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Moreno, ante el escaño decisivo de la mayoría absoluta andaluza
Las encuestas dibujan una ventaja amplia, aunque el reparto provincial puede dejar a Moreno sin el escaño decisivo.

La fotografía demoscópica previa a las elecciones andaluzas del 17 de mayo situaba a Juanma Moreno como claro favorito, pero no daba por segura la mayoría absoluta. La diferencia entre gobernar con holgura y quedarse a las puertas podía depender de uno o dos escaños: el resultado de cada provincia, la distribución del voto y la manera en que la ley electoral convierte papeletas en diputados.
Las estimaciones compartían una idea central —el PP ganaría con ventaja y el PSOE no parecía cerca de disputarle el Gobierno—, aunque discrepaban en la medida de esa fortaleza. El barómetro del CENTRA proyectaba entre 53 y 56 diputados populares; un modelo que agregaba 18 encuestas elevaba la horquilla hasta 53-58 y situaba en el 60% la probabilidad de una mayoría absoluta. Moreno rozaba el listón porque los pronósticos lo colocaban alrededor de los 55 escaños, no porque todos anticiparan el mismo resultado.
Una ventaja amplia no garantiza los 55 escaños
El Parlamento de Andalucía tiene 109 diputados y la mayoría absoluta se alcanza con 55. En las elecciones de 2022, Moreno obtuvo 58 escaños, con algo más del 43% de los votos. Aquella cifra dejó al PP con margen para gobernar en solitario. La encuesta del CENTRA publicada el 5 de mayo dibujaba un escenario menos holgado: atribuía a los populares el 42,4% y entre 53 y 56 diputados. Es decir, el intervalo incluía tanto quedarse dos escaños por debajo del umbral como superarlo por uno.
La diferencia parece pequeña, pero cambia la naturaleza del poder. Con 55 o más diputados, el PP podría sostener un Gobierno sin necesitar apoyos parlamentarios para alcanzar la mayoría absoluta. Con 54 o menos, la victoria seguiría siendo clara, pero la formación de Moreno tendría que contar con otras fuerzas en decisiones clave. El suspense de esos sondeos no estaba en quién podía quedar primero, sino en si el PP cruzaba el umbral de gobierno en solitario.
El agregador de Redlines ofrecía otra lectura, construida a partir de 18 encuestas y 10.000 simulaciones estadísticas. Su estimación media era del 42,5% para el PP, con una horquilla de 53 a 58 escaños y una mediana de 55. El 60% de probabilidad de mayoría absoluta que calculaba el modelo no equivalía a una garantía ni a un pronóstico unánime: expresaba el resultado de sus simulaciones bajo los supuestos utilizados. Una probabilidad alta todavía deja espacio a escenarios distintos.
Por qué los sondeos no ofrecían una cifra única
Las encuestas no son fotografías idénticas tomadas desde el mismo lugar. Cambian las fechas de trabajo de campo, las muestras, los métodos de estimación y los ajustes con los que cada equipo traduce intención de voto en escaños. El barómetro del CENTRA entrevistó a 8.000 personas residentes en Andalucía mayores de edad entre el 27 de marzo y el 16 de abril. El Votómetro, en cambio, combinó estudios de distintas empresas y ponderó factores como la fecha, el tamaño de las muestras y la fiabilidad histórica de las encuestadoras.
Por eso podía aparecer una media del 42,4% para el PP en el CENTRA y una del 42,5% en el agregador, pero con horquillas y probabilidades distintas. Además, los extremos de los sondeos eran dispares: en la actualización de Redlines, GAD3 situaba a los populares en el 44,1%, mientras IMOP los calculaba en el 42%. Unas décimas pueden alterar el reparto de los últimos diputados, aunque no cambien la conclusión general de que el PP encabezaba las preferencias.
También importa distinguir entre estimación de voto y respuesta directa sobre a quién pensaba votar cada persona. En el barómetro del CENTRA, el 36% declaró que votaría al PP y el 19,6% al PSOE; la estimación final, después de los ajustes del estudio, fue del 42,4% para los populares y del 20,1% para los socialistas. No son cifras intercambiables: una mide la respuesta recogida y la otra intenta proyectar el comportamiento electoral. Leerlas como si fueran el mismo indicador puede exagerar o minimizar una ventaja.
La provincia decide dónde cae el último diputado
El porcentaje autonómico resume el apoyo en toda Andalucía, pero los escaños se asignan en circunscripciones provinciales. La Cámara se compone de representantes elegidos en las ocho provincias, y el método D’Hondt distribuye los puestos según los votos obtenidos en cada una. De ahí que dos partidos con porcentajes parecidos en el conjunto de la comunidad puedan recibir un número distinto de diputados si sus apoyos se concentran en territorios diferentes. La geografía del voto pesa tanto como su volumen total.
