¿Por qué los militares de Ceuta podrán usar armas de fuego cargadas?

Los militares desplegados en Ceuta han recibido autorización para utilizar armas de fuego en defensa propia ante una agresión que ponga en peligro su integridad física o la de sus compañeros. La medida llega después de varios ataques contra patrullas de las Fuerzas Armadas y supone un cambio relevante respecto a dispositivos anteriores, en los que los soldados habían llegado a realizar labores de vigilancia sin munición real.

Hay, sin embargo, un matiz importante. No todos los efectivos llevarán un arma cargada: según ha explicado Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), se han distribuido fusiles reglamentarios y pistolas, pero solo uno de cada cuatro o cinco militares de cada patrulla dispondrá de armamento con munición real. La autorización, además, no convierte a los soldados en policías ni les concede carta blanca para disparar. Se refiere específicamente a situaciones de autodefensa.

Qué ha cambiado para los militares desplegados en Ceuta

La nueva directriz activa mecanismos de actuación que permiten responder con el armamento reglamentario cuando exista una amenaza suficientemente grave. Gómez ha señalado que también se han facilitado instrucciones relacionadas con el control de masas y la defensa frente a agresiones.

Es un cambio sustancial porque las patrullas militares se habían encontrado durante las últimas semanas en una posición bastante incómoda: presencia uniformada en escenarios de tensión, pero con capacidades de intervención diferentes de las que tienen Policía Nacional y Guardia Civil. Uniforme, vehículo militar y fusil impresionan bastante en una fotografía; jurídicamente, la cuestión resulta algo menos cinematográfica.

La autorización tampoco significa que pueda emplearse un arma ante cualquier incidente. El uso de la fuerza debe responder a criterios de necesidad y proporcionalidad, y la normativa militar contempla el empleo gradual de los medios disponibles cuando otros resulten insuficientes para impedir o repeler una agresión.

Los detalles concretos de las reglas operativas aplicables al despliegue no se han divulgado públicamente en su totalidad. Ahí precisamente aparece una de las principales reclamaciones de la asociación militar: no basta con entregar munición si el soldado continúa sin tener perfectamente delimitado qué puede hacer y cuándo puede hacerlo, además de conocer qué protección jurídica tendrá después.

Un arma cargada por cada cuatro o cinco soldados

La fórmula elegida ha provocado críticas dentro de ATME. El presidente de la asociación considera insuficiente que una sola persona de cada patrulla sea quien porte el arma con munición real, especialmente cuando los grupos desplegados pueden encontrarse frente a agresiones protagonizadas por varias personas.

El problema no es únicamente material. La responsabilidad queda concentrada en ese militar: si se produce una situación extrema, deberá valorar en segundos si existe un peligro real, si la respuesta es proporcional y si procede emplear el arma para protegerse o proteger a sus compañeros.

El arma, por sí sola, no resuelve ese laberinto. Y ese es el fondo de la protesta. ATME reclama que todos los integrantes que participen en estas tareas dispongan de medios adecuados e instrucciones inequívocas.

La asociación pide también seguridad jurídica para quienes patrullan las calles de la ciudad autónoma, donde la misión militar se desarrolla en un espacio civil y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los ataques a patrullas que han elevado la tensión

La decisión llega después de una sucesión de incidentes que ha cambiado el clima del despliegue. En Benzú, un vehículo militar fue atacado con piedras por un grupo de varias decenas de personas. Cuatro militares resultaron heridos y doce personas fueron detenidas inicialmente tras la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil.

Once de los detenidos terminaron aceptando condenas que fueron sustituidas por su expulsión de España y la prohibición de regresar durante cinco años, mientras otro quedó en prisión provisional.

Poco después se produjo otro incidente en el que un militar sufrió heridas leves y varias personas fueron detenidas. En San Amaro, la Guardia Civil arrestó a tres ciudadanos marroquíes después del lanzamiento de botellas con líquido corrosivo contra una patrulla militar. No hubo heridos en ese último episodio.

Son hechos distintos, con responsabilidades individuales que deben determinarse caso por caso. Conviene subrayarlo en un ambiente donde las etiquetas colectivas corren bastante más que las diligencias judiciales. Los ataques explican el endurecimiento de las medidas de autoprotección; no justifican convertir a miles de personas en responsables por asociación.

