¿Por qué Mazón pone el foco en Salomé Pradas por la dana y ES-Alert?

Carlos Mazón ha situado a Salomé Pradas, su exconsellera de Justicia e Interior, en el centro de su estrategia de defensa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. En un escrito de 66 páginas presentado ante el juzgado de Catarroja, la defensa del expresidente valenciano sostiene que él no tenía la llamada “posición de garante” exigida para atribuirle una responsabilidad penal por omisión y apunta que esa función correspondía, en el ámbito de la emergencia, a Pradas.

El documento también niega que Mazón ordenara retrasar, modificar o paralizar el ES-Alert enviado a las 20:11 horas, uno de los episodios decisivos de la investigación sobre una catástrofe cuyo balance judicial se ha elevado a 231 fallecidos. Su abogado descarta que pueda establecerse un nexo causal individualizado entre una actuación del entonces presidente de la Generalitat y las muertes investigadas. Dicho de otro modo: la defensa intenta separar jurídicamente a Mazón de las decisiones operativas tomadas aquella tarde y colocar el foco sobre quienes dirigían el dispositivo de emergencias.

No es un detalle menor. La causa lleva casi dos años reconstruyendo llamadas, mensajes, horarios y decisiones de aquella jornada. Minutos que parecían administrativos y que terminaron convertidos en materia penal. En ese escenario, Mazón entra de lleno en la discusión sobre quién tenía realmente capacidad para ordenar medidas de protección y quién debía decidir qué se comunicaba a una población que, en numerosos municipios, veía cómo el agua ya entraba por calles, garajes y viviendas.

Mazón sitúa la gestión operativa de la dana en Salomé Pradas

La tesis que plantea la defensa parte de una cuestión jurídica bastante concreta. Para que pueda atribuirse un delito por comisión por omisión, no basta con considerar que alguien podía haber hecho más: debe existir una obligación jurídica específica de actuar, lo que en Derecho penal se conoce como posición de garante.

El abogado de Mazón sostiene que el expresidente valenciano no ostentaba esa posición respecto de las decisiones operativas adoptadas durante la emergencia. La argumentación enlaza, además, con el criterio expresado meses atrás por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que rechazó abrir una investigación penal contra Mazón al no apreciar indicios suficientemente sólidos y considerar que las competencias específicas sobre la emergencia no recaían directamente en él.

Ahí aparece Salomé Pradas. La exconsellera estaba al frente del departamento competente en materia de Interior y Emergencias y participó en el Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado desde el que se gestionó la crisis. La defensa de Mazón remarca precisamente ese reparto competencial.

La fotografía jurídica que intenta construir resulta bastante nítida: una cosa era la presidencia política de la Generalitat y otra el mando operativo de la emergencia. El problema, claro, es que la investigación lleva meses examinando hasta qué punto ambas esferas permanecieron realmente separadas durante las horas decisivas del 29 de octubre.

La “posición de garante”, el concepto que puede marcar responsabilidades

Salomé Pradas continúa investigada en la causa junto a Emilio Argüeso, quien fuera secretario autonómico de Emergencias. Mazón, en cambio, no figura actualmente como investigado en el procedimiento de Catarroja.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra había elevado al TSJCV una exposición razonada al considerar que existían indicios para investigar al entonces presidente autonómico. El tribunal valenciano rechazó hacerlo en marzo de 2026 y ratificó posteriormente esa decisión.

Eso no cerró del todo el debate. La Audiencia Provincial de Valencia autorizó después a Mazón a personarse en la causa para ejercer su derecho de defensa, al considerar que algunas diligencias podían llegar a tener trascendencia para él. La situación es peculiar, aunque jurídicamente posible: Mazón puede acceder al procedimiento y defender sus intereses sin ser por ello un investigado formal.

Su primer escrito de gran alcance desde esa personación mueve precisamente las piezas sobre ese tablero.

El ES-Alert vuelve al centro de la batalla judicial

La cuestión más delicada continúa siendo el mensaje masivo enviado a los teléfonos móviles a las 20:11 horas. Para entonces, varias localidades valencianas estaban ya gravemente inundadas y se habían producido numerosas muertes.

