¿Por qué León XIV ha suprimido la Comisión de Donaciones?

León XIV suprime la Comisión de Donaciones creada por Francisco y encarga a Economía rediseñar la captación; contexto cifras y nombres clave.

León XIV ha derogado, por quirógrafo firmado el 29 de septiembre y publicado el 4 de diciembre de 2025, la Commissio de donationibus pro Sancta Sede, el organismo vaticano nacido este mismo año para impulsar la captación de fondos. La decisión es nítida: se abrogan sus estatutos, cesan todos sus miembros, quedan sin fuerza jurídica los actos y reglamentos que hubiera dictado, y todos los bienes del ente pasan a la Santa Sede. La APSA —Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, presidida por Giordano Piccinotti— asume la liquidación; la Secretaría para la Economía, dirigida por el español Maximino Caballero Ledo, resolverá los expedientes pendientes y pondrá en marcha un grupo de trabajo encargado de proponer una nueva arquitectura de fundraising para la Santa Sede, informando al Consejo para la Economía.

El alcance es práctico y político a la vez. Práctico, porque ordena la gobernanza de las donaciones en los canales ordinarios —Óbolo de San Pedro, contribuciones de conferencias episcopales, donaciones finalistas a dicasterios y proyectos— evitando duplicidades. Político, porque corrige en menos de diez meses una de las últimas piezas creadas por Francisco, fallecido en abril, y desplaza el peso de la recaudación desde una comisión ad hoc al entramado estable de control y gestión económica (Consejo para la Economía, Secretaría para la Economía, APSA). No hay parón de campañas ni incertidumbre para quienes ya habían comprometido fondos: lo que cambia es quién coordina y con qué reglas.

La comisión que nació en febrero y no llegó a despegar

La Commissio de donationibus pro Sancta Sede fue instituida por Francisco con un quirógrafo fechado el 11 de febrero de 2025 y hecho público el 26 de febrero, cuando el pontífice estaba ingresado en el Policlínico Gemelli. Tenía un mandato claro: fomentar donaciones con campañas entre fieles, conferencias episcopales y grandes benefactores; canalizar financiación para proyectos concretos de los dicasterios y del Governatorato, sin invadir competencias; y coordinarse con vías ya existentes —el Óbolo de San Pedro y las aportaciones canónicas— para evitar solapamientos. Era un equipo pequeño, de cinco miembros, presidido por mons. Roberto Campisi, entonces asesor para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

El organigrama, sobre el papel, resolvía un problema clásico: muchos proyectos, demasiados interlocutores, relato disperso. Pero quedó en tierra de nadie. En septiembre, León XIV nombró a Campisi observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO, lo que de facto dejaba descabezada la comisión. Y, en paralelo, el bloque económico de la Curia —con el Consejo para la Economía como referencia y la Secretaría para la Economía como ejecutor— afinaba su estrategia para consolidar un cambio de ciclo en las cuentas: tras años de números rojos, 2024 se cerró con superávit de 1,6 millones de euros. En ese contexto, mantener una comisión superpuesta a los cauces ordinarios resultaba, como mínimo, redundante.

El nuevo quirógrafo lo explicita con un concepto teológico y administrativo a la vez: la recaudación forma parte del “vinculum unitatis et caritatis” entre las Iglesias particulares y Roma. Es decir, no sólo hay que pedir bien; hay que pedir juntos, con reglas y controles comunes, y ubicando la coordinación donde están los instrumentos de evaluación, auditoría y rendición de cuentas.

Quién hace qué desde hoy: APSA, Economía y el Consejo

La aplicación del decreto reparte papeles con precisión.

APSA, presidida por Giordano Piccinotti —salesiano, arzobispo titular de Gradisca—, liquida la comisión. Eso significa identificar bienes, derechos y obligaciones, consolidar saldos, cerrar contratos o convenios y traspasar los recursos a la Santa Sede según la normativa vigente. Instrucción relevante: el presidente de APSA podrá subdelegar funciones para acelerar la operación, algo habitual en liquidaciones de entes menores.

La Secretaría para la Economía, con Maximino Caballero Ledo al frente, asume dos encargos. Primero, resolver los flecos administrativos, contables o jurídicos que queden tras la extinción del organismo, manteniendo informado al Consejo para la Economía. Segundo, constituir un grupo de trabajo que proponga un nuevo diseño para la captación de fondos: qué estructura, qué criterios, qué trazabilidad y qué interlocución se establecen para donaciones regulares y fondos finalistas. Los nombres de ese grupo los propondrá el Consejo para la Economía y se elevarán al Papa a través de la Secretaría de Estado.

El Consejo para la Economía, cuyo coordinador es el cardenal Reinhard Marx, lleva años ejerciendo de brújula en materia de sostenibilidad, control y eficiencia. Su cometido no es ejecutar, sino marcar líneas y evaluar políticas, normas y estructuras. Que el decreto cite expresamente recomendaciones del Consejo indica que el paso no es impulsivo, sino fruto de un proceso deliberado iniciado, de hecho, antes del cónclave que eligió a León XIV.

