Junts reclama el control total de Rodalies y cuestiona el traspaso

Junts reclama que la Generalitat asuma de forma integral la gestión de Rodalies y se opone al modelo de traspaso pactado entre ERC y el PSOE. En sus intervenciones, el partido ha vinculado esa reivindicación con las incidencias del servicio y ha pedido responsabilidades políticas, incluida la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Su planteamiento no consiste en renunciar a transferir competencias, sino en discutir quién controla el servicio y hasta dónde llega el cambio.

La disputa se ha expresado en distintos escenarios y por varios portavoces. Mònica Sales, presidenta de Junts en el Parlament, pidió frenar el acuerdo actual y negociar una transferencia integral; Josep Rius defendió que la Generalitat asumiera el servicio y reclamó la salida de Renfe de Cataluña. En el Senado, Eduard Pujol cargó contra la gestión de Puente y relacionó los problemas de Rodalies y del AVE con el debate sobre las competencias. Son voces que comparten una exigencia de fondo, aunque sus críticas también apuntan a decisiones y responsables diferentes.

El desacuerdo no es solo sobre transferir Rodalies

El punto central de la controversia es la diferencia entre aceptar un traspaso parcial o reclamar uno integral. Junts sostiene que el acuerdo vigente no entrega a la Generalitat suficiente control sobre el servicio y pide detenerlo para renegociarlo. Sales trasladó esa petición al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que intervenía en funciones de presidente, y apeló a que el Govern rectificara. La posición del partido se resume en una distinción política relevante: no cuestiona necesariamente que haya una transferencia, sino el alcance y la fórmula elegidos.

La palabra traspaso puede abarcar responsabilidades distintas, y por eso el desacuerdo no se resuelve con una declaración genérica a favor de que Rodalies pase a manos catalanas. La discusión política incluye quién dirige el servicio, qué papel conserva Renfe y qué capacidad efectiva tendría la Generalitat para decidir. Las referencias disponibles no detallan el reparto concreto de cada competencia dentro del acuerdo, de modo que no permiten presentar como cerrado el alcance operativo de la transferencia. Lo que sí muestran es que Junts considera insuficiente el modelo pactado y reclama una gestión que califica de plenamente catalana.

Rius fue más lejos en la formulación de esa demanda al defender que Renfe dejara de operar en Cataluña y sostener que el traspaso integral resolvería las incidencias. Esa afirmación expresa la posición del portavoz, no una conclusión técnica demostrada sobre las causas de los problemas ferroviarios. Separar ambas cosas importa: una controversia sobre quién debe gestionar el servicio no prueba, por sí sola, que un cambio de operador vaya a eliminar retrasos o averías. El debate político atribuye responsabilidades, mientras que la explicación de cada incidencia requiere datos sobre el caso concreto.

Junts pide frenar el acuerdo actual y abrir otra negociación

Sales planteó que el Govern detuviera el traspaso pactado por ERC y el PSOE porque, a juicio de Junts, persistir en esa fórmula mantendría un error de diseño. La presidenta del grupo en el Parlament reclamó también la dimisión de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, y de Puente. Su intervención combinó así una petición de responsabilidades personales con otra de alcance institucional: paralizar el proceso vigente y sustituirlo por una negociación que conduzca a una transferencia integral.

La propuesta de Sales fue construir un frente común con ERC y los 19 diputados del PSC en el Congreso para aumentar la presión sobre el Gobierno. La apelación muestra que Junts plantea el traspaso como una negociación política entre partidos, además de como una reorganización administrativa. Su argumento es que una alianza de fuerzas catalanas tendría más capacidad para obtener cambios. Sin embargo, esa apelación no demuestra que las formaciones citadas hayan aceptado la misma hoja de ruta: compartir la demanda de más competencias no equivale a respaldar el mismo acuerdo ni el mismo calendario.