La encuesta del CENTRA situaba al PP como primera fuerza en las ocho provincias. Sin embargo, el reparto previsto mostraba márgenes ajustados: en Huelva y Jaén, por ejemplo, los populares podían obtener entre cinco y seis escaños; en Málaga, entre ocho y nueve. En Granada, el PSOE oscilaba entre tres y cuatro, mientras Por Andalucía podía lograr un diputado o quedarse sin él. En Almería, Vox podía alcanzar entre tres y cuatro representantes y disputar al PSOE la segunda posición.
Estas variaciones provinciales explican por qué un resultado cercano al 42% podía traducirse en 53, 55 o 56 diputados, según la encuesta. No basta con que el PP conserve un porcentaje elevado en términos generales: necesita que sus votos se conviertan en escaños en los territorios donde se reparte el último puesto. Un diputado que cambia de manos en una provincia puede decidir la mayoría en toda la comunidad. La ley no premia simplemente el total de papeletas, sino la forma en que quedan repartidas.
El PSOE se aleja y la izquierda se divide
Los sondeos describían un problema socialista más profundo que la distancia con el PP. El CENTRA calculaba para el PSOE de María Jesús Montero un 20,1% de los votos y entre 25 y 27 escaños, frente a los 30 diputados obtenidos en 2022. El agregador de encuestas situaba a los socialistas algo más arriba, con una media del 22,3% y una horquilla de 25 a 28 representantes. Aunque las cifras no coincidían, ambas proyecciones señalaban una posible caída respecto al resultado anterior.
El peso histórico del PSOE en Andalucía daba a ese retroceso una dimensión política especial. La comunidad había sido durante décadas uno de sus principales bastiones, pero la encuesta ya no proyectaba una disputa reñida por el primer puesto. El CENTRA atribuía a Montero una diferencia de 22,3 puntos respecto al PP y la posibilidad de registrar el resultado autonómico más bajo del partido. La cuestión para los socialistas era cuánto podían conservar, no si estaban a punto de alcanzar a Moreno.
A la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía podían mejorar o sostener su representación sin alterar por sí solas la relación de fuerzas. El CENTRA asignaba a Por Andalucía un 7,9% y entre cuatro y siete escaños, mientras Adelante obtendría un 6,9% y cinco diputados. Redlines calculaba para Por Andalucía una mediana de cinco escaños y para Adelante una de dos, con horquillas distintas. Esas diferencias muestran hasta qué punto la distribución provincial afecta a candidaturas con apoyos más pequeños.
La fragmentación de ese espacio también influye en la lectura política del resultado. Un avance de una candidatura puede convivir con un retroceso de otra, sin que el conjunto de la izquierda reúna los escaños necesarios para disputar el Gobierno. El agregador calculaba que PSOE, Por Andalucía y Adelante sumarían como máximo 35 diputados en sus escenarios, lejos de la mayoría. La mejora individual de una fuerza no implica automáticamente una alternativa de gobierno.
Vox puede crecer y, aun así, no gobernar
Vox aparecía como tercera fuerza en los dos estudios, aunque con estimaciones diferentes. El CENTRA le atribuía el 14,4% de los votos y entre 17 y 19 escaños, tres a cinco más que los 14 obtenidos en 2022. Redlines estimaba una media del 15,7% y entre 18 y 21 diputados. La distancia entre esas proyecciones revela incertidumbre, pero ambas dibujaban un partido con más peso parlamentario que en los comicios anteriores.
Ese crecimiento podía ser relevante para Moreno incluso si Vox no se acercaba al primer puesto. Cuando los votos de partidos próximos compiten por escaños en las mismas provincias, el aumento de una candidatura puede dificultar que otra alcance el diputado que necesita. Por eso el ascenso de Vox y la mayoría del PP no eran fenómenos independientes: una formación podía ampliar su representación y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de que los populares llegaran a 55. El poder de Vox podía consistir en condicionar la aritmética sin ganar la elección.
El modelo de Redlines calculaba que, si el PP se quedaba por debajo de la mayoría, había un 40% de probabilidades de que Moreno necesitara un acuerdo con Vox para la investidura o para gobernar. Esa cifra pertenece a la simulación del modelo, no a una certeza sobre un pacto concreto. En el escenario contrario, una mayoría absoluta permitiría al presidente mantener mayor autonomía parlamentaria. La distancia entre gobernar solo y negociar podía caber en un único escaño.
Las proyecciones también mostraban matices territoriales. Según el CENTRA, Vox podía adelantar al PSOE en Almería y obtener entre tres y cuatro diputados allí. Redlines destacaba el peso de esa provincia para la formación, además de posibles avances en Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva. Un crecimiento nacional uniforme no es necesario para que un partido gane influencia: basta con que sus papeletas resulten decisivas en algunas circunscripciones. La fuerza parlamentaria se construye provincia a provincia.
La imagen de Moreno era una ventaja, no una explicación completa
El barómetro del CENTRA aportaba otra pista sobre el liderazgo del presidente. Moreno era conocido por el 97,2% de las personas encuestadas y obtenía una valoración media de 5,49 sobre 10. No era la nota más alta: José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, alcanzaba 6,07, aunque solo era conocido por el 18,2%. La comparación obliga a separar valoración y notoriedad. Una puntuación elevada entre quienes identifican a un candidato no significa que tenga el mismo alcance electoral que una figura conocida por casi todo el electorado.
