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¿Cómo desahuciaron en Mataró a una familia con discapacidad y menores?

El desahucio en Mataró afectó a una familia de siete personas, con tres menores y un hombre con un 87 % de discapacidad, tras 11 años de alquiler.

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desahucio de una familia

Resumen

  • Una familia de siete personas fue desahuciada en Mataró
  • Hay tres menores y un hombre con un 87 % de discapacidad
  • El Ayuntamiento había pedido aplazar el lanzamiento judicial

Una familia vulnerable de siete personas ha sido desahuciada este martes, 29 de septiembre, de la vivienda en la que llevaba 11 años de alquiler en el barrio de Cerdanyola, en Mataró. Entre los afectados se encuentra un hombre con un 87 % de discapacidad reconocida y tres menores, uno de ellos con autismo. Los Mossos d’Esquadra desplegaron un dispositivo desde primera hora para ejecutar el lanzamiento judicial.

El desahucio salió adelante pese a que el Ayuntamiento de Mataró había solicitado al juzgado un aplazamiento. La petición municipal no pretendía anular el procedimiento, sino ganar tiempo: según el consistorio, la familia había comunicado a Servicios Sociales que había encontrado otra vivienda y necesitaba margen para efectuar el traslado. El juez no suspendió finalmente el lanzamiento.

Un desahucio desde primera hora de la mañana

La operación comenzó antes de que amaneciera del todo. Desde alrededor de las 6:30 horas, varios furgones policiales se situaron junto al edificio de la ronda Cerdanya, donde el lanzamiento estaba previsto para las siete de la mañana. Frente al inmueble se concentraron vecinos y activistas convocados para intentar impedir el desalojo.

No lo consiguieron. La comisión judicial siguió adelante y la familia tuvo que abandonar el piso en el que había vivido durante más de una década. El caso había adquirido especial relevancia por la composición del hogar y por la situación económica y sanitaria de algunos de sus integrantes.

Entre ellos está Jordi, a quien las informaciones conocidas atribuyen una discapacidad reconocida del 87 %. Vive con su hermana Alicia, madre sola de tres hijos. Según los datos difundidos sobre el caso, la mujer percibe alrededor de 1.000 euros al mes y destina unos 700 euros al alquiler.

Ese dato dibuja bastante bien el margen económico de la familia: siete de cada diez euros de esos ingresos se iban únicamente en pagar la vivienda. Quedaban unos 300 para todo lo demás. Luz, comida, transporte, ropa, colegio. Las matemáticas domésticas, a veces, son menos abstractas que cualquier debate sobre el mercado inmobiliario.

El Ayuntamiento pidió al juez más tiempo

Horas antes del lanzamiento se abrió una posibilidad para aplazarlo. El Ayuntamiento comunicó que la familia había trasladado a Servicios Sociales que disponía de una alternativa residencial y solicitó al juzgado tiempo adicional para realizar la mudanza.

La petición llegó tarde para detener el procedimiento. El lanzamiento se ejecutó durante la mañana y, tras el desahucio, no había constancia pública de que la familia hubiera podido instalarse inmediatamente en esa nueva vivienda mencionada por el consistorio.

Aquí aparece una de las zonas grises del caso. El Sindicato de Vivienda había sostenido previamente que los afectados carecían de una alternativa habitacional adecuada y que la solución planteada inicialmente se reducía a tres noches de alojamiento en un hostal. El Ayuntamiento, en cambio, informó posteriormente de que la propia familia había encontrado otro inmueble.

Ambas informaciones no tienen por qué ser incompatibles. Pueden corresponder a momentos distintos de las gestiones, unas gestiones que se precipitaron cuando la fecha del lanzamiento ya estaba encima.

Once años viviendo de alquiler en el mismo piso

La familia llevaba 11 años residiendo como inquilina en la vivienda de Cerdanyola. Las informaciones sobre el caso señalan que el inmueble pertenece a un fondo de inversión, mientras que el Sindicato de Vivienda identifica a la propiedad como Investmar y sostiene que tiene la consideración de gran tenedor.

