Maldivas prohíbe el tabaco a toda una generación nacida desde 2007

Desde el 1 de noviembre de 2025, las personas nacidas el 1 de enero de 2007 o después no pueden comprar, consumir ni recibir productos de tabaco en Maldivas. La regla se aplica en todo el archipiélago y obliga a los vendedores a comprobar la edad. No es una prohibición que desaparezca al cumplir 18 años: acompaña a esa generación durante toda su vida, también cuando sus integrantes sean adultos.

El Gobierno justifica la medida como una herramienta de salud pública para evitar que nuevas cohortes empiecen a fumar y para reducir, con el paso del tiempo, las enfermedades asociadas al tabaco. La decisión responde además a un problema que no se limita a los cigarrillos: los datos disponibles sobre adolescentes reflejan un uso elevado de productos de tabaco, incluido el que no se quema. La apuesta consiste en cerrar el acceso antes de que la dependencia se afiance, aunque sus resultados dependerán de que la norma se cumpla y de que exista apoyo para quienes ya consumen.

Una prohibición ligada al año de nacimiento

La fecha que determina quién queda dentro del veto es el 1 de enero de 2007. Una persona nacida en esa fecha o después no puede comprar ni usar tabaco en el país, y tampoco se le puede vender. La restricción comprende las distintas formas de estos productos, no solo los cigarrillos convencionales. Por eso, la línea legal no se desplaza cuando el joven alcanza la mayoría de edad: el criterio es la cohorte de nacimiento, no la edad que tenga en cada momento.

Quienes nacieron antes de esa fecha no quedan incluidos en esta prohibición generacional, aunque siguen sujetos a las demás normas sobre consumo y venta vigentes en Maldivas. La diferencia es importante: no se ha decretado que todo el país deje de fumar de un día para otro, sino que se impide legalmente el acceso a una generación concreta. El propósito es que, a medida que esa cohorte envejezca, el número de personas autorizadas a consumir tabaco no se renueve con jóvenes que empiezan a fumar. La norma modifica el acceso futuro en lugar de retirar de golpe el producto a quienes ya lo consumen.

La obligación de comprobar la edad recae sobre los minoristas, que deben verificarla antes de vender. En la práctica, eso desplaza el umbral de control más allá de la mayoría de edad: no basta con saber que un cliente es adulto, también hay que comprobar en qué año nació. La diferencia puede parecer pequeña en una transacción, pero transforma el criterio habitual de venta y exige que los comercios presten atención a la fecha de nacimiento. El control documental es la pieza cotidiana que convierte la prohibición escrita en una regla aplicable.

El motivo sanitario detrás del cambio

La explicación central es preventiva. El tabaco puede generar dependencia y causar daños que se acumulan durante años; impedir el inicio entre adolescentes, sostiene la política, reduce la posibilidad de que una parte de ellos llegue a fumar de forma habitual en la edad adulta. La regulación parte de que actuar antes de que se establezca el consumo puede ser más eficaz que limitarse a tratar sus consecuencias después. La intención no es solo reducir el humo presente, sino evitar que aparezcan nuevos consumidores.

Los datos citados para Maldivas ayudan a entender por qué el Gobierno ha dado prioridad a la población joven. En la encuesta Global Youth Tobacco Survey de 2019, realizada entre estudiantes de 13 a 15 años, el 45,7% declaró usar algún producto de tabaco. La misma referencia registró un 8,3% de fumadores y un 46,1% de consumo de tabaco sin humo. Estas categorías no deben sumarse como si describieran grupos separados: una persona puede aparecer en más de una forma de consumo. Aun con esa cautela, el dato señala que el problema juvenil no se agota en el cigarrillo encendido.

También se han citado estimaciones de consumo entre adultos en torno al 26%-27%, con una prevalencia superior al 40% entre los hombres. Son cifras presentadas como estimaciones basadas en series de la Organización Mundial de la Salud y no deben confundirse con una medición única tomada al entrar en vigor la norma. Dibujan, en cualquier caso, un contexto de consumo extendido que ayuda a explicar la combinación de medidas adoptadas. La política busca intervenir antes de que el tabaquismo se convierta en un hábito arraigado, pero sus efectos sanitarios tardarán en distinguirse de otros cambios sociales.

El tabaco sin humo también forma parte del problema

Una parte menos visible del debate es el consumo de productos que no se fuman, como el tabaco de mascar y otras preparaciones sin combustión. En algunos lugares puede percibirse como menos dañino porque no produce el humo asociado al cigarrillo, pero la ausencia de humo no equivale a ausencia de riesgo. Las cifras de adolescentes citadas para Maldivas muestran precisamente por qué una norma centrada solo en los cigarrillos habría dejado fuera una parte relevante del consumo. El veto abarca todas las formas de tabaco, no solo las que se encienden.

