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¿Cómo volverá Maricarmen a su casa tras ser desahuciada en Madrid?
Maricarmen podrá regresar al piso del que fue desahuciada tras un acuerdo con Urbagestión que fija ocho años de alquiler y una renta asequible

Resumen
- Maricarmen podrá volver al piso del que fue desahuciada en Madrid
- El nuevo contrato durará ocho años y limitará la renta al 30 % de sus ingresos
- El acuerdo debe ser ratificado por ella antes de regresar tras el alta médica
Maricarmen podrá regresar al piso de Madrid del que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. El acuerdo alcanzado entre sus representantes y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria de la vivienda, contempla un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no podrá superar el 30 % de sus ingresos. En números cotidianos: pagaría una cantidad cercana a los 500 euros mensuales que abonaba antes, incluyendo determinados gastos.
Hay, sin embargo, un matiz decisivo. El pacto todavía debe ser ratificado por la propia Maricarmen, de 87 años. Sus representantes han negociado unas condiciones que consideran satisfactorias, pero es ella quien debe aceptarlas y firmar. Cuando lo haga y reciba el alta hospitalaria, el objetivo es que pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda con carácter inmediato.
El desenlace cambia de forma radical una historia que apenas unos días antes había dejado una imagen durísima: una mujer de 87 años, con un 50 % de discapacidad, abandonando en camilla la casa en la que había vivido durante siete décadas. La puerta se cerró entonces por orden judicial. Ahora existe una vía para volver a abrirla.
Un contrato de ocho años y un alquiler ligado a sus ingresos
La pieza central del acuerdo es bastante concreta. El nuevo arrendamiento se formalizará conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendrá en principio una duración de ocho años y establecerá una renta que no supere el 30 % de los ingresos de Maricarmen. La cantidad definitiva dependerá de la documentación económica que aporte, aunque su abogada, Beatriz Duro, ha situado el coste total en un nivel parecido al anterior: alrededor de 500 euros entre alquiler, gastos y comunidad.
No se trata, por tanto, de que Maricarmen recupere el antiguo contrato como si el desahucio nunca hubiese ocurrido. Jurídicamente empieza una etapa distinta: un nuevo contrato de alquiler, pactado después del lanzamiento y canalizado mediante el Servicio de Intermediación del Alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, la EMVS. Esa diferencia parece de letra pequeña, pero no lo es.
El Servicio de Intermediación introduce también garantías para ambas partes. Para la arrendataria contempla asesoramiento jurídico, económico, técnico y fiscal; para la propiedad, mecanismos como un seguro multirriesgo y cobertura frente a posibles impagos durante la vigencia del contrato. Es, en definitiva, el armazón que ha permitido construir una salida donde durante años solo había posiciones enfrentadas.
Más de cuatro horas para cerrar las condiciones
La negociación se prolongó durante más de cuatro horas en la sede de la EMVS. Participaron representantes de Urbagestión, familiares de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas y responsables de la empresa municipal, que ejerció como mediadora.
No fue simplemente una conversación sobre una cifra mensual. La defensa explicó después que había más de una veintena de cláusulas que revisar. Contrato, garantías, obligaciones, duración, renta… los famosos puntos y comas que, cuando una vivienda está en juego, dejan de ser puntuación y pasan a pesar unos cuantos kilos.
La reunión terminó con un preacuerdo considerado satisfactorio por las partes negociadoras. La última palabra, insisten los implicados, pertenece a Maricarmen.
El regreso dependerá también del alta hospitalaria
Maricarmen permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón después del desahucio cuando se alcanzó el acuerdo. Sus pertenencias continuaban dentro de la vivienda y la intención expresada tras la reunión era que regresara en cuanto su situación médica permitiera el alta y hubiese firmado las nuevas condiciones.
Ese detalle explica por qué decir simplemente que ya ha vuelto a casa sería adelantarse a los hechos. Lo conseguido es el derecho pactado a regresar bajo un nuevo arrendamiento. El regreso físico llegará después de su aceptación y del alta.
Por qué no pudo resolverse antes mediante el plan Reviva
Antes de esta negociación apareció otra posibilidad. Urbagestión planteó ceder temporalmente la vivienda a la EMVS para que pudiera incorporarse al plan Reviva, un programa municipal mediante el que viviendas privadas se destinan al alquiler asequible.
