¿Por qué Luis Alberto Martos teme ser el «cadáver» del Ramón y Cajal?

Luis Alberto Martos, cirujano del Hospital Universitario Ramón y Cajal, denunció que 57 pacientes de Traumatología fueron reclasificados entre febrero y marzo de 2025: habían entrado en la lista como casos preferentes y pasaron a figurar como normales. No era un simple retoque administrativo. La primera categoría fija como referencia una intervención en un máximo de 90 días; la segunda amplía ese horizonte hasta 180.

El caso ha dado un giro importante. Una grabación de una reunión interna recoge a responsables del servicio explicando que se había acordado cambiar pacientes de preferentes a normales, mientras defendían que existían motivos clínicos y problemas de recursos para revisar esas prioridades. La investigación anunciada por la Comunidad de Madrid continúa abierta. Una cosa, por tanto, está acreditada: los cambios existieron. Otra distinta es determinar si fueron irregulares, quién tenía capacidad para autorizarlos y qué responsabilidades podrían derivarse.

Martos, que lleva alrededor de 30 años trabajando en el Ramón y Cajal, sostiene que desde que hizo pública la situación se siente señalado. Su frase más cruda resume cómo contempla el desenlace: «El cadáver que quedará será el mío». Habla de su futuro profesional, convencido de que el conflicto puede terminar volviéndose contra él mientras los responsables a los que apunta permanecen en sus puestos.

Qué denunció Luis Alberto Martos en el Ramón y Cajal

El origen se remonta a comienzos de 2025. Según relata el cirujano, mientras preparaba la programación mensual de los quirófanos comprobó que algunos pacientes que recordaba como preferentes habían desaparecido de esa categoría. Consultó a otros compañeros y descubrió que el problema no se limitaba a su propia lista.

Los datos conocidos posteriormente concretaron el alcance. Entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, 57 pacientes de Cirugía Ortopédica y Traumatología cambiaron de prioridad preferente a normal. Martos asegura que puso la situación en conocimiento de su jefe de servicio, de la dirección médica y después de la gerencia, además de acudir a distintas instancias al considerar insuficientes las respuestas recibidas.

La cuestión tiene bastante más peso que el de una casilla en una pantalla. Una lista quirúrgica no funciona como la cola de una carnicería con números correlativos. Incorpora criterios clínicos de prioridad: dos personas pueden llevar esperando el mismo tiempo y necesitar, sin embargo, respuestas asistenciales muy diferentes por su diagnóstico, evolución o riesgo.

Ahí está el corazón del conflicto. Martos sostiene que una prioridad fijada por el médico responsable no debería rebajarse sin una nueva valoración clínica y sin contar con ese facultativo. Los responsables hospitalarios que aparecen en la reunión interna mantienen otra posición: defienden que había diagnósticos catalogados como preferentes que debían revisarse y aluden también a las dificultades reales del servicio para absorber la demanda.

De 90 a 180 días: qué implicaba modificar la prioridad

El paso de preferente a normal podía duplicar el plazo de referencia para una intervención, de 90 a 180 días. Esa diferencia explica que el episodio haya dejado de ser una discusión interna entre médicos para convertirse en un asunto de gestión sanitaria, transparencia y derechos de los pacientes.

Los cambios afectaban a enfermos a los que sus cirujanos habían atribuido inicialmente una prioridad superior. Según la documentación conocida sobre el caso, no todos los facultativos responsables fueron consultados antes de modificar la clasificación. En la reunión interna, el jefe del servicio admitió haber hablado con algunos médicos, pero no con todos.

Qué cambia para un paciente cuando se retrasa una operación

Tres meses adicionales no significan lo mismo en todas las patologías. En traumatología pueden traducirse simplemente en más espera, pero también, según cada caso, en dolor prolongado, menor movilidad o dificultades cotidianas. La prioridad clínica existe precisamente porque no todos los procesos toleran de la misma manera el paso del calendario.

Por eso la clasificación es sensible. El problema no consiste únicamente en cómo aparece una cifra en una estadística pública. Detrás del número hay personas aguardando una prótesis, una intervención de mano, una operación de columna u otros procedimientos. Y ahí el Excel deja de ser Excel: cada registro representa un paciente.

Los responsables del hospital han defendido que algunos enfermos habían recibido una prioridad que, a su juicio, no correspondía a su diagnóstico. También señalaron durante la reunión las dificultades para intervenir dentro del plazo previsto a todos los preferentes debido a la elevada demanda y los recursos disponibles. Ese contexto puede explicar la presión asistencial; por sí solo, no determina si cada modificación fue correcta.

La versión de Madrid y el choque con el cirujano

La Consejería de Sanidad madrileña ofreció una interpretación muy diferente a la del denunciante. La consejera Fátima Matute sostuvo que había sido el propio Martos quien había alterado irregularmente prioridades para su beneficio y para asumir casos menos complejos. Isabel Díaz Ayuso respaldó públicamente esa versión en la Asamblea de Madrid y presentó la polémica como un «bulo».

