¿Qué reveló Julio Martínez Sola del rescate público de Plus Ultra?

Julio Martínez Sola, expresidente y principal accionista de Plus Ultra, ha colocado una pieza especialmente incómoda en la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea. Ante el juez José Luis Calama, ratificó que la compañía aceptó pagar una cantidad equivalente al 1% de los 53 millones de euros concedidos por el Estado y que él daba por hecho que aquel dinero estaba relacionado con el denominado “grupo Zapatero”.

La afirmación tiene peso, pero también un límite importante. Martínez Sola reconoció que no sabe qué gestiones concretas realizó José Luis Rodríguez Zapatero, con quién habló ni sobre qué funcionario o responsable público pudo ejercer influencia. Dicho de otra manera: ha descrito un pago vinculado al éxito de la operación, pero no ha aportado la pieza que convertiría esa sospecha en una fotografía completa del supuesto tráfico de influencias.

Qué declaró Julio Martínez Sola ante el juez

La comparecencia de Martínez Sola ante la Audiencia Nacional se produjo el 7 de septiembre. Allí confirmó buena parte del escrito que había remitido semanas antes al juzgado: cuando Plus Ultra atravesaba una situación financiera crítica durante la pandemia, sus responsables buscaron ayuda para conseguir financiación y terminaron entrando en contacto con el entorno del expresidente del Gobierno.

Según su versión, el primer contacto relevante llegó mediante una llamada de Zapatero en abril de 2020. Martínez Sola sostiene que explicó al expresidente las dificultades de la compañía y que este le indicó que una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez, continuaría las conversaciones. Es importante detenerse aquí porque los nombres se prestan a confusión: Julio Martínez Sola era el máximo responsable de Plus Ultra; Julio Martínez Martínez era el empresario que actuaba como interlocutor y cuya sociedad Análisis Relevante acabaría cobrando de la aerolínea.

A partir de aquel momento, siempre según el relato aportado a la causa, comenzó una relación comercial que mezclaba asesoramiento, búsqueda de financiación y gestiones que los propios implicados han descrito de maneras distintas. Plus Ultra llegó a firmar en julio de 2020 un contrato con Análisis Relevante por 5.000 euros mensuales más IVA durante doce meses. Martínez Sola ha sostenido posteriormente que los informes asociados a buena parte de esos pagos eran escasos o tenían poca relevancia real.

La compañía, sin embargo, necesitaba dinero con urgencia. La pandemia había dejado al transporte aéreo prácticamente clavado en la pista y Plus Ultra buscaba liquidez para sobrevivir. Ese contexto ayuda a entender la frase con la que Martínez Sola ha resumido su comportamiento: pagaban ante la duda, convencidos de que aquella intermediación podía ser necesaria para salvar la empresa.

Del rescate de 53 millones al acuerdo del 1%

El Gobierno aprobó el 9 de marzo de 2021 una ayuda de 53 millones de euros para Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. No era una entrega gratuita: se estructuró mediante un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones, con un plazo máximo de siete años para su amortización.

Antes de esa aprobación apareció un segundo acuerdo mucho más delicado. Según la documentación incorporada a la investigación y el relato de Martínez Sola, se planteó que una sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez recibiera una remuneración equivalente al 1% de la financiación conseguida, más IVA, si la operación ante la SEPI terminaba con éxito.

Ese contrato ligado al resultado no terminó ejecutándose exactamente como estaba planteado sobre el papel. Pero Martínez Sola sostiene que la remuneración sí se pagó por otras vías. Ahí es donde el caso deja de ser una discusión abstracta sobre contactos políticos y empieza a seguir el rastro del dinero.

Tres sociedades y hasta 46 vuelos en clase business

Los pagos descritos por Martínez Sola se repartieron entre Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe, sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez. Las cantidades atribuidas a esos pagos suman alrededor de 458.000 euros en efectivo y se añaden compensaciones en especie, entre ellas hasta 46 vuelos en clase business, hasta alcanzar aproximadamente los 530.000 euros que los responsables de Plus Ultra relacionan con aquel 1%.

La cifra resulta especialmente significativa porque 530.000 euros es exactamente el 1% de los 53 millones concedidos a la aerolínea. Para la investigación, esa correspondencia no pasa inadvertida. Tampoco el hecho de que una parte de los conceptos facturados haya sido cuestionada por los propios responsables de Plus Ultra, que han descrito determinados informes como irrelevantes o insuficientes para justificar los pagos.

Otra cosa, bastante distinta, es demostrar el destino final de cada euro. José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido haber cobrado cerca de medio millón de euros de Análisis Relevante por trabajos de consultoría a lo largo de varios años, pero sostiene que esas cantidades correspondían a servicios profesionales reales y declarados fiscalmente, y niega que fueran una comisión relacionada con el rescate.

Aquí conviene no saltar un escalón. Que Plus Ultra pagara dinero a sociedades de Julio Martínez Martínez y que Análisis Relevante remunerara a Zapatero durante aquel periodo constituye uno de los elementos que investiga la Audiencia Nacional. No equivale, por sí solo, a demostrar judicialmente que dinero procedente del rescate terminara en manos del expresidente como contraprestación ilícita. Precisamente eso es parte de lo que la instrucción trata de aclarar.

