¿Qué revela la ONU sobre las 8 muertes bajo custodia en Nicaragua?

Naciones Unidas responsabiliza al Estado nicaragüense de la muerte de al menos ocho personas detenidas por motivos políticos desde 2018, entre ellas Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, y el dirigente indígena Brooklyn Rivera. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua sostiene que estos fallecimientos no pueden analizarse como episodios aislados, sino dentro de un sistema de detenciones arbitrarias, incomunicación, desapariciones forzadas y graves deficiencias en la atención médica.

El informe, presentado este 22 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, va bastante más allá de un recuento de fallecidos. Los expertos consideran que existen motivos razonables para vincular estas prácticas con una estructura estatal coordinada y advierten de que determinados abusos documentados podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y persecución por motivos políticos.

Ocho muertes que la ONU atribuye a la custodia del Estado

El documento identifica a Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Humberto Ortega, Mauricio Francisco Alonso, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera entre las personas fallecidas después de permanecer privadas de libertad o bajo custodia estatal por causas que el grupo de expertos relaciona con motivos políticos.

La conclusión del organismo es especialmente grave porque sitúa esas muertes dentro de una cadena institucional. Según el informe, fueron el resultado previsible de actuaciones sistemáticas, deliberadas y coordinadas en las que participaron la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y órganos judiciales. Los investigadores sostienen también que existen motivos razonables para creer que ese aparato funciona bajo un control político centralizado de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Eso no significa que Naciones Unidas atribuya automáticamente una misma causa médica o penal a todos los fallecimientos. En varios expedientes faltan autopsias independientes, investigaciones transparentes o documentación suficiente. Ahí aparece una de las cuestiones más delicadas que atraviesan todo el informe: detenidos incomunicados, familias con información fragmentaria y versiones oficiales difíciles de comprobar desde fuera.

Brooklyn Rivera, un fallecimiento rodeado de interrogantes

La muerte de Brooklyn Rivera, histórico dirigente miskito y fundador del partido indígena Yatama, ocupa una parte destacada de la investigación. Rivera permaneció encarcelado durante unos 32 meses y tuvo un contacto muy limitado con su familia antes de morir en mayo de 2026, según la información recogida por los expertos.

Las autoridades relacionaron posteriormente su fallecimiento con complicaciones derivadas de una infección previa de COVID-19. El grupo de Naciones Unidas detectó, sin embargo, inconsistencias en la explicación oficial. Una evaluación independiente de Physicians for Human Rights citada en el informe consideró que la explicación médica no resultaba coherente y apuntó que el momento de aparición de la enfermedad y los microorganismos identificados eran compatibles con infecciones adquiridas durante la custodia o la hospitalización.

La principal dificultad para aclarar qué ocurrió es bastante elemental: no hubo una autopsia ni una investigación independientes. El informe señala que esa ausencia impide verificar plenamente las circunstancias de la muerte. Los expertos han pedido además que el cuerpo de Rivera sea devuelto a su familia para que pueda ser enterrado conforme a las tradiciones miskitas.

La versión defendida por Rosario Murillo

Rosario Murillo sostuvo que Rivera había recibido atención médica y apoyo familiar durante su enfermedad. Esa es la posición expresada por el Gobierno frente a las dudas recogidas en la investigación internacional. El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una petición adicional de comentarios realizada por Associated Press sobre las conclusiones del informe.

Humberto Ortega, del núcleo sandinista a la incomunicación

El nombre políticamente más llamativo del documento es probablemente el de Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega, antiguo jefe del Ejército y una de las figuras históricas del sandinismo. Murió en septiembre de 2024 mientras se encontraba bajo custodia en un hospital militar, después de haberse distanciado políticamente de su hermano.

El Grupo de Expertos reconoce que no ha podido verificar de manera independiente las circunstancias exactas de su fallecimiento. Sí expresa, no obstante, serias preocupaciones sobre la atención sanitaria que recibió y sobre si esta fue oportuna y adecuada. También recuerda que permaneció incomunicado, una situación que, según el organismo, puede constituir trato cruel, inhumano o tortura dependiendo de las circunstancias.

El caso contiene una paradoja difícil de ignorar. Uno de los hombres que participaron en la construcción del poder sandinista acabó bajo vigilancia del Gobierno dirigido por su propio hermano tras convertirse en una voz crítica. Pocas biografías políticas concentran de forma tan nítida las vueltas que puede dar el poder cuando empieza a desconfiar incluso de quienes estuvieron en su origen.

El informe documenta 161 desapariciones forzadas

La investigación amplía considerablemente el foco. Desde 2018, los expertos han documentado al menos 161 desapariciones forzadas y reclaman información sobre 29 personas cuyo paradero seguía siendo desconocido cuando se cerraron los datos del informe. También solicitan la liberación de quienes permanezcan detenidos por motivos políticos.

El patrón descrito no consiste únicamente en encerrar a una persona. La desaparición forzada implica también negar o esconder información sobre su suerte o paradero, dejando a sus familiares sin una respuesta verificable y al detenido fuera de las salvaguardas ordinarias del sistema jurídico.

La incertidumbre deja así de ser una consecuencia secundaria. Se convierte en parte del daño: familias que desconocen dónde está un detenido, si recibe tratamiento médico, si tiene abogado o incluso si continúa con vida. Ese es uno de los elementos que explica por qué Naciones Unidas sitúa estas prácticas en un plano mucho más grave que el de unas malas condiciones penitenciarias.

Una crisis que arranca con las protestas de 2018

El actual ciclo represivo que examina Naciones Unidas tiene como referencia las protestas de abril de 2018 y la respuesta posterior de las autoridades. Desde entonces, distintos mecanismos internacionales han investigado detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, expulsiones, privaciones de nacionalidad y persecución contra personas consideradas opositoras o críticas con el Gobierno.

Las autoridades nicaragüenses han rechazado durante años buena parte de esas acusaciones y han presentado las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado impulsado con apoyo exterior. Los informes de los mecanismos internacionales de derechos humanos ofrecen una lectura distinta y describen numerosos abusos cometidos contra personas identificadas como adversarias políticas o voces críticas.

El Grupo de Expertos sobre Nicaragua fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar estas vulneraciones. Su trabajo no equivale a una sentencia penal: documenta hechos, identifica patrones y establece conclusiones con el estándar propio de una investigación internacional de derechos humanos. Las responsabilidades penales individuales, llegado el caso, corresponden a los tribunales.

Ocho muertos y 29 personas cuyo paradero sigue sin aclararse

El informe de septiembre de 2026 eleva el alcance de las acusaciones porque no se limita a describir malas condiciones carcelarias. Vincula ocho muertes bajo custodia y numerosas desapariciones con actuaciones coordinadas de instituciones estatales, al tiempo que reclama investigaciones sobre los fallecimientos y datos sobre quienes continúan desaparecidos.

Los expertos también piden que se articulen mecanismos de rendición de cuentas y mencionan la posibilidad de recurrir a la jurisdicción penal universal cuando jurídicamente proceda. Documentar nombres, organismos y cadenas de actuación puede adquirir relevancia en procedimientos posteriores, aunque ninguna de esas conclusiones sustituye a una resolución judicial sobre responsabilidades personales.

Por detrás de las grandes categorías jurídicas queda algo bastante menos abstracto. El informe habla de ocho personas fallecidas bajo custodia y 29 cuyo paradero continúa sin esclarecerse. Para sus familias, las cifras se traducen en una realidad mucho más sencilla y áspera: saber dónde está alguien, conocer cómo murió y obtener una explicación que pueda comprobarse.