¿Qué une a Marruecos, Pegasus, Pedro Sánchez y la crisis de Ceuta?

Marruecos vuelve a aparecer en dos asuntos especialmente sensibles para España: el espionaje con Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez y la crisis fronteriza de Ceuta. El nexo entre ambos episodios tiene nombre propio, Mehdi Hijaouy, antiguo alto responsable de los servicios de inteligencia marroquíes que asegura disponer de información relacionada con los dos casos.

La última revelación afecta directamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según la información conocida, un emisario de Hijaouy acudió en octubre de 2024 al fiscal jefe, Jesús Alonso, para ofrecer datos sobre el ataque con Pegasus al presidente del Gobierno y varios ministros. El intermediario sostiene que recibió una respuesta particularmente delicada: aquello no interesaba por el problema que suponía para Marruecos. La Fiscalía ofrece una versión distinta: Alonso no recuerda aquella conversación y el interesado fue remitido al juzgado que investigaba el caso, el cauce procesal que correspondía.

Hay, por tanto, dos planos que conviene no mezclar. Está acreditado judicialmente que el móvil de Pedro Sánchez fue infectado con Pegasus y que se extrajo una enorme cantidad de información. No está acreditado, en cambio, que Marruecos fuese el autor del ataque. Tampoco se ha demostrado públicamente que los datos ofrecidos por Hijaouy permitieran establecer esa autoría. Ahí está, precisamente, el agujero negro del asunto.

Un mismo nombre aparece en Pegasus y Ceuta

Mehdi Hijaouy ha vuelto a primer plano casi al mismo tiempo por otra razón. El antiguo responsable de la inteligencia exterior marroquí ha asegurado que considera imposible que la cúpula de seguridad de Rabat desconociera la movilización que desembocó en la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio de 2026.

Hijaouy señala concretamente a Abdellatif Hammouchi, responsable del poderoso aparato policial y de seguridad marroquí, y a Fouad Ali El Himma, estrechísimo colaborador del rey Mohamed VI. Su argumento es sencillo: una movilización de semejante magnitud hacia una frontera extraordinariamente vigilada difícilmente podría haberse desarrollado sin conocimiento de las principales estructuras de seguridad del reino. Es una acusación de enorme calibre, pero continúa siendo el testimonio de un antiguo miembro del aparato marroquí, no una conclusión judicial.

La coincidencia ha encendido todas las luces. Hijaouy es el hombre que cuestiona el desconocimiento de Rabat sobre Ceuta y, al mismo tiempo, la persona cuyo entorno asegura poseer información sobre cómo se desarrolló el operativo Pegasus que afectó al Gobierno español. Dos expedientes distintos, una misma sombra.

Qué ocurrió en la Audiencia Nacional en 2024

El episodio más comprometido se remonta a octubre de 2024. Hijaouy había sido detenido semanas antes en virtud de una reclamación internacional relacionada con un supuesto delito de estafa y afrontaba un procedimiento de extradición a Marruecos.

Un emisario suyo consiguió reunirse brevemente con Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El intermediario transmitió que Hijaouy estaba dispuesto a proporcionar información sobre las infecciones mediante Pegasus y sobre los datos sustraídos de los teléfonos de miembros del Gobierno. A cambio pretendía conseguir que se frenara su extradición. Ese elemento importa: no estamos ante un testigo que aparece de manera desinteresada, sino ante alguien que pretendía negociar su colaboración mientras tenía un procedimiento judicial encima.

El relato del emisario atribuye al fiscal una frase que ha provocado la tormenta política: que aquello no interesaba porque suponía un problema para Marruecos. No existe, al menos públicamente, una grabación que permita comprobar esas palabras. Fuentes próximas a Alonso han señalado que no recuerda la conversación ni aquel encuentro en los términos descritos. La diferencia no es menor. Una cosa es que una frase haya sido atribuida al fiscal; otra, que esté demostrada.

Días después quedó, eso sí, una huella documental.

El correo que formalizó el ofrecimiento

El 7 de octubre de 2024, el intermediario escribió a la Fiscalía. Presentó a su contacto como un antiguo oficial de la inteligencia marroquí y afirmó que podía aportar información relacionada con las intervenciones telefónicas mediante Pegasus sufridas por Pedro Sánchez, Margarita Robles y otros miembros del Ejecutivo.

La respuesta llegó el 28 de octubre, 21 días después. Desde la secretaría particular del fiscal jefe se indicó que, dado que el asunto estaba judicializado, lo correcto era dirigirse directamente al juzgado instructor. La Fiscalía mantiene que eso responde al procedimiento habitual cuando alguien pretende introducir información en una causa penal que ya está abierta.

Y aquí aparece el matiz incómodo. En abril de aquel mismo año, el juez José Luis Calama había reabierto la investigación de Pegasus precisamente porque habían llegado nuevos datos técnicos desde Francia que podían ayudar a identificar el origen de las infecciones. El procedimiento estaba, por tanto, vivo cuando se produjo el ofrecimiento de Hijaouy.