La diferencia entre detener el pacto actual y rechazar cualquier transferencia es decisiva para entender la posición de Junts. El partido presenta la pausa como una oportunidad para corregir el modelo, no como una defensa de que la gestión permanezca tal como está. Al mismo tiempo, las declaraciones no especifican qué condiciones exactas debería incluir un nuevo acuerdo ni cómo se distribuirían todas las responsabilidades. Esa falta de detalle deja abierta la parte más compleja de la propuesta: pasar de la reclamación de un traspaso integral a definir qué competencias, medios y mecanismos de gestión lo harían efectivo.

Las incidencias elevan la tensión política

En el Senado, Eduard Pujol pidió la dimisión de Puente durante una sesión extraordinaria centrada en los incidentes ferroviarios. El portavoz de Junts relacionó las tragedias de Adamuz y Gelida con las advertencias de su grupo sobre la gestión ferroviaria y criticó tanto el funcionamiento del AVE como el de Rodalies. También atribuyó responsabilidades a gobiernos del PP y del PSOE. Se trata de una lectura política expuesta por el senador, no de una determinación sobre las causas técnicas de esos sucesos. La responsabilidad que reclama Junts es política y no sustituye la investigación de cada incidente.

Pujol pidió al ministro que dejara el cargo y sostuvo que el sistema había fallado en servicios de alta velocidad y cercanías. La dureza de esa intervención se entiende en el contexto de una comparecencia convocada para abordar la situación ferroviaria, donde la seguridad y la capacidad de respuesta del Gobierno quedaron bajo escrutinio. Pero la coincidencia entre incidentes y un debate sobre el traspaso no permite establecer automáticamente una relación causal entre el modelo de gestión y cada suceso. Para sostener esa conclusión harían falta elementos que no aparecen en la información disponible; la crítica de Junts señala una conexión política, no una prueba técnica.

El senador también cuestionó la forma en que se estaba transfiriendo Rodalies y rechazó un esquema que, en su formulación, consistiría en traspasar Renfe a Renfe. Con esa expresión censuró que el cambio pudiera conservar estructuras que Junts considera insuficientes. La frase condensa una crítica al diseño institucional, pero no describe por sí sola todos los términos del acuerdo ni aclara qué entidad asumiría cada tarea. El desacuerdo, por tanto, no gira únicamente en torno a una etiqueta: la disputa es si el cambio de titularidad modifica de verdad la capacidad de decidir y gestionar.

La respuesta de ERC y del Govern también está en disputa

Las críticas al Ejecutivo central no se limitaron a Junts. En la misma comparecencia en el Senado, Sara Bailac, portavoz de ERC, acusó a Puente de no implicarse suficientemente en la crisis y reclamó más presencia y liderazgo. También defendió la importancia de contar con infraestructuras seguras y bien gestionadas. Sus reproches convergen con Junts en la exigencia de una respuesta política más visible, pero no convierten a ambos partidos en defensores de una misma fórmula de traspaso. La coincidencia en el diagnóstico de una gestión cuestionada no borra las diferencias sobre cómo reorganizarla.

Sales, por su parte, acusó al Govern de improvisación, descoordinación y falta de información durante las incidencias, y sostuvo que miles de usuarios habían quedado abandonados. También dirigió sus críticas a Dalmau por la comparecencia y responsabilizó al Ejecutivo catalán de no haber respondido adecuadamente. Estas valoraciones pertenecen a la oposición de Junts y describen su balance político de la actuación del Govern. No constituyen por sí mismas una evaluación independiente de las medidas adoptadas o de sus resultados, cuestiones para las que sería necesario conocer información más amplia sobre la gestión de cada episodio.

Sales añadió que los socialistas gobiernan tanto en España como en Cataluña y recordó que también han presidido Renfe en los últimos años. A partir de ahí, vinculó los problemas ferroviarios con la dependencia de Cataluña respecto del Estado y con la falta de inversión en la red. Es un argumento que combina responsabilidades de gobierno y una reivindicación política de mayor autonomía. No obstante, la información disponible no aporta cifras de inversión ni una comparación presupuestaria que permita medir esa acusación. La demanda de más control se apoya aquí en una crítica política cuya dimensión económica no queda cuantificada.