Esta amplitud cambia el sentido de la medida: no pretende sustituir un producto por otro, sino restringir el acceso a la categoría completa para la generación afectada. Si solo se hubiera limitado la venta de cigarrillos, el consumo podría haberse desplazado hacia productos sin humo, manteniendo la exposición a la nicotina y otros componentes del tabaco. El diseño maldivo intenta cerrar esa vía dentro de la legislación, aunque no elimina por sí solo la posibilidad de que aparezcan ventas ilegales o intercambios informales. La cobertura amplia evita que la prohibición dependa del formato del producto.

La misma lógica explica por qué el Gobierno ha acompañado el veto generacional con medidas sobre los cigarrillos electrónicos. Maldivas prohibió la importación de vapeadores y dispositivos relacionados el 15 de noviembre de 2024 y, desde el 15 de diciembre de ese año, también prohibió su uso, posesión, venta y publicidad. Es una regulación distinta de la prohibición por año de nacimiento: el veto al vapeo se aplica de forma general, mientras que la norma del tabaco se dirige a una cohorte. Son dos frentes legales que no deben confundirse.

Una estrategia que combina leyes, precios y apoyo

La prohibición no apareció aislada. En otoño de 2024, Maldivas elevó los gravámenes aplicados al tabaco mediante cambios en la legislación de importación. La información disponible describe un aumento del componente específico por cigarrillo, de 3 a 8 rufiyaa, equivalente aproximadamente a 0,52 dólares por unidad, además de cambios en el gravamen ad valorem. Esa cantidad corresponde al impuesto, no al precio final que paga el consumidor, que depende de otros factores. El encarecimiento fiscal se sumó a la restricción legal como otra forma de reducir el acceso.

El razonamiento es que un precio más alto puede disuadir especialmente a quienes todavía no han desarrollado una pauta estable de consumo, aunque no garantiza por sí solo que dejen de fumar quienes ya dependen de la nicotina. Las subidas de impuestos tampoco resuelven automáticamente el riesgo de comercio ilícito: cuando el producto legal se encarece y la demanda persiste, el control de las ventas y de las importaciones cobra más importancia. Por eso, el impacto de la medida no se mide solo en la recaudación o en el precio de una cajetilla, sino también en la capacidad de vigilar el mercado. La política fiscal puede reforzar la prevención, pero necesita cumplimiento efectivo.

El Ministerio de Salud ha puesto a disposición de la población un número gratuito de atención para dejar de fumar y ha anunciado la creación de clínicas especializadas. Ese componente importa porque la prohibición por edades no resuelve la situación de quienes ya consumen tabaco y quieren abandonarlo. Una estrategia concentrada únicamente en impedir nuevas ventas podría reducir el acceso legal de los jóvenes, pero dejaría intacta la dependencia de los fumadores actuales. La prevención y el apoyo para dejar el consumo cumplen funciones distintas: una intenta evitar nuevas iniciaciones; el otro atiende a quienes ya necesitan salir del hábito.

Qué cambia para turistas y comercios

La norma se aplica en todo el territorio maldivo, de modo que no establece una excepción para visitantes. Una persona nacida el 1 de enero de 2007 o después tampoco puede comprar ni consumir tabaco durante su estancia, aunque en su país de origen la legislación le permita hacerlo. Para los nacidos antes de esa fecha siguen rigiendo las normas generales locales. La nacionalidad no sustituye al criterio de nacimiento: el límite se basa en la fecha y se aplica también a quienes viajan.

El vapeo tiene un alcance diferente y más amplio: las prohibiciones sobre importación, posesión, uso, venta y publicidad no se limitan a los menores ni a una generación concreta. Por tanto, un visitante adulto no puede asumir que podrá llevar consigo un dispositivo electrónico porque lo utilice legalmente en su lugar de residencia. La información de referencia advierte de que las restricciones incluyen la posesión, así que el problema no se reduce a usarlo en un espacio público. La regulación de los vapeadores alcanza también a los turistas adultos.

Para los comercios, el cambio obliga a verificar el año de nacimiento antes de la venta a quienes puedan pertenecer a la cohorte afectada. El criterio no consiste simplemente en comprobar que alguien ha cumplido 18 años: quienes nacieron en 2007 o después siguen dentro del veto incluso al llegar a esa edad. Esa particularidad puede generar situaciones nuevas para vendedores y clientes, sobre todo en un país que recibe visitantes de distintas edades y procedencias. La comprobación de la fecha de nacimiento pasa a ser esencial para aplicar la norma.

La condición insular y la importancia del turismo añaden una dimensión práctica. Las ventas se producen en comercios y establecimientos repartidos por distintas islas, mientras que la supervisión debe alcanzar también los espacios vinculados al transporte y la actividad turística. No hay datos en la información disponible que permitan afirmar qué nivel de cumplimiento se ha logrado o cuántos incumplimientos se han detectado. La cuestión relevante es si los controles pueden mantenerse de forma constante y comprensible para residentes, trabajadores del sector y visitantes. La eficacia dependerá menos del anuncio que de su aplicación sostenida.

