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¿Qué pide Junts al Gobierno para apoyar el nuevo decreto de vivienda?

Junts mantiene la puerta abierta al decreto de vivienda, pero reclama garantías para el pequeño propietario y cuestiona las exigencias de Sumar.

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Imagen: Convergència Democràtica de Catalunya / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Resumen

  • Junts mantiene abierta la negociación del nuevo decreto de vivienda
  • Exige garantías para que el pequeño propietario no cargue con los impagos
  • El acuerdo PSOE-Sumar aún necesita apoyos suficientes en el Congreso

Junts mantiene abierta la negociación del nuevo decreto de vivienda, pero ha colocado en el centro una condición muy concreta: que las medidas destinadas a proteger a los inquilinos vulnerables no trasladen automáticamente el coste al pequeño propietario. Míriam Nogueras reclama, entre otras medidas, que cuando exista impago y vulnerabilidad acreditada sea la Administración la que responda si el propietario queda desprotegido. La formación catalana también ha defendido incentivos fiscales y medidas para facilitar tanto el alquiler como la compra de vivienda.

La negociación ha cambiado, además, durante la propia mañana del 29 de septiembre de 2026. PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para aprobar el real decreto-ley en el Consejo de Ministros tras conversaciones de última hora. Eso resuelve el desacuerdo dentro del Ejecutivo, pero no la batalla parlamentaria: el texto necesitará después suficientes votos en el Congreso y ahí Junts vuelve a tener un papel relevante.

Junts acusa a Sumar de dejar desprotegido al pequeño propietario

Nogueras ha elevado el tono contra Sumar. La portavoz de Junts sostiene que el borrador conocido el lunes volvía a dejar desprotegido al pequeño propietario, pese a que su formación aseguraba haber encontrado previamente receptividad en el PSOE hacia varias de sus propuestas. Su planteamiento distingue entre quien posee uno o dos inmuebles y los grandes tenedores o fondos con carteras de viviendas.

Esa distinción es fundamental para entender el choque. Junts intenta situar una frontera política entre el propietario particular que alquila una vivienda y los grandes tenedores o fondos de inversión. No plantea eliminar toda protección del inquilino vulnerable; reclama que el coste de esa protección no termine descansando exclusivamente sobre determinados propietarios privados.

El planteamiento de Sumar parte de otra prioridad. La formación ha presionado para reforzar la estabilidad del inquilino, regular el alquiler por habitaciones y asegurar mecanismos de prórroga o renovación de los contratos, asuntos que permanecieron hasta el último momento en la negociación con el PSOE.

Hay, por tanto, algo más complejo que un sencillo duelo entre propietarios e inquilinos. En realidad se discute quién absorbe el riesgo económico cuando aparecen vulnerabilidad, impagos, contratos que terminan o alquileres que suben con rapidez. Y ahí cada partido llega a la mesa con una calculadora distinta.

Qué propone Junts para los propietarios y compradores

Una de las medidas más concretas defendidas por Nogueras afecta a los procedimientos de impago. Junts propone que, cuando exista un inquilino vulnerable y el propietario particular quede expuesto al impago, sea la Administración la que garantice esa cobertura; si no lo hace, la formación defiende que pueda continuar el procedimiento de desahucio. La idea busca evitar que una política social termine financiándose, de hecho, con el patrimonio de un particular.

La formación ha puesto sobre la mesa un paquete más amplio con bonificaciones y desgravaciones fiscales relacionadas con alquileres, hipotecas y compra de vivienda, además de rebajas tributarias vinculadas a la construcción. Nogueras también ha defendido medidas dirigidas a jóvenes y fórmulas para facilitar el acceso a una vivienda.

Junts reclama igualmente incentivos para que propietarios particulares mantengan o incorporen pisos al mercado del alquiler, así como reglas que diferencien su situación de la de los grandes fondos. Entre sus propuestas también figura limitar determinadas operaciones de los llamados fondos buitre y permitir recuperar el inmueble cuando el propietario lo necesite.

Sumar sí acepta discutir incentivos fiscales

La acusación de veto lanzada por Junts requiere un matiz importante. Dirigentes de Sumar se han mostrado abiertos a estudiar incentivos fiscales para pequeños propietarios, aunque los vinculan a un paquete más amplio de regulación y protección de los arrendatarios. El desacuerdo no gira, por tanto, alrededor de una negativa absoluta a cualquier ventaja fiscal, sino sobre qué garantías y obligaciones deben acompañarla.

La diferencia está en el alcance y las condiciones concretas. El borrador ha ido cambiando durante varios días, con propuestas cruzadas y negociaciones que llegaron hasta las horas previas al Consejo de Ministros. PSOE y Sumar cerraron finalmente su acuerdo durante la mañana del martes.