Ese último punto procede de la versión del colectivo y no equivale por sí mismo a una resolución judicial específica sobre la condición jurídica del propietario. El matiz importa porque buena parte de la legislación reciente sobre vivienda y vulnerabilidad distingue entre pequeños propietarios y grandes tenedores.

Qué protección existe frente a los desahucios vulnerables

España mantiene durante 2026 mecanismos extraordinarios de protección para determinados hogares vulnerables. La normativa permite, bajo determinadas condiciones, solicitar la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando se acredita una situación de vulnerabilidad económica y residencial.

Pero esa protección no funciona como un botón rojo que detiene automáticamente cualquier lanzamiento en cuanto aparece una situación complicada. La normativa obliga a comprobar el tipo de procedimiento, acreditar determinadas circunstancias económicas y familiares y, según el supuesto concreto, realizar una valoración judicial individualizada.

También pueden intervenir los informes de los servicios sociales y la existencia o no de una alternativa habitacional. Por eso, que en una vivienda haya menores o una persona con discapacidad no permite concluir por sí solo que un lanzamiento sea ilegal. Tampoco significa que necesariamente deba ejecutarse en cualquier circunstancia.

Entre ambos extremos está precisamente la parte complicada: expedientes, informes, plazos, requisitos y decisiones judiciales. El derecho puede ocupar varias páginas; una mudanza forzosa cabe, en cambio, en unas cuantas cajas.

En Cataluña, las personas en riesgo de exclusión residencial pueden acceder a mecanismos de realojo de emergencia, previa intervención y valoración de los servicios sociales. Entre las situaciones especialmente sensibles aparecen los desahucios que afectan a hogares con menores, personas con discapacidad o familias con graves dificultades económicas.

Mataró tenía dos desahucios señalados para este martes

El caso de Cerdanyola no era el único previsto en la ciudad durante la jornada. A las 10:00 horas estaba programado otro lanzamiento en la calle Colòmbia, en el barrio de Rocafonda.

Según el Sindicato de Vivienda, ese segundo procedimiento afectaba a otra familia vulnerable con dos menores y sin una alternativa residencial que el colectivo considerase adecuada. La víspera, más de un centenar de personas se habían concentrado ante el Ayuntamiento para protestar por los desahucios y reclamar soluciones habitacionales.

La coincidencia de ambos casos ha colocado el problema de la vivienda en primer plano en Mataró, una ciudad donde barrios como Cerdanyola y Rocafonda arrastran desde hace años situaciones de vulnerabilidad económica especialmente visibles.

El desahucio se ha producido, además, en un momento de intenso debate político y jurídico sobre las medidas de protección de los hogares vulnerables, el acceso al alquiler y los límites de las medidas antidesahucios. Sobre el papel hay mecanismos de protección; cuando el procedimiento llega a la puerta de una vivienda, las circunstancias concretas mandan.

Cuando encontrar otra casa no llega a tiempo

El caso de Mataró concentra en unas pocas horas buena parte de las contradicciones de la crisis residencial española. Una familia vive durante once años en un piso, entra en una situación de vulnerabilidad, Servicios Sociales interviene, aparece una posible vivienda alternativa y el Ayuntamiento pide más tiempo. Aun así, el reloj judicial continúa corriendo y el lanzamiento termina ejecutándose.

No significa que las órdenes judiciales puedan ignorarse ni que cualquier propietario pierda el derecho a recuperar una vivienda. Significa algo más incómodo y bastante menos espectacular: los tiempos judiciales, sociales y habitacionales no siempre avanzan a la misma velocidad.

Este martes, en la ronda Cerdanya de Mataró, esa distancia dejó de ser una discusión jurídica o política. Se convirtió en algo mucho más sencillo de ver: una familia de siete personas saliendo de la casa en la que había vivido durante once años, tres menores entre ellas y un hombre con un 87 % de discapacidad. Y alrededor, policías, vecinos, activistas y una administración que había pedido más tiempo, pero no lo consiguió.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.