420 euros por ordenar la retirada de una puerta instalada en la finca El Santo, entonces vinculada al Banco Santander. El tribunal considera que empleó medios municipales para forzar la apertura de un acceso sin contar con una resolución judicial ni haber tramitado el procedimiento administrativo exigido.
La condena, dictada por un delito de coacciones, no es firme. Peral ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y mantiene que su actuación buscaba recuperar caminos utilizados históricamente por los vecinos. La Audiencia no ha decidido en esta causa si esas vías son públicas o privadas; ha castigado la manera elegida para abrirlas. Ahí está el nudo del asunto, bastante menos sencillo que una puerta, un candado y un alcalde enfadado.
Una multa de 3.420 euros y un recurso pendiente
La sentencia impone a Jaime Peral una pena de 19 meses de multa, con una cuota diaria de seis euros. El resultado asciende a 3.420 euros, a los que se añaden las costas procesales. En caso de impago, el fallo contempla una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
La Fiscalía había solicitado una respuesta mucho más severa: dos años de prisión. Los magistrados descartaron esa pena y optaron por la sanción económica, pero apreciaron que el alcalde se valió de su cargo y de los recursos del Ayuntamiento para ejecutar una decisión que, según la resolución, carecía del respaldo legal necesario.
Peral no da el caso por terminado. Su defensa ha recurrido ante el TSJM, de modo que la condena aún puede ser confirmada, modificada o revocada. Hasta entonces conviene hablar de una sentencia recurrida, no de un desenlace definitivo. La precisión importa, incluso cuando el debate político ya galopa varios kilómetros por delante del expediente judicial.
El día que el Ayuntamiento retiró la puerta
Los hechos se remontan al 21 de enero de 2020. Aquel día, Jaime Peral acudió a la finca El Santo acompañado por trabajadores municipales y con varios vehículos del Ayuntamiento, entre ellos maquinaria pesada, un camión pluma y un vehículo de Protección Civil.
Los operarios desmontaron una de las puertas que bloqueaban el camino y la trasladaron a un almacén municipal. El acceso afectado comunicaba la zona de Navas del Rey con el entorno del embalse de Picadas y formaba parte de una red de caminos cuya utilización vecinal venían defendiendo varios ayuntamientos de la sierra oeste madrileña.
La intervención no surgió de la nada. Los municipios de Navas del Rey y Aldea del Fresno llevaban meses reclamando que se mantuvieran abiertos los pasos tradicionales que atravesaban la finca. El conflicto mezclaba planos antiguos, servidumbres, memoria vecinal y propiedad privada, un cóctel rural muy español: papeles amarillentos, lindes discutidas y una cancela nueva que cambia de golpe la vida de quienes llevaban décadas pasando por allí.
Un pleno unánime, pero sin expediente de recuperación
El Pleno de Navas del Rey había aprobado en diciembre de 2019 requerir a la propiedad la apertura de los caminos y veredas que el Ayuntamiento consideraba municipales. El acuerdo advertía de que, si los accesos seguían cerrados al terminar el año, la corporación podría intervenir con sus propios medios y repercutir los gastos a la propiedad.
Peral sostiene que se limitó a ejecutar aquel mandato municipal. La Audiencia, sin embargo, concluye que el acuerdo político no sustituía los trámites legales necesarios para recuperar un bien de dominio público. El Ayuntamiento debía acreditar la titularidad o el uso público del camino, abrir el correspondiente expediente y dictar una resolución administrativa antes de actuar materialmente sobre la finca.
Representantes de la propiedad y responsables municipales habían mantenido una reunión el día anterior a la retirada. No hubo acuerdo. El Banco Santander pidió tiempo y documentación para estudiar la naturaleza de los caminos; el alcalde entendió que el requerimiento municipal había expirado y mandó quitar la puerta. Entre la paciencia bancaria y la impaciencia del regidor apenas mediaron unas horas. La justicia ha considerado que ese salto fue demasiado largo.
Qué ha castigado realmente la Audiencia
La sentencia no declara que el Banco Santander tuviera derecho a apropiarse de un camino público ni establece que todos los accesos de la finca fueran privados. Su conclusión es más concreta: en enero de 2020 no estaba suficientemente acreditado el carácter público del paso afectado y no existía un procedimiento administrativo que autorizara su recuperación.
Los magistrados reconocen que los ayuntamientos tienen facultades para defender y recuperar bienes de dominio público. Los caminos locales, cuando realmente tienen esa condición, están destinados al uso general y reciben una protección especial. Pero esas potestades no son una llave maestra que permita entrar con una retroexcavadora y resolver sobre el terreno lo que todavía discuten los documentos.
La Administración puede recuperar de oficio un camino ocupado o cerrado, pero debe hacerlo mediante un procedimiento con pruebas, informes y audiencia de las partes. La burocracia administrativa resulta desesperante, sí. También evita que cada autoridad decida dónde acaba la propiedad privada siguiendo únicamente su convicción, una fotografía antigua o el aplauso del pleno municipal.
La violencia sobre las cosas y el límite del cargo
La Audiencia encuadra la retirada de la puerta en la denominada violencia sobre las cosas, conocida en lenguaje jurídico como vis in rebus. No hubo una agresión física contra los responsables de la finca, pero sí una actuación material dirigida a obligar a la propiedad a tolerar el paso.