Una norma inédita, con precedentes que no prosperaron

Maldivas se convirtió en el primer país en aplicar a escala nacional una prohibición generacional de este tipo. La idea ya había sido planteada en otros lugares, pero su recorrido ha sido irregular. Nueva Zelanda aprobó en 2022 un paquete que incluía restricciones por cohortes y después lo revirtió el nuevo Gobierno. Ese antecedente muestra que una política puede contar con respaldo legislativo y, aun así, cambiar cuando varía la orientación política. Ser pionero no significa que el modelo esté ya probado a largo plazo.

En el Reino Unido se debatió una propuesta de edad legal escalonada para la venta de tabaco, con una fecha de nacimiento distinta: el plan planteaba impedir progresivamente la compra a quienes nacieran desde 2009, de modo que la edad mínima subiera cada año. La propuesta se presentó con una aplicación prevista desde 2027, según la información de referencia. No es idéntica a la norma maldiva, porque las fechas de corte y el diseño legislativo difieren, pero comparte la idea de que la edad legal no se mantenga igual para todas las generaciones. El debate internacional gira en torno a cómo reducir el tabaquismo sin una prohibición inmediata para todos.

También hubo iniciativas en Malasia y estudios de medidas semejantes en Hong Kong, aunque no se consolidaron de la misma forma. En Estados Unidos, la localidad de Brookline, en Massachusetts, aprobó una restricción generacional a escala municipal. Estos casos no permiten concluir que una prohibición nacional vaya a producir los mismos resultados en cualquier lugar: cambian la jurisdicción, la población, la aplicación y el contexto político. Sí indican que el modelo lleva años en discusión y que sus límites no son solo sanitarios, sino también legales y sociales. La experiencia de otros territorios ofrece comparación, no una garantía de éxito.

La pregunta pendiente: cómo medir si funciona

La razón preventiva de la norma es clara, pero demostrar su eficacia llevará tiempo. Una caída inicial de las ventas legales no bastaría para probar que ha descendido el consumo total, ya que podría haber desplazamientos hacia otras formas de compra o productos. Tampoco un cambio en las cifras sanitarias se atribuiría automáticamente a una única ley: los hábitos, los precios, la educación, las campañas públicas y las condiciones económicas influyen a la vez. El indicador decisivo no será solo cuánto tabaco se vende legalmente, sino si disminuye el consumo real entre la población afectada.

El contrabando es una de las incertidumbres habituales en las políticas que combinan restricciones y precios más altos. La geografía de Maldivas, formada por numerosas islas, hace que vigilar entradas y puntos de venta sea un desafío logístico, aunque la información disponible no permite afirmar que el comercio ilegal haya aumentado. Conviene separar el riesgo de un resultado demostrado: un incentivo potencial no equivale a una prueba de que el mercado clandestino ya se haya expandido. La vigilancia de las ventas será necesaria para saber si el acceso se reduce o cambia de canal.

También queda por observar qué ocurre con las personas de la cohorte afectada que ya consumían tabaco antes de la entrada en vigor. La prohibición restringe la compra y el uso legal, pero una ley no elimina por sí misma la dependencia ni sustituye los servicios de apoyo. El número gratuito y las clínicas anunciadas pueden ser importantes para que la política no se limite a sancionar, aunque los datos disponibles no describen su alcance ni sus resultados. El respaldo para dejar de fumar será una prueba concreta de la dimensión sanitaria del plan.

Una apuesta de largo recorrido para las islas

El Gobierno maldivo ha presentado la medida como un hito para proteger la salud pública y promover una generación libre de tabaco. Detrás de esa formulación hay una decisión poco habitual: aceptar que el efecto principal no será inmediato, sino gradual. Los adultos nacidos antes de la fecha de corte mantienen el marco general aplicable, mientras que la generación afectada no podrá incorporarse legalmente al mercado del tabaco en ninguna etapa de su vida. La ley busca cambiar, poco a poco, quién puede acceder a estos productos.

El enfoque tiene una lógica preventiva y, a la vez, abre preguntas sobre su proporcionalidad, su cumplimiento y la igualdad entre personas de distintas edades. Quienes apoyan estas medidas sostienen que el tabaco crea dependencia y que evitar el inicio reduce daños futuros; sus críticos pueden cuestionar que dos adultos queden sujetos a reglas diferentes por haber nacido en años distintos. La respuesta práctica no se resolverá con el texto legal: dependerá de la evolución del consumo, de la consistencia de los controles y de la capacidad de ofrecer alternativas a quienes ya fuman. La tensión entre salud colectiva y trato distinto por generación forma parte del debate.

Maldivas ha convertido esa discusión en una política nacional y ha añadido al veto por cohortes una subida de impuestos, restricciones al vapeo y medidas de apoyo para dejar el tabaco. La combinación muestra que el propósito declarado va más allá de prohibir una venta: pretende modificar las condiciones económicas, legales y sociales que hacen accesible la nicotina. Todavía no hay resultados a largo plazo que permitan dar por demostrado que la estrategia cumplirá su objetivo. El precedente se medirá con los años, en la distancia entre la prohibición escrita y una reducción real del daño.