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¿Por qué Marco Rubio ve a Cuba como Estado fallido y una amenaza?
Rubio presenta a Cuba como un Estado fallido y un riesgo para EE.UU. mientras la isla afronta apagones, sanciones y una grave crisis económica.

Resumen
- Rubio define a Cuba como un «Estado fallido» y un riesgo para EE.UU
- Washington endurece la presión mientras la isla sufre una grave crisis
- Trump habla de un posible acuerdo y Cuba mantiene abierta la vía del diálogo
Marco Rubio ha vuelto a colocar a Cuba en el centro de la política exterior estadounidense. El secretario de Estado sostiene que la isla es un «Estado fallido» y, sobre todo, que su situación supone una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos. Su advertencia es directa: mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, Washington no permitirá que el territorio cubano pueda utilizarse como base de operaciones contra el país.
La declaración no llega aislada ni parece una frase improvisada para una entrevista televisiva. Rubio ha utilizado esa descripción varias veces durante 2026 y Trump empleó prácticamente el mismo lenguaje ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. La Administración estadounidense ha endurecido durante el año sanciones, restricciones económicas y presión sobre el suministro energético de Cuba mientras acusa al Gobierno cubano de favorecer intereses hostiles a Estados Unidos.
El problema es que detrás de la batalla verbal existe una crisis bastante menos abstracta. Cuba encadena apagones, escasez de combustible, inflación y pérdida de poder adquisitivo, además de una infraestructura eléctrica tremendamente frágil. Washington atribuye buena parte de ese deterioro al modelo económico y político cubano; La Habana responde que el embargo y las nuevas medidas estadounidenses están estrangulando una economía ya muy debilitada. Ambas cosas forman parte de la fotografía, aunque cada Gobierno prefiera iluminar solo su mitad.
Qué quiere decir Rubio cuando habla de un «Estado fallido»
La expresión empleada por Marco Rubio tiene una fuerte carga política. «Estado fallido» no constituye por sí misma una nueva designación jurídica estadounidense comparable, por ejemplo, a la inclusión de un país en una categoría oficial de sanciones. Describe, en términos generales, un Estado incapaz de garantizar adecuadamente servicios públicos, estabilidad económica, seguridad o funcionamiento institucional.
Rubio vincula esa idea con dos elementos. Por un lado, considera que el sistema cubano ha sido incapaz de sostener la economía y las infraestructuras de la isla. Por otro, introduce una dimensión estratégica: Washington no contempla la debilidad cubana únicamente como un problema doméstico de La Habana, sino como un riesgo potencial para la seguridad estadounidense. Esa es la tesis del Gobierno de Trump, no una constatación internacionalmente aceptada sobre una amenaza inmediata.
El secretario de Estado viene relacionando durante 2026 los prolongados apagones con el deterioro de las plantas eléctricas, la falta de inversión y el agotamiento del modelo económico cubano. Su argumento es conocido: la crisis no sería un accidente temporal, sino el resultado de problemas estructurales acumulados durante décadas.
La interpretación cubana es muy distinta. El Gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoce la gravedad de las dificultades económicas, pero atribuye una parte sustancial de ellas al embargo estadounidense y al endurecimiento de las restricciones energéticas y financieras. El canciller Bruno Rodríguez sostiene que esas medidas dañan directamente a la población y agravan las carencias de la isla.
La amenaza para EE.UU. que denuncia Washington
Aquí está el elemento más relevante de las últimas palabras de Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense no se limita a describir una Cuba empobrecida o con graves problemas internos. Coloca a la isla dentro del terreno de la seguridad nacional.
Washington ha utilizado durante 2026 ese argumento para justificar nuevas sanciones y restricciones contra empresas, responsables públicos y estructuras vinculadas al Estado cubano. El 17 de septiembre, por ejemplo, Estados Unidos sancionó a 11 entidades y responsables cubanos relacionados con el níquel y empresas militares, medidas que la Administración presentó como parte de su respuesta a lo que considera una amenaza para sus intereses. La Habana niega representar ese peligro.
Estados Unidos acusa también al Gobierno cubano de mantener relaciones con países y actores considerados hostiles por Washington. Esas acusaciones forman parte de la justificación política de la presión aplicada durante 2026. Cuba sostiene, por el contrario, que el argumento de la seguridad sirve para legitimar sanciones dirigidas a forzar cambios internos.
Conviene separar ambos planos. Que Washington califique a Cuba como una amenaza expresa la posición oficial estadounidense; no significa que la expresión «Estado fallido» implique automáticamente la existencia de una amenaza militar inmediata.
Cuba atraviesa una crisis eléctrica y económica profunda
Las palabras de Rubio encuentran un terreno especialmente sensible porque la situación cotidiana en Cuba se ha deteriorado con rapidez. El sistema eléctrico nacional volvió a colapsar por completo el 18 de septiembre, dejando sin suministro a millones de personas. Fue el sexto colapso general registrado desde enero, mientras algunas zonas habían sufrido previamente cortes de más de 30 horas.