En la pregunta sobre quién preferían como presidente de la Junta, el 49,6% eligió a Moreno y el 21,4% a Montero. Antonio Maíllo, de Por Andalucía, obtuvo el 9,6%; García, el 7%; y Manuel Gavira, de Vox, el 4%. El estudio también registró que Moreno inspiraba tranquilidad y confianza al 50% de la muestra. Su ventaja no se explicaba solo por el voto declarado, sino también por una posición favorable en reconocimiento y preferencia para presidir.
Esos indicadores no permiten afirmar que una imagen moderada convierta automáticamente a un candidato en ganador. Sí ayudan a entender por qué el presidente podía mantener una ventaja amplia incluso con críticas a la gestión. Moreno era una figura familiar para el electorado, mientras que otras candidaturas afrontaban distintos límites de conocimiento o valoración. La encuesta situaba a Montero en 3,77 sobre 10 y a Gavira en 3,78, frente a 4,97 para Maíllo. La notoriedad facilita que un liderazgo se convierta en una opción reconocible, pero no sustituye a la evaluación de las políticas.
La gestión autonómica frente al ruido nacional
Una campaña regional se desarrolla dentro del clima político español, pero no se reduce a una votación sobre Madrid. En Andalucía, la sanidad pública, el empleo, la vivienda y la gestión del Gobierno autonómico formaban parte de los asuntos que centraban el debate. Son temas que conectan con experiencias cotidianas —una cita médica, la búsqueda de trabajo o el coste de un alquiler— y que pueden influir en la valoración del Ejecutivo, aunque no todos los votantes los ordenen de la misma manera.
La sanidad era un terreno especialmente sensible para el Gobierno de Moreno, por las críticas sobre listas de espera y atención primaria que el artículo de campaña recogía como argumentos de la oposición. Pero el descontento con un servicio público no se traduce de forma mecánica en un cambio de voto. Puede expresarse como reproche, abstención o apoyo a distintas candidaturas; también puede quedar compensado por otros asuntos o por la percepción general de estabilidad. Una preocupación social intensa no equivale por sí sola a una mayoría alternativa.
La vivienda añade otra capa al mapa electoral, en especial en ciudades sometidas a presión sobre los alquileres y el uso turístico. Es una cuestión visible en la vida diaria, aunque las respuestas dependen de administraciones y medidas distintas. El elector puede responsabilizar al Gobierno autonómico, al central o a los ayuntamientos, según el problema concreto y la explicación que atribuya a sus causas. La campaña convierte problemas compartidos en juicios sobre quién tiene capacidad para resolverlos.
Moreno llegaba a la cita con una ventaja política construida desde el Gobierno, pero también con la obligación de defender su gestión. La oposición podía convertir los servicios públicos en un examen de la legislatura; el PP podía pedir que se valorara la estabilidad y el rumbo general. Esa disputa no se mide únicamente con una cifra de encuesta: afecta a cómo los votantes interpretan los problemas y a qué partido consideran capaz de gobernar. La percepción de gestión ayuda a explicar la ventaja, aunque no elimina sus puntos vulnerables.
Una mayoría posible, no un resultado asegurado
La lectura más sólida de los sondeos previos al 17 de mayo era más matizada que una proclamación de victoria absoluta. El PP aparecía como primera fuerza, con una ventaja clara sobre el PSOE; Vox podía crecer y las izquierdas alternativas conservaban opciones de representación. Pero las horquillas dejaban abierto el dato decisivo: el PP podía quedarse en 53 o 54 escaños, alcanzar los 55 o superar ese número. El consenso de las encuestas estaba en el liderazgo popular, no en la seguridad de la mayoría.
El CENTRA, con su trabajo de campo entre finales de marzo y mediados de abril, situaba al PP entre 53 y 56 diputados. El agregador de 18 sondeos daba una mediana de 55 y un 60% de opciones de mayoría absoluta. La diferencia entre ambos enfoques no invalida automáticamente a uno u otro: responden a metodologías distintas y a distintos conjuntos de datos. También recuerda que una encuesta mide un momento anterior a la votación, no el resultado de las urnas.
La incertidumbre se concentraba en la traducción de votos a escaños, en la competencia entre PP y Vox y en la capacidad de las candidaturas de izquierda para sostener su presencia provincial. Las cifras de una media autonómica no revelaban por sí solas qué partido se llevaría cada último diputado. La política andaluza de aquella recta final se parecía menos a un duelo entre dos porcentajes que a un rompecabezas de ocho piezas provinciales.
Así se entiende que Moreno apareciera cerca de una nueva mayoría absoluta: reunía una intención de voto en torno al 42%, lideraba las preferencias para presidir la Junta y se beneficiaba de la distancia del PSOE, mientras la aritmética provincial mantenía el desenlace abierto. La ventaja hacía probable una victoria popular; la distribución de los últimos escaños decidía si esa victoria daba libertad para gobernar en solitario. El umbral de 55 separaba dos formas muy distintas de ejercer el poder.

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