¿Por qué De Alfonso debe devolver 82.341 € a Antifrau?

El exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, deberá devolver 82.341 € por pagos indebidos de trienios.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), a reintegrar 82.341,27 euros por retribuciones de trienios pagadas de forma indebida durante su etapa al frente del organismo entre 2011 y 2016. La resolución fija que el daño global ocasionado ascendió a 138.240,88 euros, pero gran parte de ese importe no puede ya reclamarse por prescripción de la responsabilidad contable. La decisión llega tras el juicio en el que tanto la OAC como el Ministerio Fiscal reclamaban más de 205.000 euros por cobros irregulares ligados a la antigüedad del propio director y de dos cargos bajo su mando.

El fallo estima la demanda de forma parcial y establece que los pagos cuestionados se referían a la aplicación injustificada de trienios, tanto en el cálculo del exdirector como en el de dos responsables de la oficina. El Tribunal imputa a De Alfonso 71.363 euros por lo que percibió él mismo y 10.978,27 euros por lo que cobraron indebidamente la entonces directora adjunta y el responsable de Recursos Humanos. La línea de corte temporal se sitúa en los abonos anteriores al 27 de marzo de 2013, que quedan fuera por haber prescrito. Con ese filtro, la cifra exigida hoy se reduce a los 82.341,27 euros que deberán restituirse a las arcas públicas.

La resolución y sus claves: una estimación parcial con números cerrados

El Tribunal de Cuentas ha puesto negro sobre blanco una secuencia de hechos administrativos que, a su juicio, produjo un perjuicio contable. El núcleo del caso no es otro que el reconocimiento y pago de determinados trienios —el plus de antigüedad en la función pública— que no se ajustaban a las normas aplicables. El exdirector, al frente de la OAC entre 2011 y 2016, ordenó el abono de esas cantidades, y también autorizó pagos similares a dos miembros de su equipo directivo. El órgano fiscalizador ha revisado esa práctica, ha cuantificado el impacto y ha dictado una condena de reintegro por el tramo no prescrito.

En términos de contabilidad pública, la sentencia traza tres planos. Primero, cuánto dinero salió indebidamente: 138.240,88 euros. Segundo, qué parte de ese montante puede exigirse hoy: la que corresponde a hechos posteriores al 27 de marzo de 2013. Tercero, quién responde por ello: De Alfonso, como responsable contable directo, por lo cobrado por él (71.363 euros) y por las cantidades reconocidas a dos personas de su equipo (10.978,27 euros entre ambas). La lógica es lineal: si el pago fue injustificado y no ha prescrito, se devuelve.

La reclamación inicial de más de 205.000 euros —planteada por la OAC y asumida por la Fiscalía— se ha visto recortada por el efecto del tiempo. El Tribunal, al aplicar los plazos de prescripción que rigen en este tipo de procedimientos, deja fuera los cobros anteriores a la fecha señalada. Es un aspecto técnico, pero determinante: incluso cuando se acreditó que el sistema de trienios aplicado no estaba bien fundamentado, la ley impide reclamar todo lo abonado si transcurrieron los años que marcan los plazos sin actuaciones interruptivas válidas. De ahí que la condena económica final no coincida con el perjuicio total.

Qué son los trienios y por qué este cálculo generó un quebradero de cabeza

Los trienios forman parte de las retribuciones básicas en el empleo público. Su lógica es sencilla: por cada tres años de servicios, se añade una cuantía fija a la nómina, distinta según el cuerpo o categoría y definida en tablas oficiales. No es un complemento discrecional ni negociable; está reglado. En organismos con personal sujeto a distintos regímenes (funcionarios, laborales, altos cargos), casar esas normas presenta aristas. De ahí vienen, muchas veces, los errores.

En este caso, la sentencia detecta que se computaron y abonaron trienios en condiciones que no correspondían. Es decir, se reconoció antigüedad y se pagó ese plus como si se hubiera devengado en un ámbito retributivo distinto del que en realidad procedía. El resultado práctico fue inflar la cuantía percibida respecto del marco normativo aplicable. El mismo esquema se habría replicado —en menor escala— con dos cargos de la OAC: la directora adjunta y el responsable de Recursos Humanos, cuyos trienios se pagaron también sin cobertura suficiente.