Según la información conocida, el ofrecimiento del antiguo responsable marroquí no llegó al juez Calama. Si ese material tenía el valor que Hijaouy proclamaba es otra cuestión; nadie ha demostrado públicamente su contenido ni su autenticidad. Pero resulta difícil considerar irrelevante que alguien que decía conocer el operativo pretendiera entrar en una investigación cuyo principal problema era, justamente, identificar a los responsables.

Pegasus: lo acreditado y lo que sigue sin probarse

El suelo firme está bastante más abajo. En mayo de 2022, el Gobierno comunicó que los análisis del Centro Criptológico Nacional habían detectado infecciones mediante Pegasus en los teléfonos de Pedro Sánchez y de varios ministros. Del terminal del presidente se exfiltraron al menos 2,57 gigabytes durante una de las intrusiones y otros 130 megabytes en una segunda. Los hechos fueron denunciados ante la Audiencia Nacional como una intrusión externa e ilícita.

La investigación tropezó después con una pared bastante literal: la falta de cooperación de Israel, país donde tiene su sede NSO Group, fabricante de Pegasus. La Audiencia Nacional archivó provisionalmente el procedimiento en julio de 2023, lo reabrió en abril de 2024 gracias a nueva información técnica y volvió a archivarlo provisionalmente el 22 de enero de 2026, sin haber alcanzado una autoría concreta.

Eso explica por qué la revelación sobre Hijaouy resulta políticamente explosiva. La justicia española llevaba años buscando precisamente nuevas fuentes de prueba capaces de romper el bloqueo. Según el relato conocido, una persona vinculada durante años al aparato marroquí aseguró que podía ofrecerlas. No significa que las tuviera. Mucho menos que fueran verdaderas. Significa que alguien dijo poseerlas y trató de negociar con ellas.

Es una diferencia pequeña en una tertulia; enorme en un tribunal.

Ceuta vuelve a colocar a Rabat bajo el foco

El segundo frente ha aparecido en 2026. Tras la entrada masiva registrada en Ceuta, las diligencias abiertas en España comenzaron a examinar si detrás de aquella movilización había algo más que una suma espontánea de personas intentando cruzar la frontera.

La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado favorable a investigar los hechos y ha señalado que, según los indicios incorporados a las actuaciones, una parte sustancial de la posible planificación, movilización y coordinación logística pudo desarrollarse en territorio marroquí. Eso tampoco equivale a afirmar que el Estado marroquí organizara la operación. La diferencia jurídica es gruesa y conviene conservarla.

Pedro Sánchez sostuvo el 3 de septiembre que ninguno de los informes previos permitió anticipar la escala de la crisis y afirmó que el Gobierno no disponía en ese momento de pruebas sólidas contra Marruecos que demostraran que Rabat hubiera planificado o ejecutado deliberadamente el episodio. También anunció la publicación de documentación relacionada con los avisos y análisis previos.

Ahora llega Hijaouy y coloca sobre la mesa una versión mucho más incómoda: sostiene que responsables situados en la cúspide del sistema de seguridad marroquí debían conocer lo que estaba ocurriendo. Conocer no es necesariamente ordenar. Saber no es organizar. En asuntos de inteligencia, ese par de verbos puede separar una sospecha política de una responsabilidad demostrable.

Hay otro detalle llamativo. Jesús Alonso, el mismo fiscal jefe al que el emisario de Hijaouy atribuye el rechazo de la información de Pegasus en 2024, ha asumido personalmente en 2026 la posición de la Fiscalía sobre la investigación de la crisis de Ceuta debido a su singularidad y trascendencia. La coincidencia no prueba absolutamente nada, pero convierte la secuencia en un terreno especialmente sensible para las instituciones españolas.

Una relación con Marruecos bajo una lupa cada vez mayor

El problema para España no es únicamente Pegasus ni únicamente Ceuta. Es la acumulación. La relación con Marruecos mezcla cooperación policial, control migratorio, comercio, terrorismo, energía, el Sáhara Occidental y dos ciudades españolas plantadas físicamente en el norte de África. Diplomacia de alta precisión: cualquier movimiento brusco hace temblar varios tableros a la vez.

De ahí que cada nueva revelación sobre los servicios de inteligencia marroquíes tenga una carga política bastante superior a la de un episodio de espionaje convencional. Por ahora, no existe una resolución judicial que atribuya a Marruecos el espionaje del móvil de Pedro Sánchez, ni una conclusión judicial que responsabilice al Gobierno marroquí de organizar la entrada masiva en Ceuta. Ese límite debe quedar limpio.

Las sospechas crecen, las pruebas definitivas siguen faltando

Lo nuevo es otra cosa. Un antiguo responsable de la inteligencia de Rabat asegura tener conocimiento directo de asuntos que afectan a ambos episodios; su entorno sostiene que intentó aportar información sobre Pegasus a las autoridades españolas en 2024 y que aquella información no llegó al juez encargado del caso; y él mismo ha señalado públicamente que las máximas estructuras de seguridad marroquíes difícilmente podían ignorar lo ocurrido en la frontera.

El misterio, por tanto, no se ha resuelto. Se ha hecho más grande. Y esta vez Marruecos, Pegasus, Pedro Sánchez y Ceuta aparecen dentro de la misma fotografía política, aunque todavía falten pruebas capaces de convertir esa fotografía en una conclusión judicial.