Esa conducta puede integrar un delito de coacciones cuando alguien, sin estar legítimamente autorizado, fuerza a otra persona o entidad a hacer algo que no quiere, incluso aunque el objetivo perseguido pueda parecer razonable. Dicho de manera menos solemne: una causa defendible no convierte automáticamente en legal cualquier método utilizado para imponerla.
El elemento que agrava el caso es el empleo de medios públicos. La puerta no fue retirada por un grupo de senderistas hartos del candado, sino por trabajadores y vehículos municipales movilizados por el alcalde. Para el tribunal, Peral aprovechó la autoridad de su cargo para consumar una vía de hecho al margen del procedimiento establecido.
La disputa por los caminos de la finca El Santo
La finca El Santo supera las 1.000 hectáreas y se extiende por los términos de Navas del Rey, Aldea del Fresno y Chapinería. Se trata de una propiedad histórica, con terrenos agrícolas, monte, instalaciones vinculadas a la caza y construcciones de valor patrimonial.
Los ayuntamientos sostienen que por su interior discurren varios caminos y veredas de uso público que durante generaciones han servido para comunicar las localidades de la zona. La documentación histórica recoge antiguas servidumbres y pasos hacia Aldea del Fresno, Chapinería, Villa del Prado, Méntrida y otros puntos del entorno.
La finca pasó al control del grupo Santander en 2019 dentro de una operación relacionada con las deudas de su anterior propietario, el empresario Manuel Manrique, presidente de Sacyr. Tras asumir el activo, la propiedad instaló o reforzó cerramientos en un perímetro utilizado también como coto de caza. El banco alegaba razones de seguridad, conservación y control de accesos; los consistorios denunciaban que las cancelas cortaban comunicaciones vecinales históricas.
Un terreno histórico entre tres municipios
El Santo estuvo ligado durante décadas a la familia del general Arsenio Martínez Campos, figura clave de la restauración de la monarquía de Alfonso XII. Con el paso del tiempo, la propiedad cambió de manos, pero los caminos continuaron siendo objeto de uso y discusión.
Ese pasado explica parte del problema. En el campo español, la titularidad de una parcela puede estar perfectamente inscrita mientras el estatuto de una senda que la atraviesa descansa sobre catastros antiguos, inventarios municipales incompletos, testimonios vecinales y servidumbres descritas con palabras de otro siglo. Donde un propietario ve una entrada privada, el pueblo recuerda el camino de toda la vida.
La controversia tampoco terminó con la puerta retirada en 2020. El acceso volvió a ser cerrado y los municipios implicados han mantenido su defensa de los pasos públicos. La sentencia penal resuelve la responsabilidad personal del alcalde por aquella actuación concreta, pero deja intacto el debate patrimonial sobre la verdadera condición de las vías.
El alcalde denuncia que los caminos siguen cerrados
Jaime Peral gobierna Navas del Rey desde 2007 y encabeza la formación independiente Caseros Creciendo Juntos, creada tras su ruptura con el Partido Popular. Su estilo directo y bronco le ha proporcionado apoyos duraderos, aunque también una oposición que le acusa de ejercer el poder municipal con excesiva personalización.
El regidor asegura que acudió a la Comunidad de Madrid, a la Delegación del Gobierno y al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil antes de ordenar la retirada. Según su versión, ninguna administración quiso enfrentarse a una gran entidad financiera. De ahí su acusación de que “los ricos se quedan con los caminos vecinales” mientras los organismos públicos miran hacia otro lado.
Las portavoces del PP y del PSOE en el municipio ofrecen una lectura muy distinta. Defienden que un alcalde no puede tomarse la justicia por su mano, aunque crea actuar en defensa del interés general, y reclaman que ni la multa ni los gastos personales de la defensa terminen cargándose a las cuentas municipales.
Peral ha señalado que, si la condena se convierte en firme, intentará sustituir la sanción por trabajos en beneficio de la comunidad. Esa posibilidad dependerá de las condiciones legales y de las decisiones judiciales posteriores. Por ahora, la batalla continúa en los tribunales y en los caminos, dos territorios donde las distancias suelen medirse de forma muy diferente.
Una puerta retirada, un conflicto todavía abierto
El caso enfrenta dos principios que no deberían confundirse. Por un lado, la obligación de las administraciones de proteger los caminos públicos frente a cierres o apropiaciones indebidas. Por otro, la exigencia de que incluso una autoridad elegida democráticamente respete los procedimientos y no utilice maquinaria municipal para imponer su interpretación de una disputa.
La Audiencia Provincial ha considerado que Jaime Peral cruzó esa línea al retirar la puerta sin expediente ni resolución habilitante. El alcalde replica que nadie defendía a sus vecinos y que la lentitud institucional estaba consolidando el cierre de unos caminos históricos. Las dos ideas pueden convivir, aunque resulte incómodo: puede existir un problema real con los accesos y, al mismo tiempo, haber sido ilegal la forma de afrontarlo.
Queda pendiente el pronunciamiento del TSJM y permanece sin resolver el asunto que originó todo: quién puede pasar, por dónde y con qué título. Seis años después, la puerta ha terminado convertida en una frontera mucho más amplia. A un lado, la propiedad y el procedimiento. Al otro, la memoria del camino. En medio, un alcalde condenado por abrirlo a su manera.