La foto contable revela el alcance: 119.889,84 euros de los pagos irregulares habrían beneficiado directamente a De Alfonso, y 18.351,04 euros se habrían repartido entre los otros dos cargos (12.030,78 y 6.320,26 euros). Ahora bien, el Tribunal no puede exigir la totalidad de esas cifras porque una parte pertenece a ejercicios ya prescritos. El filtro temporal, insistimos, es clave para entender por qué se condena, pero no por todo lo que se cuestionó.

El papel de Antifrau y de la Fiscalía: de la investigación al banquillo contable

La Oficina Antifraude de Cataluña, como ente estatutario con independencia funcional y sometido al control del Parlament, tiene entre sus cometidos prevenir, investigar y proponer medidas frente a irregularidades que afecten a la integridad del sector público. En el momento en que detectó un posible desajuste retributivo en su propia casa, optó por actuar: promovió la demanda ante el Tribunal de Cuentas y reclamó la devolución de todo lo que consideraba indebidamente abonado. La Fiscalía se adherió a esa pretensión, elevando el listón de exigencia: entre ambas instancias solicitaron más de 205.000 euros.

Ese dato no es menor desde la perspectiva institucional. Supone que el propio organismo de integridad, lejos de mirar hacia otro lado, ha litigado para recuperar dinero público cuando, a su juicio, se desvió de la norma. Y lo ha hecho respecto de decisiones adoptadas por quien dirigió la institución. El Tribunal, tras oír a las partes y ponderar las pruebas, ha dado la razón en lo sustancial (existieron pagos irregularmente calculados), pero ha limitado la condena por el efecto de la prescripción y por la cobertura normativa aplicable a ciertos periodos, especialmente desde 2015, que amparó parte de los abonos discutidos. La victoria de Antifrau y de la Fiscalía, así, es parcial pero significativa: hay reintegro y hay cifras.

Más allá de la devolución, el caso manda un mensaje de cumplimiento: si un organismo de integridad se aplica a sí mismo los estándares que promueve, gana credibilidad. Y, en términos prácticos, recupera fondos.

Cifras, periodos y responsables: el detalle que explica el resultado

El relato económico del fallo se apoya en tres bloques de datos que conviene ordenar para no perderse en decimales. Uno, las cantidades indebidamente abonadas en el periodo revisado: 138.240,88 euros de perjuicio total. Dos, la distribución de ese perjuicio por perceptores: 119.889,84 euros en beneficio de De Alfonso y 18.351,04 euros sumados entre dos cargos intermedios. Tres, la parte exigible hoy tras aplicar la prescripción: 82.341,27 euros en total, que a su vez se segmenta en 71.363 euros atribuibles al exdirector y 10.978,27 euros por los pagos a terceros.

La razón de este recorte es puramente jurídica: los pagos anteriores al 27 de marzo de 2013 quedan prescritos. Es una fecha nítida que opera como frontera. Desde ese punto, el Tribunal sí exige la devolución de lo cobrado, salvo por aquellos tramos que sí encuentran amparo en la normativa vigente en 2015 y 2016, que el propio fallo reconoce. Y con esos mimbres sale la cesta actual: una condena monetaria cerrada y un perjuicio histórico que no puede ya recuperarse entero.

En cuanto a responsabilidades, la sentencia atribuye la responsabilidad contable al exdirector por dos vías: por lo que él mismo percibió y por lo que ordenó pagar a su equipo, una modalidad de responsabilidad que reposa en la capacidad decisoria y en la firma. El responsable de Recursos Humanos y la directora adjunta aparecen como beneficiarios de pagos indebidos, pero el Tribunal sitúa la obligación de reintegro en quien autorizó y validó esos abonos desde la dirección.

El encaje legal: antigüedad, normas aplicables y prescripción de la responsabilidad contable

Para comprender por qué la cifra final no coincide con el perjuicio total basta con abrir el código de reglas que rige las retribuciones públicas y la responsabilidad contable. Los trienios se calculan conforme a tablas oficiales y a un régimen jurídico que impide asimilarlos entre administraciones o categorías sin los requisitos exigidos. Si se aplican mal las equivalencias o se valoran como propios de un cuerpo los trienios devengados en otro con tablas distintas, el resultado puede inflar la retribución sin cobertura.