El trasfondo financiero: del déficit crónico al primer respiro

Para entender el giro conviene mirar las cifras. La Santa Sede lleva una década afinando su aparato financiero tras escándalos, una pandemia que desplomó ingresos por museos y turismo, y una estructura de gasto rígida. Francisco impuso recortes salariales —tres rondas entre 2021 y 2024—, reforzó reglas de contratación y empujó la publicación de balances. En 2024, el presupuesto consolidado cerró con +1,6 millones: es una buena noticia, sí, pero el margen sigue siendo estrecho y el déficit estructural no ha desaparecido, sólo se ha reducido de forma notable. Una parte significativa de la mejora vino de mayores ingresos por donaciones y de un mejor comportamiento de las inversiones tras ajustar la política financiera.

El Óbolo de San Pedro —fondo que recoge las aportaciones para la misión del Papa y la ayuda caritativa— registró en 2024 58 millones de euros de ingresos (seis más que en 2023) y 75,4 millones de egresos. De ese gasto, 61,2 millones sostuvieron la actividad de los dicasterios al servicio de la misión del Papa y 13,3 millones financiaron 239 proyectos de asistencia en 66 países. Es decir: el Óbolo sigue gastando por encima de lo que ingresa, y equilibra con su propio patrimonio. Traducido: no hay barra libre; cada euro debe justificar impacto y destino.

Desde ese prisma, leer el decreto de León XIV como una apuesta por la eficiencia resulta lógico. Si el objetivo es consolidar el giro —superávit contable, reducción del desequilibrio estructural y mayor confianza del donante—, conviene evitar capas añadidas y concentrar la coordinación en los órganos con capacidad de medir, auditar y rendir cuentas. A la vez, la supresión no equivale a frenar la captación: al contrario, la reubica.

Qué cambia para las diócesis, los benefactores y los proyectos

Para las diócesis y benefactores habituales, los canales no se alteran. Las colectas del Óbolo siguen su curso. Las transferencias a proyectos continuarán a través de los dicasterios, del Governatorato o de fundaciones vaticanas con convenio. Si alguien comprometió un donativo a través de la comisión, APSA lo integrará en la contabilidad general y la Secretaría para la Economía asegurará que se respete la finalidad declarada, informando al Consejo para la Economía. Lo esencial: trazabilidad y seguridad jurídica.

Para los proyectos —hospitales, escuelas, iniciativas sociales, obras culturales— el mayor cambio será de gobernanza. Menos ventanillas y, previsiblemente, criterios comunes para: a) presentar proyectos con indicadores claros; b) priorizar según urgencia, impacto y sostenibilidad; c) auditar ejecución y gastos; d) contar resultados con transparencia. Si el grupo de trabajo resuelve bien el encaje, habrá carteras de proyectos por áreas temáticas y geográficas, mecanismos de seguimiento público por hitos, y un calendario de campañas coordinado con las Iglesias locales para no competir por atención y recursos. Si, además, se homogeneizan los contratos de donación —plazos, condiciones de reporte, derechos de uso de marca e imagen—, Roma reducirá la fricción administrativa que hoy dispersa energías.

Hay una consecuencia menos visible: centralizar la liquidación en APSA evita la dispersión de activos en cuentas separadas, reduce riesgos de duplicidad contable y facilita que la tesorería optimice flujos. En un ecosistema pequeño como el vaticano, esa disciplina ahorra costes.

Nombres propios y piezas que se mueven

La supresión de la comisión se cruza con varios movimientos personales. Roberto Campisi, su presidente, fue destinado el 27 de septiembre a París como observador permanente ante la UNESCO, con la tarea adicional de seguir la actividad de las Organizaciones Internacionales Católicas. Es un salto relevante: del corazón de la Secretaría de Estado a la diplomacia multilateral, en un puesto desde el que se tejen alianzas culturales, educativas y científicas. Su salida consolidó la impresión de que la comisión no tendría recorrido en la nueva etapa.

En la Secretaría para la Economía, Maximino Caballero Ledo —economista emeritense, exdirectivo global en el sector sanitario— ha insistido en tres ideas fuerza: prudencia, continuidad y medición. Es decir, no confundir el superávit de 2024 con un cheque en blanco; cerrar brechas estructurales con reformas sostenibles; y medir impacto de cada euro. Su papel será central en el diseño del nuevo marco de captación.

Al frente de APSA, Giordano Piccinotti —salesiano, con experiencia en obras de Don Bosco y gestión patrimonial— tiene ahora una tarea técnica y sensible: liquidar de forma ordenada la comisión suprimida, garantizando que ningún compromiso con benefactores se quede en el limbo y que los activos estén bien clasificados y contabilizados.