Martos rechaza esa acusación. Argumenta que los sistemas informáticos permiten conocer la trazabilidad de las modificaciones y asegura que su identificación no aparece como autora de los cambios denunciados. También niega que cambiar la categoría de los pacientes pudiera reducir su trabajo: sostiene que el número de quirófanos asignados y su carga asistencial no dependían de que los enfermos figurasen como normales o preferentes.

El enfrentamiento se hizo aún más áspero cuando desde el Gobierno madrileño se recordó un antiguo conflicto relacionado con daños en el vehículo de un superior. Martos sostiene que fue absuelto judicialmente en aquella causa y que otro procedimiento posterior terminó archivado. Según su versión, actualmente mantiene abierto otro expediente disciplinario relacionado con un conflicto laboral dentro del servicio.

Conviene separar ambos planos. Que existieran enfrentamientos anteriores en el hospital ayuda a entender el deterioro de las relaciones entre los protagonistas, pero no determina por sí mismo quién modificó los 57 registros, si tenía facultades para hacerlo ni si cada cambio estaba clínicamente justificado.

El audio que cambia el centro de la polémica

La pieza más reciente es la grabación de una reunión celebrada en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. En ella participaron responsables del hospital, Martos y numerosos compañeros. Uno de los responsables explica que se acordó pasar prioridades preferentes a normales tras revisar determinados diagnósticos.

La grabación resulta relevante porque introduce un elemento difícil de encajar con la versión inicial que situaba en Martos la responsabilidad de los cambios. Los responsables del servicio reconocen haber participado en la decisión, aunque defienden que actuaron legítimamente, atendiendo a razones médicas y a la situación asistencial existente.

La reunión deja también al descubierto un problema menos vistoso, pero quizá más profundo: el servicio tenía dificultades para operar dentro de los 90 días a todos los pacientes clasificados como preferentes. Demanda alta, recursos limitados y objetivos que permanecen escritos en el papel aunque los quirófanos no se multipliquen por arte de magia. Ese escenario explica la tensión de fondo, pero no convierte automáticamente en correcta cualquier reclasificación.

Uno de los médicos presentes pidió que la dirección desmintiera públicamente la acusación de que Martos hubiera modificado las listas para trabajar menos. El director médico evitó entrar en esa disputa y defendió que la exposición pública del conflicto había perjudicado la imagen del centro. Entretanto, la investigación interna seguía abierta.

Un problema que ya supera las paredes del hospital

El episodio ha saltado del Ramón y Cajal al terreno institucional. El Ministerio de Sanidad reclamó a la Comunidad de Madrid información sobre lo ocurrido y garantías respecto al control y la fiabilidad de los datos de las listas de espera que las comunidades comunican al Sistema Nacional de Salud.

FACUA también presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se estudie si los hechos pudieran tener relevancia penal. La existencia de esa denuncia no implica que se haya cometido un delito ni establece responsabilidad alguna; supone que se ha pedido al Ministerio Público que examine si existen elementos suficientes para investigar.

La controversia ha adquirido inevitablemente una dimensión política. Gobierno regional, Ministerio y oposición han intercambiado acusaciones alrededor del caso. Pero debajo del ruido permanece una cuestión administrativa bastante más concreta: quién puede modificar la prioridad quirúrgica de un paciente, con qué criterios, mediante qué procedimiento y dejando qué rastro en su historia asistencial.

Hay otra cuestión de fondo. Si un indicador público sirve para medir cuánto tarda el sistema sanitario en atender a los ciudadanos, cualquier modificación de las categorías que alimentan ese indicador necesita una explicación especialmente sólida. No porque una estadística sea sagrada, sino porque debe describir la realidad asistencial, no terminar moldeándola.

Los 57 pacientes siguen siendo el centro del caso

Luis Alberto Martos cree que puede acabar pagando personalmente el conflicto. De ahí su referencia al «cadáver». Asegura sentirse desbordado, desvalido y abandonado y considera que, después de acudir a distintas instancias, el foco institucional ha terminado desplazándose desde las irregularidades que denuncia hacia su propia conducta profesional. Esa es su interpretación de lo sucedido, no una conclusión de la investigación.

A 19 de septiembre de 2026, los hechos conocidos permiten dibujar un escenario más preciso. Hubo cambios de prioridad en 57 pacientes; responsables del servicio han reconocido en una reunión haber participado en la decisión y sostienen que existían razones clínicas y asistenciales para hacerlo. Martos mantiene que esas modificaciones no siguieron el procedimiento adecuado y niega ser su autor. La Comunidad de Madrid abrió una investigación y atribuyó inicialmente al cirujano la responsabilidad de la alteración.

Queda por determinar lo sustancial: si esos enfermos fueron reclasificados conforme a criterios clínicos y administrativos válidos, quién decidió cada cambio, si los profesionales responsables fueron informados y si la lista de espera reflejó fielmente la situación asistencial. Entre expedientes, grabaciones y reproches políticos, el asunto acaba regresando al mismo lugar del que nunca debió alejarse: los 57 pacientes afectados.