Es una diferencia relevante. En política de vivienda una palabra puede parecer pequeña sobre el papel y acabar moviendo millones entre propietarios, inquilinos y administraciones. Una exención, una prórroga o una obligación de pago no son adornos legislativos.

Qué quiere introducir Sumar en el decreto de vivienda

Sumar ha llevado a la negociación una agenda centrada especialmente en la protección de los arrendatarios. Entre sus reclamaciones figuran la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de medidas frente a determinados desahucios y mecanismos para prolongar o renovar los contratos de alquiler.

El alquiler por habitaciones se ha convertido en uno de los puntos delicados porque Sumar considera que está siendo utilizado para esquivar parte de la regulación aplicable al alquiler habitual. La formación quiere cerrar esa vía, mientras alrededor de las prórrogas contractuales aparece la discusión de fondo: cuánto debe durar la protección, cuándo puede recuperar la vivienda su propietario y quién compensa las limitaciones impuestas por ley.

En los últimos días también se han negociado medidas frente a los desahucios, límites a determinadas subidas y fórmulas destinadas a ampliar la estabilidad residencial. El texto intenta juntar piezas que no encajan fácilmente. La vivienda española lleva años demostrando que inquilinos, pequeños propietarios, grandes tenedores y administraciones pueden compartir el mismo mercado y, sin embargo, vivir problemas muy diferentes.

El acuerdo del Gobierno no garantiza todavía el decreto

PSOE y Sumar han conseguido resolver a última hora su propia negociación. Fuentes de ambas formaciones confirmaron este martes un acuerdo para llevar el decreto de vivienda al Consejo de Ministros después de que las conversaciones se prolongaran durante la mañana. Entre las cuestiones discutidas estaban precisamente la regulación del alquiler de habitaciones y la renovación de los contratos.

Pero el Consejo de Ministros es solo una estación del recorrido. Un real decreto-ley debe someterse posteriormente al Congreso de los Diputados, que tiene que pronunciarse sobre su convalidación o derogación dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.

Y ahí reaparece la aritmética parlamentaria, esa parte bastante menos vistosa de la política que suele decidir qué anuncios sobreviven. El Gobierno necesita reunir apoyos suficientes entre formaciones con planteamientos muy diferentes, y el respaldo de Junts continúa sujeto a la negociación del contenido del texto.

Por eso que Junts mantenga la “puerta abierta” no equivale todavía a un sí. Significa exactamente eso: negociación abierta.

La vivienda convierte cada pacto en un equilibrio incómodo

El decreto llega después de varios días de fuerte presión social y política, reavivada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en Madrid. El caso volvió a colocar los desahucios y la inseguridad residencial en primera línea y fue seguido por una acampada en la Puerta del Sol para reclamar nuevas medidas.

Junts sostiene que ya ha hecho concesiones y pide reciprocidad. Su propuesta combina medidas frente a determinados abusos con incentivos fiscales, apoyo a compradores y garantías para propietarios particulares. Sumar empuja en varios puntos hacia otro modelo: más estabilidad contractual para el inquilino y mayor regulación de modalidades de alquiler que considera susceptibles de utilizarse para sortear las reglas generales.

El debate importante acaba apareciendo debajo de todas esas siglas. Quién paga la protección social, qué obligaciones puede imponer el Estado a un propietario particular, cuánto debe durar un alquiler y qué efectos pueden tener las distintas regulaciones sobre la oferta. Son cuestiones diferentes y ninguna cabe cómodamente en un eslogan.

El verdadero examen llegará al Congreso

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar permite al Gobierno llevar adelante el decreto en el Consejo de Ministros, pero no despeja su futuro parlamentario. Junts continúa negociando y condiciona su respaldo a una protección suficientemente clara para el pequeño propietario, mientras mantiene sus propuestas fiscales y reclama que la Administración asuma determinadas responsabilidades cuando exista vulnerabilidad e impago.

A la vez, el texto debe conservar suficientes medidas de protección al inquilino para mantener el respaldo de los grupos que las han reclamado durante la negociación. Ahí está el nudo. El Ejecutivo ha conseguido acercar posiciones dentro del Gobierno; falta comprobar qué respaldo obtiene el decreto cuando llegue al Congreso.

En vivienda, probablemente más que en casi cualquier otra política española, una mayoría parlamentaria se parece poco a una fotografía de familia. Es más bien una mesa pequeña con demasiadas sillas. El decreto ha conseguido llegar hasta ella. La convalidación en el Congreso determinará finalmente qué parte de ese acuerdo se convierte en norma duradera.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.