En el Consejo para la Economía, Reinhard Marx mantiene un liderazgo que ha sido clave en la discusión preconclave sobre la sostenibilidad del sistema. Bajo su paraguas, además, conviven perfiles laicales de alto nivel y cardenales con responsabilidades directas en inversión, supervisión del IOR y administración del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa mezcla de miradas —técnica y pastoral— será la que tamice la propuesta del grupo de trabajo.

¿Ruptura con Francisco o ajuste de instrumentos?

La pregunta recorre titulares: ¿estamos ante una discontinuidad respecto a Francisco? La respuesta breve: no en el fin, sí en el medio. Francisco quiso reanimar la recaudación con una comisión ligera y acceso directo al pontífice; León XIV prefiere integrar esa función en la línea de mando ordinaria, con controles y métricas ya rodadas. El objetivo de fondo —sostener la misión del Papa y su caridad— permanece. Cambia el instrumento porque, en la práctica, el organismo nacido en febrero se solapaba con los canales vigentes y no llegó a consolidar un equipo con expertise probado en gran captación.

Hay, además, un asunto de estilo de gobierno. León XIV —Robert Francis Prevost Martínez, agustino, exobispo en Perú, primer papa nacido en Estados Unidos— ha mostrado en sus primeros meses capacidad para tocar piezas si no suman. Lo hizo en la diplomacia, recalibrando algunos acentos, y ahora en finanzas, un terreno donde la confianza se construye con claridad organizativa y rendición de cuentas verificable.

Impacto inmediato en las vías de donación

El decreto no congela campañas ni bloquea iniciativas. El Óbolo de San Pedro mantiene su calendario —la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, sigue siendo el hito global— y su narrativa, que en 2025 ya subrayó el aumento de ingresos. Los dicasterios siguen presentando proyectos a benefactores institucionales bajo acuerdos marco que permiten destinar donaciones a campos concretos (educación, salud, migraciones, cultura) con informes de seguimiento. Las conferencias episcopales sostienen la cooperación con Roma mediante las aportaciones previstas por el canon 1271 del Código de Derecho Canónico, ajustadas a la capacidad de cada Iglesia.

Lo que sí cambia es la coordinación. La Secretaría para la Economía impulsará una carpeta común de proyectos priorizados con indicadores comparables, lo que facilita ofrecer a fundaciones y grandes donantes portfolios con impacto verificable. Y, previsiblemente, se reforzará la separación de funciones entre quien pide fondos, quien los administra y quien audita su uso, para evitar conflictos de interés. En el extremo, puede verse una ventanilla única para donaciones mayoristas con respuesta multidigasterial según temática y territorio.

Un cambio con consecuencias externas: reputación, transparencia, confianza

La supresión de la comisión llega semanas después de que la Santa Sede comunicara su primer superávit en años. Ese dato, modesto en cuantía, tiene una lectura reputacional potente: las reformas empiezan a consolidarse. Si a esa señal se suma un relato de trazabilidad —informes periódicos del Óbolo, balances públicos, auditorías internas reforzadas—, Roma tiene mejores mimbres para convencer a donantes reticentes tras la mala prensa de escándalos pasados. Transparencia y control interno no son un eslogan; son la condición para que la recaudación crezca sin riesgo de erosión de la confianza.

De puertas afuera, el movimiento también normaliza el mapa de relaciones: las diócesis saben a quién dirigirse, los dicasterios evitan competir por los mismos cheques con mensajes descoordinados y los donantes reciben un marco contractual homogéneo. En un mundo de gran filantropía acostumbrado a KPIs, teorías del cambio y evaluación de impacto, esa homogeneidad importa. Mucho.

Señales a vigilar tras el decreto

Tres pistas marcarán el éxito del giro. Primera: la composición del grupo de trabajo que diseñará el nuevo marco. Si mezcla perfiles de captación internacional, auditoría, evaluación de impacto y relato institucional, habrá equilibrio entre rigor y capacidad de inspirar. Segunda: la hoja de ruta para el Óbolo y las donaciones finalistas. Objetivos mensurables, criterios de priorización y plazos de reporte darán credibilidad; calendario de campañas coordinado con Iglesias locales evitará canibalizaciones. Tercera: la talla de la ventanilla. Centralizar para ordenar, sí; hipercentralizar, no. El peligro de una tecnocracia que enfríe la relación pastoral con el donante existe. El antídoto: reglas firmes y rostro pastoral.

El Vaticano ha movido ficha con rapidez —firmar en septiembre, publicar en diciembre— para cerrar una etapa que nació con Francisco y no terminó de encajar en la nueva arquitectura. Ahora le toca a la Secretaría para la Economía y al Consejo para la Economía aterrizar el cambio en procedimientos claros, trazabilidad accesible y explicaciones que cualquier parroquia entiende. Si lo logran, el pequeño superávit de 2024 dejará de parecer una anécdota y será el primer renglón de un ciclo de confianza y estabilidad. Y, sobre todo, permitirá que cada euro que entra —y cada historia que lo acompaña— llegue con menos fricción donde se necesita y regrese, en forma de cuentas claras, a quienes lo hicieron posible.