Durante la instrucción se ha analizado con lupa cuándo comenzó a plantearse el envío de la alerta, cómo se redactaron sus distintas versiones, quién intervino en los cambios y por qué el mensaje no llegó antes.

La defensa de Mazón sostiene que no existe prueba de que el expresidente diera instrucciones para determinar o modificar el contenido del ES-Alert. Tampoco admite que ordenara detener ninguno de los envíos.

Ese punto responde directamente a otra de las incógnitas que han acompañado al procedimiento: la posible influencia sobre Pradas del entonces jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, durante las horas en que se discutían distintas medidas para proteger a la población.

Según el nuevo escrito, cuando comenzaron esos intercambios entre Cuenca y Pradas, la configuración esencial de los mensajes que se debatían en el Cecopi ya estaba plasmada por escrito. La defensa pretende con ello romper una posible cadena causal: que un mensaje procedente del entorno de Presidencia hubiese condicionado una decisión de Emergencias y, a su vez, hubiese retrasado la protección de los ciudadanos.

Qué papel tuvieron los mensajes entre Cuenca y Pradas

Las comunicaciones entre José Manuel Cuenca y Salomé Pradas se han convertido en una de esas piezas pequeñas capaces de ocupar páginas y páginas de un sumario. La jueza llegó a considerar relevante investigar si las indicaciones transmitidas desde el gabinete del presidente podían proceder del propio Mazón.

La defensa lo niega. Según su interpretación, no puede atribuirse automáticamente a Mazón lo escrito por Cuenca, ni existe prueba de que el entonces jefe de gabinete estuviera transmitiendo órdenes directas del president sobre el ES-Alert.

El escrito recuerda, además, que la propia Pradas ha negado que aquellos mensajes determinaran su actuación. La exconsellera ya había defendido previamente que no permaneció esperando instrucciones de Mazón para enviar la alerta y sostuvo que las decisiones se tomaron siguiendo el criterio de los responsables técnicos.

Aquí las versiones empiezan a rozarse, y no poco. Algunos testimonios recabados durante la investigación han situado a Pradas interviniendo directamente en la preparación del aviso y en las discusiones sobre su contenido. Técnicos de Emergencias han declarado también sobre las dudas legales existentes en torno a determinadas instrucciones, como pedir a la población que permaneciera en sus domicilios.

Uno de los técnicos llegó a asegurar durante la instrucción que Pradas quería dar su visto bueno antes del envío. Otro responsable declaró que la demora no respondió a dificultades técnicas. La defensa de la exconsellera ha discutido buena parte de estas interpretaciones.

Por eso el ES-Alert sigue siendo mucho más que un mensaje que sonó en millones de teléfonos. Se ha convertido en una especie de reloj judicial: quién sabía qué, a qué hora y qué podía haber hecho con esa información.

El envío de las 20:11 y el debate sobre las 231 víctimas

La defensa de Mazón introduce otro argumento especialmente sensible: rechaza que pueda establecerse una relación causal automática entre el retraso del aviso y las 231 muertes incluidas actualmente en la investigación.

El abogado ha analizado la cronología de los fallecimientos y sostiene que no existe un vínculo individualizado entre una acción positiva atribuible a Mazón y ninguna de esas muertes. Es una diferencia jurídica importante. No se trata solo de debatir si una alerta habría sido conveniente antes, algo difícilmente discutible desde el terreno de la prevención, sino de determinar penalmente si una conducta concreta provocó o contribuyó de manera jurídicamente relevante a fallecimientos determinados.

La jueza ha mantenido durante la instrucción una visión severa sobre la falta de avisos suficientes a la población. Su investigación trata precisamente de determinar si una comunicación más temprana habría permitido a determinadas víctimas abandonar zonas inundables, evitar desplazamientos, subir a plantas superiores o adoptar otras medidas de autoprotección.

La defensa plantea la cuestión desde el extremo contrario: para atribuir responsabilidad penal no basta con considerar que el sistema funcionó tarde o mal; hay que identificar quién tenía el deber concreto de actuar, qué decisión tomó o dejó de tomar y qué consecuencia tuvo esa conducta.

La discusión parece académica hasta que se recuerda qué hay debajo: coches arrastrados, bajos anegados en minutos, personas atrapadas en viviendas y familias que todavía intentan reconstruir los últimos movimientos de quienes murieron. Ahí desaparece cualquier comodidad teórica.