En paralelo, la responsabilidad contable —la que se exige cuando un gestor adopta decisiones que causan un perjuicio a caudales públicos— tiene sus plazos. No es una responsabilidad imprescriptible. El cómputo general de cinco años es determinante: transcurrido ese tiempo desde que se cometieron los hechos, el reintegro ya no puede exigirse si no se ha interrumpido válidamente el plazo. Esa es la base por la que el Tribunal da por perdida una parte del dinero que, aun siendo indebidamente abonado, no se puede recuperar en 2025.

En el expediente revisado asoma, además, un detalle interpretativo: desde 2015 hay normativa que avaló ciertos pagos de trienios. Ese cambio de marco no blanquea el pasado, pero sí legitima abonos posteriores, y el Tribunal lo tiene en cuenta. En otras palabras: no todo lo que se pagó estaba mal a partir de esa fecha, y eso rebaja aún más la cifra exigible.

El contexto institucional y el eco de una etapa agitada

La Oficina Antifraude de Cataluña es un organismo con personalidad jurídica propia, independiente del Govern, con un mandato claro: prevenir y combatir la corrupción y las prácticas irregulares en el sector público catalán. A ese sello institucional se añade una historia reciente que no conviene olvidar: De Alfonso dirigió la OAC entre 2011 y 2016, un periodo que concluyó con su cese tras una fuerte controversia pública que hirió la reputación de la institución. El proceso que ahora se cierra a nivel contable mira hacia atrás, a cómo se reconocieron y pagaron ciertos trienios en aquella etapa.

Esa mirada histórica no pretende reabrir debates políticos, sino encajar los números en su tiempo. La administración pública, para funcionar, se apoya en procedimientos que deben documentarse y firmarse. La sentencia sugiere que la cadena de control falló en un aspecto aparentemente técnico —la antigüedad—, pero sustancial en dinero. Y cuando eso ocurre en una oficina de integridad, el impacto se multiplica por dos: por la pérdida económica y por el golpe reputacional.

No es reproche moral, es gobernanza. Porque si los pluses de antigüedad se calculan sin rigor en el cerebro de la prevención de la corrupción, ¿qué queda para una pequeña unidad sin medios? La respuesta, implícita en la sentencia, es que toca elevar el listón interno y blindar los circuitos de nómina con doble verificación, informes jurídicos trazables y resoluciones motivadas.

Derivadas prácticas: qué pasará con el dinero, los procedimientos y las responsabilidades

Hay consecuencias tangibles. La primera es obvia: los 82.341,27 euros condenados a reintegro deberán volverse a las arcas públicas, asignados a la OAC. La segunda se mide en manuales internos: este tipo de pronunciamientos obliga a revisar los protocolos de recursos humanos, a recalcular trienios cuando hay dudas y a homologar criterios cuando se trata de carreras mixtas (personas que proceden de otros cuerpos o administraciones). La tercera tiene que ver con la responsabilidad de quienes firman. Los altos cargos manejan decisiones con impacto presupuestario; cualquier delegación en áreas técnicas no basta por sí sola para exonerar cuando se producen desajustes.

En paralelo, el procedimiento abre la puerta a recursos por las vías previstas en la ley. Esa fase es habitual en este tipo de asuntos contables y podrá centrarse en tres vértices: la interpretación del marco normativo de 2015 en adelante, el cómputo de la prescripción (desde cuándo corre, cómo se interrumpe, si encaja algún régimen especial) y la calificación de las decisiones que dieron lugar a los pagos (si fueron errores excusable, si hubo informes que los respaldasen, si el criterio podía considerarse razonable en su momento). Pero todo ello discurrirá ya en la jurisdicción correspondiente y con un dossier técnico muy delimitado.

En términos administrativos, el fallo opera como palanca para reforzar controles: auditorías internas de nóminas, mapeo de antigüedades reconocidas, archivos de soportes jurídicos y homologación de plantillas de resolución. Son piezas poco vistosas, sí, pero que previenen disgustos. Pueden incorporarse alertas automáticas en los sistemas de gestión para casos de antigüedades procedentes de otros cuerpos, y exigir siempre un informe de intervención previo a cualquier reconocimiento singular.

Qué aprendizaje deja este caso para la administración que maneja nóminas

No es raro que el lío nazca en un detalle que parece menor. En román paladino: a la hora de pagar la antigüedad hay que distinguir dónde se devengó, qué tablario aplica y cómo se reconoce en la nómina actual. La cadena correcta tiene pasos claros: verificar la procedencia de los servicios, comprobar el encaje en el régimen vigente, emitir un informe con la base legal y dejar rastro documental. Cuando un eslabón falla, el riesgo de pagar de más se dispara.