La operación terminó descartándose porque el inmueble no reunía las condiciones exigidas por el programa. Entre ellas figura que la vivienda esté libre de cargas, mientras que el piso de Maricarmen tiene una hipoteca. También existe un sistema de adjudicación y una lista previa de personas solicitantes, por lo que el Ayuntamiento sostuvo que no podía simplemente incorporar el inmueble y asignárselo directamente a ella.
Ahí apareció la vía que finalmente ha funcionado: no incorporar el piso al plan Reviva, sino utilizar el Servicio de Intermediación del Alquiler para facilitar un acuerdo directo entre propietaria e inquilina.
La paradoja resulta difícil de pasar por alto. La solución contractual que permite el regreso se ha encontrado después de ejecutar el desahucio, no antes. La propia abogada de Maricarmen ha valorado positivamente el pacto, aunque considera que una alternativa de esta naturaleza tendría que haberse explorado antes del lanzamiento.
De setenta años en la misma casa a un desahucio en camilla
Maricarmen llevaba viviendo en ese piso de Retiro desde 1956. Primero lo hizo dentro del régimen de renta antigua y, con el paso de las décadas, el contrato atravesó distintas subrogaciones familiares. Urbagestión compró la vivienda en 2018 y posteriormente defendió que las subrogaciones legalmente posibles se habían agotado, conflicto que acabó desembocando en un procedimiento judicial para recuperar el inmueble.
Durante esos años, Maricarmen siguió abonando aproximadamente 500 euros mensuales entre renta y otros gastos. El desencuentro entre las partes se enquistó hasta llegar al lanzamiento del 23 de septiembre de 2026, después de varios intentos anteriores que no llegaron a ejecutarse.
Ese miércoles, la comisión judicial ejecutó finalmente la orden. Maricarmen salió de la vivienda en camilla y fue atendida por efectivos sanitarios, mientras en el exterior permanecían concentrados vecinos y activistas que trataban de impedir el desalojo. Las imágenes multiplicaron inmediatamente la repercusión de un conflicto que hasta entonces tenía una dimensión fundamentalmente local.
El acuerdo no pone fin a las protestas por la vivienda
El caso de Maricarmen ha terminado desbordando sus propios límites. Durante los días posteriores al lanzamiento se sucedieron concentraciones y acampadas, especialmente en la Puerta del Sol, donde colectivos por el derecho a la vivienda han mantenido sus protestas pese al acuerdo individual alcanzado con Urbagestión.
El Sindicato de Inquilinas, presente también en la negociación, considera que el problema particular de Maricarmen quedará resuelto si ella firma, pero mantiene abierto el conflicto general que llevó a las movilizaciones. El desahucio se ha convertido entretanto en el origen simbólico del denominado «decreto Maricarmen», expresión empleada por movimientos de vivienda para referirse a un paquete de cambios reclamados al Gobierno.
Conviene separar ambos planos. El regreso de Maricarmen depende de un contrato privado mediado por la EMVS y no de la aprobación de nuevas medidas legislativas. El debate político y social sobre la vivienda continúa por otro carril.
La misma casa, pero con un contrato completamente nuevo
Lo sustancial, sin adornos, es esto: Maricarmen tiene sobre la mesa un acuerdo que le permite volver a la vivienda en la que ha pasado unos 70 años, con un contrato de ocho años y una renta vinculada a sus ingresos que rondaría lo que ya pagaba. No se le adjudicará otro piso ni tendrá que abandonar su barrio para acogerse a esta solución. Es precisamente su antigua casa.
Todavía falta su firma. Es un detalle jurídico, sí, pero también algo más elemental: después de semanas en las que otros decidieron sobre contratos, procedimientos, lanzamientos y alternativas habitacionales, la decisión final vuelve a corresponderle a ella.
Si ratifica el pacto, el desahucio del 23 de septiembre habrá producido una situación muy poco habitual: la misma persona desalojada mediante una orden judicial regresará días después al mismo inmueble como nueva inquilina. La vivienda será la misma; el contrato, no. Y entre una cosa y otra quedan unos días que han convertido el caso de una vecina de Retiro en uno de los episodios más visibles del debate español sobre el alquiler y los desahucios.