La versión de Martínez Sola ha cambiado desde el Senado

La declaración judicial también llama la atención por el contraste con lo que Martínez Sola había defendido meses antes en el Senado. Allí presentó la concesión de la ayuda como un procedimiento reglado, sostuvo que Plus Ultra reunía las condiciones exigidas y rechazó la existencia de trato de favor o injerencias.

Las dos ideas no son necesariamente incompatibles en términos administrativos: una empresa puede cumplir formalmente los requisitos y, al mismo tiempo, haber pagado a alguien creyendo que podía facilitar la operación. Pero políticamente la diferencia es notable. Lo que antes aparecía como un expediente puramente técnico incorpora ahora, por boca del propio expresidente de la aerolínea, un pago condicionado al éxito y la convicción de que detrás del interlocutor estaba el entorno de Zapatero.

Martínez Sola ha explicado que Plus Ultra recurrió a esa vía porque atravesaba una situación desesperada. La compañía, en su versión, consideraba que cumplía los criterios para recibir ayuda pública, pero no quiso correr riesgos. Una especie de cinturón y tirantes empresarial, solo que el segundo cinturón podía costar medio millón de euros. Y eso, naturalmente, es lo que interesa al juez.

Su antiguo consejero delegado, Roberto Roselli, ha respaldado después el núcleo de este relato. También situó el 1% como una remuneración asociada a la obtención del rescate y afirmó que los pagos no respondían realmente a los informes que figuraban como justificación contractual. Tampoco él, sin embargo, ha podido precisar qué intervención concreta habría realizado Zapatero ante la Administración.

Lo que todavía no ha podido explicar la investigación

Ese vacío es el centro jurídico del caso. Los investigadores cuentan con contratos, movimientos económicos, declaraciones de empresarios y una sucesión de contactos que consideran sospechosos. Falta, al menos por el momento, saber quién recibió la supuesta influencia, cómo se ejerció y qué actuación administrativa cambió como consecuencia de ella.

Ni Martínez Sola, ni Roberto Roselli, ni el propio Julio Martínez Martínez han identificado de forma concluyente a un funcionario o responsable de la SEPI al que Zapatero presionara para conseguir los 53 millones. Martínez Martínez llegó a describir al expresidente como quien “marcaba los pasos” y actuaba como referencia de las gestiones, pero tampoco concretó ante el juez con quién habría negociado.

Y ahí aparece la defensa de Zapatero. El expresidente ha negado tajantemente cualquier intervención en el rescate. Sostiene que no habló con nadie del Gobierno ni de la SEPI para favorecer a Plus Ultra, rechaza haber negociado comisiones y mantiene que el dinero recibido de Análisis Relevante remuneraba su trabajo como consultor.

Un procedimiento administrativo bajo la lupa

La ayuda tampoco apareció de la nada. El Consejo de Ministros justificó en 2021 el apoyo a Plus Ultra por el carácter estratégico del transporte aéreo, su conexión con Latinoamérica y el empleo directo e indirecto generado por la compañía. La operación fue articulada mediante dos préstamos y sometida a las condiciones del fondo creado para empresas afectadas por la pandemia.

Eso obliga a separar dos planos que en el ruido político suelen mezclarse. Uno es determinar si Plus Ultra reunía formalmente los requisitos para recibir los préstamos. Otro, investigar si alguien cobró dinero ofreciendo o ejerciendo una influencia indebida para favorecer la concesión. Que exista una investigación sobre lo segundo no demuestra automáticamente que todo el expediente administrativo fuera ficticio.

El problema para los implicados es que las declaraciones de septiembre han añadido material a esa segunda cuestión. Martínez Sola no ha acreditado una presión concreta, pero sí ha reconocido algo que hasta hace pocos meses permanecía mucho más difuso: la existencia de un acuerdo económico relacionado por la dirección de Plus Ultra con el éxito del rescate.

El dinero está identificado; la influencia aún no

El caso Plus Ultra ha avanzado porque algunas piezas que antes estaban escondidas empiezan a tener contornos bastante nítidos. Se conoce el importe de la ayuda pública, 53 millones de euros; se conoce la comisión que los antiguos responsables de la compañía aseguran haber pactado, alrededor de 530.000 euros; se conocen las sociedades utilizadas para efectuar buena parte de los pagos y existen declaraciones coincidentes sobre el papel de Julio Martínez Martínez como interlocutor.

Lo que no existe todavía es una respuesta igualmente clara sobre la cuestión más delicada: qué hizo exactamente Zapatero para conseguir el rescate. Martínez Sola asegura que creyó estar pagando por esa capacidad de influencia, pero admite que nunca comprobó qué ocurría al otro lado de la puerta.

Ese matiz es enorme. Una investigación penal no se resuelve mediante intuiciones, por muy llamativos que resulten los importes o las coincidencias. La Audiencia Nacional tendrá que determinar si detrás de aquellos pagos hubo realmente tráfico de influencias, si fueron remuneraciones legítimas disfrazadas de otra cosa, si existió un ofrecimiento de intermediación que nunca llegó a materializarse o si el circuito económico tuvo una finalidad distinta.

Por ahora, la declaración de Julio Martínez Sola ha estrechado el terreno. Ha explicado por qué Plus Ultra pagó, cuánto pagó y a través de quién. Falta demostrar la parte más importante: qué recibió realmente a cambio.