Este pronunciamiento ilumina tres puntos operativos. Uno, el criterio. Las unidades de personal y asesorías jurídicas deben usar criterios escritos y compartidos, no usos informales o costumbres. Dos, la formación. Los equipos tienen que actualizarse con cambios normativos que afectan al cálculo de trienios y a los reconocimientos de servicios previos. Tres, la trazabilidad. Cada pago singular debe poder reconstruirse: quién lo pidió, quién lo informó, quién lo autorizó y con qué base. Sin esa bitácora, los controles externos —como el del Tribunal de Cuentas— terminan descubriendo errores que se podrían haber evitado.

Hay también un mensaje cultural: la integridad no es solo grandes casos y portadas; también es la rutina de hacer bien la nómina. Cuando esa rutina cojea, las cifras saltan. Aquí lo han hecho con importes llamativos —82.341,27 euros a devolver y 138.240,88 euros de daño total— y con una línea temporal bien dibujada —2011-2016 con prescripción hasta marzo de 2013—. Números claros que ayudan a encuadrar el problema y a corregir procesos.

Repercusiones políticas y reputacionales: la doble vara de medir que no puede existir

La OAC ocupa un lugar sensible en el ecosistema institucional catalán. Como oficina de integridad, su credibilidad es su principal activo. Por eso, un pronunciamiento que fija pagos indebidos en su cúpula de entonces no es un asunto de meros tecnicismos. Lo que aquí se discute —y se corrige— es un estándar de diligencia en el uso de dinero público. De puertas afuera, habrá quien mire la cifra final —82.341,27 euros— y piense que “no es tanto” en el presupuesto de una administración. Pero esa lectura se queda corta. El control no se ejerce por la magnitud del caso, sino por el principio.

De puertas adentro, la lección es quizá más nítida: no se puede predicar la integridad hacia fuera y relajar el rigor en casa. El hecho de que Antifrau acudiera a los tribunales para recuperar lo que considera indebidamente pagado refuerza el mensaje. Y conviene subrayarlo porque rompe una tentación peligrosa: la de conformarse con “así se ha hecho siempre”. En materia retributiva, así no es un argumento, es un riesgo.

En términos de opinión pública, el caso se leerá inevitablemente bajo la luz de episodios previos que marcaron la etapa del exdirector. Pero el contenido de esta sentencia es contable y jurídico: pagos de antigüedad mal encajados, perjuicio cuantificado, prescripción aplicada, reintegro exigido. Cuatro pilares sencillos de explicar que, por sí solos, sostienen el interés de la noticia sin atajos ni especulaciones.

Lo que cambia tras una resolución con cifra y fecha

La publicación de esta condena a reintegrar 82.341,27 euros deja un escenario definido. Hay una cantidad concreta, vinculada a retribuciones por trienios que no se ajustaron al marco. Hay un periodo delimitado —2011-2016— y una frontera temporal —27 de marzo de 2013— que separa lo reclamable de lo prescrito. Hay un perjuicio total que asciende a 138.240,88 euros, que fija la escala del problema, aunque el derecho solo permita recuperar una parte. Y hay una autoría decisoria: el exdirector responde por lo que percibió y por lo que ordenó pagar a dos cargos, que suman 10.978,27 euros de los 82.341,27 hoy exigibles.

A partir de aquí, el recorrido puede desplazarse a la fase de recursos. Pero incluso en ese escenario, lo esencial ya no se mueve: el Tribunal ha identificado una mala aplicación de reglas retributivas, ha cuantificado el impacto y ha ordenado una devolución. Esa secuencia, por sí misma, corrige la contabilidad de una etapa y envía un aviso a navegantes: los complementos de antigüedad no son un terreno elástico, y su aplicación sin ajustarse al régimen genera responsabilidad.

Queda, en suma, una lección útil para cualquier administración: cuando los perfiles que deciden dominan el marco jurídico y documentan cada paso, los errores bajan; cuando se improvisa con la nómina, los expedientes terminan en un tribunal con importes y nombres propios. Aquí ya los hay: 82.341,27 euros de vuelta, 138.240,88 como fotografía del daño y una fecha —27 de marzo de 2013— que separa lo recuperable de lo perdido por el reloj. No es una cuestión de titulares llamativos, sino de dinero público y de reglas que, esta vez, se han hecho valer con claridad.