De patrullar sin munición real a poder responder a una agresión

Durante parte del despliegue, según la denuncia trasladada por ATME, hubo efectivos que patrullaban desarmados o portaban fusiles y pistolas sin munición real o con munición de fogueo. Esa circunstancia se volvió especialmente polémica después de las agresiones.

La imagen resulta difícil de ignorar: soldados enviados a vigilar zonas donde existe riesgo de disturbios, pero cuya capacidad efectiva de reacción ante una agresión grave era limitada. La nueva autorización pretende corregir parte de esa vulnerabilidad.

No altera, sin embargo, la naturaleza general de la misión. Policía Nacional y Guardia Civil siguen siendo los cuerpos encargados de las funciones policiales ordinarias. Los militares aportan vigilancia, presencia y apoyo dentro del dispositivo establecido para responder a la situación de seguridad en Ceuta.

Por qué ser militar no equivale automáticamente a ser policía

Aquí aparece uno de los detalles más importantes —y más fáciles de perder entre titulares sobre fusiles—. Un miembro de las Fuerzas Armadas no adquiere de manera automática todas las facultades propias de un agente policial simplemente por participar en un despliegue dentro de territorio nacional.

La legislación española contempla circunstancias concretas en las que los militares pueden actuar como agentes de la autoridad, por ejemplo determinados miembros de la Policía Militar, Naval o Aérea en el ejercicio de sus funciones, así como efectivos que intervengan en determinadas operaciones de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando concurran las condiciones legalmente previstas.

Es decir, el marco existe, pero requiere misión, orden y preparación adecuadas. No funciona como un interruptor que se enciende porque haya tensión en una calle.

ATME reclama precisamente una cobertura más clara para el personal desplegado en Ceuta y plantea el reconocimiento adecuado de los militares que realizan estas tareas. También ha mencionado como alternativa una mayor utilización de unidades de Policía Militar, Policía Naval o Policía Aérea, cuyos integrantes cuentan con preparación específica para cometidos de seguridad y, dentro de sus funciones, pueden tener consideración de agentes de la autoridad.

El dilema no es llevar fusil, sino saber cuándo utilizarlo

Una patrulla puede llevar un fusil cargado y continuar teniendo serias dudas operativas. Esa aparente paradoja explica buena parte de la controversia. Disparar un arma de fuego constituye el último escalón de una respuesta defensiva.

No es un instrumento para dispersar una protesta, zanjar una discusión o responder automáticamente al lanzamiento de cualquier objeto. Tiene que existir una amenaza de suficiente gravedad para que resulte racionalmente necesario recurrir a ese nivel de fuerza.

Por eso las denominadas reglas de enfrentamiento, conocidas habitualmente por las siglas inglesas ROE, importan tanto. Son instrucciones que delimitan en qué circunstancias y bajo qué condiciones puede emplearse la fuerza durante una operación. Su aplicación dentro del territorio nacional presenta, además, diferencias evidentes respecto a una misión militar en el extranjero.

El propio presidente de ATME ha insistido en esa particularidad. Los soldados conocen procedimientos desarrollados para operaciones internacionales, pero Ceuta no es un escenario bélico exterior. Hay ciudadanos, autoridades civiles, jueces, cuerpos policiales y un ordenamiento jurídico ordinario plenamente vigente. La frontera entre autodefensa legítima y actuación policial necesita, por eso, estar dibujada con tinta gruesa.

Ceuta entra en una fase de seguridad más delicada

La autorización para portar y emplear armas con munición real refleja hasta qué punto ha cambiado el escenario de seguridad de Ceuta tras varias semanas de tensión. Se ha aumentado la capacidad de autoprotección de los efectivos, pero de manera limitada: un militar armado por cada cuatro o cinco integrantes de la patrulla y empleo restringido a situaciones de defensa propia.

Eso es lo acreditado. No existe una autorización general para disparar contra quienes provoquen disturbios, ni el Ejército sustituye a Policía Nacional o Guardia Civil, ni portar munición convierte automáticamente a todos los soldados desplegados en agentes de la autoridad.

La discusión que queda abierta es menos vistosa que un fusil y bastante más importante: qué respaldo jurídico acompaña al militar cuando una patrulla civil se convierte, en cuestión de segundos, en el escenario de una agresión grave. Porque entregar el arma es relativamente sencillo. Determinar con precisión cuándo puede utilizarse, quién responde de la decisión y qué facultades tiene cada efectivo exige algo más que repartir cargadores.