Qué ha resuelto la justicia sobre Mazón hasta este momento

La situación procesal del expresidente requiere una precisión importante porque los términos “imputado”, “investigado” o “acusado” se utilizan con demasiada alegría fuera de los tribunales.

Carlos Mazón no está investigado formalmente en esta causa. La jueza de Catarroja consideró que existían elementos que justificaban examinar penalmente su actuación, pero al ser diputado autonómico y, por tanto, aforado, solo podía hacerlo el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El TSJCV rechazó esa posibilidad. Consideró que no existía fundamento sólido y objetivo suficiente para abrir una causa penal contra él y, entre otros argumentos, señaló precisamente la ausencia de una posición de garante específica en la gestión de la emergencia.

Posteriormente, la Audiencia Provincial permitió que Mazón se personara en el procedimiento bajo el mecanismo previsto para quien puede verse afectado por una investigación y necesita ejercer anticipadamente su derecho de defensa.

El resultado es una zona procesal poco habitual para el lector corriente: no está formalmente investigado, pero tiene acceso a la causa y capacidad para intervenir porque existen diligencias que pueden concernirle.

Su abogado aprovecha precisamente esa posición para pedir a la magistrada que especifique si queda alguna acción concreta atribuible a Mazón que todavía se esté investigando. La defensa sostiene, en esencia, que no puede combatir hipótesis indefinidas y reclama conocer con precisión cualquier eventual línea de responsabilidad que siga abierta.

Salomé Pradas sigue siendo una figura central de la causa

Mientras la situación procesal de Mazón se mueve en ese terreno intermedio, Salomé Pradas continúa siendo una de las principales protagonistas judiciales de la investigación.

La exconsellera ha defendido durante todo el procedimiento que la magnitud de la dana fue extraordinaria y que su actuación no constituye delito. También ha solicitado el archivo de las actuaciones y ha cuestionado diferentes decisiones de la instructora.

Pradas ha rechazado que esperase una autorización de Mazón para enviar el ES-Alert. Su defensa ha insistido en que las decisiones se adoptaron dentro de un dispositivo complejo en el que participaban técnicos, responsables de diferentes administraciones y organismos especializados.

Sin embargo, varias declaraciones incorporadas al procedimiento han colocado bajo examen su participación directa en la redacción y autorización de la alerta, así como las discusiones mantenidas dentro del Cecopi.

El nuevo escrito de Mazón añade presión sobre ese punto porque transforma la distribución administrativa de competencias en una pieza de su propia defensa. No afirma simplemente que él no decidió enviar el mensaje: sostiene que las responsabilidades operativas estaban en otra parte.

Y esa otra parte tiene nombre.

Una causa donde las responsabilidades vuelven a separarse

La estrategia presentada por Carlos Mazón marca una nueva fase en la investigación de la dana. El expresidente intenta cortar cualquier vínculo entre su actuación personal, el retraso del ES-Alert y las 231 víctimas reconocidas judicialmente, mientras sitúa la capacidad de decisión sobre la emergencia en la estructura dirigida entonces por Salomé Pradas.

Eso no convierte automáticamente a Pradas en responsable penal, del mismo modo que la negativa de Mazón a reconocer un nexo causal no resuelve la cuestión. Son posiciones de defensa sometidas a una instrucción que todavía debe valorar testimonios, comunicaciones, documentos y cronologías relacionadas con los fallecimientos.

Pero el movimiento político y judicial resulta evidente. Quien presidía la Generalitat afirma que no dirigía aquella emergencia; quien dirigía Emergencias sostiene que actuó siguiendo los criterios disponibles y sin esperar órdenes del presidente. Los técnicos han aportado versiones que no siempre encajan con ese relato. Y el juzgado intenta reconstruir qué ocurrió mientras el agua avanzaba mucho más deprisa que las decisiones.

Casi dos años después de la catástrofe, Salomé Pradas vuelve así al primer plano. No por una declaración pública ni por una nueva comparecencia, sino porque la defensa de quien fue su presidente ha colocado sobre la mesa una cuestión que probablemente acompañará toda la causa: quién tenía realmente la obligación de actuar cuando todavía quedaba tiempo para avisar.