Una reivindicación que va más allá de una avería concreta

Josep Rius defendió la transferencia integral durante una atención a los medios celebrada ante la estación de Sants, en Barcelona, en el contexto de una manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana. El acto reclamaba la independencia como respuesta a las incidencias del servicio, y el portavoz de Junts sostuvo que el caos de Rodalies se había convertido en algo habitual. También ironizó sobre la experiencia cotidiana de los viajeros al referirse a un desplazamiento del Govern a la Vall de Núria. Su intervención trasladó el debate desde el Parlamento hasta el malestar visible en una estación.

Ese escenario ayuda a entender por qué Rodalies ocupa un lugar tan sensible en la discusión política catalana: las incidencias afectan un servicio cotidiano y hacen que las decisiones administrativas se perciban en los andenes, en las conexiones y en el tiempo de viaje. Pero el alcance de esa experiencia no debe confundirse con una explicación única para todos los problemas. La información de referencia recoge críticas a la gestión, al estado de la red y a la inversión, sin ofrecer un desglose que atribuya cada retraso o incidencia a una causa concreta. El malestar de los usuarios es real como argumento político, pero no identifica por sí mismo el origen de cada fallo.

La propuesta de Junts incorpora además una lectura más amplia de la relación entre Cataluña y el Estado. Para el partido, la dependencia de organismos estatales limita la capacidad de respuesta de la Generalitat; de ahí su insistencia en que el cambio sea integral y no se quede en una transferencia parcial. Esa interpretación explica por qué la discusión desborda la organización diaria de los trenes y se conecta con el debate sobre el autogobierno. Aun así, las declaraciones citadas no describen un plan completo para sustituir las estructuras existentes. La reivindicación marca una dirección política, pero todavía deja sin resolver cómo se ejecutaría en todos sus detalles.

Qué está en juego en la discusión sobre Rodalies

El desacuerdo enfrenta dos preguntas que a menudo aparecen mezcladas. La primera es quién debe asumir la gestión del servicio y qué funciones corresponden a cada administración o entidad. La segunda es qué medidas pueden mejorar la seguridad, la información a los usuarios y la regularidad de los trenes. Junts sostiene que una transferencia integral es necesaria para cambiar el modelo; sus críticos pueden discutir esa relación sin negar que existan problemas que exigen respuesta. Resolver la disputa institucional no garantiza por sí solo resolver las incidencias, igual que reparar una avería no zanja quién debe gobernar el servicio.

También queda por precisar qué significa, en la práctica, un traspaso completo. Las declaraciones de Sales y Rius expresan una demanda política clara, pero no fijan en el material disponible el reparto de funciones, los recursos asociados ni la relación futura con Renfe. Sin esos elementos, resulta difícil comparar el acuerdo vigente con la alternativa que reclama Junts más allá de su principio general. La falta de detalle no invalida la reivindicación, pero sí marca el límite de lo que puede afirmarse sobre sus consecuencias: una transferencia se mide por las competencias efectivas y por los medios para ejercerlas, no solo por el nombre del modelo.

La presión parlamentaria, las peticiones de dimisión y las críticas cruzadas muestran que el ferrocarril se ha convertido en un terreno de disputa entre gobiernos y partidos, además de una cuestión de movilidad diaria. Junts quiere que la discusión vuelva a abrirse y que la Generalitat tenga un papel más amplio; ERC ha reprochado al ministro su respuesta a la crisis, mientras el Govern recibe también críticas por su gestión. El debate seguirá dependiendo de si esas posiciones se traducen en acuerdos concretos y verificables. La prueba decisiva será que cualquier cambio de competencias se refleje en responsabilidades claras y en un servicio más fiable.