El deterioro tiene raíces largas. Las centrales térmicas cubanas arrastran décadas de antigüedad, falta de mantenimiento e inversión insuficiente. A esa fragilidad se suma la escasez de combustible, agravada durante 2026 por las restricciones estadounidenses al suministro de petróleo. Es una combinación bastante cruel: maquinaria envejecida y menos energía disponible para mantenerla funcionando.
Inflación, peso debilitado y una economía que intenta moverse
El problema tampoco termina cuando vuelve la luz. La inflación oficial acumulaba al menos un 25 % durante 2026, mientras el peso cubano había perdido aproximadamente nueve décimas partes de su valor frente al dólar desde 2021. Las colas ante los bancos, las dificultades para conseguir efectivo y unos salarios que avanzan mucho más despacio que los precios forman parte de la vida económica de la isla.
La Habana ha comenzado, al mismo tiempo, una apertura económica poco habitual para sus propios estándares. El Gobierno aprobó 176 medidas de reforma destinadas a transformar partes del modelo socialista, ampliar el espacio de la empresa privada y permitir nuevas fórmulas de inversión y actividad económica. Díaz-Canel insiste, sin embargo, en que esos cambios no significan abandonar el socialismo ni privatizar sectores estratégicos como la sanidad, la ciencia o la cultura.
Ahí aparece una de las contradicciones del momento cubano. El Estado abre ventanas al mercado mientras conserva el marco político de partido único; pueden aparecer más productos y nuevas empresas privadas y, al mismo tiempo, buena parte de la población seguir sin ingresos suficientes para acceder a ellos. El escaparate puede mejorar antes que el bolsillo.
Trump endurece el discurso, pero también habla de un acuerdo
El tono de Washington tampoco sigue una línea completamente recta. Trump calificó a Cuba de «Estado fallido» durante su intervención ante la ONU y aseguró que la libertad llegaría a la isla. La delegación cubana abandonó la sala durante esa parte del discurso.
Solo unos días después, el 26 de septiembre, el presidente estadounidense dijo que confiaba en alcanzar un acuerdo con Cuba y consideró probable que no fuese necesaria una intervención militar. Es una combinación reconocible en su política exterior: presión muy alta en público y una puerta negociadora que permanece entreabierta. La existencia de ese discurso no elimina las sanciones ni las profundas diferencias entre ambos gobiernos.
Rubio también ha dejado margen para un cambio de escenario. Estados Unidos, según el secretario de Estado, espera que Cuba adopte «un camino diferente» y emprenda reformas profundas. Washington presenta esa transformación como una salida a la crisis; La Habana considera inaceptable que la evolución de su sistema político quede condicionada desde el exterior.
La Habana ofrece diálogo, pero rechaza las condiciones estadounidenses
En medio de esa escalada verbal hay un detalle que podría perderse entre amenazas, sanciones y discursos ante la ONU. Cuba afirma estar dispuesta a hablar con Estados Unidos.
Bruno Rodríguez ha sostenido que La Habana mantiene su disposición al diálogo siempre que se produzca sobre bases de igualdad soberana, respeto y no injerencia. El Gobierno cubano también ha expresado apertura a determinadas relaciones económicas con Estados Unidos, aunque rechaza que ese acercamiento esté condicionado a cambios políticos impuestos desde Washington.
No significa que exista una negociación avanzada. A comienzos de septiembre, el propio Rodríguez afirmaba que no había conversaciones en marcha y que las relaciones seguían bloqueadas. La apertura diplomática convive, así, con uno de los periodos de mayor presión estadounidense sobre Cuba de los últimos años.
Washington ha ampliado además las sanciones contra empresas y responsables vinculados a sectores estratégicos cubanos. Las medidas del 17 de septiembre afectaron a entidades relacionadas con el níquel y estructuras militares. Rubio las presentó como un intento de impedir que determinados recursos beneficien a las élites gubernamentales y militares; el Ejecutivo cubano sostiene que estas restricciones terminan golpeando a la población.
Una isla entre la presión exterior y sus propias grietas
La afirmación de Marco Rubio tiene, por tanto, un significado bastante más amplio que una nueva disputa retórica entre Washington y La Habana. Estados Unidos está utilizando la vulnerabilidad económica de Cuba como argumento para intensificar la presión sobre su Gobierno y reclamar cambios políticos y económicos. La crisis cubana es real, como muestran los apagones, la inflación, la depreciación del peso y las carencias materiales, pero también es real el efecto de las restricciones estadounidenses sobre el combustible, la financiación y el comercio.
Cuba llega a este momento con una red eléctrica exhausta, precios disparados, una moneda fuertemente depreciada y reformas económicas de gran alcance que intentan introducir oxígeno sin desmontar la estructura política del país. Washington contempla ese deterioro como prueba del fracaso del sistema; La Habana lo presenta como resultado de una mezcla de deficiencias internas y presión exterior. Son dos relatos enfrentados alrededor de una realidad económica que, en las calles, pesa bastante más que la retórica.
Y entre ambos discursos aparece algo menos estridente, pero quizá más significativo: Trump habla de acuerdo y Cuba habla de diálogo. Las posiciones siguen muy alejadas y las sanciones continúan, aunque el canal político no parece completamente clausurado. La tensión aumenta, sí, pero el tablero entre Washington y La Habana todavía conserva algunas casillas abiertas.












